Autor: cima

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Denegación de extemporaneidad de una acción de anulación aunque los demandantes solicitaron la aclaración del laudo más de un mes después de haber sido notificado

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de julio de 2017 desestima una acción de anulación un laudo arbitral dictado por un árbitro designado por el Tribunal Español de Arbitraje Deportivo. Frente al argumento de que los demandantes solicitaron la aclaración del laudo más de un mes después de haber sido notificado, superando el plazo de 10 días establecido para ese trámite de aclaración, por lo que si el plazo para la formulación de la acción de nulidad se ha contado desde la notificación de la resolución de la pretendida aclaración, estamos ante un recurso extemporáneo, considera la Sala que “aun presentado el escrito de solicitud de aclaración del laudo el 15 de diciembre de 2016, cuando el laudo había sido notificado el mismo 8 de noviembre de 2016, la presentación de la demanda de anulación de laudo arbitral el 5 de enero de 2017 evita cualquier análisis sobre los efectos de esa petición extemporánea de aclaración. En cualquier caso, la demanda iniciadora del presente procedimiento se ha presentado dentro de los dos meses siguientes a contar desde la iniciar notificación del laudo arbitral”

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Estimación de una acción de anulación por inexistencia de convenio arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de julio de 2017, estima la demanda de anulación de un Laudo dictado en 2014 en un procedimiento, administrado por Asociación Europea de Arbitraje. Declara la Sala que el actor no había “suscrito ni el contrato promocional ni el convenio arbitral, sin que conste la menor prueba en esta causa ni en el procedimiento arbitral -que obra incorporado en autos- que permita sustentar la ratificación del convenio por él o por persona autorizada al efecto”. Entiende la sala que aunque lo dicho aboca de por sí a la estimación del recurso de anulación por inexistencia de convenio arbitral, no está de más dejar constancia de que el actor también invocó su condición de consumidor -lo que excluiría la validez del compromiso arbitral según el tenor del art. 57.4 TRLGDCYU a la fecha del contrato.

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Desestimación de una acción de anulación al pretender la actora que se acepte su disconformidad con el laudo emitido como si de una apelación al mismo se tratase

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de julio de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo pronunciado por la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi. Considera la Sala que “no pueden acogerse las pretensiones de la actora, pues pretende la revisión de un laudo
que no comparte, cuestión que, como hemos visto, queda fuera del alcance de la revisión de esta Sala: ni el laudo carece de motivación, ni éste es el momento procesal oportuno para manifestar lo que procediese respecto del informe pericial, pues esta actividad procesal debió realizarse en el trámite de audiencia del procedimiento arbitral y no el presente”

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Denegación de medidas cautelares solicitadas con anterioridad a actuaciones arbitrales por ser coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario frente a la que se planteó declinatoria

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda de 21 de julio de 2017 declara que “no nos encontramos ante solicitud de medidas cautelares previas en materia arbitral, sino ante medidas coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario frente a la que se planteó declinatoria por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje que fue estimado por la juzgadora de instancia por auto de 8/3/2017 confirmado por el de esta Sección Segunda de la AP en auto de 6/6/2017, con la consecuencia de no existir el asunto judicial principal del que la petición de cautelares era accesoria, refiriéndose todas las alegaciones del recurso a una petición de medidas cautelares previa a proceso arbitral que no es la ejercitada y que no puede atenderse por este Tribunal por cuanto vulneraría los arts. 216 y 218 LEC en tanto que se pretende una resolución mutando los hechos, acción y pretensión ejercitadas”.

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El Institut de Droit International aprobó en su Sesión de Hyderabad (2017) una Resolución sobre medidas cautelares para los procesos judiciales y arbitrales

A partir de los trabajos de la “Tercera Comisión”, que contó como relator a Lord Collins of Mapesbury, se aprobó en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International de septiembre de 2017 la Resolución sobre medidas cautelares aplicables a los procesos internacionales e internos, tanto de carácter jurisdiccional como arbitral, en la que se adoptan una serie de los principios relativos a la concesión de este tipo de medidas que contribuirían al desarrollo del Derecho internacional y de los Derechos nacionales en la materia.

