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Juan Sánchez-Calero. Catedrático de Derecho Mercantil y árbitro de CIMA: “A aquellos que son desleales en el arbitraje hay que imponerles unas costas severas”

Reconoce que su actividad arbitral es satisfactoria, como abogado de parte y como árbitro. En esa faceta es donde Juan Sánchez-Calero, abogado y Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Complutense, se relaciona con CIMA como institución arbitral. “Hace un par de años me he incorporado a esta entidad arbitral, invitado por Juan Serrada, actual presidente, y lo hice encantado”, señala. En la obra “Veinticinco años de arbitraje en España”, editada por esta institución arbitral, Sánchez-Calero ha abordado con profundidad y jurisprudencia la lealtad y deslealtad en el arbitraje en un artículo que José Carlos Fernández Rozas, coordinador de la obra a nivel general, le pidió. “Nadie duda que CIMA es una de las cortes arbitrales de referencia en nuestro país”, indica. Para este experto en Derecho mercantil “una vez que el arbitraje está en marcha es evidente que se trata de un procedimiento con todas las garantías que puede acortar en tiempo la solución a un proceso judicial”. Con él hemos hablado de algunas deslealtades que pueden surgir en un procedimiento arbitral. Este es el reflejo de esa conversación.

Profesor Sánchez-Calero, Usted aborda con claridad el tema de la lealtad y deslealtad en el arbitraje en esta monografía de CIMA.

Hablamos de cuestiones cotidianas en la práctica arbitral.  La lealtad o deslealtad del arbitraje supone hablar de prácticas que se dan con frecuencia donde realmente lo que se hace es actuar contra el principio de buena fe de una manera abusiva, dilatando los tiempos del arbitraje.

Para que lo entienda mejor, se trata de situaciones en las que una de las partes, pese a haber firmado la cláusula arbitral, se aleja del cumplimiento del convenio arbitral que le obliga.

Esta deslealtad puede estar presente tanto en el inicio del procedimiento como al final del mismo cuando se abusa de la acción de anulación.  Lo que he hecho en el artículo que aparece en “Veinticinco años de arbitraje en España”, es analizar algunos de los supuestos más claros donde además viene respaldado por cierta jurisprudencia.  En algunas ocasiones, los tribunales tienen que resolver prácticas desleales relacionadas con el convenio arbitral.

Si le parece vamos a analizar algunos de estos supuestos. El primero, tiene que ver con la deslealtad al convenio arbitral.

En ese apartado trato de señalar que hay prácticas con afán de dilatar el procedimiento y su inicio, quien ha firmado un convenio arbitral trata de judicializar el tema. Se trata incluso de cuestionar que un conflicto contractual o societario tenga que resolverse por vía arbitral para así acudir a la vía jurisdiccional.

Hay otros tipos de deslealtades básicas relacionadas con la designación de los árbitros o la puesta en marcha del procedimiento. O el caso en que quien ha firmado el convenio arbitral se niega a abonar los gastos iniciales del arbitraje pese a que es consciente de que lo tiene que hacer.

“Para el árbitro tiene el coste de ser recusado, en principio. Pero para la Institución Arbitral también puede tener un coste reputacional importante esa mala práctica”

En estas situaciones debe ser la corte arbitral quien intervenga de manera diligente.

Sí, pero hay que darse cuenta que la institución arbitral tiene un margen muy limitado. Quien quiere alterar o perturbar una buena marcha de un procedimiento arbitral lo puede hacer.

A veces la propia dilación de los procedimientos arbitrales permite estas prácticas contrarias a la honestidad que se presupone de quien acude al arbitraje.  Ya acudir a un juez de primera instancia para que ratifique que ese asunto es arbitrable supone una dilación importante en el desarrollo de ese procedimiento arbitral.

¿Hay alguna solución para este tipo de defectos de forma que parece conlleva el arbitraje?

Es complicado que se puedan resolver este tipo de elementos. Tampoco veo que la legislación actual pueda hacerlo. Esto lo que debe generar es una severa imposición de costas a quien lleve a cabo estas técnicas dilatorias y poco más se puede hacer.

Da la sensación, por lo que nos comenta, que uno cuando firma un compromiso arbitral puede no saber lo que firma.

Yo le daría una vuelta a su pregunta. Creo que casi siempre quien actúa con esas prácticas sabe lo que hace y lo que ha suscrito con la otra parte.   Quien firma un convenio arbitral sabe que los tiempos son más rápidos que un procedimiento judicial. Si su interés es obstaculizar o dilatar al máximo trata desde el primer momento de que el procedimiento se ralentice.

¿Es posible que una solución a este tipo de malas prácticas sería junto al Reglamento añadir un Código de Buena Conducta que suscribieran las partes, árbitros y testigos?

Podría ser una solución. No obstante tendríamos que ver cada hipótesis de comportamiento desleal que surgiera en ese procedimiento. Puede haber una parte que quiera retrasar el asunto todo lo posible y otra dispuesta a financiar los costes del arbitraje porque quiere un laudo rápido que le dé la razón.

Hablemos ahora de las deslealtades de los árbitros, otro asunto que toca en ese artículo publicado en “Veinticinco años de arbitraje en España”.

La deslealtad de los árbitros se puede plantear frente a las partes que los proponen y frente a las instituciones en el orden que se quiera. Realmente hay mucha vinculación entre estos temas.

Hablaríamos de la deslealtad informativa cuando los árbitros, en el momento de ser propuestos, no declaran vinculaciones con una de las partes.  Esa deslealtad puede generar que el propio procedimiento arbitral tenga que anularse más adelante.

Si un árbitro sabe que no puede ser considerado independiente porque tiene una vinculación, la que fuera, con una de las partes, es evidente que no hay ninguna irregularidad. Lo que tiene que hacer es manifestarlo y no aceptar esa designación arbitral.  El problema es si la acepta, se activa el procedimiento y su posterior recusación obliga a parar ese arbitraje y a nombrar otro árbitro, lo que perturbará la marcha normal del asunto.

