Autor: cima

ibiza-sun-apartments-playa-den-bossa-062.jpg

Procedimiento para citar a ciudadanos británicos requeridos para acto de conciliación por la vía legal pertinente previa a la interposición de querella criminal por injurias y calumnias

El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 13 de julio de 2017, revoca la resolución de instancia y acuerda en su lugar que procede la admisión de la solicitud y la citación de los requeridos para el acto de conciliación por la vía legal pertinente previa a la interposición de querella criminal por injurias y calumnias (art. 278 LECrim ) cometidas a través de internet, contra los ciudadanos británicos Rodolfo, Jose Ángel y Victor Manuel, que habían sido clientes de su hotel “Ibiza Sun Apartaments” desde el día 1 hasta el 10 de junio de 2016. Según la Audiencia “considera que el recurso interpuesto debe tener favorable acogida pues, partiendo de la base de que los Tribunales españoles, y concretamente los de Ibiza son los jurisdiccionalmente competentes para conocer de la querella que la apelante piensa interponer, con más razón serán éstos competentes para conocer del acto de conciliación previo a su interposición, por lo que consideramos que el conflicto planteado no deviene de la falta de competencia internacional del órgano judicial ante el que se presentó la solicitud, sino del procedimiento para citar a los requeridos de conciliación, habida cuenta de que los mismos tienen su domicilio en un país, todavía, de la Unión y esa cuestión (en base a lo establecido en el art. 10 de la LJV que establece que los órganos judiciales españoles aplicarán a los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria respecto de los cuales resulten competentes, la Ley determinada por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado) se ciñe a admitir la solicitud de conciliación y a citar a los requeridos -previa aportación por el solicitante de la traducción pertinente- por la vía establecida en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 noviembre 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, para la celebración del acto de conciliación previo a la interposición de la querella”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Champagne.jpg

La determinación de una multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por un tribunal extranjero

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 1 de diciembre de 2017 desestima una solicitud de medidas cautelares, dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas a la demandada en primera instancia. En la petición cautelar se había interesado el embargo preventivo de bienes y derechos de una entidad española para cubrir la suma de 20.284.000 euros (importe de la multa coercitiva que se interesa ante los tribunales belgas) más 6.085.200 euros (30% adicional para cubrir los intereses y costas. De acuerdo con la Audiencia “es cierto que el art. 44 del Reglamento (CE ) 44/2001 (ahora, art. 55 del Reglamento (UE) nº 1215/2012), establece que: “Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen”. El problema es que la parte demandante no ha solicitado la ejecución provisional de una resolución -que, por cierto, aún no se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud- sino el embargo preventivo para asegurar un eventual pronunciamiento condenatorio en el procedimiento que se tramita ante los tribunales belgas para determinar la procedencia y, en su caso, cuantificar la multa coercitiva que debe imponerse a la demandada por continuar con el uso de signos infractores a cuyo cese ha sido condenada por resolución firme, también pronunciada por los tribunales belgas. La alegación se agota en su propia formulación en tanto que lo solicitado por la actora y lo acordado por la resolución apelada no es la ejecución provisional de una inexistente -entonces- resolución sino el embargo preventivo para asegurar la efectividad de la resolución que debe dictarse -y ya se ha dictado en primera instancia- por los tribunales belgas sobre la efectiva imposición de la multa coercitiva. La petición de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una futura resolución a dictar por los tribunales de otro Estado miembro tiene expresa cobertura en el art. 31 del Reglamento 44/2001 (ahora, art. 35 del Reglamento 1215/2012 ). Resulta por completo irrelevante a los efectos de perfilar la naturaleza de lo solicitado que en el algún pasaje del escrito inicial se aluda al embargado como ejecutado, lo que, además, puede tener sentido si consideramos que la determinación de la multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por los tribunales belgas. Menor transcendencia aún tiene que con el embargo preventivo se pretenda cubrir los gastos e intereses de la futura ejecución o que el juzgado, con acierto o sin él, haya ordenado la entrega a la parte actora de la cantidad consignada por la demandada para eludir el embargo, cuestiones que afectan al alcance y a la ejecución de la medida, que no transforman lo acordado en una inexistente ejecución provisional”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

tsj-castilla-y-leon.jpg

Falta de acción para interesar la anulación de una resolución distinta al propio laudo arbitral, como es la denegación de su corrección

