Categoría: Actualidad Arbitral

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Necesidad de precisar las causales previstas en el art. 41 de la Ley de Arbitraje para fundamentar la acción de anulación de un laudo arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Primera, de 21 de diciembre de 2018, desestima, en esencia, una demanda de anulación de laudo dictado dictado por la Junta Arbitral de Transports de Lleida, por la falta de precisión de que adolecía en orden a la inclusión del cúmulo de alegaciones realizadas, en alguna de las causas previstas en el art. 41.1º LA. Según la Sala “no se observa ninguna infracción de procedimiento, ni ningún desamparo para la parte hoy demandante que pudo defender sus intereses en dicho procedimiento después del cual la Junta admitió parcialmente su reconvención compensando parcialmente las sumas reclamadas con la imposición de los intereses de demora correspondientes de la cantidad resultante. No se aprecia ningún trato de favor, ni ninguna quiebra del principio de igualdad de armas entre las partes en la actuación procesal de la Junta sino que lo que se intenta es que la Sala revise el fondo de la cuestión debatida, valore las pruebas en forma diferente o aplique el derecho en forma distinta, lo que repetimos, no puede ser objeto de la demanda de nulidad del laudo”. Y añade la Sala que ” en ningún lugar del extenso escrito de demanda presentado se explica a qué persona en concreto se pensaba citar, si se facilitó o no la dirección (no consta en el escrito en el que se pedían las pruebas), su intervención en los hechos debatidos y lo que es más importante la relevancia de dicho testimonio para la resolución del pleito en función de las alegaciones de ambas partes. Y lo mismo ocurre en relación con el oficio al banco de España antes citado. La indefensión que se aduce y que podría incardinarse tanto en la letra b) del art. 41.1 º LA, como en la f) orden público procesal del art. 24 de la CE , debe ser material o efectiva, lo que exige razonar sobre la pertinencia de la prueba, la corrección de su propuesta y la incidencia de la misma para la resolución de la controversia, elementos todos ellos ausentes, pese a su extensión, en la demanda presentada (…). Por lo que se lleva razonado procede rechazar la demanda de nulidad presentada”.

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El TS considera que no existe interés casacional en la determinción la competencia o incompetencia de la jurisdicción civil para el conocimiento de la cuestión al encontrarse supuestamente sometida a arbitraje

El Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 21 de febrero de 2018, resuelve un recurso de casación en la modalidad de interés casacional por jurisprudencia contradictoria de audiencias provinciales. El objeto de la controversia consistía en determinar la competencia o incompetencia de la jurisdicción civil para el conocimiento de la cuestión al encontrarse supuestamente sometida a arbitraje, al alcance e interpretación de la cláusula de sumisión a arbitraje. Cita el art. 1288 CC , el art. 2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación , y el art. 9.2º de la Ley de Arbitraje. El TS inadmite dicho recurso por falta de indicación de norma sustantiva infringida aplicable al fondo del asunto ( art. 483.2.2.º LEC , en relación con el art. 477.1º LEC ). Considera que la parte recurrente, aunque cita como infringidas normas sustantivas relativas a la interpretación contractual, en realidad, estaba planteando una cuestión de índole procesal, ajena, por tanto, al recurso de casación y propia del recurso extraordinario por infracción procesal, como es la competencia o no de la jurisdicción por existir un pacto de sumisión a arbitraje.

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La cláusula arbitral incluida en el Tratado celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones no es compatible con el Derecho de la Unión

