Autor: cima

Actividad CIMA

Durante los días 27 y 28 de septiembre tuvo lugar en La Paz (Bolivia) el VI Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA) y el Instituto Boliviano de Arbitraje Comercial (IBAC) y en el que CIMA estuvo representada por el miembro de la Comisión de Gobierno Manuel Garayo Orbe quien además intervino como ponente en la mesa redonda Las expectativas razonables y legítimas del inversor. Inversiones protegidas bajos estándares de protección y seguridad plenas.

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La presencia de CIMA en el referido Seminario se encuadra en la política de la Corte de proyectarse en el ámbito latinoamericano, en el convencimiento de que en el mismo se encuentra uno de los principales ámbitos del arbitraje internacional.

Asimismo, el pasado día 5 de octubre, tuvo lugar en Roma el V Encuentro de los capítulos internacionales del CEA en el que estuvieron en representación de CIMA el Presidente, Juan Serrada Hierro, y el Secretario, Francisco Ruiz Risueño.

En dicho encuentro se trataron temas relacionados con la propiedad intelectual, con la exhibición de documentos en el procedimiento arbitral, con el arbitraje de inversión y con las Reglas de Praga.

La presencia de CIMA en este Encuentro se enmarca en la colaboración que la Corte viene prestando a la expansión internacional de la misma y al Club Español de Arbitraje.

De igual modo, y en la política de CIMA de proyectarse en el ámbito arbitral, el Presidente y el Secretario de la Corte han asistido los días 30 de octubre a 1 de noviembre, al Congreso Internacional de la Unión Internacional de Abogados (UIA), celebrado este año en Oporto. Juan Serrada intervino además como ponente de uno de los paneles sobre arbitraje internacional y en el que se habló del procedimiento abreviado en el arbitraje. Como es tradicional, CIMA

dispuso de un stand propio en la sede del Congreso. También asistieron al mencionado evento de Oporto el Vocal de la Comisión de Gobierno de la Corte, Juan Carlos Calvo Corbella y el asociado de la misma, Francisco Prol Pérez. Este último fue ponente en un panel dedicado a las Reglas de Praga.

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Escuela de Verano Complutense: “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinada por la CIMA (9 a 27 de julio de 2018)

Promovido por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), en el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo lugar un curso sobre “Arbitraje Comercial Internacional y de Inversiones”, dirigido como en ediciones anteriores por el profesor José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. Durante tres semanas 35 alumnos nacionales y extranjeros asistieron a las clases teóricas y prácticas donde se analizaron pormenorizadamente todas las fases y etapas que articulan un procedimiento arbitral institucional. La dirección de la CIMA tuvo una presencia destacada en el desarrollo del Curso a través de las participaciones de Juan Serrada, presidente de la Corte, Francisco Ruiz Risueño, secretario de la CIMA y Gonzalo Stampa, Director de esta última institución, que, dirigió la sesión dedicada a Procedimiento: organización y conducción durante la cual compartió con los alumnos su extensa y cualificada experiencia en la práctica del arbitraje, clarificando tanto las singularidades propias y diferenciadoras del arbitraje como la visualización de casos prácticos y el conocimiento de diversas herramientas procedimentales.

Junto con los anteriores figuraron como profesores,  Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad Complutense, Abogado y Árbitro de CIMA, Jordi Sellarés Serra, Director del Comité Español de la Cámara de Comercio internacional de París, José Ignacio Paredes Pérez, Profesor Asociado de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense, Francisco Gabriel Prol Pérez, Socio Director de Prol y Asociados, Árbitro de CIMA, Ana Fernández Pérez, Profesora Titular (acr.) de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá de Henares, Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada, Árbitro de CIMA, Josep María Julià, Socio Director de Delegaltessen,  José Manuel Suárez Robledano, Magistrado, Vocal del Tribunal de Cuentas, Profesor Asociado de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense y Enrique Linares Rodríguez, Abogado Stampa & Asociados

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El curso discurrió en un ambiente ampliamente participativo, con numerosos intercambios de opiniones entre alumnos y ponentes, suscitando cuestiones prácticas y operativas sobre las que tanto profesores, como asistentes pudieron debatir, tanto en transcurso de las exposiciones, como a lo largo de un arbitraje simulado.

