Autor: cima

banca-online-consejos-636x422.jpg

La formalización judicial opera únicamente cuando el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar la existencia o no del convenio arbitral pactado

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera de 13 de marzo de 2018 se pronuncia acerca del nombramiento de un árbitro único. Según la Sala ” la autonomía de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan un procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de entenderse lo que esta Sala -y la generalidad de los Tribunales Superiores de Justicia- viene señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para la designación… Asimismo, el apartado 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral (…). Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. Dado el ámbito limitado de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos, no corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de si puede entenderse existente convenio arbitral en el contrato que se dice celebrado verbalmente el 11 de junio de 2016. Habrá de ser el árbitro, en el ejercicio de la competencia que le asiste ex art. 22 LA, quien, en un primer término, resuelva acerca de la existencia de tal convenio -y ello sin perjuicio, claro está, de lo que las partes puedan convenir al respecto. Solo en su día, mediante la acción de anulación que eventualmente se ejercite, habría de analizar esta Sala -o la territorialmente competente- dicha cuestión”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

descargar-imagen-instalaciones-cetem-3.jpg

Demanda de anulación presentada fuera del plazo legalmente previsto

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de febrero de 2018 desestima una acción de anulación por considerar que “el plazo de caducidad, no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente (…) o por error judicial (…). Asimismo, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4º LA alcanza a la acción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella (…). En el presente caso, el Laudo Arbitral de fecha 5 de junio de 2017, según se desprende del Expediente Arbitral incorporado a las actuaciones, tras la admisión de la citada prueba interesada por la demandante, fue notificado a la representación de CETEM el mismo día 5 de junio, según certificación del Secretario de la Corte. En consecuencia, el dies a quo para computar el plazo de caducidad de la acción es el día 6 de junio de 2017, día siguiente a la recepción de la notificación, siendo por tanto el dies ad quem el 7 de agosto – ya que el día 6 de agosto era festivo, en concreto domingo-. En consecuencia, presentada la demanda de anulación de Laudo Arbitral ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 1 de septiembre de 2017, vía Lexnet, y con entrega de copia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 4 de septiembre, la citada presentación tuvo lugar habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación del Laudo, y por tanto la demanda de anulación ha sido presentada fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede desestimar la demanda interpuesta, por caducidad de la acción de anulación”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Berlin_Große_Orangerie_1987_01-300x203.jpg

Desestimación de una declinatoria arbitral por figurar el acuerdo en una carta de intenciones

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de 19 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación interpuesto contra un auto del juzgado que estimó una declinatoria arbitral basada en Carta de Intenciones. La Audiencia justifica su decisión  en que ” los acuerdos o Carta de Intenciones (también conocidas como Letters of intent o LOI) son figuras contractuales de Derecho anglosajón, cuya incorporación a nuestro ordenamiento se debe al uso reiterado de las mismas por los operadores de nuestra economía. Son, por tanto, unas figuras extrañas y ajenas a nuestro sistema contractual, que carecen de regulación alguna, lo cual no ha supuesto un obstáculo para que éstas hayan sido acogidas en nuestro Derecho a través esencialmente del principio de la autonomía contractual, asentado en el art. 1.255 Cc de tal forma que su contenido será el que las partes libremente estipulen, pudiendo contener una autentica oferta vinculante, una oferta no vinculante o una oferta con cierto grado de vinculación. Por ello, de su propia denominación no se pueden extraer reglas generales sobre sus efectos, sus características o su concepto (…). (D)ependerá del grado de determinación de los elementos esenciales, del contenido del documento y del comportamiento de las partes, pudiendo incluso ser simplemente actos previos a los tratos preliminares, o una oferta simple, no una oferta vinculante (…).  Entiende la Audiencia que el auto apelado estimó la declinatoria al amparo de la cláusula 13 de la carta de intenciones (…) que PKG Holdings LLC y GEA Group AG suscribieron, del siguiente tenor: «13. Ley aplicable, arbitraje. Esta carta, así como cualquier diferencia que resulte de ella estará sujeta al, y sujeta a la interpretación, del Derecho alemán, cualquier diferencia que resulte de esta Carta y que no se pueda resolver amigablemente por las partes, será dirimida finalmente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, arbitral por figurar en acuerdo en una carta de intenciones DIS, por unos árbitros nombrados de acuerdo con dicho Reglamento. La sede del arbitraje será Düsseldorf, Alemania. El idioma del arbitraje será el inglés» ; sin embargo, del análisis del documento de ” Declaración de intenciones no vinculante relativa a la adquisición del negocio Bossar (…) se sigue que el mismo era una simple oferta sin fuerza vinculante alguna, así se desprende de su propia denominación, y de su clausulado…”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