¿Qué repercusiones tiene para la Corte Arbitral estas prácticas?

Para el árbitro tiene el coste de ser recusado, en principio. Pero para la Institución Arbitral también puede tener un coste reputacional importante. De hecho siempre se ha dicho que lo más importante del arbitraje son los árbitros. Pues de eso se trata, de tener árbitros profesionales que sepan motivar bien los laudos.  Los árbitros desleales deben estar fuera de cualquier lista de instituciones arbitrales de prestigio. Es su lugar natural y lógico.

Lo que si hay que dejar claro es que no toda recusación implica una deslealtad por parte de los árbitros. Hay situaciones donde la independencia del árbitro es muy discutible, para algunos puede ser irrelevante lo que ve, mientras que para otros tiene una significación mucho mayor.

¿Es bueno que un árbitro esté en tantas Cortes Arbitrales, como pasa en España?

Lo que sucede realmente en nuestro país es que la actividad arbitral es limitada y concentrada. Eso puede provocar que determinadas personas aparezcan con frecuencia como árbitros en diferentes instituciones arbitrales.

No creo que sea ni bueno ni malo.  Si estas personas hacen bien su trabajo no podemos quejarnos de nada. Por el contrario, sería un problema si esa reiteración en los arbitrajes viniera acompañada de algún conflicto visible a modo de problema o discusión. Lo importante es que todos los árbitros actúen con independencia y transparencia y si hay una situación problemática, que eviten aceptar esa designación.

Sobre la deslealtad al derecho de recusación, también usted apunta como se desarrolla esa práctica.

Hay sentencias que he citado en mi trabajo que dejan claro cómo se desarrolla esta mala práctica.  En este caso son los tribunales quienes censuran a la parte que recusa al árbitro, sobre todo por el momento de la recusación.

Aunque pueda sonar grosero, se dan situaciones en las que quien conoce la causa de recusación no la usa, espera a conocer el laudo y solo si le es desfavorable ejerce esa acción de recusación. Esta actuación la señalan los tribunales como desleal.

Otra deslealtad tiene que ver con la anulación del laudo, cuestión que ahora está de actualidad por diferentes laudos anulados por el TSJ de Madrid en estos últimos meses.

Llama la atención la revisión más amplia que hace el TSJ de Madrid de diferentes laudos en los últimos meses. Esta es una práctica que no se había hecho hasta el pasado mes de enero cuando llegó la primera resolución que anuló un laudo por el llamado orden público económico, reiterada en abril.

Estas resoluciones parecen haber abierto, o al menos entreabierto, el ejercicio de la acción de anulación fundado en la violación del orden público, hasta ahora interpretado de un modo restrictivo. Resulta notorio, a la vista de ciertos trabajos publicados, que ello ha causado preocupación en el sector arbitral. Considero que debemos aprovechar esta oportunidad para debatir este punto tan importante en la fundamentación de la decisión arbitral. Desde la perspectiva del Derecho mercantil, reviste particular interés, puesto que implica una vinculación de conceptos indeterminados (como el orden público económico) con instituciones propias del Derecho privado, en principio más sujetas a la disponibilidad de las partes.

Por supuesto, los laudos deben estar debidamente motivados y fundados, pero hemos de valorar hasta qué punto ello podría conducir a una suerte de apelación en el fondo.

¿Dónde puede estar la solución a este problema que se ha abierto ahora en el arbitraje?

Este es un debate abierto que va a seguir generando mucha controversia. Es posible que en una aproximación estrictamente jurídica por parte de los tribunales a algunos laudos, la idea de la flexibilidad del arbitraje puede crear la idea de una fundamentación jurídica más ligera de lo habitual o incompleta en los procedimientos arbitrales. Normalmente este tipo de argumentación suele justificar la intervención jurisdiccional.

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Negocios internacionales y arbitraje: debate en los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla- La Mancha

CIMA y sus árbitros, ponentes de estos seminarios, ya clásicos en esta comunidad autónoma

Cima ha participado como ponente en las Jornadas sobre Negocios Internacionales, celebradas dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha los días 9 y 10 de julio de 2015. En ellas el arbitraje y su uso en negocios internacionales fue protagonista. Expertos como José Carlos Fernández Rozas, arbitro y coordinador del libro “ Veinticinco años de Arbitraje de España”, editado por la propia CIMA y Gonzalo Stampa, director general de la institución arbitral, fueron algunos de los ponentes destacados de este encuentro empresarial.

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En la segunda sesión de las Jornadas y dentro del análisis del arbitraje como método alternativo de resolución de controversias, el Profesor José Carlos Fernández Rozas inauguró el turno de intervenciones, exponiendo brillantemente la situación actual en la que se encuentra el desarrollo del arbitraje en nuestro país, con un repaso a la jurisprudencia más reciente en materia de asistencia y control judicial y con una conclusión optimista sobre su consideración como un mecanismo eficaz de resolución de controversias dentro de la Comunidad Autónoma, dado el intenso flujo comercial existente.

A continuación, Javier Messía, en su calidad de Secretario de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Toledo, disertó en su intervención acerca de la influencia de las novedades legislativas habidas en materia arbitral sobre el funcionamiento de la Corte.

Por último, Stampa –Director de Cima- reflexionó acerca del contenido de los laudos arbitrales y sus diferentes mecanismos de control disponibles en algunos reglamentos arbitrales, así como el funcionamiento real de las actividades de apoyo del arbitraje que actualmente desempeñan los juzgados competentes nacionales en controversias nacionales e internacionales.

En su intervención destacó la necesidad de contar –con progresiva frecuencia- con el arbitraje como mecanismo aceptado de resolución de controversias con un componente internacional, cada vez más frecuente ante la expansión de mercados comerciales que se está detectando dentro del empresariado castellano-manchego.

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Una delegación de futuros árbitros colombianos visita la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)

Acompañados por Manuel Garayo, miembro de la Comisión de Gobierno de la CIMA y árbitro de esta entidad, un numeroso grupo de alumnos de postgrado de la Universidad Sergio Arboleda, Sección Santa Marta (Colombia), fueron recibidos en la sede arbitral por elSecretario de la Corte,  Francisco Ruiz Risueño.

