Autor: cima

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El litigante vencido en el procedimiento arbitral, examinando el fondo del asunto, realiza una nueva valoración de la prueba desde su particular y subjetiva visión

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de junio de 2017, declara no haber lugar a la anulación de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro designado por la Corte Arbitral del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Entre otros razonamientos de interés El TSJ del País Vasco afirma que ” deben rechazarse todas las alegaciones de la parte demandante en tanto refieren su desacuerdo con la valoración, interpretación y fundamentación de los hechos sometidos a la apreciación del árbitro y que éste realiza en el laudo, lo que a la postre comporta una disconformidad con la resolución arbitral y que ataca, insistimos, indebidamente, pues el desacuerdo con la valoración de la prueba y de la motivación empleada por el órgano arbitral para decidir, no es causa de anulación al no conformar vulneración del orden público, en ningún caso”.

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El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación por considerar que el laudo no incurrió en contradicciones internas, ni en arbitrariedad o sinrazón al valorar la prueba practicada, ni vulneró reglas imperativas

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala CiVil y Penal, Sección Primera, de 23 de mayo de 2017, desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral fundada en diversos motivos. La Sala considera que “la sola lectura de los argumentos contenidos en el laudo revela, de un modo patente, que su discurso no incurre en contradicciones internas, ni en arbitrariedad o sinrazón alguna al valorar la prueba practicada, ni vulnera reglas imperativas, ni propicia -antes al contrario- el menor enriquecimiento injusto de la demandada”.

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Confirmación de una declinatoria arbitral por considerar que la cláusula arbitral inserta en un contrato de sociedad es incuestionable

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta, de 5 de junio de 2017 confirma una declinatoria arbitral considerando que la redacción de la cláusula arbitral inserta en el contrato es incuestionable, y no se aprecia oscuridad alguna, “puesto que de su tenor se deduce claramente y de modo manifiesto que las partes han pactado someter a arbitraje todas las controversias, conflictos y litigios surgidos con ocasión del contrato suscrito”. La acción entablada pretendía la disolución de una sociedad y la  sumisión al arbitraje estaba inserta en el contrato de sociedad “por tanto, la acción ejercitada en el presente caso -disolución de la sociedad- está comprendida en la cláusula de sumisión a arbitraje contenida en dicha cláusula suscrita por los litigantes socios de la expresada sociedad”.

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Lectura de la tesis doctoral de Enrique Linares Rodríguez sobre “Ejecución en terceros Estados de laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones”

El día 17 de julio de 2017 tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el acto de defensa y lectura de la tesis doctoral de Enrique Linares Rodríguez sobre “Ejecución en terceros Estados de laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones. Especial referencia al sistema del CIADI”, dirigida por el profesor José Carlos Fernández Rozas. El tribunal, presidido por el Profesoe Juan Sánchez Calero Guilarte, contó como vocales con Bernardo Cremades Sanz Pastor, Dário Moura Vicente, Sixto A. Sánchez Lorenzo y Pedro A. de Miguel Asensión. La tesis recibió la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

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No se observa negligencia alguna por parte del árbitro o de la Corte de Arbitraje en los actos de comunicación acaecidos en el seno del procedimiento arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 16 de mayo de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. De acuerdo con esta decisión “a la luz de los criterios expuestos la Sala no puede sino desestimar la causa de anulación alegada, pues al tiempo que no se observa negligencia alguna por parte del Árbitro o de la Corte de Arbitraje en los actos de comunicación acaecidos en el seno del procedimiento arbitral, sí resulta evidente, por el contrario, que, aun cuando cupiera aceptar a efectos dialécticos los hechos alegados por el actor, éste habría incurrido en una evidente falta de diligencia -pasividad-, que impide apreciar la indefensión invocada, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse respecto de quien, recibiendo las notificaciones arbitrales, eventualmente hubiera incumplido sin causa justificada el deber que le asiste de poner tales notificaciones en conocimiento de su destinatario”.

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Requisitos para el nombramiento de árbitros por el Tribunal Superior de Justicia

En juicio verbal sobre nombramiento de árbitros la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sala Primera, de 16 de mayo de 2017, afirma que atribuida a esta Sala “únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral suscrito por las partes; si se ha pactado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su caso,
que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje (…), sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA)”.

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La fase probatoria del arbitraje está presidida por la máxima libertad de las partes y de los árbitros y por la máxima flexibilidad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 29 de mayo de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral basada en su contrariedad al orden público, con fundamento en el art. 41.1º f) LA. Para la Sala tratando de garantizarse así la efectiva contradicción entre las partes, y la posibilidad de ejercitar en todo caso debidamente la defensa ante las pretensiones contrarias, la Ley de Arbitraje establece que la fase probatoria del arbitraje está presidida por la máxima libertad de las partes y de los árbitros -siempre que se respeten el derecho de defensa y el principio de igualdad- y por la máxima flexibilidad. Conforme a esa flexibilidad en el tratamiento probatorio del procedimiento arbitral, cuando en este caso la defensa del D. exhibió (contraviniendo así lo convenido en el Acta de Misión) durante la prueba testifical un documento que no había aportado con su demanda, el árbitro, a fin de posibilitar el ejercicio de la defensa de la misma parte extendió la fase probatoria para que pudiera aportarse, en debidas condiciones de contradicción, ese documento u otras pruebas tendentes a acreditar uno de los hechos controvertidos: si se habían o no comunicado a C. las operaciones correspondientes al mes de junio de 2011. Y, aportada una hoja excell, confeccionada por la propia demandante en la que aparecían las ventas que decía haber comunicado en ese período, el árbitro posibilitó a la parte contraria que pudiera alegar lo conveniente sobre esta prueba y efectuar su defensa ante la nueva prueba aportada, ofreciendo incluso, ante las alegaciones de ambas partes, la práctica de una prueba pericial, que no fue finalmente aceptada por ninguna de ellas. No se produjo, por tanto, la admisión tácita de la prueba sino que, por el contrario, el árbitro dictó una resolución expresa, admitiendo todos los documentos aportados por las partes al procedimiento arbitral.