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La aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde al tribunal arbitral, pues afecta al fondo del asunto

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de julio de 2017, desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral. La Sala rechaza la pretensión de la actora según la cual, el TSJ debia declarar que, ante la situación descrita en el laudo, necesariamente deberá haberse declarado ajustada a derecho la resolución unilateral que realizó esta demandante. Según la Sala “la aptitud o inaptitud del objeto sobre el que recae un contrato es una cuestión valorativa que corresponde a quien debe resolver la controversia, en este caso el tribunal arbitral, quien a la vista de las pruebas practicadas y los actos de los contratantes concluyó que el hotel había sido explotado como tal y que no se daban las
condiciones para la resolución del contrato. Es evidente que tal declaración, afectante al fondo de las cuestiones debatidas en el arbitraje, no compete hacer a este Tribunal”.

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Anulación de un laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de un arbitraje administrado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid por haber sido dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. La sala considera que lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, literalmente aplicado, “no encuentra acomodo en la remisión ‘a las normas de desarrollo’ que efectúa el art. 37.1º LOTT y tampoco en el reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje . Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales ‘los efectos previstos en la legislación general de arbitraje’: ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el art. 9.8º ROTT. No cabe inferir de la LOTT  una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje .

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Alcance de la noción de cosa juzgada en el ámbito de la anulación de un laudo arbitral en contencioso derivado de un contrato de franquicia

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de julio de 2017, desestima una acción de anulación afirmando que ” el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1º CE protege y garantiza la eficacia de la cosa juzgada material, tanto en su aspecto negativo o excluyente de nuevos pronunciamientos judiciales con idéntico objeto procesal al ya resuelto en Sentencia firme, como en su aspecto positivo o prejudicial, impidiendo que los Tribunales -o los Árbitros-, en un proceso seguido entre los mismos sujetos, puedan desconocer o contradecir las situaciones jurídicas declaradas o reconocidas en una Sentencia o Laudo que haya adquirido firmeza. Por más que la trascendencia constitucional -y, en esta medida, la virtualidad para afectar al orden público como causa de anulación- del alcance que quepa atribuir a la cosa juzgada esté en función de que la decisión adoptada por el órgano judicial o, en este caso, por el árbitro resulte incongruente, arbitraria o irrazonable, desproporcionada o incursa en error patente”. Para la Sala, en el presente procedimiento no se trata de las mismas partes, tal y como recoge el Laudo impugnado y no puede que exista identidad de partes cuando en los contratos consta que el franquiciador y el franquiciado por mucho que los mismos se hayan celebrado teniendo en cuenta las cualidades personales de la Sra. H., pues ello es así para conseguir el éxito en el punto de venta y por tanto el crecimiento de la cadena franquiciadora, sin que ese carácter “intuitu personae” de los contratos que se desprende tanto de los documentos de información precontractual, como del propio contrato, traiga como consecuencia que existe una identidad de partes entre un anterior procedimiento arbitral derivado de los contratos celebrados entre A.A.E, S.A. y S.O., S.L., y los contratos a los que se refiere el presente procedimiento celebrados entre la primera y P.O. S.L.U., ya que para que opere la función positiva o prejudicial, que en este caso se alega por la demandante, se exige identidad de partes, es decir que las partes del proceso pendiente sea jurídicamente idéntica a los sujetos a quien se extienda la cosa juzgada producida por aquella resolución, y en el supuesto analizado no podemos hablar de identidad jurídica de partes, se trata, en definitiva de sociedades distintas.

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El deudor puede oponerse al reconocimiento de un laudo extranjero pero si no lo hace, el crédito derivado del mismo ha de reconocerse con todos los derechos que corresponden a su titular en el concurso

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 12 de junio de 2017 declara que “Un laudo arbitral (…) es un título que lleva aparejado ejecución. En el caso de un laudo arbitral extranjero, como es el caso de la Cámara de Comercio Internacional de París, de acuerdo con lo establecido en el art. 523.1 LEC “se estará a lo dispuesto en los Tratados internacionales y a las disposiciones legales sobre cooperación jurídica internacional”. En el mismo sentido el art. 46.2 Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje establece que (…). Es conveniente aclarar que en el caso del concurso, la competencia para el reconocimiento del laudo extranjero corresponde al juez del concurso, conforme lo previsto en el art. 44 de la Ley 29/2015, de 30 de julio , de cooperación jurídica internacional en materia civil”.

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En opinión del Abogado General la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión

En las conclusiones del Abogado General de 19 de septiembre de 2017 en el asunto C-284/16 se considera que  la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones es compatible con el Derecho de la Unión. Para el Abogado General Watheletm que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.

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