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de noviembre de 2017 declara no haber lugar a una acción de anulación considerando que “el actor no pide la anulación del laudo, sino de la resolución que le deniega la corrección del laudo, postura que le lleva a impugnarla desde la perspectiva de justificar la fuerza mayor que le impidió presentar su contestación dentro de plazo, pero también invocando que la misma -la negativa a corregir el laudo, no el laudo mismo- es lesiva para sus intereses, no transparente y no ajustada a derecho , porque rechaza sus alegaciones sin entrar en el fondo, limitándose a verificar que se formularon extemporáneamente. Esta peculiar construcción de la actual demanda tropieza con algunos obstáculos, el primero de los cuales es la falta de acción para interesar de esta Sala la anulación de una resolución distinta al propio laudo, como es la denegación de su corrección, pero que evidentemente cabe entender como un ejercicio subsidiario de la acción de nulidad del laudo mismo, no corregido a su satisfacción, perspectiva que nos sitúa ante un segundo obstáculo, porque los argumentos del actor no encajan en ninguno de los motivos de anulación tasados en el art. 41.1º de la Ley de Arbitraje”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

equilibradapinosolo.jpg

Sometimiento a arbitraje de un contrato otorgado por una entidad que tenía el carácter de poder adjudicador, pero no la consideración de Administración Pública

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de noviembre de 2017 declara no haber lugar a la solicitud de la representación procesal del Ayuntamiento de Leioa interesando que se declarase nulo de pleno derecho o subsidiariamente se anulase un Laudo Arbitral Interlocutorio dictado por un árbitro único en el seno de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. De acuerdo con el Tribunal resulta “indudablemente cierto, a tenor de lo establecido por el art. 320 LCSP (o el 39, que, como hemos dicho, lo mismo da a estos efectos), es que los entes, organismos y entidades del sector público que, a los efectos de la ley, tienen el carácter de Administraciones Públicas no pueden remitir a un arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos que celebren. Ahora bien, siendo esto cierto, también lo es, que se produce un salto lógico cuando se deduce de ello que la cláusula arbitral contenida en un contrato celebrado por una entidad del sector público que no tiene el carácter de Administración Pública y que remite al arbitraje la solución de dichas diferencias ha perdido su validez o vigencia al subrogarse en su posición otra que sí lo tiene (el carácter de Administración Pública), pues no siendo esta, sino aquella, la que celebró el contrato y remitió al arbitraje, es claro que dicha conclusión, a la luz de la indicada norma, constituye un non sequitur“.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

1200px-Tribunal_Constitucional.jpg

Con fuerte división el Tribunal Constitucional declara que el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, que concede el derecho del asegurado a acudir al arbitraje, es inconstitucional y nulo

La Sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, de 11 de enero declara que el art. 76 e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro, es inconstitucional y nulo. La decisión cuenta con los votos particulares de los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol Ríos y Antonio Narváez Rodríguez (al que se adhiere el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho). Con ello estima la cuestión de inconstitucionalidad suscitada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña plantea. Según el precepto cuestionado: “El asegurado tendrá derecho a someter a arbitraje cualquier diferencia que pueda surgir entre él y el asegurador sobre el contrato de seguro. La designación de árbitros no podrá hacerse antes de que surja la cuestión disputada”. De acuerdo con la presente decisión “el derecho reconocido al asegurado por el artículo 76 e) LCS y la correlativa obligación del asegurador de someterse a dicho arbitraje debe cohonestarse con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (…). Solo en caso de no ser ello posible, la norma cuestionada no sería compatible con los preceptos constitucionales que se invocan por el órgano judicial como vulnerados. La posible vulneración del art. 24 CE no vendría dada tanto por el hecho de que el contrato de defensa jurídica haya de someterse inicialmente a un procedimiento arbitral, sino, más precisamente, por impedir su posterior acceso a la jurisdicción, ya que la impugnación del laudo arbitral es únicamente posible por motivos formales (arts. 40 y ss de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje), con la consiguiente falta de control judicial sobre la cuestión de fondo. En este sentido, no cabe duda de que una mera revisión formal sólo puede ser compatible con las exigencias del art. 24 CE cuando la decisión arbitral es consecuencia de un verdadero y real convenio arbitral, entendido éste como la manifestación expresa de la voluntad de ambas partes de someterse a él y en consecuencia al laudo que se obtenga (…). No puede decirse, ciertamente, que la sumisión a arbitraje de las eventuales diferencias entre asegurado y asegurador en los términos del artículo 76 e) LCS, imponga un obstáculo arbitrario o caprichoso para acceder a la tutela judicial efectiva. Responde tanto a la plausible finalidad de fomentar el arbitraje como medio idóneo para la solución de conflictos, descargando a los órganos judiciales del trabajo que sobre ellos pesa, así como, preferentemente, a la de otorgar una especial protección al asegurado en su condición de consumidor, en tanto que el objeto del seguro es la prestación a favor de este, de los servicios de defensa jurídica frente a terceros. Sin embargo, el servicio a un fin constitucionalmente lícito no justifica en este caso la consecuencia jurídica cuestionada, la restricción al derecho fundamental que el arbitraje obligatorio supone. Dicha restricción deriva de que el sometimiento de la cuestión a arbitraje se impone por la sola voluntad de una de las partes del contrato, de modo que establece un impedimento para el acceso a la tutela judicial de la otra que es contrario al derecho de todas las personas ‘a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos’ (en similares términos, STC 174/1995, FJ 3). Dos son los efectos que se derivan del precepto: el primero, la obligación de una de las partes, por voluntad de la otra, de someter la cuestión a arbitraje y, por tanto, a estar y pasar por lo decidido en el laudo, y el segundo, el efecto de impedir a los jueces y tribunales conocer del litigio sometido a arbitraje, pues el control judicial del laudo arbitral no comprende el fondo del asunto. Por tanto, la imposición de un arbitraje como el previsto en el art. 76 e) LCS vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el art. 24 CE, pues impide el acceso a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de justicia que, ante la falta de la voluntad concurrente de los litigantes, son los únicos que tienen encomendada constitucionalmente la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE). El precepto ha eliminado para una de las partes del contrato la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales, en cuanto fija una vía alternativa excluyente de la jurisdiccional, cuya puesta en marcha depende únicamente de la voluntad de una de las partes (…). Por ello, resulta contrario a la Constitución que la Ley de contrato de seguro suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje, denegándole la posibilidad en algún momento de solicitar la tutela jurisdiccional”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

0_13951_1.jpg

No siendo la demandada parte en el contrato de transporte, no opera frente a la misma la presunción del art. 38  LOTT de sometimiento a arbitraje

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Quinta, de 15 de noviembre de 2017 estima un recurso de apelación contra un auto del juzgado que había acordado abstenerse del conocimiento de la  causa al tratarse de una demanda de juicio verbal en ejercicio de la acción de reclamación del precio de un transporte de mercancías en cuantía inferior a 15.000 euros cuya competencia objetiva, ex artículo 38 de la LOTT, viene atribuida, en su opinión, a las Juntas Arbitrales de Transporte. Contrariamente la Audiencia considera que la referida “presunción de sometimiento a arbitraje opera siempre que una de las partes intervinientes en el contrato no hubiera manifestado expresamente su voluntad en contra. En el supuesto de autos, consta acreditado que el contrato de transporte se celebró entre la parte demandante, D., SL, y D. G. , transportista intermediario, sin intervención alguna de la cargadora, G. 92, que es frente a la que se dirige la demanda en ejercicio de la acción directa introducida por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 9/13 (de 23 de diciembre, de Cámaras Oficiales de Comercio , Industria y Navegación de la Región de Murcia). No siendo la demandada parte en el contrato de transporte, no opera frente a la misma la presunción del art. 38  LOTT que alcanza únicamente a las partes contratantes, como se desprende del tenor literal del propio artículo, entendiendo que una interpretación extensiva a todas las partes que intervienen en la realización efectiva del transporte contratado sería contrario al derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el art. 24 CE “.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