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Anulación de un laudo arbitral porque el árbitro debió haber dado por terminadas las actuaciones arbitrales, y no lo hizo

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 30 de mayo de 2017, estima la acción de anulación contra un laudo arbitral por entender “no haberse ajustado el procedimiento arbitral a lo acordado, habiendo precluido el plazo fijado por el árbitro con el acuerdo tácito de las partes, para que el promotor del arbitraje interpusiese la demanda arbitral, plazo que según lo pactado era de estricta observancia, por ello, y en concordancia con lo dispuesto en el art. 31 a) LA, el árbitro debería haber dado por terminadas las actuaciones arbitrales, y no lo hizo, pese a la oposición expresa de la demandada en el arbitraje, que solicitó que se pusiera fin al mismo, por lo que concurre la causa de nulidad prevista en el apartado d) del art. 41.1º LA, ya que se ha cometido por el árbitro una infracción procedimental de transcendencia, pues afecta no solo a lo pactado sino al orden público procesal -seguridad jurídica-, cumplimiento de la norma infringida que, además, ha sido reclamado por la parte que ahora lo alega como causa de nulidad, por lo que no podemos hablar de consolidación y sí por el contrario de infracción de los anteriormente citados principios relativos a la invalidez de los actos de procedimiento, por lo que procede estimar la demanda, sin necesidad de entrar a analizar el resto de cuestiones planteadas por la demandante”.

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No le corresponda a este Tribunal revisar la valoración de las pruebas practicadas en un arbitraje en el sentido de declarar más acertada una conclusión que otra

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera de 23 de mayo de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral basada en la infracción del orden público. Para la Sala “No le corresponda a este Tribunal revisar la valoración de las pruebas practicadas en el sentido de declarar más acertada una conclusión que otra, y sin que la distinta interpretación que hace la demandante de la doctrina de los actos propios suponga infracción de las normas imperativas o principios básicos de inexcusable observancia, porque ello sería confundir la acción de anulación con una segunda instancia en que se pueda examinar la valoración en la apreciación de la prueba, pues ello queda fuera del orden público basado en la patente arbitrariedad o irracionalidad, en concreto la posible justicia del laudo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión”. También afirma la Sala que lo que pretendía la demandante “es reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, y en el presente caso, la valoración efectuada en la resolución impugnada, no se revela, en modo alguno, como arbitraria, errónea, incongruente o contraria a las reglas de la lógica o de la sana crítica, no quedando por tanto vulnerado el orden público, pues debemos insistir en que la invocación del orden público como causa de anulabilidad no puede convertirse en una puerta para permitir el control judicial de la decisión de fondo adoptados por los árbitros, o para discutir la posible justicia del laudo, o las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión en base a la valoración de la prueba, por todo lo expuesto debemos concluir que de la motivación contenida en el Laudo no se desprende vulneración alguna de normas imperativas o principios básicos de inexcusable observancia, por lo no se aprecia infracción alguna del orden público”.

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Anulación parcial de un laudo arbitral por al extender el laudo el ámbito del convenio a la responsabilidad de los administradores

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 6 de junio de 2017 estima parcialmente una acción de anulación contra un laudo arbitral en arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje, en aplicación del art. 41.1º c) LA. La Sala estima dos de los motivos de nulidad invocados por la demandante, por falta de convenio arbitral con respecto a la persona de Don G. y “error in negotio“, que una vez producido origina una incongruencia en el laudo impugnado, porque se resuelve en el mismo sobre lo que no se podía resolver, al exceder del ámbito del convenio -la responsabilidad de los administradores en relación con la disolución de la sociedad-. Par la Sala Don G. únicamente tenía la condición de Administrador Solidario de la entidad A., titular de la Estación de Servicio y de Administrador Único de la sociedad “P.” -Propietaria de la Estación de Servicio-, actuando en la firma del contrato de suministro y abanderamiento con CEPSA de 22 de febrero de 2011  (…) y pese a ello, el árbitro entiende que Don G. es responsable y le condena en el Laudo haciendo extensibles al mismo los límites objetivos y subjetivos del convenio arbitral, pero, para ello no acude a la teoría del levantamiento del velo, por lo que este Tribunal -dado el carácter limitado de la acción de anulación-, no puede analizar la extensión de la cláusula arbitral en base al criterio de que una parte que controla una entidad, no se puede refugiar bajo la forma jurídica de dicha entidad separada, cuando en realidad utiliza dicha forma de manera abusiva, para eludir o limitar su responsabilidad; sino que lo hace a través de la teoría de los actos propios o del consentimiento implícito, lo que este Tribunal entiende que debe ser analizado con carácter restrictivo, sobre todo en casos como el analizado en el que entendemos que no ha quedado acreditado que CEPSA contratara con “P.” en la confianza creada por Don G que respondiera por la misma, con evidente infracción de la buena fe contractual”.

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