Autor: cima

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Se anula un laudo arbitral por una errónea notificación en el domicilio en el que el demandado fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2017, estima en su integridad una demanda de anulación de laudo arbitral procedente de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas. La anulación se basó en tres motivos. En primer lugar, que la iniciación del procedimiento arbitral no fue debidamente notificado a la parte demanda, como tampoco la designación de árbitro, ni las actuaciones que se llevaron a cabo en el mismo, por lo dichas omisiones le han ocasionado una total indefensión, de conformidad con el art. 41 LA. Como segundo motivo se solicita la anulación del Laudo por error en el domicilio de notificación. Por último, el tercer motivo se fundamenta en la vulneración del derecho a la defensa, recogido en el art. 24 de la Constitución Española. La Sala considera, entre otras cosas, que según doctrina constitucional conteste relativa a la interdicción de la indefensión en materia de actos judiciales de notificación y, en particular, de garantías ineludibles en el acceso a la jurisdicción, que son extensibles al arbitraje, dada su naturaleza de “equivalente jurisdiccional.  Entiende la Sala que el motivo de anulabilidad ha de ser estimado por cuanto que se ha vulnerado el derecho del hoy actor a ser parte en el procedimiento arbitral pues no se le notificó la demanda contra él presentada y, consecuencia de la errónea notificación, en cuanto al domicilio en el que fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor (no requiriendo siquiera indagación alguna, tal y como exige la Ley de Arbitraje), fue declarado en rebeldía, continuando todo el proceso arbitral sin que éste pudiera ser parte en él y defender, con razón o sin ella, sus argumentos. Fijadas unas direcciones concretas en el demanda arbitral, debió necesariamente el Arbitro dirigir las notificaciones a ellas, antes de declarar al demandado en rebeldía. Ello supone que el proceso arbitral ha sido llevado a cabo con total desprecio de las normas del ordenamiento jurídico en las que el Derecho de Defensa tiene carácter prioritario, empezando por la Constitución Española, art. 24, continuando por la Ley de Enjuiciamiento Civil , la Ley de Arbitraje y las propias normas estatutarias que regulan el procedimiento arbitral en la Corte Nacional de Arbitraje. En todas ellas aparece el Derecho de Defensa y el derecho a ser parte y el derecho a no ser condenado sin ser oído. Todos estos derechos han sido conculcados en el procedimiento arbitral objeto de la presente controversia, lo cual ha provocado la indefensión del ahora demandante, que no ha podido personarse en las actuaciones arbitrales para ejercer su derecho de defensa y hacer valer sus derechos, lo que integra el motivo de anulación del laudo del art. 41.1º LA”.

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La amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de arbitraje incluye la reclamación por el impago de pagarés librados

El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Sexta, de 8 de febrero de 2018, hace suya la decisión del Juzgado que entendió que entendió que debía estimarse la declinatoria arbitral propuesta por la demandada, aduciendo que cuando las partes del juicio cambiario son a su vez las partes de la relación causal subyacente (aquí es asi), la libertad y amplitud de motivos de oposición es total, superando la antigua doctrina, por ejemplo, que admitía la exceptio inadempliti contractus pero no la non rite adimpleti contractus, cuya alegación usualmente se negaba en el anterior ejecutivo cambiario remitiendo a las partes al ordinario. Ahora no, y de no admitirse la sumisión a arbitraje, podría darse la paradoja que de ser alegada esa excepción por el demandado (y sucede precisamente en este caso, en que se alegan incumplimientos de la actora en la oposición formulada de modo subsidiario) deberíamos entrar a conocer esos incumplimientos, cuando es evidente que para ello ha sido pactada la sumisión a arbitraje, lo que incluso -rizando el rizo- podría ser invocado por la demandante ante la oposición de las demandadas. Para la Audiencia “la amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de sumisión al arbitraje, conduce a considerar incluidas en la misma todas aquellas vicisitudes que pudieran derivarse del contrato, incluida la reclamación por el impago de pagarés librados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de suministro”.

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El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público, e incongruencia por exceso

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Pena, Sección Primera, de 13 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús Santos Vijande) desestima una acción de anulación basada, esencialmente, en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público e incongruencia por exceso. De acuerdo con esta decisión “la Sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a
la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Y añade, tras el examen de la motivación del aludo que, “ante una argumentación como la aquí sucintamente reseñada en absoluto es de apreciar, y mucho menos del modo palmario o manifiesto con que la doctrina constitucional lo exige, la presencia de error patente, ni de quiebra de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba que efectúa el Laudo, que, en consecuencia, no puede ser anulado por tal motivo -infracción del orden público con contravención del art. 24.1º CE”.