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12º congreso del Centro de Arbitraje Comercial de Lisboa

Se ha celebrado, los días 5 y 6 de julio, con récord de asistencia, el 12º congreso del Centro de Arbitraje Comercial de Lisboa, al que asistieron en representación de CIMA el Presidente, Juan Serrada Hierro, y el asociado, Francisco Prol Pérez.

Los temas que fueron tratados en el congreso se refirieron a los aspectos prácticos del procedimiento arbitral. Como indica el título del congreso, se estudiaron los problemas que se plantean en las diversas fases del procedimiento y se apuntaron soluciones para todos ellos.

Así, se comenzó por estudiar en la fase previa del arbitraje, los problemas que se plantean en aquellos procedimientos que comienzan teniendo el carácter de ad hoc, para después aceptar las reglas de una determinada institución arbitral.

Dentro de la fase preparatoria del arbitraje, se estudió con especial atención el procedimiento de recusación de los árbitros, haciendo especial insistencia en la necesidad de que el árbitro respete los principios de independencia e imparcialidad, que deben presidir su actuación durante todo el procedimiento arbitral.

También se trató la fase escrita del procedimiento, en la que la presentación de documentos, los plazos que deben aplicarse a la misma y los límites que a dicha presentación deben ser aplicados, fueron estudiados con detalle, dando origen a un animado debate.

En la última sesión del primer día se trataron la conveniencia de presentar declaraciones orales o escritas, tema sobre el que hubo varias aportaciones de gran interés.

La sesión del primer día se clausuró con la discusión sobre los problemas que presenta la prueba pericial, especialmente en lo relacionado con el perito nombrado por el tribunal.

La primera sesión del segundo día trató sobre la audiencia y los problemas que en ella se puedan presentar, con especial atención a la limitación del tiempo de intervención de las partes.

También se estudiaron otras situaciones que afectan de modo fundamental al normal desarrollo de la audiencia, como pueden ser las declaraciones de testigos y peritos con traducción y los problemas que plantea la crossexamination (en particular señalando las diferencias que existen entre la forma de llevarla a cabo por los abogados de CommonLaw y de Civil Law) o la realización del hottubbing donde se procede a la declaración e interrogatorio de los expertos de las partes al mismo tiempo.

Antes de proceder al cierre del congreso, se pasó al examen del laudo, de su aclaración o modificación y de los causas por la que el mismo puede ser anulado. Notándose en este último campo la ausencia en Portugal, de forma casi total, de problemas con la consideración del orden público como causa de anulación del laudo.