En 1991, la antigua Checoslovaquia y los Países Bajos celebraron un tratado para el fomento y la protección de las inversiones (“TIB”) (Tratado para el Fomento y la Protección Recíprocos de las Inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca). El TBI dispone que las controversias entre un Estado contratante y un inversor del otro Estado contratante deberán dirimirse por acuerdo amistoso o, si no es posible, ante un tribunal arbitral. A raíz de la disolución de Checoslovaquia en 1993, Eslovaquia se subrogó en los derechos y obligaciones de ese país derivados del TBI. En 2004 Eslovaquia permitió el acceso de los inversores extranjeros a su mercado de los seguros de enfermedad. Achmea, una empresa que pertenece a un grupo de seguros neerlandés, creó una filial en Eslovaquia para ofrecer allí seguros de enfermedad privados. No obstante, en 2006 Eslovaquia dejó parcialmente sin efecto la liberalización del mercado de los seguros de enfermedad y prohibió, concretamente, la distribución de los beneficios derivados de las actividades relativas a los seguros de enfermedad. En 2008 Achmea inició un procedimiento arbitral contra Eslovaquia con arreglo al TIB, alegando que la prohibición antes mencionada era contraria a dicho Tratado y que esta medida le había causado un perjuicio económico. En 2012, el tribunal arbitral declaró que Eslovaquia había infringido efectivamente el TBI y la condenó a abonar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios por importe de aproximadamente 22,1 millones de euros. Posteriormente, Eslovaquia interpuso ante un órgano jurisdiccional alemán un recurso de anulación contra el laudo del tribunal arbitral. Según Eslovaquia, la cláusula arbitral incluida en el TBI infringía varias disposiciones del Tratado FUE. El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), que conoce del recurso de casación interpuesto en este asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si la cláusula arbitral impugnada por Eslovaquia es compatible con el Tratado FUE. La República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y la Comisión Europea presentaron observaciones en apoyo de las alegaciones de Eslovaquia, mientras que Alemania, Francia, los Países Bajos, Austria y Finlandia afirman que la cláusula controvertida y, de modo más general, las cláusulas similares utilizadas normalmente en los 196 TBIs actualmente en vigor entre los Estados miembros de la Unión Europea son válidas. Con estos presupuestos, la  Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 6 de marzo de 2018 (asunto C-284/16: Achmea)  declara, para empezar, que según el TBI, el tribunal arbitral constituido conforme a dicho tratado debe dirimir las controversias sobre la base del Derecho vigente en el Estado contratante afectado por la controversia así como de todo tratado pertinente entre los Estados contratantes. Pues bien, a la luz de las características del Derecho de la Unión –como su autonomía en relación con los Derechos nacionales y con el Derecho internacional, su primacía sobre los Derechos nacionales y el efecto directo de toda una serie de sus disposiciones sobre los ciudadanos de la Unión y los Estados miembros– este Derecho, por un lado, forma parte del Derecho vigente en todos los Estados miembros y, por otro lado, deriva de un tratado internacional celebrado entre esos Estados. En consecuencia, por estos dos motivos, el tribunal arbitral de que se trata puede verse obligado a interpretar y a aplicar el Derecho de la Unión, en particular las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que el tribunal arbitral de que se trata excluye la competencia de los órganos jurisdiccionales eslovacos y neerlandeses, a pesar de que no forma parte de los respectivos sistemas judiciales de Eslovaquia y de los Países Bajos. De ello se deduce que este tribunal arbitral no puede calificarse de órgano jurisdiccional “de uno de los Estados miembros” en el sentido del artículo 267 TFUE, relativo al procedimiento prejudicial, y, por tanto, no está facultado para presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Por lo que se refiere a la cuestión de si el laudo arbitral emitido por el tribunal arbitral está sometido al control de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que pueda plantear al Tribunal de Justicia cuestiones relativas al Derecho de la Unión vinculadas a una controversia tratada por el tribunal arbitral, el Tribunal de Justicia señala que la decisión del tribunal arbitral es definitiva en virtud del TBI. Además, el tribunal arbitral determina sus propias normas de procedimiento, en particular eligiendo él mismo su sede y, en consecuencia, el Derecho aplicable al procedimiento que regula el control judicial de la validez del laudo que ha emitido. Sobre esta última cuestión, el Tribunal de Justicia destaca que el órgano jurisdiccional nacional de que se trata sólo puede llevar acabo dicho control judicial en la medida en que se lo permita el Derecho nacional, requisito que no se cumple plenamente en el presente asunto, puesto que el Derecho alemán únicamente prevé en ese ámbito un control judicial limitado. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, aunque en el ámbito del arbitraje comercial sea legítimo limitar el control de los laudos arbitrales ejercido por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros si se cumplen determinadas condiciones, esta norma no es aplicable al procedimiento arbitral de que se trata en el presente asunto. En efecto, mientras que el primer procedimiento tiene su origen en la autonomía de la voluntad de las partes, el segundo resulta de un tratado mediante el cual los Estados miembros se comprometen a sustraer de la competencia de sus propios órganos jurisdiccionales, y, por tanto, del sistema de vías de recurso judicial que el art. 19.1º TUE les impone establecer en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, los litigios que puedan referirse a la aplicación o la interpretación de ese Derecho. Por estos motivos, el Tribunal de Justicia considera que, mediante la celebración del TIB, Eslovaquia y los Países Bajos han establecido un mecanismo de resolución de controversias que no permite garantizar que los litigios antes mencionados se diriman ante un órgano jurisdiccional perteneciente al sistema judicial de la Unión, dado que sólo un órgano jurisdiccional de este tipo puede garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que la cláusula arbitral incluida en el TBI vulnera la autonomía del Derecho de la Unión y, por tanto, no es compatible con éste.

