Categoría: Actualidad Arbitral

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Ámbito de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia en el proceso de formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de marzo de 2018, realiza una serie de consideraciones en torno al nombramiento judicial de loa árbitros. En primer lugar, afirma que “no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez, ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. En este sentido, dado el limitado ámbito de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos según interpretación auténtica del Legislador, es claro que esta Sala no tiene que pronunciarse sobre dos aspectos en los que las partes discrepan, a saber: el idioma en que el arbitraje ha de tener lugar -art. 28 LA- y el lugar en que éste ha de celebrarse (art. 26 LA), viniendo determinada nuestra competencia -por otra parte no cuestionada-, ex art. 8.1 LAª- por el domicilio de la demandada”. En segundo lugar, la Sala considera que: “siendo procedente (…) el nombramiento de un árbitro -art. 12 LA- que decida, en equidad, la controversia, el Tribunal ha de proceder a la designación de dicho árbitro tomando las medidas necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad, y ha de hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el art. 15.6 LA: no ha lugar, a todas luces, a nombrar a ninguno de los árbitros respectivamente propuestos por las partes, que se han opuesto expresamente en cada caso a la designación sugerida de contrario, tanto en el ámbito pre-procesal como en seno de estas actuaciones. Tampoco procede -lo hemos dicho con reiteración-, que esta Sala encomiende la administración del futuro arbitraje a tal o cual Corte de Arbitraje. El art. 15 LA nos habilita para el nombramiento de árbitros ad hoc, a falta de acuerdo entre las partes, pero no para la designa de un arbitraje institucional. Si tal estuviera previsto en el convenio, lo que no es el caso, habría de ser, conforme a su Reglamento, la correspondiente Corte de Arbitraje la que, en principio y como regla, hubiese de proceder al nombramiento de árbitros. Como hemos consignado, las partes no están de acuerdo en algunas de las características que debe reunir el árbitro -no explicitadas en el convenio-, y tampoco convienen en la Lista de la que extraer la terna sobre la que se ha de verificar el sorteo. En lo que concierne a que el arbitro sea de nacionalidad distinta a la de las partes -tal y como postula la actora-, esta Sala, en consideración a las circunstancias concurrentes -art. 15.6º LA- no establece como requisito de idoneidad del árbitro tal característica: entre otros extremos, porque semejante solicitud contraviene los propios actos de la actora, que ha propuesto con carácter principal un árbitro de nacionalidad española y, con carácter subsidiario, un árbitro con domicilio en Aalemania -en la vista precisa que de nacionalidad alemana-, donde está radicada la demandante. Cabrá, como veremos, la posibilidad de que, por sorteo, sea designado un árbitro de nacionalidad distinta a la de los litigantes, pues la Lista de Árbitros a la que la Sala acudirá para insacular, por riguroso orden, tres nombres, contiene un elenco de Árbitros de muy diversas nacionalidades. Las partes discrepan sobre el idioma en que ha de tener lugar el Arbitraje: el convenio se remite a la Ley de Arbitraje española y, por tanto, habrá de aplicarse el art. 28 LA, donde se prevé la salvaguarda del derecho de audiencia, contradicción y defensa de la parte que alegue desconocimiento de la lengua que se utilice. Decimos esto porque la actora expresa categóricamente su deseo de que el Árbitro designado tenga un perfecto dominio del inglés; la demandada no se opone terminantemente a este extremo -que no reputa relevante-, aunque afirma sin paliativos que el Arbitraje ha de tener lugar en idioma español. Son dos cuestiones distintas: sobre la segunda, nada tenemos que decir; sobre la primera, ningún inconveniente hay -puede facilitar las relaciones entre el Árbitro y las partes- en que la terna sobre la que se efectúe el sorteo se integre con Árbitros pertenecientes a una Lista donde se haga constar el conocimiento, o no, del idioma inglés. En cambio, sí coinciden las partes en que, pese a tratarse de un arbitraje de equidad, es conveniente que sea resuelto por un jurista: así lo dice expresamente la actora; y la demandada manifiesta, como queda dicho, que lo importante es ” que el Árbitro sea experto en arbitraje y conozca la Ley española “. En definitiva: tal y como dispone el art. 15.6 LA, la Sala, tras analizar lo expresamente argüido por las partes en sus escritos de demanda y contestación y en el acto de la vista, ante las discrepancias expresadas, acuerda que la designación tenga lugar de entre los árbitros-juristas de la Lista remitida por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, entre de ellos, de quienes aparecen con conocimiento del idioma inglés”.