teaserbox_5414528.jpg

La acción de anulación es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de diciembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral dictado por un árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo. La acción se basó en cuatro motivos:  1) inexistencia de Convenio arbitral; 2) falta de capacidad del árbitro designado; 3) indebida notificación de la reclamación al no adjuntar los documentos exigidos junto con la demanda arbitral; y 4) ser el Laudo contrario al orden público. La presente decisión afirma, entre otras cosas, que “la acción de anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones; es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los jueces conozcan de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo que desde el primer instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente aplicación del esquema o patrón propio de la Justicia estatal”. En relación con los motivos de anulación alegados considera que: “la parte actora se limita a negar la realidad de aquella cláusula de sumisión al arbitraje de ANJAR, y para ello alega que la referida cláusula está puesta debajo del sello y firma del presupuesto, cuestionando así su realidad o insinuando que dicha cláusula se hubiera puesto con posterioridad a la devolución y aceptación, con sello y firma de la empresa, de aquel presupuesto. Sin embargo, tal alegación queda huérfana de prueba alguna, cuando, de ser cierto lo afirmado por la parte actora de la nulidad, le era fácil acreditar la realidad de su manifestación con la simple incorporación a su demanda de nulidad del correo electrónico realmente remitido a la misma el día 6 de julio de 2016. La aportación del correo que efectivamente hubiera recibido la actora de nulidad y en el que, en su caso, no figurara inserta aquella cláusula de sumisión al arbitraje de ANJAR, hubiera permitido al tribunal reconocer la inexistencia o ineficacia de la misma. Sin embargo, no existe prueba de lo que se alega en la demanda de nulidad y, por ello, aceptado el documento del presupuesto y la cláusula que en él consta, ha de entenderse plenamente válida y eficaz la sumisión arbitral que allí se contiene”. Y añade la Audiencia que “siendo plenamente válida la sumisión al arbitraje que se contiene en aquel documento del presupuesto aceptado por la aquí demandante, conforme está previsto en el art. 14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje , la referida cláusula se adecua a las disposiciones que se establecen en el art. 9 de dicha Ley , en cuanto a la forma y contenido del convenio arbitral, en relación con los arts. 13 y 14 del Reglamento Procesal de Arbitraje de la Corte Nacional de Arbitraje Civil , Mercantil y Marítimo, de la Asociación Nacional de Jurisdicción Arbitral. Concretamente, el referido art. 14 de aquel Reglamento Procesal dispone lo siguiente: “En orden a lo previsto en los apartados 1,b ) y 2 del artículo 14, y en el b) del artículo 4 ambos de la Ley 60/2003 , se entenderá que las disposiciones del presente Reglamento integran el contenido de la Cláusula Arbitral”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Corte_LasPalmas1.jpg

Se anula un laudo arbitral por una errónea notificación en el domicilio en el que el demandado fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2017, estima en su integridad una demanda de anulación de laudo arbitral procedente de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas. La anulación se basó en tres motivos. En primer lugar, que la iniciación del procedimiento arbitral no fue debidamente notificado a la parte demanda, como tampoco la designación de árbitro, ni las actuaciones que se llevaron a cabo en el mismo, por lo dichas omisiones le han ocasionado una total indefensión, de conformidad con el art. 41 LA. Como segundo motivo se solicita la anulación del Laudo por error en el domicilio de notificación. Por último, el tercer motivo se fundamenta en la vulneración del derecho a la defensa, recogido en el art. 24 de la Constitución Española. La Sala considera, entre otras cosas, que según doctrina constitucional conteste relativa a la interdicción de la indefensión en materia de actos judiciales de notificación y, en particular, de garantías ineludibles en el acceso a la jurisdicción, que son extensibles al arbitraje, dada su naturaleza de “equivalente jurisdiccional.  Entiende la Sala que el motivo de anulabilidad ha de ser estimado por cuanto que se ha vulnerado el derecho del hoy actor a ser parte en el procedimiento arbitral pues no se le notificó la demanda contra él presentada y, consecuencia de la errónea notificación, en cuanto al domicilio en el que fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor (no requiriendo siquiera indagación alguna, tal y como exige la Ley de Arbitraje), fue declarado en rebeldía, continuando todo el proceso arbitral sin que éste pudiera ser parte en él y defender, con razón o sin ella, sus argumentos. Fijadas unas direcciones concretas en el demanda arbitral, debió necesariamente el Arbitro dirigir las notificaciones a ellas, antes de declarar al demandado en rebeldía. Ello supone que el proceso arbitral ha sido llevado a cabo con total desprecio de las normas del ordenamiento jurídico en las que el Derecho de Defensa tiene carácter prioritario, empezando por la Constitución Española, art. 24, continuando por la Ley de Enjuiciamiento Civil , la Ley de Arbitraje y las propias normas estatutarias que regulan el procedimiento arbitral en la Corte Nacional de Arbitraje. En todas ellas aparece el Derecho de Defensa y el derecho a ser parte y el derecho a no ser condenado sin ser oído. Todos estos derechos han sido conculcados en el procedimiento arbitral objeto de la presente controversia, lo cual ha provocado la indefensión del ahora demandante, que no ha podido personarse en las actuaciones arbitrales para ejercer su derecho de defensa y hacer valer sus derechos, lo que integra el motivo de anulación del laudo del art. 41.1º LA”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