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La AP de Las Palmas considera que los árbitros no son competentes cuando se discute acerca de la validez y carencia de vicios del contrato que incluye la cláusula de arbitraje

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 14 de diciembre de 2017, confirma la desestimación de una declinatoria arbitral afirmando que: “la remisión al arbitraje de un conflicto entre los contratantes dependía de que se cuestionasen o se discrepase acerca de los términos de interpretación y ejecución del contrato o de las operaciones relacionadas con él. Sin embargo, el objeto del conflicto planteado en este proceso no atañe a términos o a cuestiones de interpretación o ejecución del contrato sino a su propia validez y, por ende, a su surgimiento válido a la vida jurídica. Entendemos que las cuestiones de las que tendría que conocer la corte de arbitraje o la cámara madrileña a que hace referencia el pacto sexto del contrato serían las que surgiesen en torno al desenvolvimiento del contrato (interpretación y ejecución), esto es cuando no se cuestionase su propia existencia o validez, pero no cuando lo que se discute es su surgimiento al mundo jurídico como contrato válido y no viciado. En consecuencia, entendemos competente a la jurisdicción civil para el conocimiento del presente litigio”.

 

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La notificación al demandado extranjero debe hacerse a través mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/200,7 de 13 de noviembre de 2007

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de 28 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado, por considerar que la demandante no  agotó las posibilidades de emplazamiento a la demandada, pues la primera citación se remitió a un domicilio en Francia que no se correspondía con el suyo, por carta, sin que constase el resultados. Considera la Audiencia que “si bien el primer emplazamiento del demandado puede hacerse facultativamente mediante correo postal sin diligencia de notificación intervenida por funcionario judicial, su validez viene condicionada al éxito del intento, mediante constancia de la entrega en el acuse de recibo, pues en otro caso el emplazamiento debe hacerse mediante diligencia. No obstante, en lugar de llevar a cabo esta en el domicilio señalado de la demandada, a través de los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»), con el fin de diligenciar en debida forma el intento de emplazamiento de la demandada, el Juzgado optó por llevar a cabo un segundo intento en un domicilio en el que no resultaba previsible localizar a aquella, y consideró suficientes las actuaciones llevadas a cabo para proceder a la comunicación edictal.

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El TSJ de Madrid considera que la motivación del árbitro no fue arbitraria, irrazonable o ilógica, con el voto en contra del magistrado Jesús Santos Vijande

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de febrero de 2018 (Ponente Susana Polo García) desestima una acción de anulación basada en la infracción del orden público. Para la Sala: “llegamos a la conclusión de que el árbitro, ha fallado conforme sus conocimientos, sin ser arbitrarios, y respetando las leyes y la jurisprudencia, y en consecuencia, procede desestimar la demanda, ya que no ha quedado acreditado que en el procedimiento arbitral se hayan vulnerado los derechos de orden público de carácter procesal, derechos de defensa, contradicción y prueba, -ni siquiera se invocan expresamente-, ni tampoco de carácter material, basándose en una interpretación arbitraria, irrazonable o ilógica, ya que la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por los árbitro, no tratándose de un patente error ni infracción de una norma imperativa, y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público”. La decsiión cuenta con un voto particular del Magistrado Santos Vijande que considera que el laudo debió ser anulado por resultar arbitrario, en el sentido constitucional del término, estimando que “al desestimar la excepción de incumplimiento de contrato, opuesta con carácter principal -la de compensación fue alegada de modo subsidiario-, sin analizar en lo más mínimo la base fáctica esencial en que aquella se sustentaba: base fáctica que se declara probada, pero sobre cuyas consecuencias jurídicas no se hace la menor consideración a la hora de analizar la exceptio non adimpleti contractus. Se trata de un error en la selección de los presupuestos de hecho efectivamente afirmados por la parte a la hora de excepcionar y/o de una omisión en la motivación imputable al Árbitro; todo ello inmediatamente verificable a la vista de las actuaciones y, a todas luces, con posible incidencia en la ratio decidendi del Laudo.