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La falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria y nunca de oficio

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoquinta, de 27 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación con una Sentencia del juzgado que, tras tramitar de forma completa procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad, declaró la incompetencia del juzgado para resolver la cuestión planteada por la demandante por existir cláusula en el contrato entre partes con sumisión a arbitraje para resolver las controversias, pronunciamiento del que discrepa la demandante y también el demandado. De acuerdo con la Audiencia “la falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria ( arts. 39 y 63 LEC y 11.1º Ley de arbitraje), sin que por ello sea apreciable de oficio y sin trámite de audiencia como así lo hace la Sentencia recurrida y de la que discrepan ambas partes litigantes. La finalidad de la regulación pretende evitar, como expresa la Exposición de Motivos de la LEC 2000, Sentencias absolutorias en la instancia por falta de jurisdicción o de competencia dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias con atribución a la parte pasiva de ponerlos de manifiesto con carácter previo para evitar que el proceso siga adelante de forma innecesaria. La infracción procesal cometida no puede ser subsanada en la presente alzada ya que el dictado de Sentencia por este Tribunal en resolución de la cuestión de fondo podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, por existir configuración legal que permite interponer recurso de apelación contra la Sentencia que resuelva en primera instancia la controversia, previsión legal que garantiza en el presente caso la doble instancia y que vulnera la resolución recurrida al no haber dictado Sentencia sobre la cuestión de fondo planteada, motivo que lleva a reponer las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que se dicte otra que resuelva la controversia planteada por las partes”.

 

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La parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria del Derecho coreano aplicable al contrato

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 20 de febrero de 2018 se pronunció sobre un contrato de agencia suscrito entre Hanjin Shipping Co LTD y Hanjin Spain, S.L. el 1 de enero de 2012 en virtud del cual la sociedad española actuaba como un consignatario de buque de la sociedad coreana en España. Dicho dicho contrato quedó sometido al Derecho coreano y cualquier controversia sobre el mismo sería resuelta mediante arbitraje en dicho país. La Audiencia reconoce que dicho contrato (…) queda sometido al Derecho Coreano. Y ello no ha sido hecho controvertido. Por ello, la parte recurrente, como premisa, debe acreditar que dicho Derecho permite atribuir derecho de propiedad sobre fondos en virtud de una cláusula contractual. Aun con más razón teniendo en cuenta que la transmisión de los derechos reales en Derecho español exige la concurrencia de la teoría del título y el modo (art. 609 Cc ), es decir, es necesario que, además de la cláusula contractual, exista una entrega del fondo, aunque sea puramente instrumental o espiritualizada -a través de un mero apunte contable- en virtud de la cual el derecho entre a formar parte de su patrimonio y ostente derecho de disposición sobre el mismo. Pues bien, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba conforme el art. 281.2º LEC (” También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero “) y la parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria dirigida a tal fin, limitándose a manifestar que quien pretenda negar validez o eficacia al contrato acuda al arbitraje a Corea conforme el Derecho coreano a impugnarlo”.

 

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Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional

El Decreto Ley 250 del 30 de Julio de 2007 constituyó la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, continuadora de la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior, la que fue creada en el año 1963, y que permitió conocer y aplicar el arbitraje comercial mucho antes que la mayoría de los países latinoamericanos. Tras La Gaceta Oficial de la República de Cuba publica la Resolución de 25 de mayo de 2018 de la Cámara de Comercio 8/2018 por la que se aprueban las “Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional”, tal como quedaron redactadas luego de su revisión en correspondencia con la legislación vigente. Dichas Reglas regulan: a) la declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros, así como su disponibilidad y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos y términos de cada actuación procesal de las partes, de la Corte y del Tribunal Arbitral; b) el procedimiento para la tramitación de los incidentes de recusación y excusa de los árbitros, delimitando de manera clara y específica su tramitación, ya sea durante la fase previa o una vez constituido el tribunal arbitral; c) las medidas cautelares que puedan adoptar los árbitros, los requisitos para su adopción, así como el momento procesal en que debe resolverse y la forma en que se pronunciará el tribunal; d) la realización de audiencia preliminar, detallando su contenido específico y las decisiones que se adoptarán en cada caso y el cometido y forma de realización de la vista; y, e) el ajuste de los laudos arbitrales se ajusten a una fórmula sistemática y homogénea que, en todos los casos, permita una adecuada interpretación de los argumentos y actuaciones tenidos en cuenta por el tribunal para la decisión final adoptada.

