Categoría: Actualidad Arbitral

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Cómo valore la prueba el árbitro es algo ajeno al Tribunal de anulación, salvo que sea absolutamente irracional

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 25 de mayo de 2017, desestima una acción de anulación basada en diversos motivos contra el laudo en un arbitraje administrado por el  Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia. Entre otros razonamientos para alcanzar la referida decisión el Tribunal considera que: “El cómo valore la prueba el árbitro es algo ajeno a este Tribunal, salvo que sea absolutamente irracional; lo que consta es que la prueba se practicó bajo los principios audiencia, publicidad y contradicción, en la que las sociedades inglesas contestaron a todas las preguntas que les fueron formuladas y el árbitro llegó a la conclusión de que la demandante no había probado el hecho básico de su pretensión, esto es, que eran clientes de la demandante (…), por lo que ninguna indefensión se le ha producido a la demandante en el procedimiento arbitral, ha pedido y se ha practicado la prueba solicitada y ha intervenido en ella realizando todas las intervenciones que tuvo por conveniente y realizó conclusiones a todo ello. En consecuencia, ninguna violación del orden público se ha producido”.

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La cour d’appel de París anula un laudo por existir indicios de lavado de dinero

La Sentencia de la cour d’appel de París (Pôle 1, Chambre 1) de 21 de febrero de 2017, anula un laudo arbitral pronunciado en resultado de un arbitraje de inversiones sometido al Reglamento Uncitral, en el asunto  République de Kirghizistan /  V. Belokon.  El Tribunal integrado por los árbitros Hobér, Schiersing y Paulsson (presidente) dictó un laudo el 24 de octubre de 2014  consideró que Kirguistán  había violado los arts. 2,2º y 2.3º del Acuerdo Kirguistán-Letonia para la promoción y protección de inversiones de 2008, a través de un tratamiento injusto y desigual, y actuaciones arbitrarias y no razonables, condenándole al pago de 16,5 millones de dólares en daños. Interpuesto el correspondiente recurso de anulación la cour d’appel de París determinó la existencia de importantes vínculos financieros entre el inversionista y el ex presidente de Kirguistán Kourmanbek Bakiev, que renunció después del cambio de régimen en 2010 y después de la inversión, y que el anuncio de licitación había sido irregular. En consecuencia anuló el laudo al considerar que su reconocimiento y ejecución, “qui aurait pour effet de faire bénéficier M. BELOKON du produit d’activités délictueuses, viole de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international”..

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Ecuador prepara la denuncia de 16 tratados bilaterales de inversión

Lenín Moreno, pre­si­dente electo de Ecuador tras de­rrotar al opo­sitor con­ser­vador Guillermo Lasso de en una se­gunda vuelta el 2 de abril  pre­para dar un impulso diferenciador a una Administración continuista afrontando una economía que apenas sale de la recesión y en medio de un contencioso internacional por la decisión de Quito de denunciar 16 tratados bilaterales de inversión. Dicha decisión se ha adoptado después de que una Comisión Ciudadana analizará los resultados e indicara que los pactos se firmaron en condiciones de ilegalidad y que, además de generar pagos millonarios al país no contribuyeron a generar inversiones. No obstante, al parecer, Ecuador está dispuesto a firmar nuevos acuerdos renegociados con los países afectados, siete de ellos de la UE, entre ellos España. El argumento jurídico es que estos tratados incluyen la posibilidad de resolver controversias a través de arbitrajes internacionales, lo que se opone a la actual Constitución.

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Denuncia del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de la India de 30 de septiembre de 1997

Mediante Nota Verbal de 23 de marzo de 2016, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de la India, comunicó a la Parte española la denuncia del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de la India, hecho «ad referendum» en Nueva Delhi el 30 de septiembre de 1997 (en vigor desde el 15 de diciembre de 1998), de conformidad  con lo establecido en su art. 14, siendo su fecha de terminación el 22 de marzo de 2017. El BOE de 23 de mayo de 2017 publica la terminación del  referido Acuerdo. Respecto a las inversiones efectuadas antes de la fecha de expiración del Acuerdo, según prevé el apartado 2 del citado precepto, las disposiciones de todos los demás artículos del mismo seguirán estando en vigor por un período de quince años a partir de dicha fecha.

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En su forma actual, el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur no puede ser celebrado exclusivamente por la Unión Europea

El Dictamen del Tribunal de Justicia 2/15, de 16 de mayo de 2017, considera que las disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea y Singapur, de 20 de septiembre de 2013, relativas a las inversiones extranjeras distintas de las directas así como las relativas al arreglo de controversias entre inversores y Estados no son de la competencia exclusiva de la Unión, por lo que el Acuerdo no puede celebrarse en su forma actual sin la participación de los Estados miembros. Según el Tribunal de Justicia, para que la Unión tuviera competencia exclusiva en el ámbito de las inversiones extranjeras distintas de las directas, sería necesario que la celebración del Acuerdo pudiera afectar a actos de la Unión o alterar su alcance. Puesto que no ocurre así que la Unión no tiene competencia exclusiva. Dispone, en cambio, de una competencia compartida con los Estados miembros. Esta conclusión afecta también a las normas relativas al intercambio de información y a las obligaciones de notificación, de verificación, de cooperación, de mediación, de transparencia y de arreglo de controversias entre las Partes en relación con las inversiones extranjeras distintas de las directas. El régimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados es también una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros. En efecto, dicho régimen, que sustrae controversias a la competencia jurisdiccional de los Estados miembros, no puede establecerse sin el consentimiento de éstos.

