Autor: cima

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Validez de la sumisión a arbitraje de un contrato de permuta financiera regulado por las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras (CMOF)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 16 de mayo de 2017, confirma una declinatoria arbitral inserto en un contrato de permuta financiera regulado por las condiciones generales del contrato marco de operaciones financieras (CMOF) suscrito por las partes litigantes. Tras realizar importantes consideraciones sobre los postulados de separabilidad del convenio arbitral y de competencia-competencia, la Audiencia considera que ” en el caso, no se ha acreditado la condición de consumidora de la entidad accionante, lo que desarrollaremos en adelante pero de lo que ya se desprenden dos consecuencias: la primera de que no puede aplicarse la prohibición de sumisión a arbitraje establecida en la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios en el sentido de proclamar la nulidad radical de cláusulas de arbitraje que someta controversias relativas a relaciones con consumidores a arbitrajes distintos de los de consumo y la segunda que la cuestión que se somete a arbitraje es materia disponible al mismo, esto es, entra dentro del ámbito del art. 2  LA”. Considera también la Audiencia que “el hecho de que el contrato marco se otorgara con posterioridad no invalida la cláusula de sumisión arbitral pues el CMOF y sus anexos, como hemos visto, responden a modelos preestablecidos a los cuáles se adhiere el cliente/inversor, no resultando controvertido que, en el caso, se esté frente a una contratación por adhesión y a una contratación-tipo, sin que ello, en realidad, incida con los efectos pretendidos por la parte apelante en la presente controversia. Tanto el CMOF como sus anexos aparecen cada uno de ellos firmados expresamente por el representante de la parte actora”. La presente decisión debe relacionarse con la polémica Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 27 de junio de 2017.

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Al hacer valer la declinatoria arbitral prevalece la falta de jurisdicción del juzgado civil que impide el conocimiento, ante dicho órgano jurisdiccional, de las acciones inicialmente acumuladas

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 25 de abril de 2017, confirma una declinatoria arbitral. La parte apelante alegó, en síntesis: conforme a los arts. 71 y 72 LEC, la causa petendi se fundaba en unos mismos hechos, aun cuando las relaciones jurídicas de la actora con las mercantiles demandadas pudiesen ser distintas; el carácter inescindible de la acumulación de acciones ejercitada en la demanda; para dicha parte no resultaba posible dividir la continencia de la causa ante el riesgo de que puedan darse dos resoluciones contradictorias; y que no se puede obligar a BNP Paribas Securities Services Sucursal en España al ser parte del arbitraje porque no suscribió el contrato; y que el derecho de acceso a la jurisdicción ordinaria debe ser preferente al arbitraje cuando alguno de los que forman parte del litisconsorcio pasivo no se encuentre sometido a él. Frente a ello la Audiencia considera que “la acumulación de acciones sólo resulta posible en el caso de que el Juzgado sea competente para conocer de cada una de las acciones intentadas, pues otra solución supondría un grave quebranto de los principios procesales más elementales, a saber, que conforme al art. 238.1º LOPJ y el art. 225.1º de la LEC , será nula de pleno derecho la sentencia que sea pronunciada por un tribunal con falta de jurisdicción y, es evidente que, en el supuesto que nos ocupa, el Juzgado de Primera Instancia, por renuncia expresa de la mercantil actora a la jurisdicción ordinaria en sus relaciones jurídicas con la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A.U., carece de jurisdicción para conocer de la controversia. Desde el momento en que se hace valer esta cláusula por una de las partes, se pone en evidencia que el juzgado de primera instancia carece de jurisdicción para conocer de una de las acciones acumuladas, en este caso, contra la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U,, y de ello resulta la imposibilidad de conocer de ambas acciones, así acumuladas, tal y como se prevé en el art. 73.1.1º LEC” .

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El CIADI registra una solicitud de anulación del laudo Eiser presentada por el Reino de España y notifica a las partes la suspensión provisional de su ejecución

El 28 de julio de 2017 España registró ante el CIADI una solicitud de anulación del Laudo de 4 de mayo de 2017, Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg  S.à rl v. Reino de España(CIADI, caso nº /ARB/13 /36) que condenó a España por el perjuicio sufrido en las inversiones realizadas en tres plantas termosolares a raíz de los ecortes aplicados por el Gobierno español.  El Ciadi ha procedido así a la suspensión provisional de la ejecución del laudo. Entre sus alegaciones el Gobierno español considera que puede existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov, ya que también forma parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. Cabe recordar que el día anterior a esta iniciativa se pronunció una Order of the US Court for the Southern District of New York Granting Ex Parte Recognition of the Award.