Los alumnos visitantes  están siguiendo un curso denominado “Derecho Comparado: Temas de actualidad en Derecho Administrativo, Comercial y Laboral” . Muchos  de ellos han elegido el arbitraje como su plataforma profesional en el mundo del derecho.

La relación entre la CIMA y la Universidad Sergio Arboleda es estrecha. El Centro de Arbitraje y Conciliación de esta Universidad Colombiana, tiene, entre otros objetivos, desarrollar programas especiales, para la formación de árbitros internacionales, en colaboración con la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. CIMA.

Con el objeto de mantener viva esta relación entre partes, se firmó el año 2012, un convenio de colaboración para apoyar las actividades de conocimiento, promoción y práctica del arbitraje.

La vocación de internacionalización de la CIMA, muchas veces expuesta, contempla el mercado iberoamericano como un objetivo preferente y en breve visitará diferentes países del Cono Sur,  para seguir ayudando en la formación de nuevos árbitros y conseguir una mayor implantación de su Corte Arbitral en ese continente.

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El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, recibe al equipo directivo de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, CIMA

Juan Serrada, Francisco Ruiz Ruiseño y Gonzalo Stampa presentan al Ministro el libro “Veinticinco años de arbitraje en España”, editado por esta institución

Juan Serrada, presidente de CIMA y una representación de la Comisión de Gobierno de la Corte Civil de Arbitraje, CIMA integrada por Francisco Ruiz Ruiseño, secretario general y Gonzalo Stampa, director general,  han hecho entrega al  Ministro Catalá de un libro conmemorativo del veinticinco aniversario de la creación de esta corte arbitral.

“Veinticinco años de arbitraje en España” , reúne una serie de artículos sobre temas generales del arbitraje, vistos desde diferentes ángulos. Ha contado con la colaboración de prestigiosos árbitros, abogados y magistrados. El libro recoge la esencia de la progresión del mundo arbitral a través de los veinticinco años de la existencia de la CIMA.

Con motivo de la entrega del citado libro, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, ha expuesto al Ministro de Justicia, algunas cuestiones relevantes sobre la situación del arbitraje en España.

Los representantes de la CIMA han comentado a Catalá la gran pujanza que tiene el arbitraje en el campo del derecho administrativo, poniendo como ejemplo países como Perú o Portugal, como consecuencia de las conclusiones obtenidas de sus frecuentes asistencias a congresos y jornadas internacionales en esta materia.

Una de las grandes apuestas de CIMA  es su vocación formativa. Con la creación y puesta en marcha de la Cátedra sobre Arbitraje Universidad Rey Juan Carlos-CIMA , dirigida a profundizar la enseñanza del derecho arbitral, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje ha dado un salto cualitativo. Sí se  propone la utilización de los instrumentos necesarios para profundizar en el estudio del derecho arbitral, se podrá crear una nueva generación de árbitros capaces de abordar los nuevos retos del arbitraje en el futuro.

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CIMA, protagonista activo del primer Congreso de Derecho Comercial y de Arbitraje Internacional que tuvo lugar en Colombia

Este evento forma parte de la estrategia de internacionalizacion de esta entidad arbitral

Cima ha participado como ponente en el Primer Congreso de Derecho Comercial y Arbitraje Comercial, celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) los días 2 y 3 de julio de 2015 y organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena para conmemorar tanto su Centenario, como los veinte años de existencia de su Corte de Arbitraje.  En este encuentro diversos árbitros y el director general Gonzalo Stampa fueron ponentes de un congreso muy concurrido. Este tipo de eventos contribuyen al desarrollo de la estrategia de internacionalización de CIMA como corte arbitral.

La segunda sesión del Congreso estuvo íntegramente dedicada al arbitraje comercial internacional, participando como ponentes el Profesor José Carlos Fernández Rozas, Hernando Díaz Candia,  Gonzalo Stampa, Juan Hincapié Molina y  Juan Carlos Expósito Vélez.

El Profesor Fernández Rozas disertó acerca de la situación actual del arbitraje comercial, como sobre las recientes modificaciones del Reglamento Cima, exponiendo a los asistentes diversas novedades acaecidas en ambas materias y suscitando un debate intenso a continuación. Díaz Candia, abogado venezolano, expuso los fundamentos y recientes avances del arbitraje de protección de inversiones, desde su perspectiva de abogado especialista en esta área del Derecho.

Por su parte, Stampa expuso los principales avances habidos en la gestión del procedimiento arbitral tanto por los árbitros, como por los abogados, utilizando el Reglamento Cima como base principal de su exposición. A continuación se celebró una mesa arbitraje sobre arbitraje marítimo, moderada por Juan Carlos Expósito Vélez, en donde además de los ponentes anteriores, también participó  Juan Hincapié Molina, como reconocido especialista

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Juan Serrada, presidente de CIMA, ponente en el Congreso del Centro de Arbitragem comercial de Lisboa

Centró su intervención en la carga de la prueba y en la incomparecencia de una de las partes en el procedimiento arbitral

Cerca de doscientos profesionales han asistido en Lisboa al Congreso que organizó los pasados 2 y 3 de julio elCentro de Arbitragem Comercial de Lisboa,  entidad arbitral con el que CIMA tiene suscrito un Acuerdo de colaboración. En este encuentro de profesionales y expertos en arbitraje,  el Presidente de, CIMA Juan Serrada Hierro, participó en una  Mesa redonda que trató sobre la carga de la prueba y su importancia en el procedimiento arbitral. De hecho las llamadas injerencias negativas tienen que ver cuando una de las partes no aporta documentos al propio árbitro que está llevando ese tema en concreto. De hecho según las reglas de la IBA, la falta de pruebas puede llegar a penalizar la presencia de esa parte que no aporta pruebas. En estos procedimientos pruebas documentales, testificales o periciales tienen su importancia en función del asunto en cuestión y su volumen.