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Un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima condena a Repsol Exploración Perú al pago de 17’5 millones de dólares

El 20 de junio de 2017 se resolvió el arbitraje del Caso_arbitral nº_ 2806-2014 20/CCL, de  20 de junio de 2017 (Aeromaster del Perú SAC vs. Repsol Exploración Perú, Sucursal Perú), en el que se condenó a esta última a asumir la suma de más de 17’5 millones de dólares. El arbitraje se administró, según la cláusula arbitral, en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y el tribunal arbitral estuvo formado por Juan Francisco Rojas Leo, César Fernández Fernández y Fernando Cantuarias Salaverry.  Dicho laudo fue completado por la interpretación realizada por la Resolución nº 259, de 5 de julio de 2017. Ahora la sucursal peruana de la petrolera busca la nulidad del laudo ante la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Gas Natural Fenosa gana el primer arbitraje de su conflicto en Egipto

Según informa el diario El País, la empresa Unión Fenosa Gas (UFG), participada al 50% por Gas Natural Fenosa y la italiana ENI, ha ganado el primero de los tres arbitrajes internacionales que emprendió en Egipto por la paralización de la planta de licuefacción de Damietta, en el norte del país. Se trata del litigio que interpuso contra la empresa estatal EGAS ante la Corte de Arbitraje de El Cairo por cortarle el suministro. Supone que EGAS tendrá que pagar 7,4 millones de dólares (unos seis millones de euros) a la firma hispanoitaliana, que a su vez debe afrontar unas costas de 3,1 millones de dólares (2,5 millones de euros). Quedan ahora las resoluciones que deben dictar la corte de Madrid y la del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial. El de Madrid, al igual que el de El Cairo, es contra EGAS, mientras que el tercero es contra la República Árabe de Egipto. El tribunal de arbitraje de El Cairo, presidido por el suizo Pierre Tercier y compuesto además por un árbitro o suizo y otro estadounidense, rechazó los argumentos esgrimidos por EGAS, que justificó que la falta de suministro se debió a fuerza mayor y que el contrato fue obtenido mediante prácticas corruptas. El tribunal hizo tres análisis para medir la viabilidad ética y de buen gobierno del contrato. El laudo establece que cumple con todas las normas de contratación de Egipto, los requisitos internacionales e, incluso, los fijados por el mismo presidente del tribunal sobre lo que debe cumplir un contrato de esta índole.

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Competencia territorial de los juzgados para resolver sobre medidas cautelares referidas a una cuestión sometida a arbitraje

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El Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Tercera, de 8 de septiembre de 2017,  declara la competencia territorial de Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, en un procedimiento sobre solicitud de medidas cautelares, referidas a una cuestión sometida a arbitraje, en cuyo ámbito debe producirse este último, con aplicación de los arts. 724 y 725 LEC.

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Ante la existencia de un contrato del que resulta expresamente la sumisión de las partes al arbitraje, le está vedado al TSJ cualquier otro pronunciamiento que no sea el de acceder a la formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal. Sección Prima, de 11 de septiembre de 2017 declara procedente una formalización judicial de un arbitraje afirmando, entre otras cosas, que “la parte demandada no toma en consideración la disposición contenida en el art. 15 LA, norma que ha de entenderse de carácter especial frente a la de carácter general que invoca el demandado, cuando en su apartado 5º dispone lo siguiente: “5. El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral”. Es decir, que ante la existencia de un documento contractual del que resulta expresamente la sumisión de las partes al arbitraje, como medio para la resolución de los conflictos que resulten del mismo, le está vedado a este Tribunal cualquier otro pronunciamiento que no sea el de acceder a esa formalización judicial de arbitraje solicitado. Cualesquiera otras cuestiones como las que plantea la parte demandada en su contestación, habrán de ser resueltas por el árbitro que resulte designado y en el procedimiento que se lleve a efecto”.