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Ámbito de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia en el proceso de formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de marzo de 2018, realiza una serie de consideraciones en torno al nombramiento judicial de loa árbitros. En primer lugar, afirma que “no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez, ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. En este sentido, dado el limitado ámbito de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos según interpretación auténtica del Legislador, es claro que esta Sala no tiene que pronunciarse sobre dos aspectos en los que las partes discrepan, a saber: el idioma en que el arbitraje ha de tener lugar -art. 28 LA- y el lugar en que éste ha de celebrarse (art. 26 LA), viniendo determinada nuestra competencia -por otra parte no cuestionada-, ex art. 8.1 LAª- por el domicilio de la demandada”. En segundo lugar, la Sala considera que: “siendo procedente (…) el nombramiento de un árbitro -art. 12 LA- que decida, en equidad, la controversia, el Tribunal ha de proceder a la designación de dicho árbitro tomando las medidas necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad, y ha de hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el art. 15.6 LA: no ha lugar, a todas luces, a nombrar a ninguno de los árbitros respectivamente propuestos por las partes, que se han opuesto expresamente en cada caso a la designación sugerida de contrario, tanto en el ámbito pre-procesal como en seno de estas actuaciones. Tampoco procede -lo hemos dicho con reiteración-, que esta Sala encomiende la administración del futuro arbitraje a tal o cual Corte de Arbitraje. El art. 15 LA nos habilita para el nombramiento de árbitros ad hoc, a falta de acuerdo entre las partes, pero no para la designa de un arbitraje institucional. Si tal estuviera previsto en el convenio, lo que no es el caso, habría de ser, conforme a su Reglamento, la correspondiente Corte de Arbitraje la que, en principio y como regla, hubiese de proceder al nombramiento de árbitros. Como hemos consignado, las partes no están de acuerdo en algunas de las características que debe reunir el árbitro -no explicitadas en el convenio-, y tampoco convienen en la Lista de la que extraer la terna sobre la que se ha de verificar el sorteo. En lo que concierne a que el arbitro sea de nacionalidad distinta a la de las partes -tal y como postula la actora-, esta Sala, en consideración a las circunstancias concurrentes -art. 15.6º LA- no establece como requisito de idoneidad del árbitro tal característica: entre otros extremos, porque semejante solicitud contraviene los propios actos de la actora, que ha propuesto con carácter principal un árbitro de nacionalidad española y, con carácter subsidiario, un árbitro con domicilio en Aalemania -en la vista precisa que de nacionalidad alemana-, donde está radicada la demandante. Cabrá, como veremos, la posibilidad de que, por sorteo, sea designado un árbitro de nacionalidad distinta a la de los litigantes, pues la Lista de Árbitros a la que la Sala acudirá para insacular, por riguroso orden, tres nombres, contiene un elenco de Árbitros de muy diversas nacionalidades. Las partes discrepan sobre el idioma en que ha de tener lugar el Arbitraje: el convenio se remite a la Ley de Arbitraje española y, por tanto, habrá de aplicarse el art. 28 LA, donde se prevé la salvaguarda del derecho de audiencia, contradicción y defensa de la parte que alegue desconocimiento de la lengua que se utilice. Decimos esto porque la actora expresa categóricamente su deseo de que el Árbitro designado tenga un perfecto dominio del inglés; la demandada no se opone terminantemente a este extremo -que no reputa relevante-, aunque afirma sin paliativos que el Arbitraje ha de tener lugar en idioma español. Son dos cuestiones distintas: sobre la segunda, nada tenemos que decir; sobre la primera, ningún inconveniente hay -puede facilitar las relaciones entre el Árbitro y las partes- en que la terna sobre la que se efectúe el sorteo se integre con Árbitros pertenecientes a una Lista donde se haga constar el conocimiento, o no, del idioma inglés. En cambio, sí coinciden las partes en que, pese a tratarse de un arbitraje de equidad, es conveniente que sea resuelto por un jurista: así lo dice expresamente la actora; y la demandada manifiesta, como queda dicho, que lo importante es ” que el Árbitro sea experto en arbitraje y conozca la Ley española “. En definitiva: tal y como dispone el art. 15.6 LA, la Sala, tras analizar lo expresamente argüido por las partes en sus escritos de demanda y contestación y en el acto de la vista, ante las discrepancias expresadas, acuerda que la designación tenga lugar de entre los árbitros-juristas de la Lista remitida por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, entre de ellos, de quienes aparecen con conocimiento del idioma inglés”.