Las pruebas y su importancia son claves en cualquier procedimiento arbitral. Así lo comentó el presidente de CIMA, quien también abordó los problemas relativos a las consecuencias de la incomparecencia de alguna de las partes en el procedimiento arbitral. La rebeldía en dicho procedimiento no es otra cosa que la incomparecencia (generalmente del demandado) en el mismo. También señaló que una parte puede pedir las pruebas que tenga la otra parte, sobre todo a nivel documental, este es el llamado discovery arbitral de reciente implantación

El ‘Discovery Arbitral’ se podría definir como una práctica de prueba consistente en el derecho a solicitar documentos relevantes que la otra parte estará obligada a entregar salvo excepciones, pudiendo su falta de entrega justificar inferencias negativas por parte de los árbitros. Este sistema, de origen anglosajón, tiene ventajas y desventajas (entre las últimas está la generación de  grandes costes de litigación) por lo que su planteamiento resulta de gran interés

Volviendo al tema de la incomparecencia de una parte, Serrada se refirió a que la  cuestión capital que surge en este punto, es averiguar si la inactividad de la parte fue o no voluntaria, es decir, si tuvo o no conocimiento real de la existencia de procedimiento arbitral, o dicho de otro modo, si recibió en forma o no la notificación de la aceptación de los árbitros y del inicio del arbitraje. Sobre quien paga las costas del arbitraje, no queda claro que sea la parte que no comparece quien se haga cargo de ellas. Queda al arbitrio de la decisión del árbitro al final

“Es algo que no suele suceder, aunque hay más casos de lo que se piensa. A veces es una estrategia para dilatar el proceso. Sin embargo, pese a su no asistencia el procedimiento sigue su curso, a no ser que sea el ausente el demandante y no presente su demanda, entonces se para el procedimiento a no ser que el demandado quiere que continúe”; explica el presidente de CIMA. En el caso que el árbitro no hubiera hecho bien su trabajo tendría la responsabilidad pertinente en ese tema y en muchos casos las notificaciones incorrectas pueden ser clave para una posible anulación del  laudo a posteriori.

Mucho interés despertó este tema entre los asistentes por las preguntas que recibieron los ponentes. Sobre esta cuestión en concreto, muchas legislaciones abordan este problema, según comento el propio Serrada y tratan de conjugar ambos principios, a fin de que, sin que ello suponga el abandono de las pruebas a practicar, sea posible obtener una decisión final de la controversia representada por el laudo.

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CIMA rinde homenaje al arbitraje y a sus últimos veinticinco años con una monografía realizada por los mejores expertos del país

Veinticinco años de vida no se cumplen todos los días.  En el caso de CIMA, Corte de Arbitraje Civil y Mercantil sus promotores impulsaron varias iniciativas. La primera de ellas un Congreso Internacional en la capital de España con la presencia de principales expertos en la práctica arbitral. Y, de forma paralela, se puso en marcha la gestación de una monografía sobre estos últimos veinticinco años de arbitraje en nuestro país. Coordinado por José Carlos Fernández Rozas, también autor del artículo que relaciona al arbitraje con la jurisdicción, esta publicación es una magnífica monografía de lo que ha sido la evolución del arbitraje en este cuarto de siglo. Su lectura debería ser obligatoria en cualquier Facultad de Derecho porque reúne amenidad y rigurosidad de la mano de los principales espadas del arbitraje en nuestro país. Uno tras leer con calma este volumen puede conocer mejor como funciona el arbitraje y su procedimiento arbitral o adentrarse en las especialidades. En nuestro caso de la mano de Enrique Medina, Francisco Prol y Antonio Martínez hemos conocido otras prácticas arbitrales diferentes como en el campo administrativo, arbitraje financiero y el arbitraje tributario, actividades que esperemos no tarden en llegar a nuestra jurisdicción.  En la foto junto a Juan Serrada, presidente, de izda a derecha Francisco Prol y Eduardo Medina.

Enrique Medina Fernández, abogado del Estado ya en edad de jubilación, es miembro de CIMA desde su fundación. En este monográfico que la entidad arbitral ha editado sobre este cuarto de siglo, ha escrito un interesante artículo sobre el arbitraje administrativo, una práctica poco conocida en esta jurisdicción por el auge de los tribunales contenciosos administrativos aunque sean lentos en la práctica: “Creo que CIMA ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos de manera acertada.  Por desgracia, la práctica arbitral aún no ha calado todo lo que quisiéramos como alternativa a la jurisdicción habitual”, indica  Reconoce como personal su incorporación al mundo del arbitraje de la mano de esta institución  “el arbitraje tiene un porvenir magnífico en España al igual que ya está desarrollado en otros países donde se confía en el trabajo de los árbitros y Cortes por su eficacia y prontitud”   Una de las cosas que más valora este jurista es la apertura de CIMA a otros profesionales, como abogados de gran experiencia, Catedráticos o letrados del Consejo de Estado como árbitros.

“Veinticinco años de Arbitraje en España” es la obra que ha editado CIMA para resumir de la mano de los principales expertos en arbitraje el desarrollo de esta práctica en nuestro país”

En “Veinticinco años de Arbitraje en España”, Medina ha glosado la figura del arbitraje administrativo, una de las cuestiones aún pendientes en la práctica arbitral. Mientras que su uso es común en el derecho civil o en el mercantil o en el arbitraje internacional “ hay leyes que guardan la posibilidad que los entes públicos puedan acudir a arbitraje en sus conflictos con los particulares, pero las experiencias son escasas. De hecho en principio, haría falta una ley que lo autorizase o, de otra manera, un acuerdo del Gobierno en forma de decreto autorizando que esa relación jurídica se solventara via arbitral en lugar de acudir a la jurisdicción de los tribunales contenciosos administrativos que por ley les atañe”.  Para este experto el arbitraje administrativo tendría como objeto resolver sobre esas cuestiones que hoy en día van a los tribunales de justicia y que pudieran ir a arbitraje si en esa relación contractual hay una cláusula arbitral que lo estipula. “La falta de desarrollo es por la falta de la citada legislación, hubo una norma de 1955 que al final no se puso en práctica”, recuerda.