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El hecho de que en el procedimiento arbitral se aporte con la demanda un dictamen pericial no tiene nada de singular ni extraordinario

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de junio de 2017, declara no haber lugar a una acción de anulación contra un laudo arbitral sustentada únicamente en la violación del orden público. Para el TSJ, “el hecho de que en el procedimiento arbitral se aportase con la demanda un dictamen pericial no tiene nada de singular ni extraordinario. Es una posibilidad que contempla de forma expresa la LA en su art. 32.3º, que faculta a las partes, salvo acuerdo en contrario (que en el caso no consta existiera), para ‘[…] aportar dictámenes periciales por peritos libremente designados’, y a la que se refiere también en la Exposición de Motivos cuando declara que las normas sobre la prueba pericial, aplicables en defecto de voluntad de las partes, ‘[…] están encaminadas a permitir tanto los dictámenes emitidos por peritos designados directamente por las partes como los emitidos por peritos designados, de oficio o a instancia de parte, por los árbitros, y a garantizar la debida contradicción respecto de la pericia’. Y tampoco hay nada de sorprendente o particular en el hecho de que el colegio arbitral haya valorado y tenido en cuenta dicho informe para resolver la controversia sometida a su decisión, pues como resulta de los arts. 30.3 y 31.c) LA los árbitros deben dictar el laudo ‘[…] con fundamento en las prueba de que dispongan’, ya se trate de documentos, dictámenes periciales u otros instrumentos probatorios ‘[…] en que […] puedan fundar su decisión’”.

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El litigante vencido en el procedimiento arbitral, examinando el fondo del asunto, realiza una nueva valoración de la prueba desde su particular y subjetiva visión

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 26 de junio de 2017, declara no haber lugar a la anulación de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro designado por la Corte Arbitral del Iltre. Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Entre otros razonamientos de interés El TSJ del País Vasco afirma que ” deben rechazarse todas las alegaciones de la parte demandante en tanto refieren su desacuerdo con la valoración, interpretación y fundamentación de los hechos sometidos a la apreciación del árbitro y que éste realiza en el laudo, lo que a la postre comporta una disconformidad con la resolución arbitral y que ataca, insistimos, indebidamente, pues el desacuerdo con la valoración de la prueba y de la motivación empleada por el órgano arbitral para decidir, no es causa de anulación al no conformar vulneración del orden público, en ningún caso”.

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El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación por considerar que el laudo no incurrió en contradicciones internas, ni en arbitrariedad o sinrazón al valorar la prueba practicada, ni vulneró reglas imperativas

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala CiVil y Penal, Sección Primera, de 23 de mayo de 2017, desestima una demanda de anulación de un laudo arbitral fundada en diversos motivos. La Sala considera que “la sola lectura de los argumentos contenidos en el laudo revela, de un modo patente, que su discurso no incurre en contradicciones internas, ni en arbitrariedad o sinrazón alguna al valorar la prueba practicada, ni vulnera reglas imperativas, ni propicia -antes al contrario- el menor enriquecimiento injusto de la demandada”.

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Confirmación de una declinatoria arbitral por considerar que la cláusula arbitral inserta en un contrato de sociedad es incuestionable

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Cuarta, de 5 de junio de 2017 confirma una declinatoria arbitral considerando que la redacción de la cláusula arbitral inserta en el contrato es incuestionable, y no se aprecia oscuridad alguna, “puesto que de su tenor se deduce claramente y de modo manifiesto que las partes han pactado someter a arbitraje todas las controversias, conflictos y litigios surgidos con ocasión del contrato suscrito”. La acción entablada pretendía la disolución de una sociedad y la  sumisión al arbitraje estaba inserta en el contrato de sociedad “por tanto, la acción ejercitada en el presente caso -disolución de la sociedad- está comprendida en la cláusula de sumisión a arbitraje contenida en dicha cláusula suscrita por los litigantes socios de la expresada sociedad”.

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Lectura de la tesis doctoral de Enrique Linares Rodríguez sobre “Ejecución en terceros Estados de laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones”

El día 17 de julio de 2017 tuvo lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, el acto de defensa y lectura de la tesis doctoral de Enrique Linares Rodríguez sobre “Ejecución en terceros Estados de laudos emitidos en arbitrajes de protección de inversiones. Especial referencia al sistema del CIADI”, dirigida por el profesor José Carlos Fernández Rozas. El tribunal, presidido por el Profesoe Juan Sánchez Calero Guilarte, contó como vocales con Bernardo Cremades Sanz Pastor, Dário Moura Vicente, Sixto A. Sánchez Lorenzo y Pedro A. de Miguel Asensión. La tesis recibió la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad.

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No se observa negligencia alguna por parte del árbitro o de la Corte de Arbitraje en los actos de comunicación acaecidos en el seno del procedimiento arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 16 de mayo de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. De acuerdo con esta decisión “a la luz de los criterios expuestos la Sala no puede sino desestimar la causa de anulación alegada, pues al tiempo que no se observa negligencia alguna por parte del Árbitro o de la Corte de Arbitraje en los actos de comunicación acaecidos en el seno del procedimiento arbitral, sí resulta evidente, por el contrario, que, aun cuando cupiera aceptar a efectos dialécticos los hechos alegados por el actor, éste habría incurrido en una evidente falta de diligencia -pasividad-, que impide apreciar la indefensión invocada, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera derivarse respecto de quien, recibiendo las notificaciones arbitrales, eventualmente hubiera incumplido sin causa justificada el deber que le asiste de poner tales notificaciones en conocimiento de su destinatario”.

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Requisitos para el nombramiento de árbitros por el Tribunal Superior de Justicia

En juicio verbal sobre nombramiento de árbitros la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sala Primera, de 16 de mayo de 2017, afirma que atribuida a esta Sala “únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, este Tribunal debe limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral suscrito por las partes; si se ha pactado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su caso,
que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo pactado o legalmente establecido para la designación: en estas circunstancias, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, caso de haberse convenido la sumisión a arbitraje (…), sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA)”.

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