 

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La formalización judicial opera únicamente cuando el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar la existencia o no del convenio arbitral pactado

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera de 13 de marzo de 2018 se pronuncia acerca del nombramiento de un árbitro único. Según la Sala ” la autonomía de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan un procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de entenderse lo que esta Sala -y la generalidad de los Tribunales Superiores de Justicia- viene señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para la designación… Asimismo, el apartado 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral (…). Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. Dado el ámbito limitado de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos, no corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de si puede entenderse existente convenio arbitral en el contrato que se dice celebrado verbalmente el 11 de junio de 2016. Habrá de ser el árbitro, en el ejercicio de la competencia que le asiste ex art. 22 LA, quien, en un primer término, resuelva acerca de la existencia de tal convenio -y ello sin perjuicio, claro está, de lo que las partes puedan convenir al respecto. Solo en su día, mediante la acción de anulación que eventualmente se ejercite, habría de analizar esta Sala -o la territorialmente competente- dicha cuestión”.

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Demanda de anulación presentada fuera del plazo legalmente previsto

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de febrero de 2018 desestima una acción de anulación por considerar que “el plazo de caducidad, no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente (…) o por error judicial (…). Asimismo, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4º LA alcanza a la acción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella (…). En el presente caso, el Laudo Arbitral de fecha 5 de junio de 2017, según se desprende del Expediente Arbitral incorporado a las actuaciones, tras la admisión de la citada prueba interesada por la demandante, fue notificado a la representación de CETEM el mismo día 5 de junio, según certificación del Secretario de la Corte. En consecuencia, el dies a quo para computar el plazo de caducidad de la acción es el día 6 de junio de 2017, día siguiente a la recepción de la notificación, siendo por tanto el dies ad quem el 7 de agosto – ya que el día 6 de agosto era festivo, en concreto domingo-. En consecuencia, presentada la demanda de anulación de Laudo Arbitral ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 1 de septiembre de 2017, vía Lexnet, y con entrega de copia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 4 de septiembre, la citada presentación tuvo lugar habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación del Laudo, y por tanto la demanda de anulación ha sido presentada fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede desestimar la demanda interpuesta, por caducidad de la acción de anulación”.

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Desestimación de una declinatoria arbitral por figurar el acuerdo en una carta de intenciones

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de 19 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación interpuesto contra un auto del juzgado que estimó una declinatoria arbitral basada en Carta de Intenciones. La Audiencia justifica su decisión  en que ” los acuerdos o Carta de Intenciones (también conocidas como Letters of intent o LOI) son figuras contractuales de Derecho anglosajón, cuya incorporación a nuestro ordenamiento se debe al uso reiterado de las mismas por los operadores de nuestra economía. Son, por tanto, unas figuras extrañas y ajenas a nuestro sistema contractual, que carecen de regulación alguna, lo cual no ha supuesto un obstáculo para que éstas hayan sido acogidas en nuestro Derecho a través esencialmente del principio de la autonomía contractual, asentado en el art. 1.255 Cc de tal forma que su contenido será el que las partes libremente estipulen, pudiendo contener una autentica oferta vinculante, una oferta no vinculante o una oferta con cierto grado de vinculación. Por ello, de su propia denominación no se pueden extraer reglas generales sobre sus efectos, sus características o su concepto (…). (D)ependerá del grado de determinación de los elementos esenciales, del contenido del documento y del comportamiento de las partes, pudiendo incluso ser simplemente actos previos a los tratos preliminares, o una oferta simple, no una oferta vinculante (…).  Entiende la Audiencia que el auto apelado estimó la declinatoria al amparo de la cláusula 13 de la carta de intenciones (…) que PKG Holdings LLC y GEA Group AG suscribieron, del siguiente tenor: «13. Ley aplicable, arbitraje. Esta carta, así como cualquier diferencia que resulte de ella estará sujeta al, y sujeta a la interpretación, del Derecho alemán, cualquier diferencia que resulte de esta Carta y que no se pueda resolver amigablemente por las partes, será dirimida finalmente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, arbitral por figurar en acuerdo en una carta de intenciones DIS, por unos árbitros nombrados de acuerdo con dicho Reglamento. La sede del arbitraje será Düsseldorf, Alemania. El idioma del arbitraje será el inglés» ; sin embargo, del análisis del documento de ” Declaración de intenciones no vinculante relativa a la adquisición del negocio Bossar (…) se sigue que el mismo era una simple oferta sin fuerza vinculante alguna, así se desprende de su propia denominación, y de su clausulado…”.