adventia5.jpg

No ha lugar a la nulidad de un laudo arbitral pues la actuación del demandante evidencia su designio de volver a plantear, mediante la acción de anulación, el debate sobre la cuestión de fondo

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 30 de noviembre de 2017 declara no haber lugar a la nulidad de un laudo arbitral procedente de la Corte Arbitral de la Cámara Oficial de Comercio de Salamanca pues, en su opinión “la actuación del demandante evidencia su designio de volver a plantear, mediante la acción de anulación, el debate sobre la cuestión de fondo, y ello, como ya hemos expuesto, excede de su ámbito, que excluye la posibilidad de revisarla y se limita a la emisión de un juicio externo acerca de la observancia de las formalidades esenciales, que se concretan en el respeto a los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes, que aparecen cumplidos en la actuación arbitral, sin vulneración, por tanto, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24 de la Constitución”.  El Tribunal añade que “el laudo de cuya anulación se trata en el presente juicio no es contrario al orden público, no adolece de incongruencia ni incurre en ningún otro motivo de nulidad apreciable de oficio, rechazando, en consecuencia, la demanda interpuesta, con costas al demandante”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

corte-suprema-justicia-ley-medios-comunicacion-audiovisual.jpg

Argentina: alcance limitado de los tribunales en el control de los laudos en el procedimiento de nulidad

La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 septiembre 2017  (Ricardo Agustín López [y otros] v. Gemabiotech SA) revocó una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había anulado un laudo por considerar que el tribunal arbitral debería haber pospuesto la emisión de el laudo final hasta que se resolviese la decisión en el proceso penal paralelo. Consideró la Corte que el demandante no había alegado que su impugnación estuviera dentro de ninguna de las causales que la ley permite para la anulación de los laudos, añadiendo que la Cámara nacional había entrado directamente en el tratamiento de cuestiones relacionadas con el fondo de la disputa. Según la Corte “resulta evidente que la Cámara resolvió las cuestiones planteadas con claro exceso del marco normativo que habilitaba su jurisdicción. En efecto, en tanto examinó directamente el mérito de lo resuelto por el tribunal arbitral sobre el punto, actuó como si analizara un recurso de apelación y de ese modo desbordó notoriamente los limites fijados por los arts. 760 y 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para el recurso de nulidad (…). La sentencia apelada incurrió así en un supuesto de arbitrariedad, en tanto su argumentación y decisión presupone una interpretación de las normas en juego (arts. 760 y 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) que las desvirtúa y las torna inoperantes (…), con grave afectación de los derechos de defensa y propiedad de la parte recurrente (arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional).

Fuente: https://fernandezrozas.com/

dscn5939-3.jpgw840

Clausura de las IX Miradas Cruzadas Franco-Españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje (París, 1 y 2 de febrero de 2018)