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Un laudo del CIADI de 4 de mayo de 2017 condena a España por el recorte a las renovables

Como anunciamos en este blog , el Laudo de 4 de mayo de 2017, Eiser Infrastructure Limited and Energia Solar Luxembourg  S.à rl v. Reino de España (CIADI, caso nº /ARB/13 /36) ha condenado a España por el perjuicio sufrido en las inversiones realizadas en tres plantas termosolares a raíz de los recortes aplicados por el Gobierno español. El tribunal arbitral estaba compuesto por John R. Crook, Presidente. Dr. Stanimir A. Alexandrov y Profesor Campbell McLachlan, árbitros. En el laudo se considera que el tribunal arbitral “tiene jurisdicción en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía y del Convenio CIADI respecto de las reclamaciones de las Demandantes, excepto que acepta las excepciones preliminares del Demandado con respecto a la reclamación de que las medidas impositivas del Demandado, en particular el impuesto de 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica creado por la Ley 15/2012, violan el Tratado sobre la Carta de la Energía”. Asimismo considera que España  violó el art. 101ºdel Tratado sobre la Carta de la Energía al no otorgar un trato justo y equitativo a las Demandantes. y se le condena la suma de EUR 128 millones por concepto de daños. Asimismo, España deberá pagará intereses sobre el monto otorgado desde el 20 de junio de 2014 hasta la fecha de este Laudo a una tasa de 2,07%, compuesta mensualmente, e intereses desde la fecha del Laudo hasta la fecha de pago a una tasa de 2,50%, compuesta mensualmente.

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Ante un fallo adverso de un Tribunal del CIADI España estudia “recurrir” el laudo ¿acaso ha descubierto algún órgano habilitado para ello?

El 4 de mayo de 2017 un Tribual arbitral administrado por el CIADI, en el asunto  Eiser Infrastructure Limited and Energía Solar Luxembourg S.à r.l. v. Kingdom of Spain (ICSID Case No. ARB/13/36) emitió un laudo condenando a España al pago de 128 millones de euros más intereses, por el perjuicio sufrido en las inversiones realizadas en tres plantas termosolares a raíz de los recortes aplicados por el Gobierno español.  Llama la atención, la nota de prensa emitida por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital titulada “España estudia recurrir el laudo del CIADI”.

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Un tribunal del CIADI desestima en su totalidad la demanda interpuesta contra Canadá, en el marco del TLCAN, por la farmacéutica Eli Lilly

Eli Lilly, la quinta farmacéutica más grande de los Estados Unidos, presentó en 2012 une demanda ante el CIADI, al amparo del Capítulo XI del TLCAN, contra Canadá por su sistema de concesión de patentes, solicitado el pago de 500 millones de dólares canadienses como compensación por la pérdida de sus ganancias. En el Laudo de 17 de marzo de 2017 (Case No. UNCT/14/2), el tribunal arbitral integrado por Albert Jan Van den Berg (Presidente) y Sir Daniel Bethlehem QC y Gary BOR (árbitros) desestimó la objeción de Canadá relativa a la competencia ratione temporis del tribunal, declarando la jurisdicción del tribunal para conocer de las reclamaciones que se le presenten en este arbitraje. Sin embargo desestimó la demanda en su totalidad, condenando a la demandante a sufragará los costos del arbitraje, por un monto de USD 749.697,97.

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Un tribunal del CIADI desestima todas las reclamaciones formuladas por Ansung Housing Co contra la República Popular China

Este caso se refiere a una controversia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por Ansung Housing Co., Ltd. una empresa privada constituida en virtud de las leyes de la República de Corea, , contra la República Popular China. El litigio deriva de una inversión de Ansung en un proyecto de desarrollo de condominios y campos de golf en Sheyang-Xian, China. Esta controversia fue presentada al CIADI sobre la base del APPRI entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República Popular China de 1966. El tribunal, integrado por Lucy Reed, Presidente y Michael Pryles y Albert Jan van den Berg, árbitros, en Laudo de 9 de marzo de 2017 (ICSID Case No. ARB/14/25) desestimó todas las reclamaciones formuladas por la Demandante, Ansung Housing Co.. La decisión del Tribunal a favor de la Demandada se basó en la Regla 41 (5) del Reglamento del Centro por la manifiesta falta de mérito jurídico de una reclamación.

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Admisión de la solicitud de bifurcación en al asunto Caso CIADI No. ARB/15/48 (“Abertis Infraestructuras, S.A. c. República Argentina”)

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El grupo de concesiones Abertis presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI el 17 de diciembre de 2015 (Caso CIADI No. ARB/15/48), al amparo del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina y Protocolo anejo, hecho en Buenos Aires el 3 de octubre de 1991, por el desequilibrio financiero que presentaban desde hace doce años las autopistas que gestiona el país tras la decisión del gobierno de congelar tarifas y por la imposibilidad de negociar con los ejecutivos de ese país una salida para recomponer ese desfase. El Tribunal se constituyó el 2 de agosto de 2016 con los siguientes miembros Rodrigo Oreamuno (Costa Rica), Presidente, Whitney Debevoise (U.S.A), árbitro propuesto por la demandante y Eduardo Valencia-Ospina (Colombia), árbitro propuesta por la demandada. Con posterioridad, el Tribunal arbitral emitió la Orden Procesal nº 2, del 27 de marzo de 2017, decidiendo abordar las objeciones a la jurisdicción con carácter preliminar. La admisión de esta “solicitud de bifurcación”, pedida por el Estado argentino, destinada a considerar las excepciones sobre jurisdicción y admisibilidad formuladas por la parte demandada antes de dirimir el arbitraje,  supondrá una demora considerable para la consecución de este último mecanismo.

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