En el caso de Francisco Prol, abogado y árbitro en diferentes Cortes Arbitrales entre las que destaca CIMA, aunque recuerda que actúa más de árbitro realmente reconoce estar más especializado en los temas financieros y societarios. Es precisamente el desarrollo del arbitraje financiero la excusa para leer un notable artículo suyo en este monográfico que ha editado CIMA con motivo de su veinticinco aniversario: “También al manejar varios idiomas estoy adscrito a varias Cortes de Arbitraje extranjeras desde China hasta Brasil, eso me permite gestionar arbitrajes de carácter internacional y en otras jurisdicciones”, aclara. Para este jurista la calidad media de los árbitros de CIMA está por encima de la de otras entidades arbitrales “Los litigios que he gestionado tienen que ver con construcción, energía. Ahí el sistema de designación de árbitros tiene mucho que ver y que puedas llevar en esta institución arbitral arbitrajes de diferente naturaleza”, comenta. A su juicio la evolución de CIMA es muy notable  como impulsora del arbitraje en nuestro país.

El arbitraje requiere de especialistas

Sobre su artículo, relacionado con el arbitraje financiero, Prolseñala  que hay una ventaja clara en el arbitraje que es la especialización del árbitro “una de las cuestiones que más tienen en cuenta las empresas para elegir su método de resolución de conflictos frente a la labor del juez que es más generalista”, aclara. Desde su punto de vista no es inmediata su implantación en este sector de la actividad económica “el arbitraje tendrá su sitio en el campo financiero cuando se haya realizado una labor de educación arbitral de todas las partes que puedan estar implicadas en el asunto. Habría que intentar formar en esta materia a responsables de asesoría jurídica de entidades financieras como a otras personas que también influyen en la toma de decisión concreta.” Y señala que perder un caso en arbitraje es menos justificable a ojos de terceras personas que si este caso financiero se pierden en la jurisdicción ordinaria, sobre todo por la falta de conocimiento a nivel empresarial de la práctica arbitral y su valor añadido respecto a la jurisdicción ordinaria. “En muchas ocasiones algún banco internacional me ha comentado que no introducían cláusulas de arbitraje en sus contratos porque no era un standard a nivel internacional”, comenta. Sin embargo Prol ve el arbitraje con mucho futuro “la comunidad arbitral española ha crecido mucho tanto en árbitros como en instituciones arbitrales y eso garantiza su futuro”.

Otro de los autores de este “Veinticinco años de Arbitraje en España”, editado por CIMA es Antonio Martínez Lafuente,abogado del Estado desde 1971, doctor en Derecho y árbitro de esta entidad arbitral desde su creación  “ La verdad que estoy muy satisfecho de mi vinculación a CIMA en este cuarto de siglo. Cuando arrancamos el proyecto éramos la única entidad arbitral en aquel entonces de 1989. Empezó siendo una entidad corporativa formada por abogados y letrados del Estado pero luego ha sabido abrirse al exterior de forma acertada”. Reconoce que la trayectoria ascendente de esta entidad arbitral es digna de elogio. Martínez ha sido árbitro en temas relacionados con incumplimientos contractuales por una de las partes que no cumple esas obligaciones. “Son temas muy específicos, donde tienes que oír a las partes y ver las pruebas que se practican para luego tomar la decisión como árbitro que a veces no es tan sencilla como parece”, advierte.

Su colaboración en esta monografía sobre el arbitraje es un tema controvertido y de gran actualidad como es el arbitraje tributario. “Nadie puede olvidar que este es uno de los sectores con mayor índice de litigiosidad con respecto a otros. Por desgracia, hasta ahora no existe un mecanismo extrajudicial que se pueda ocupar de las cuestiones menos graves, fuera del delito fiscal y otros asuntos”, resalta. El desarrollo del arbitraje tributario pasaría, desde su punto de vista, porque nuestra Hacienda tuviera una ley que le habilitara para este cometido y así crear una entidad arbitral. Al mismo tiempo habría que ver cómo se gestionan; si se suspenden el ingreso de las liquidaciones, si hubiera o no delito fiscal. No hay una regulación y por este motivo no está en marcha”, indica. “En mi artículo constato esa no regulación. Hablo de los deseos por poner en marcha esta actividad, sin embargo incluso en la próxima reforma de la Ley General Tributaria que ya está en el Congreso nada dice sobre este asunto. El principal problema es que Hacienda se resiste a que le enjuicien entes diferentes a los propios tribunales de justicia”, subraya.

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El arbitraje, en el ojo del huracán, busca su evolución dentro del contexto jurídico

Encuentro en CIAMEN, donde Gonzalo Stampa, director de CIMA, analiza la problemática del arbitraje comercial español con una docena de laudos anulados desde el controvertido orden público económico

El nuevo modelo de arbitraje en el Tratado Trasatlántico de Inversión entre EEUU y UE, el momento del arbitraje comercial en España, con varios laudos anulados, el uso del discovery en el arbitraje y la problemática del arbitraje en Venezuela fueron los temas de este seminario organizado desde CIAMEN para la Madrid Arbitration Week que se ha celebrado a lo largo de esta semana aprovechando la puesta de largo del X Congreso del Club del Arbitraje.  En este seminario celebrado en el CEU participaron Amezaga, Dechert LLP (Paris); Gonzalo Stampa, Stampa Abogados (Madrid); Ricardo H. Puente, Jones Day (Miami); Luis O’Naghten, Baker & McKenzie (Miami); Alvaro Badell, Badell & Grau (Caracas). Y como Moderador José María Beneyto, Director del CIAMEN. 