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La acción de anulación es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 22 de diciembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral dictado por un árbitro de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo. La acción se basó en cuatro motivos:  1) inexistencia de Convenio arbitral; 2) falta de capacidad del árbitro designado; 3) indebida notificación de la reclamación al no adjuntar los documentos exigidos junto con la demanda arbitral; y 4) ser el Laudo contrario al orden público. La presente decisión afirma, entre otras cosas, que “la acción de anulación, por tanto, no es una segunda instancia en la que se puedan analizar todas las cuestiones; es sólo un instrumento fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales que no permite entrar a conocer del fondo del asunto resuelto por los árbitros. De lo que se trata en el fondo es de impedir que los jueces conozcan de lo que ya ha sido objeto de decisión por los árbitros, cayendo de esta forma en lo que desde el primer instante se ha querido evitar, esto es, la intervención jurisdiccional y consiguiente aplicación del esquema o patrón propio de la Justicia estatal”. En relación con los motivos de anulación alegados considera que: “la parte actora se limita a negar la realidad de aquella cláusula de sumisión al arbitraje de ANJAR, y para ello alega que la referida cláusula está puesta debajo del sello y firma del presupuesto, cuestionando así su realidad o insinuando que dicha cláusula se hubiera puesto con posterioridad a la devolución y aceptación, con sello y firma de la empresa, de aquel presupuesto. Sin embargo, tal alegación queda huérfana de prueba alguna, cuando, de ser cierto lo afirmado por la parte actora de la nulidad, le era fácil acreditar la realidad de su manifestación con la simple incorporación a su demanda de nulidad del correo electrónico realmente remitido a la misma el día 6 de julio de 2016. La aportación del correo que efectivamente hubiera recibido la actora de nulidad y en el que, en su caso, no figurara inserta aquella cláusula de sumisión al arbitraje de ANJAR, hubiera permitido al tribunal reconocer la inexistencia o ineficacia de la misma. Sin embargo, no existe prueba de lo que se alega en la demanda de nulidad y, por ello, aceptado el documento del presupuesto y la cláusula que en él consta, ha de entenderse plenamente válida y eficaz la sumisión arbitral que allí se contiene”. Y añade la Audiencia que “siendo plenamente válida la sumisión al arbitraje que se contiene en aquel documento del presupuesto aceptado por la aquí demandante, conforme está previsto en el art. 14 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje , la referida cláusula se adecua a las disposiciones que se establecen en el art. 9 de dicha Ley , en cuanto a la forma y contenido del convenio arbitral, en relación con los arts. 13 y 14 del Reglamento Procesal de Arbitraje de la Corte Nacional de Arbitraje Civil , Mercantil y Marítimo, de la Asociación Nacional de Jurisdicción Arbitral. Concretamente, el referido art. 14 de aquel Reglamento Procesal dispone lo siguiente: “En orden a lo previsto en los apartados 1,b ) y 2 del artículo 14, y en el b) del artículo 4 ambos de la Ley 60/2003 , se entenderá que las disposiciones del presente Reglamento integran el contenido de la Cláusula Arbitral”.