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La falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria y nunca de oficio

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoquinta, de 27 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación con una Sentencia del juzgado que, tras tramitar de forma completa procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad, declaró la incompetencia del juzgado para resolver la cuestión planteada por la demandante por existir cláusula en el contrato entre partes con sumisión a arbitraje para resolver las controversias, pronunciamiento del que discrepa la demandante y también el demandado. De acuerdo con la Audiencia “la falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria ( arts. 39 y 63 LEC y 11.1º Ley de arbitraje), sin que por ello sea apreciable de oficio y sin trámite de audiencia como así lo hace la Sentencia recurrida y de la que discrepan ambas partes litigantes. La finalidad de la regulación pretende evitar, como expresa la Exposición de Motivos de la LEC 2000, Sentencias absolutorias en la instancia por falta de jurisdicción o de competencia dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias con atribución a la parte pasiva de ponerlos de manifiesto con carácter previo para evitar que el proceso siga adelante de forma innecesaria. La infracción procesal cometida no puede ser subsanada en la presente alzada ya que el dictado de Sentencia por este Tribunal en resolución de la cuestión de fondo podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, por existir configuración legal que permite interponer recurso de apelación contra la Sentencia que resuelva en primera instancia la controversia, previsión legal que garantiza en el presente caso la doble instancia y que vulnera la resolución recurrida al no haber dictado Sentencia sobre la cuestión de fondo planteada, motivo que lleva a reponer las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que se dicte otra que resuelva la controversia planteada por las partes”.

 

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La parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria del Derecho coreano aplicable al contrato

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 20 de febrero de 2018 se pronunció sobre un contrato de agencia suscrito entre Hanjin Shipping Co LTD y Hanjin Spain, S.L. el 1 de enero de 2012 en virtud del cual la sociedad española actuaba como un consignatario de buque de la sociedad coreana en España. Dicho dicho contrato quedó sometido al Derecho coreano y cualquier controversia sobre el mismo sería resuelta mediante arbitraje en dicho país. La Audiencia reconoce que dicho contrato (…) queda sometido al Derecho Coreano. Y ello no ha sido hecho controvertido. Por ello, la parte recurrente, como premisa, debe acreditar que dicho Derecho permite atribuir derecho de propiedad sobre fondos en virtud de una cláusula contractual. Aun con más razón teniendo en cuenta que la transmisión de los derechos reales en Derecho español exige la concurrencia de la teoría del título y el modo (art. 609 Cc ), es decir, es necesario que, además de la cláusula contractual, exista una entrega del fondo, aunque sea puramente instrumental o espiritualizada -a través de un mero apunte contable- en virtud de la cual el derecho entre a formar parte de su patrimonio y ostente derecho de disposición sobre el mismo. Pues bien, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba conforme el art. 281.2º LEC (” También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero “) y la parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria dirigida a tal fin, limitándose a manifestar que quien pretenda negar validez o eficacia al contrato acuda al arbitraje a Corea conforme el Derecho coreano a impugnarlo”.

 

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Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional

El Decreto Ley 250 del 30 de Julio de 2007 constituyó la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, continuadora de la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior, la que fue creada en el año 1963, y que permitió conocer y aplicar el arbitraje comercial mucho antes que la mayoría de los países latinoamericanos. Tras La Gaceta Oficial de la República de Cuba publica la Resolución de 25 de mayo de 2018 de la Cámara de Comercio 8/2018 por la que se aprueban las “Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional”, tal como quedaron redactadas luego de su revisión en correspondencia con la legislación vigente. Dichas Reglas regulan: a) la declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros, así como su disponibilidad y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos y términos de cada actuación procesal de las partes, de la Corte y del Tribunal Arbitral; b) el procedimiento para la tramitación de los incidentes de recusación y excusa de los árbitros, delimitando de manera clara y específica su tramitación, ya sea durante la fase previa o una vez constituido el tribunal arbitral; c) las medidas cautelares que puedan adoptar los árbitros, los requisitos para su adopción, así como el momento procesal en que debe resolverse y la forma en que se pronunciará el tribunal; d) la realización de audiencia preliminar, detallando su contenido específico y las decisiones que se adoptarán en cada caso y el cometido y forma de realización de la vista; y, e) el ajuste de los laudos arbitrales se ajusten a una fórmula sistemática y homogénea que, en todos los casos, permita una adecuada interpretación de los argumentos y actuaciones tenidos en cuenta por el tribunal para la decisión final adoptada.

 

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