Autor: cima

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No hay ninguna limitación legal aun pacto de arbitraje en un contrato de seguro concertado por una sociedad anónima tomadora de un seguro con la finalidad de protegerse frente a la insolvencia de sus deudores

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoquinta, de 26 de mayo de 2017 estima la excepción de falta de competencia por haberse sometido el asunto a arbitraje. Para la Audiencia “resulta evidente que en la demandante no concurre la condición de consumidor en el contrato de seguro concertado con la demandada, pues se trata de una sociedad anónima que interviene en el contrato como tomadora del seguro con la finalidad de protegerse frente a la insolvencia de sus deudores, revelándose con ello tanto el ánimo de lucro como la actividad empresarial”. Por consiguiente, no hay ninguna limitación legal a la convención de un pacto de arbitraje en el contrato que nos ocupa, ni la validez de la cláusula puede ser analizada desde la perspectiva de la abusividad, ni siquiera en el marco de la Ley de Condiciones Generales de Contratación, pues el art. 8.2º Ley 7/1998 sólo prevé tal posibilidad cuando el contrato se celebre con un consumidor”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

España se sitúa como referente internacional del Arbitraje acogiendo el Seminario de la UIA en Bilbao

 

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Los pasados días 23 y 24 de junio se celebró en Bilbao el Seminario “Arbitraje Internacional, Perspectivas Actuales” organizado por la Unión Internacional de Abogados (UIA) con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya y el patrocinio y presencia destacada de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA).

En este relevante encuentro del arbitraje internacional se trataron las cuestiones más actuales relacionadas con el mismo, articuladas en dos bloques: uno dedicado al examen a las perspectivas del arbitraje comercial internacional y, en particular, a los retos y oportunidades de España como plataforma de primer nivel para el mismo, así como a la problemática del  arbitraje marítimo, las medidas cautelares y el árbitro de emergencia y la cuestión del  reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

La otra parte de la agenda estuvo volcada en el debate sobre el arbitraje de inversión, la planificación las inversiones como fase previa al procedimiento arbitral y a la discusión sobre el sistema de Corte Permanente como alternativa al arbitraje de inversión tradicional.

También se analizaron los posibles efectos del Brexit  sobre el arbitraje en el Reino unido y en la Unión Europea, en una mesa redonda moderada por Urquiola de Palacio, Presidenta de la Comisión Porvenir del Abogado de la UIA y Árbitro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

CIMA_05_07_2El  discurso principal del Seminario versó sobre el tema “España como hub del arbitraje internacional en español: retos y oportunidades”, estando  a cargo de Juan Antonio Cremades, Presidente de Honor de la UIA,  director de J.A. Cremades y Asociados y Árbitro de CIMA, que fue presentado por el Presidente de esta Corte, Juan Serrada. El prestigioso ponente desgranó en su intervención ante los asistentes, todos los elementos tanto de orden económico, jurídico y profesional  que, a su juicio, sitúan a España en una situación privilegiada para ser base de primer nivel en el arbitraje internacional.

Entre la extensa programación del Seminario figuraron las mesas redondas “Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros”, moderada por el Secretario de  CIMA, Francisco Ruiz Risueño, en la que intervinieron los Árbitros de la misma, María Luisa García Blanco, Abogada del Estado y socia del despacho Salama-García Blanco, José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y, Pascual Sala, ex Presidente del Tribunal Constitucional del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas, y Consultor de Roca Junyent, y la mesa dedicada al  “Reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros anulados”, moderada por Gonzalo Stampa, Director de CIMA y que contó con las intervenciones de Elena Otero Novas, Abogada del Estado y Secretaria del Consejo de Administración de Sacyr, Sixto Sánchez, Catedrático de Derecho internacional privado de la  Universidad de Granada, y, Miguel Ángel Fernández Ballesteros, Catedrático de Derecho Procesal, todos ellos Árbitros de CIMA.

El Seminario contó con una activa presencia en las exposiciones y debates, de la Comisión de Arbitraje Internacional de la UIA, presente con la participación de Álvaro López de Argumedo, miembro de su Junta Directiva y Árbitro de CIMA y de la propia Presidenta de la Comisión, Patricia Peterson.

Las sesiones de apertura y clausura contaron con la intervención del Presidente de CIMA, Juan Serrada.

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje ha manifestado su total satisfacción por el éxito de este Seminario, felicitando a sus organizadores y el reconocimiento que supone su celebración para el Comité Nacional Español de la UIA, presidido por José Pajares.