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La mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por el árbitro, no apreciándose error patente alguno no supone infracción alguna del orden público

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 3 de octubre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo en arbitraje administrado por la Corte Española de Arbitraje. El tribunal rechaza los tres argumentos esgrimidos contra el laudo: vulneración de las reglas de procedimiento acordadas por las partes, violación del deber de confidencialidad y vulneración del orden público por falta de motivación del laudo. Respecto a este último la Sala Afirma que “la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, ya que restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si este carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje, no procede analizar la corrección o no de los argumentos del Laudo Arbitral, lo que no debe ser confundido con la falta de acierto o con la falta de motivación. El orden público debe ser entendido en clave constitucional, y la labor de control de este Tribunal se limita a comprobar, por un lado, que la resolución arbitral está motivada, es decir, que contiene los elementos y razones de juicio que permiten conocer cuáles han sido los criterios que fundamentan la decisión, y, por otro lado, que dichos criterios no son arbitrarios, irrazonables o manifiesta o patentemente erróneos. En relación al primer control, los Laudos Arbitrales, principal y aclaratorio, se encuentra muy motivados, y en cuanto al segundo control, relativo a si los criterios del árbitro son arbitrarios, irrazonables o manifiesta o patentemente erróneos, tal y como se invoca por la demandante, entiende este Tribunal que no lo son, pues lo alegado se trata de discrepancias y falta de conformidad de la demandante con lo argumentado por el Árbitro, pues se utilizan por el mismo criterios que se basan en principios jurídicos básicos de interpretación de las normas contractuales, y de carga de la prueba. En consecuencia, la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por el árbitro, no apreciándose error patente alguno, y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público, por lo que la alegación analizada no puede prosperar”.

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No puede pretender la demandante, ni siquiera de manera sibilina, que el TSJ resuelva sobre la acción de nulidad de un laudo arbitral entablada como si no se hubiese excluido a la Jurisdicción para resolver el conflicto

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 16 de enero de 2018 desestima la acción de anulación contra un laudo arbitral de la Junta Arbitral del Transporte de Asturias. Considera la Sala que la demandante “no puede pretender, ni siquiera de manera sibilina (puerta falsa), que esta Sala resuelva sobre la acción de nulidad entablada como si no se hubiese excluido a la Jurisdicción para resolver el conflicto que tiene su causa en un contrato de transporte terrestre de mercancías. Como se indica en la Sentencia antes trascrita en parte, el concepto de Orden Público, en sus distintas modalidades, no puede llevar a un análisis del fondo, jurídico, de lo resuelto por los árbitros (errores in iudicando) , siendo la materia un contrato de transporte terrestre de mercancías, y si, por el contrario, errores in procedendo , tales como la parcialidad de árbitros, errores patentes de legalidad, incongruencia y arbitrariedad en motivación y prueba, y algunos más. Es un remedio extremo y excepcional, de control externo y procedimental. Y aquél no poder entrar en errores in indicando, procede tanto si el arbitraje es de Equidad como si es de derecho, aunque con menos posibilidades, y ámbito de re-examen más reducido si es de Derecho.

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Constatada la existencia de convenio arbitral en el contrato de préstamo con intereses procede la estimación de la demanda y, en consecuencia, acordar la designación un árbitro

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de enero de 2018, declara, en un proceso de formalización judicial que, “constatada la existencia de convenio arbitral en el contrato de préstamo con intereses celebrado entre el causante -del que los demandantes son herederos abintestato, así declarados por auto judicial- y el demandado, procede la estimación de la demanda y, en consecuencia acordar la designación un árbitro que habrá de resolver en equidad, como solicita la demandante, de entre la lista compuesta por tres nombres (art. 15.6º LA) que reúnan la condición de jurista, que se conformará con los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real, por ser esta una opción adecuada de entre las propuestas en la demanda; sorteo que se llevará a cabo en ejecución de sentencia y, ello con expresa condena de la demandada en costas a tenor del principio objetivo del vencimiento sobre lo que no cabe hacer excepción en este caso (ex art. 394 LEC ).

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