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Se anula un laudo arbitral por una errónea notificación en el domicilio en el que el demandado fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 12 de diciembre de 2017, estima en su integridad una demanda de anulación de laudo arbitral procedente de la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo de Las Palmas. La anulación se basó en tres motivos. En primer lugar, que la iniciación del procedimiento arbitral no fue debidamente notificado a la parte demanda, como tampoco la designación de árbitro, ni las actuaciones que se llevaron a cabo en el mismo, por lo dichas omisiones le han ocasionado una total indefensión, de conformidad con el art. 41 LA. Como segundo motivo se solicita la anulación del Laudo por error en el domicilio de notificación. Por último, el tercer motivo se fundamenta en la vulneración del derecho a la defensa, recogido en el art. 24 de la Constitución Española. La Sala considera, entre otras cosas, que según doctrina constitucional conteste relativa a la interdicción de la indefensión en materia de actos judiciales de notificación y, en particular, de garantías ineludibles en el acceso a la jurisdicción, que son extensibles al arbitraje, dada su naturaleza de “equivalente jurisdiccional.  Entiende la Sala que el motivo de anulabilidad ha de ser estimado por cuanto que se ha vulnerado el derecho del hoy actor a ser parte en el procedimiento arbitral pues no se le notificó la demanda contra él presentada y, consecuencia de la errónea notificación, en cuanto al domicilio en el que fue citado, sin que el árbitro lo intentara en el otro domicilio facilitado por el propio actor (no requiriendo siquiera indagación alguna, tal y como exige la Ley de Arbitraje), fue declarado en rebeldía, continuando todo el proceso arbitral sin que éste pudiera ser parte en él y defender, con razón o sin ella, sus argumentos. Fijadas unas direcciones concretas en el demanda arbitral, debió necesariamente el Arbitro dirigir las notificaciones a ellas, antes de declarar al demandado en rebeldía. Ello supone que el proceso arbitral ha sido llevado a cabo con total desprecio de las normas del ordenamiento jurídico en las que el Derecho de Defensa tiene carácter prioritario, empezando por la Constitución Española, art. 24, continuando por la Ley de Enjuiciamiento Civil , la Ley de Arbitraje y las propias normas estatutarias que regulan el procedimiento arbitral en la Corte Nacional de Arbitraje. En todas ellas aparece el Derecho de Defensa y el derecho a ser parte y el derecho a no ser condenado sin ser oído. Todos estos derechos han sido conculcados en el procedimiento arbitral objeto de la presente controversia, lo cual ha provocado la indefensión del ahora demandante, que no ha podido personarse en las actuaciones arbitrales para ejercer su derecho de defensa y hacer valer sus derechos, lo que integra el motivo de anulación del laudo del art. 41.1º LA”.

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La amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de arbitraje incluye la reclamación por el impago de pagarés librados

El Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección Sexta, de 8 de febrero de 2018, hace suya la decisión del Juzgado que entendió que entendió que debía estimarse la declinatoria arbitral propuesta por la demandada, aduciendo que cuando las partes del juicio cambiario son a su vez las partes de la relación causal subyacente (aquí es asi), la libertad y amplitud de motivos de oposición es total, superando la antigua doctrina, por ejemplo, que admitía la exceptio inadempliti contractus pero no la non rite adimpleti contractus, cuya alegación usualmente se negaba en el anterior ejecutivo cambiario remitiendo a las partes al ordinario. Ahora no, y de no admitirse la sumisión a arbitraje, podría darse la paradoja que de ser alegada esa excepción por el demandado (y sucede precisamente en este caso, en que se alegan incumplimientos de la actora en la oposición formulada de modo subsidiario) deberíamos entrar a conocer esos incumplimientos, cuando es evidente que para ello ha sido pactada la sumisión a arbitraje, lo que incluso -rizando el rizo- podría ser invocado por la demandante ante la oposición de las demandadas. Para la Audiencia “la amplitud de los términos en los que está redactada la cláusula de sumisión al arbitraje, conduce a considerar incluidas en la misma todas aquellas vicisitudes que pudieran derivarse del contrato, incluida la reclamación por el impago de pagarés librados para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de suministro”.

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