España se sitúa así, en opinión de CIMA, como un referente para consolidarse en el corto plazo en una plataforma imprescindible en el arbitraje internacional tanto por la calidad de sus instituciones arbitrales como por el prestigio y especialización de sus profesionales, así como la solvencia de su sistema legal y jurisdiccional.

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Nueva anulación de un laudo por haber redactado la propia corte arbitral el modelo de demanda a presentar por las empresas de telefonía

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de abril de 2017 anula un laudo arbitral reiterando una opinión manifestada en Sentencias de 21 de febrero de 2017 y 4 de mayo de 2017 , según la cual “al margen de la presunción cabal de que AEADE elabora los contratos promocionales de terminales de telefonía móvil, haciendo aun cuestión aparte de la mención en los contratos a AEADE como entidad administradora del arbitraje, lo que resulta decisivo y totalmente incuestionable in casu es que la propia corte arbitral sea la que redacte el modelo de demanda a presentar por las empresas de telefonía. Esto significa que la institución administradora del arbitraje está ya inicialmente tomando partido a favor de una de las partes, facilitándole el ejercicio de acciones e indicándole la forma de presentar su reclamación…” ,

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El TSJ de Madrid vuelve a rechazar el allanamiento y entra a conocer de los motivos de anulación alegados

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de abril de 2017, estima una acción de anulación por considerar que “en la tramitación del arbitraje no se han observado los principios esenciales enumerados en la ley de arbitraje, esto son, los de rogación, bilateralidad, contradicción, igualdad de partes, congruencia y proscripción de cualquier situación de indefensión, en la tramitación del procedimiento arbitral”. La Sala aprovecha para reiterar su peculiar doctrina según la cual “una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral por causas que, como la infracción del orden público, son apreciables de oficio, no se puede disponer por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre o no la lesión de un interés tan general como es la preservación del orden público; interés general que lo es hasta el punto de que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal el deber de salvaguardar de oficio dicho orden público. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la prescripción terminante del art. 41.2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes”. Como es habitual el fallo cuenta con el parecer discrepante del presidente de la Sala. Vid. la Sentencia de la misma Sala de 4 de abril de 2017.

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Renuncia tácita de la parte a sus facultades de impugnación en los supuestos de sustitución de los árbitros

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de abril de 2017 desestima una acción de anulación de un laudo arbitral La Sala rechaza todos los motivos invocados. “En orden la la sustitución de un árbitro por la admisión de la recusación de uno de ellos el motivo debe ser desestimado, tanto por la renuncia tácita de la parte a sus facultades de impugnación, como porque el procedimiento arbitral se tramitó de conformidad con el Reglamento de la Corte -el cual no exige para los supuestos de sustitución árbitros en caso de renuncia audiencia alguna, ni nuevo nombramiento o ratificación del Presidente anteriormente nombrado, tal y como resuelve el Laudo arbitral, en base al pacto de las partes, y las decisiones de la institución que administra el arbitraje se integran o, si se quiere, son expresión misma de la voluntad de todas las partes que suscriben el convenio arbitral por delegación de éstas, y como tal deben ser respetadas”.

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El control judicial no puede profundizar en la interpretación efectuada por el árbitro pues de otro modo se adentraría en una indebida revisión del fondo del laudo

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de mayo de 2017 desestima íntegramente una acción de anulación. Para la Sala el control judicial del laudo está informado por el principio dispositivo, no puede profundizar en la interpretación efectuada por el árbitro que, así, es función propia y exclusiva suya pues de otro modo se adentraría en una, indebida, revisión de su fondo impropia de un sistema arbitral como el de la LA que proclama que “El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, para las sentencias firmes” (art. 43 LA).

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Desestimación de un incidente de nulidad de actuaciones en procedimiento de anulación de un laudo arbitral seguido ante el TSJ de Madrid