Las IX Miradas Cruzadas franco-españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje tuvieron lugar los días 1 y 2 de febrero de 2018 en París. El jueves 1 de febrero de 2018 tuvo lugar una cena de bienvenida en los salones del Hôtel del Arts et Métiers, en la que Alexis Mourre, Presidente de la Corte de Arbitraje de la CCI, pronunció un discurso sobre las últimas novedades en el arbitraje CCI.En la sesión de apertura intervinieron Carmen Nuñez Lagos, Socia, Hogan Lovells, París, Elena Gutiérrez, Árbitro independiente, Laurence Kiffer, Socia, Teynier Pic, París, José Ricardo Feris, Socio, Squire Patton Boggs, París, Asoid García-Márquez, UNESCO, París, Laurent Jaeger, Presidente del Comité Français de l’Arbitrage (CFA), Orrick Rambaud Martel, París, Bingen Amezaga, Presidente del capítulo francés del Club Español del Arbitraje (CEA), Asociado Senior, Dechert LLP, París. La primera mesa (“¿Cómo apoyan los jueces al arbitraje en España y en Francia? La función de los “jueces de apoyo” en España y Francia, su alcance y sus límites, y las problemáticas relativas a la constitución del Tribunal Arbitral”) estuvo moderada por Jean-Marie Vulliemin, Socio, Froriep, Madrid y Ginebra. Intervinieron como ponentes Francisco de Borja Iriarte Ángel, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del País Vasco, Gérard Pluyette, Decano Emérito de la Corte de Casación Francesa, José Manuel García Represa, Socio, Dechert LLP, París, Juan Pablo Argentato, Consejero, CCI, París. La segunda mesa (Las medidas provisionales y cautelares. Los sistemas disponibles para obtener medidas provisionales y cautelares durante el arbitraje y los mecanismos para conseguir su ejecución. Miradas cruzadas entre Francia y España) estuvo moderada por Diana Paraguacuto- Maheo, Socia, Ngo Jung & Partners, París. Intervinieron como ponentes: Benjamin Siino, Counsel, Shearman & Sterling, París; Inés Vázquez García, Socia, Gómez-Acebo & Pombo, Madrid;Alexandra Muñoz, Socia, Gide Loyrette Nouel, París; Álvaro López De Argumedo, Socio, Uría Menéndez, Madrid. La tercera mesa: después de haberse pronunciado el laudo. Estuvo moderada por Ana Vermal, Socia, Proskauer Rose LLP, París. En la primera parte (La ejecución de los laudos frente a las inmunidades de los Estados) fueron ponentes Carine Dupeyron, Socia, Darrois, Villey Maillot Brochier, París; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. En la segunda partes (El control del orden público en sede de anulación) fueron ponentes Bertrand Derains, Socio, Derains & Gharavi, París y Alfonso Gómez-Acebo, Socio, Baker & McKenzie, Madrid. Cerraron el encuentro Carmen Núñez Lagos, Socia, Hogan Lovells, París y Antonio Hierro, Ex presidente del CEA, Árbitro Independiente.

Galería de fotos

Fuente: https://fernandezrozas.com/

correos-cumple-300-anos-en-plena-transformacion-en-e-correos-1024x463.jpg

El TSJ de Barcelona respalda la competencia expresada por los árbitros en el laudo entendiendo existente y válido el convenio arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 9 de noviembre de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral de la Junta Arbitral de Consumo de Tarrassa. La Sala, tras una serie de consideraciones en torno al significación de la acción de anulación de los laudos y al arbitraje en materia de consumo, rechaza la causa de nulidad basada en la inexistencia o invalidez del convenio arbitral. Afirma al respecto que “como ha sentado este tribunal en otras ocasiones (por ejemplo, en las sentencias 9/2014, de 6 de febrero , y 7/2016, de 11 de febrero ), con arreglo a la regla kompetenz-kompetenz asentada en nuestro derecho, son los árbitros quienes deben decidir en primer lugar sobre su competencia, lo que, conforme al art. 22 LA, no sola abarca la competencia para el conocimiento del conflicto, sino también todas aquellas cuestiones que se refieran y guarden conexión con la existencia o validez del convenio arbitral”. Y concluye el TSJ aseverando que “no habiendo acreditado Correos en el momento procesal oportuno -dentro del procedimiento arbitral- las características del envío postal remitido a la señora Gema que permitirían excluirlo del servicio postal universal, la afirmación de su propia competencia expresada por los árbitros en el laudo entendiendo existente y válido el convenio arbitral ha de ser mantenida, sin que pueda ser contradicha extemporáneamente por medio de nuevas alegaciones y documentos acompañados junto con la demanda de anulación de ese laudo”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/