Los últimos acontecimientos internacionales han colocado al arbitraje, aquella actividad que en nuestro país despierta de su letargo durante el mes de junio, al celebrarse el Congreso del Club del Arbitraje, para volver de nuevo a su situación iniciar de sopor. En esta oportunidad la actualidad política y nacional impiden que el arbitraje esconda la cabeza como los avestruces. La actualidad del Tratado Trasatlámtico Internacional fue explicada por el abogado y experto en arbitraje Bingen Amezaga del despacho Dechert LLP de París. Recordó que las negociaciones de este tratado se vienen celebrando desde el 2003 y que países como Francia, Alemania y Austria son los que más se oponen a esos avances.

Quizás lo que más llama la atención de este Tratado es el método que quieren desarrollar para resolver las controversias, la idea seria contar con una Corte Arbitral, similar a la del CIADI, de carácter permanente que regulase las relaciones entre inversores y Estados. “Esta medida ha sido fuertemente criticada en Europa porque se piensa que las multinacionales con su poder pueden influir en el desenlace de los arbitrajes”, explica Amezaga. De hecho desde mayo del 2015 se está estudiando este posible mecanismo de resolución que al final se convertiría en una Corte Arbitral Permanente.

En España, ya la asociación Jueces para la Democracia se ha significado en contra de esta medida que obvia la jurisdicción habitual: ”Los términos en los que se concibe el ISDS, pueden tener efectos en la actividad de instituciones (o poderes) del Estado, como el legislativo y ejecutivo, puesto que el momento que se le puede obligar a compensar a las compañías cuando vean restringidas sus ganancias o perjudicados sus intereses comerciales, provoca que las legislaciones nacionales se deban ajustar a este nuevo paradigma. Además, las decisiones de ese tribunal arbitral pueden suponer la vulneración del principio básico de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados. Esta situación puede llegar a condicionar la respuesta de los tribunales de justicia a las ganancias o intereses comerciales derivados de las fórmulas de compensación a las compañías inversoras que se pueda prever en el tratado, y en su caso implicar la responsabilidad del Estado por las decisiones de sus tribunales”, comentan.

En estos momentos la situación en Bruselas esta paralizada tal y como nos comentó Amezaga. “Se intento que hubiera una votación el pasado 10 de junio sobre esta medida en el Plenario del Parlamento Europeo pero no ha podido realizarse y se ha establecido una prórroga para que se vote en unos días”, resaltó. Respecto a esta nueva Corte de Inversión el propio letrado nos señaló que se está estudiando el modelo de tribunal arbitral para que no existan conflictos de intereses. “Este nuevo escenario del arbitraje deja claro que los terceros o amicus curie pueden participar en el arbitraje si son parte interesada. Y también pretende contar con una Corte de Apelación para que las decisiones sobre los laudos sean previsibles”, subrayó.

Laudos anulados en España

Fue Gonzalo Stampa, director de CIMA, Corte de Arbitraje Civil y Mercantil quien se aproximó a la realidad actual del arbitraje en nuestro país. Una realidad empañada por la anulación de una docena de laudos desde el TSJ de Madrid. “Con la reforma del 2011 que modificaba la ley de arbitraje del 2003 se le otorgó a los TSJ la facultad de control y anulación de los laudos. En los últimos meses se han dictado cuarenta sentencias del TSJ sala civil y penal de Madrid, de las cuales 11 estimaron la anulación de los laudos impugnados, 6 de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid, 4 por Asociación Europea de Arbitraje y 1 adhoc”.

Stampa recordó que estas once anulaciones han generado mucho ruido mediático “ Hay que recordar que en España no hay apelación del arbitraje y la acción de anulación está limitada a infracciones  formales del laudo pero nunca el juez puede entrar en el fondo del asunto y modificar la opinión del árbitro”. Para este letrado es posible que haya habido mala praxis judicial en estos fallos concretos. “Es fundamental que los jueces de control sigan el principio de intervención mínima en el arbitraje. Su presencia más continuada puede hacer que el arbitraje no se asiente en nuestro país”, denunció.

Con estos fallos y con el reconocimiento del ambiguo y controvertido orden público económico “el propio TSJ de Madrid impone su criterio por encima del propio del árbitro del asunto. Ese concepto de orden público económico, que se traspone del derecho europeo, está mal asimilado por el propio magistrado español, así lo vemos en la ST de 14/4/2015 donde se aplica mal”, aclara Stampa. Varias Sentencias tienen votos particulares, algunas del presidente del TSJ Fco Javier Vieira que están en contra de que el fallo del juez llegue al fondo del arbitraje. “El papel de control del árbitro no debe ir al fondo del arbitraje, esta es una norma que viene recogida en la jurisprudencia del tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y en la jurisprudencia habitual de los TSJ que ejercen este control”.

Discovery en el arbitraje?

Fueron las intervenciones de Ricardo H. Puente, Jones Day (Miami); Luis O’Naghten, Baker & McKenzie (Miami) las que sirvieron para hablar del discovery en la práctica arbitral. “Es evidente que el discovery es un elemento muy de los EEUU en muchos procedimientos y que su traslación al arbitraje no debería generar problemas. El propio Estatuto 1782, ahora actualizado ha servido para su desarrollo”. La cuestión es saber si se puede aplicar en el arbitraje nacional. En algunas ocasiones la Corte Federal de los EEUU sí lo ha admitido pero otros tribunales no han tenido esa sensibilidad como señalaba Ricardo H. Puente.

En opinión de O`Naghten, el propio discovery en el terreno de la prueba fue un regalo que hizo EEUU al mundo. “Lo importante es saber si los tribunales señalan a los procedimientos de arbitraje de carácter internacional. De momento la jurisprudencia no se ha puesto de acuerdo sobre este tema. Es el momento que la propia Corte Suprema se pronuncie y fije los criterios sobre este tema”, comento este abogado experto en arbitrajes internacionales.