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de abril de 2017, del que dimos cuenta en este Blog, desestimó “la solicitud de archivo de un proceso de anulación de laudo arbitral, que proseguirá por sus trámites, según lo acordado, hasta culminar por Sentencia”. Formulado incidente de nulidad de actuaciones, el Auto del mismo Tribunal de 3 de mayo de 2017, lo desestima. El referido auto considera que “las propias normas de la LEC -arts. 19.1 , 22 y 751 – y, en especial, de la Ley de Arbitraje, su art. 41.2 , trasunto de preceptos consagrados por la Ley Modelo UNCITRAL ( art. 34.2.b) y por el Convenio de Nueva York [art. V.2.b)], que precisamente ponen de relieve que, en casos como el presente, no rige el principio dispositivo: la Sala no ha ignorado la general vigencia de este principio en el proceso civil -ni ha dejado de analizarla-; lo que ha hecho es cumplir con el deber que la propia Ley le impone de resolver si homologa o no una transacción, que es lo que reconocida e inequívocamente se ha sometido a su consideración; y máxime cuando pende una acción de anulación con un objeto claramente referido a la infracción del orden público, suscitada no solo por iniciativa del Tribunal -legalmente impuesta-, sino también a instancia de lo expresamente alegado por los demandantes de anulación”. Como es habitual en esta sala en decisiones como la presente, la decisión viene acompañada de un voto particular, esta vez concurrente, de su presidente. 

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Determinación de los honorarios devengados por el árbitro ante el supuesto desistimiento en fecha posterior a las actuaciones por él minutadas

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 8 de mayo de 2017 considera, sobre el derecho al percibo de los honorarios por el árbitro que, frente lo alegado por la recurrente, no es cierto que no cabe la más mínima duda que el procedimiento arbitral se inició; al menos en su fase embrionaria acorde con lo preceptuado en el art. 27 LA que marca el inicio del procedimiento, Según la Audiencia “en el caso sometido a nuestra consideración ese hito se ha producido, e ítem más, a instancia del ahora demandado, el TSJM en procedimiento arbitral 1/2013, procedió a nombrar arbitro al letrado minutante, quien aceptó y juró el cargo, y mantuvo comunicados preliminares con los letrados de las partes y realizó las oportunas gestiones para la formalización del mismo, siendo evidente que una vez iniciado el procedimiento, debía terminar por alguna de las fórmulas que se contemplan en el art. 38 LA. (…). No podemos compartir la tesis del impugnante de que podía desistir libremente del procedimiento, pues no era ya, la única parte instante del mismo. En todo caso su desistimiento lo fue en fecha posterior a las actuaciones minutadas por el Arbitro; pues como hemos razonado aceptó el cargo y desarrollo inicialmente su labor; tendente a salvaguardar los derechos de las partes en el arbitraje”.

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La cláusula de sumisión a arbitraje no produce efectos si no se opone como excepción en el proceso

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 6 de junio de 2017 desestima el recurso de apelación contra un auto que, estimando una declinatoria de arbitraje, declaró la falta de jurisdicción del juzgado para el conocimiento de un procedimiento ordinario. Para la Audiencia “el arbitraje supone una renuncia a la intervención de los tribunales cuando no es absolutamente indispensable (siempre que la parte interesada invoque oportunamente la cláusula arbitral). Esta renuncia ampara la exclusión de la intervención judicial, cuyos inconvenientes se compensan con los beneficios de la rapidez y flexibilidad en el orden procedimental y sustantivo que constituyen la razón de ser del arbitraje. De este principio se sigue que la cláusula de sumisión a arbitraje no produce efectos si no se opone como excepción en el proceso, para lo cual está legitimado únicamente el demandado que, por sí o por las personas en las que trae causa, la ha aceptado expresamente frente al demandante con respecto a las relaciones o cuestiones planteadas en el proceso”.

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Inadmisión de una declinatoria arbitral por la existencia de una cláusula predispuesta por la otra parte

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 27 de junio de 2017, confirma una resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia que había desestimado una declinatoria arbitral interpuesta por el Banco Popular Español, S.A. Para el Tribunal Supremo, “la cuestión a decidir no es (…), si Banco Popular, cuando predispuso la cláusula, tuvo la intención de que las acciones de nulidad de los contratos de swap o put concertados (…) se sometieran a arbitraje. Lo decisivo es, a la vista de la redacción que se dio a la cláusula y de las cuestiones a las que se hacía expresa referencia en la misma, si puede considerarse que el adherente ha aceptado de manera clara e inequívoca la sumisión de determinadas cuestiones a arbitraje y la correlativa renuncia a que las controversias que puedan surgir sobre las mismas sean decididas por un tribunal de justicia (…). No puede aceptarse que en este caso A., al prestar su consentimiento al contrato de adhesión que le fue propuesto por Banco Popular, hubiera aceptado clara e inequívocamente someter a arbitraje cuestiones que distintas de la interpretación, cumplimiento y ejecución de las cláusulas en un un contrato marco de operaciones financieras y, en concreto, la anulación por error vicio del contrato swap y del contrato put concertados en el ámbito de dicho contrato marco.

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