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EL TSJ de Madrid desestima una acción de anulación  contra un laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús Santos Vijande) desestima una acción de anulación  contra un laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Los argumentos esgrimidos en favor de la anulación se basaron en los aps. b) y f) del art. 41.1º LA, como causas de anulación, con referencia explícita a la infracción del principio de igualdad entre las partes y del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a utilizar los medios de prueba derivada de la negativa por el Tribunal Arbitral a acordar la exhibición documental solicitada. De acuerdo con la decisión, “es evidente que la denegación probatoria responde a una motivación suficiente sobre la no necesidad de la documental que se interesaba, al tiempo que no se ha justificado ante esta Sala el ‘carácter decisivo’, en términos de defensa, de la documental no admitida; en este sentido tampoco cabe hablar con el menor fundamento de quiebra del principio de igualdad de armas; consideraciones éstas que, de acuerdo con la doctrina constitucional reseñada, abocan a la exclusión de toda idea de lesión constitucional que pudiera dar lugar a la anulación del Laudo ex art. 41.1º.b) LA e incluso, más específicamente, al amparo del apartado f) de dicho precepto. El motivo es desestimado, si bien conviene precisar que lo es por las razones expuestas, no en aplicación del art. 6 LA: la Sala es consciente de que la debida diligencia en la solicitud probatoria es condición de la lesión del derecho fundamental invocado -lo que permitiría, en según qué casos, aplicar ese precepto por la propia naturaleza del contenido del derecho fundamental afectado-; mas, en las circunstancias del caso y de modo connatural a la flexibilidad inherente al procedimiento arbitral, no es de apreciar una renuncia tácita a las facultades de impugnación del pretendido vicio procesal cuando, por dos veces, se ha instado la exhibición a lo largo de la tramitación del arbitraje y en consideración precisamente a las vicisitudes de éste: pudo formularse en ambos casos protesta, sin duda; pero también es incuestionable la voluntad y persistencia de la parte en propiciar la práctica probatoria que le ha sido denegada”.

 

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LIMA PUNTO DE ENCUENTRO DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LATINOAMÉRICA

Con motivo de la celebración del XII Congreso Internacional  de Arbitraje organizado por el IPA ( Instituto Peruano de Arbitraje) durante los días 25 a 27 del pasado mes de abril,  la ciudad de Lima ha vuelto a ser la referencia académica y profesional más  importante de esta región sudamericana en materia de arbitraje comercial y de inversión,  no solo por los temas a  debate, sino también porque, como cada año,  ha reunido en este evento a reconocidos árbitros internacionales, prestigiosos abogados de todo el mundo y magistrados, entre otros expertos del arbitraje.

El prestigio que este Congreso ha ido adquiriendo a lo largo de estos años lo ha convertido en un referente. CIMA apostó desde el principio por este evento y desde hace años está presente de forma activa a través de su participación en los diferentes paneles.

Los temas sobre los que se han debatido este año han sido de gran actualidad, entre ellos  “Conflicto de intereses de los árbitros y derecho de las partes a la recusación”,  participó como ponente en esta mesa (que moderó Carlos Soto, Presidente del IPA)  el Presidente de CIMA, Juan Serrada Hierro , acompañado por los siguientes expertos: Alfonso Gómez-Acebo, del despacho Baker & McKenzie Madrid S.L.P, Julio Cesar Rivera, de Rivera & Asociados, Argentina, Adolfo Díaz-Ambrona , Secretario General de la Cámara de España, y, Ramiro Moreno Baldivieso de Estudio Moreno Baldivieso Abogados, Bolivia.

En esta mesa se debatieron temas como “Cual debe ser el límite del deber de revelación de los árbitros” y “Problemática derivada de las recusaciones de mala fe”.

 Otro tema que despertó gran interés entre los asistentes al congreso fue el que llevaba por título “Confidencialidad o publicidad de los procedimientos arbitrales “. El debate se centró sobre el principio que debe prevalecer en el arbitraje, la confidencialidad o la transparencia.

Moderó esta mesa Francisco Ruiz Risueño, Secretario de la CIMA y participaron en ella los siguientes expertos: Alfonso Iglesia González, del despacho Cuatrecasas de Madrid, Elina Mereminskaya, del despacho Wagemann Abogados de Chile, Juan Felipe Merizalde, de Dechert LLP, Washington D.C., Inés Vázquez García, del despacho de Madrid Gómez-Acebo Pombo Abogados S.L.P, Kenneth Figueroa, árbitro y Miguel López Forastier de Covington & Burling LLP de Washington D.C.

CIMA siempre ha apostado por la proyección internacional de su marca y está presente en todo proyecto internacional en materia arbitral que sea importante para su crecimiento y expansión.

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Valoración de los alumnos de la Escuela Complutense de verano, auspiciada por la CIMA, sobre “Arbitraje Comercial y de Inversiones” (julio, 2017)

La Fundación de la Universidad Complutense ha emitido su “Informe de Evaluación sobre la Escuela Complutense de Verano que tuvo lugar entre los días 3 a 21 de julio de 2017. La evaluación se realizó a través de un cuestionario con el objetivo de obtener una medida de respuesta sobre el desarrollo de los resultados de la Escuela. Se trata de indicadores de valoración subjetiva, donde se han elegido o considerado una serie de factores que han sido puntuados por los participantes según una escala de 1 a 5. De conformidad con dichos, la puntuación media del curso ha sido de 4,5 y la valoración del profesorado de 4,7.  De esta suerte, la Escuela sigue mantenido el alto nivel de calidad de ediciones anteriores.

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