Por último Alvaro Badell, Badell & Grau (Caracas) analizó la situación del arbitraje en Venezuela una práctica que se encuentra en la Constitución de este país desde 1999 Y donde los artículos 2.5.8 y 3.5 explica el funcionamiento del tribunal arbitral. “Nuestra ley está basada en la ley modelo Uncitral donde se santifican el principio de la autonomía de la voluntad de las partes; cómo se pone en marcha el procedimiento arbitral y el role de los árbitros y la institución arbitral en ese proceso”, apuntó. Venezuela se marchó hace años del CIADI por no considerarlo imparcial. “Disponemos de dos cortes en Caracas: CEPCA y la Corte de Arbitraje de Caracas. Desde el 2012 la casación que había se ha eliminado y ahora hablamos de una única instancia”, recordó.

 

SUMARIO

El control del laudo arbitral no debe ir al fondo del asunto, asi lo indican las jurisprudenica del TC, Supremo y TSJ, según Stampa

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Entrega de Diplomas a la XI Promoción del Curso de Arbitraje y Mediación de la Rey Juan Carlos patrocinado por CIMA

Juan Serrada, presidente de la entidad arbitral, destaca  en este evento el compromiso de la institución sobre la formación y de cara a tener sus profesionales lo mejor formados posibles

Una treintena de jóvenes juristas recibieron ayer en un acto organizado por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el diploma del XI Curso de Arbitraje y Mediación, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, CIMA, en esta oportunidad y dirigido por José Fernando Merino Merchán, profesor de la URJC y titular de la Cátedra de Arbitraje de esta Universidad, la única que hay en España y por Antonio Hierro, Arbitro Internacional, Titular de la Cátedra de Arbitraje de la URJC y presidente de honor del CEA y miembro de diferentes Cortes Arbitrales. El acto estuvo presidido por el decano de esta entidad académica Fernando Bilbao que  y contó con la presencia, junto a los organizadores del curso de Juan Serrada, presidente de CIMA y Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores. Todos ellos señalaron el buen estado del arbitraje en nuestro país y el futuro que se abre a estos diplomados tras haber superaron este curso de 115 horas de duración.

Fue el propio decano de la URJC, Fernando Bilbao, quien destacó la colaboración de CIMA en esta oportunidad como patrocinador de este curso así como del propio Colegio de Registradores colaborador de diferentes ediciones. “Los jóvenes juristas ya no quieren ser solo jueces o fiscales sino que muchos ellos quieren conocer otras jurisdicciones como la arbitral que sirve para resolver conflictos de otra manera y más ágil”, destacó. Supimos por sus palabras que la propia Universidad Rey Juan Carlos fue una de las entidades firmantes aquel 19 de marzo en Buenos Aires, junto con otras entidades empresariales y jurídicas, del Convenio que sirvió para constituir CIAR, Corte de Arbitraje Iberoamericana que tiene sede en el propio ICAM desde hace varios meses.

Juan Serrada: “Cualquier Corte arbitral tiene una gran responsabilidad a la hora de administrar arbitrajes. Por eso en CIMA contamos con los mejores profesionales”

En su exposición Juan Serrada,presidente de CIMA,  habló de la evolución del conflicto en nuestra sociedad. “Es algo inherente a nuestros primeros antepasados que con el Estado moderno se mantuvo en dos conceptos: el monopolio de la justicia y el juez natural”. Luego comentaría que a finales del siglo XIX frente a este corriente oficialista surge otra que impulsa el arbitraje como fenómeno. “Ahora los conceptos antes señalados se sustituyen por la autonomía de la voluntad de las partes que ayudan a configurar el proceso y la elección del árbitro, así como con el compromiso que suscriben las partes de comprometerse a lo que dilucide el propio árbitro”, resaltó. AL mismo tiempo recordó que la multiplicidad de partes, que siempre genera multiciplicidad de contratos,  en el arbitraje lo hace aún más complejo aún para cualquier jurista.

El presidente de CIMA dibujó lo que ha sido la trayectoria de esta entidad arbitral, una de las más veteranas del sector, que recientemente cumplió veinticinco años en un sector tan complejo como es el del arbitraje. “Cualquier Corte Arbitral tiene una gran responsabilidad a la hora de administrar arbitrajes. En nuestro caso tenemos a los mejores profesionales, siempre preparados y bien formados, para resolver los asuntos que lleguen.” Respecto a la colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos comentó que “es nuestra obligación apoyar este tipo de proyectos porque tenemos que procurar que los jóvenes juristas ya salgan lo mejor formados para que luego puedan realizar su cometido de manera correcta”. Recordó que éste es un proyecto de investigación docente a largo plazo del que esperan lo mejor. De hecho en próximas ediciones cabe la posibilidad que profesionales de CIMA se formen a través de este programa especializado en arbitraje y mediación.

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Este curso de ciento quince horas de duración, que ha sido patrocinado por CIMA en su decimoprimera edición  se estructura en tres partes, una primera de planteamiento general que explica lo que es el arbitraje. Otra segunda analiza la tramitación del arbitraje y sus garantías como procedimiento y otra tercera que son los arbitrajes especiales: arbitraje inmobiliario, financiero, societario incluso de construcción. “Con este curso lo que buscamos es que el futuro profesional del arbitraje pueda decantarse por una u otra materia específica. En el caso de una entidad arbitral como CIMA sirve para formar a los profesionales más jóvenes como aquellos que quieren actualizar sus conocimientos”, aclara Serrada.

Un curso muy pegado a la realidad

Por su parte, José Fernando Merino Merchán inició su intervención señalando la gran aportación en esta edición de Antonio Hierro, co-director del curso y uno de los profesionales del arbitraje más reconocido en nuestro país. “Gracias a su ayuda y colaboración hemos podido ver ciertos temas desde diferente perspectiva”, indicó. Al mismo tiempo destacó la colaboración como patrocinador de CIMA, una de las entidades arbitrales de mayor prestigio en el país. También resaltó que ya hay cerca de doscientos jóvenes profesionales que se han formado en esta Universidad “lo que indica que estamos configurando una comunidad de futuros profesionales del arbitraje de habla hispana importante”, recordó. Para este experto en arbitraje es el momento de que las Cortes Arbitrales impulsen la profesionalización del arbitraje. “Es fundamental que el árbitro conozca el fondo del asunto y evite riesgos innecesarios sino es experto en la materia. No debemos los árbitros coger un caso por cogerlo sin saber realmente que podemos dar todo de sí”, remarcó.