53-1.jpg

La amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de arbitraje incluye la reclamación por el impago de pagarés librados

El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Sexta, de 8 de febrero de 2018, hace suya la decisión del Juzgado que entendió que entendió que debía estimarse la declinatoria arbitral propuesta por la demandada, aduciendo que cuando las partes del juicio cambiario son a su vez las partes de la relación causal subyacente (aquí es asi), la libertad y amplitud de motivos de oposición es total, superando la antigua doctrina, por ejemplo, que admitía la exceptio inadempliti contractus pero no la non rite adimpleti contractus, cuya alegación usualmente se negaba en el anterior ejecutivo cambiario remitiendo a las partes al ordinario. Ahora no, y de no admitirse la sumisión a arbitraje, podría darse la paradoja que de ser alegada esa excepción por el demandado (y sucede precisamente en este caso, en que se alegan incumplimientos de la actora en la oposición formulada de modo subsidiario) deberíamos entrar a conocer esos incumplimientos, cuando es evidente que para ello ha sido pactada la sumisión a arbitraje, lo que incluso -rizando el rizo- podría ser invocado por la demandante ante la oposición de las demandadas. Para la Audiencia “la amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de sumisión al arbitraje, conduce a considerar incluidas en la misma todas aquellas vicisitudes que pudieran derivarse del contrato, incluida la reclamación por el impago de pagarés librados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de suministro”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

alimentacion-ok.jpg

El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público, e incongruencia por exceso

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Pena, Sección Primera, de 13 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús Santos Vijande) desestima una acción de anulación basada, esencialmente, en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público e incongruencia por exceso. De acuerdo con esta decisión “la Sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a
la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Y añade, tras el examen de la motivación del aludo que, “ante una argumentación como la aquí sucintamente reseñada en absoluto es de apreciar, y mucho menos del modo palmario o manifiesto con que la doctrina constitucional lo exige, la presencia de error patente, ni de quiebra de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba que efectúa el Laudo, que, en consecuencia, no puede ser anulado por tal motivo -infracción del orden público con contravención del art. 24.1º CE”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

gr5.jpg

La AP de Las Palmas considera que los árbitros no son competentes cuando se discute acerca de la validez y carencia de vicios del contrato que incluye la cláusula de arbitraje

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 14 de diciembre de 2017, confirma la desestimación de una declinatoria arbitral afirmando que: “la remisión al arbitraje de un conflicto entre los contratantes dependía de que se cuestionasen o se discrepase acerca de los términos de interpretación y ejecución del contrato o de las operaciones relacionadas con él. Sin embargo, el objeto del conflicto planteado en este proceso no atañe a términos o a cuestiones de interpretación o ejecución del contrato sino a su propia validez y, por ende, a su surgimiento válido a la vida jurídica. Entendemos que las cuestiones de las que tendría que conocer la corte de arbitraje o la cámara madrileña a que hace referencia el pacto sexto del contrato serían las que surgiesen en torno al desenvolvimiento del contrato (interpretación y ejecución), esto es cuando no se cuestionase su propia existencia o validez, pero no cuando lo que se discute es su surgimiento al mundo jurídico como contrato válido y no viciado. En consecuencia, entendemos competente a la jurisdicción civil para el conocimiento del presente litigio”.

 

A %d blogueros les gusta esto:

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Blog-Garrigues-Cooperacion-judicial-en-materia-civil-en-la-UE_01.jpg

La notificación al demandado extranjero debe hacerse a través mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/200,7 de 13 de noviembre de 2007

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de 28 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado, por considerar que la demandante no  agotó las posibilidades de emplazamiento a la demandada, pues la primera citación se remitió a un domicilio en Francia que no se correspondía con el suyo, por carta, sin que constase el resultados. Considera la Audiencia que “si bien el primer emplazamiento del demandado puede hacerse facultativamente mediante correo postal sin diligencia de notificación intervenida por funcionario judicial, su validez viene condicionada al éxito del intento, mediante constancia de la entrega en el acuse de recibo, pues en otro caso el emplazamiento debe hacerse mediante diligencia. No obstante, en lugar de llevar a cabo esta en el domicilio señalado de la demandada, a través de los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»), con el fin de diligenciar en debida forma el intento de emplazamiento de la demandada, el Juzgado optó por llevar a cabo un segundo intento en un domicilio en el que no resultaba previsible localizar a aquella, y consideró suficientes las actuaciones llevadas a cabo para proceder a la comunicación edictal.

Fuente: https://fernandezrozas.com/