Merino Merchán, que aquí aparece con el presidente de CIMA, a su derecha  no rehuyó de la actualidad y en su turno de palabra habló del papel del árbitro como equijuez en muchas disputas. “Me preocupa que ahora los jueces hablen del orden público económico como elemento de anulación del laudo. Es evidente que el árbitro no puede hacer lo que quiera pero esa revisión que se deja en manos del juez va sobre el fondo del asunto y eso puede generar inseguridad jurídica en el arbitraje. Hay que darse cuenta que este tipo de actuaciones no pasa en ningún lugar del mundo”. Desde su punto de vista cualquier fallo en el laudo condena tanto al árbitro como a la Corte Arbitral a la que presta servicios ese profesional “y, en la medida de lo posible, en muchas ocasiones es evitable”. A su juicio el arbitraje no es una parte del derecho civil sino que puede tener su personalidad y conceptos propios. “El reto que tenemos los que creemos en el arbitraje es que puede convertirse en una disciplina autónoma”, recordó.

Antes de la entrega de diplomas cerró el acto Gonzalo Aguilera, decano del Colegio de Registradores,  quien explicó la evolución del arbitraje en nuestro país y como el propio Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias le da el equivalente a la tutela judicial efectiva tradicional. Recordó que éste es un procedimiento ágil, de coste razonable y que ahorra mucho tiempo a las empresas frente a la vía judicial cara y lenta. Recordó que encontramos vestigios del arbitraje en las Partidas de Alfonso X El Sabio pero que incluso en la Constitución de 1812 ya había varios artículos que hablaban del mismo.  Sobre el desarrollo legislativo del arbitraje recordó que la ley del 2003 frente a las anteriores de 1988 y 1953 era muy innovadora y había ayudado a regular la actividad arbitral.

Alumnos que buscan su hueco en el arbitraje

Después de la entrega de los diplomas pudimos conversar con varios alumnos. Muchos de ellos son doctorados que al final de curso han destacado en disciplinas que son limítrofes con el arbitraje. Otros son profesionales del arbitraje que vienen a refrescar conocimientos ante una práctica que está en continua evolución. Conversamos con Gonzalo Romero, abogado y con Brigitte Evelyn Rivera. Para nuestra interlocutora había curiosidad por conocer el arbitraje y ver posibilidades de dedicarse en un futuro a esta práctica. “La experiencia ha sido positiva tanto por los ponentes que han participado como por el trato con nuestros compañeros”. Cuando preguntamos a esta joven cuál es futuro advierte que aún no lo tiene claro sobre qué papel quiere desempeñar en el mundo del arbitraje. “Ha sido muy interesante conocer los diferentes ámbitos del arbitraje, como el societario o inmobiliario”.

Por su parte, el joven letrado Gonzalo reconoce estar especializado en derecho procesal-civil y en su despacho  la socia directora de la firma había intervenido en algunas ocasiones” Creo que es un mundo apasionante. En cuanto vi la oportunidad de apuntarme a este curso lo hice directamente. “Ahora su futuro en esta práctica parece que se va a decantar, en principio, por ser abogado de parte “y con el tiempo cuando adquiera la experiencia necesaria podré ser designado como árbitro”, resaltó. Reconoce que en este curso ha disfrutado mucho con todo lo relacionado con el arbitraje internacional “al final ves que hay una combinación de todos los ordenamientos lo que hace que tu mente se abra bastante a estas tendencias”.

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…Y las luces volvieron a brillar

En su obra Los cañones del atardecer, Rick Atkinson describe con esta metáfora la sensación de alivio que todas las personas de bien, involucradas de una u otra forma en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, debieron experimentar aquel 7 de mayo de 1945, al conocer que el General Jödl había firmado la rendición incondicional del ejército alemán ante las tropas aliadas, tras las tensas negociaciones mantenidas con el General Eisenhower y sus principales colaboradores desde el 5 de mayo de 1945, en el Cuartel General del Shaef, sito temporalmente en el edificio de ladrillo rojo de Reims que albergase el Collège Moderne et Technique de Garçons. Una rendición que sólo fue posible tras hacer comprender al General Jödl las eventuales consecuencias de la situación inviable en la que se encontraba su ejército.

Los filamentos de estas luces comenzaron a calentarse casi un año antes; en concreto, el 1 de julio de 1944, en el Hotel Mount Washington, de Bretton Woods (New Hampshire). Alentadas por el éxito militar de Normandía y bajo los auspicios de Naciones Unidas, las autoridades económicas aliadas convocaron en esa fecha una conferencia internacional monetaria y financiera en la que, durante las sesiones sectoriales celebradas durante 22 días, delegados de 45 países debatirían sobre los retos futuros y las soluciones disponibles para afrontar, con garantías, la incertidumbre económica de la ya previsible posguerra. En su mensaje de bienvenida, el Presidente Roosevelt admitió ante los asistentes su deseo de que las deliberaciones de la Conferencia sirviesen para acreditar que «…los hombres de diferentes nacionalidades han aprendido a ajustar sus posibles diferencias…», con la finalidad de asegurar, en lo sucesivo, el establecimiento de un mundo más seguro y armónico.

El resultado de los consensos alcanzados en esta Conferencia se articularía en los denominados Acuerdos de Bretton Woods, recordados por el alumbramiento de las principales instituciones financieras multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, por el establecimiento del patrón oro –abandonado 27 años más tarde- y, sobretodo, por la creación de la Organización de Naciones Unidas, que desarrollaría el actual comercio mundial, origen de la mundialización y superador del comercio exterior, primero, y del comercio internacional, después.

Así, los Acuerdos de Bretton Woods cimentarían un sistema macroeconómico mundial basado en el multilateralismo y desarrollado en torno a tres axiomas básicos: el principio de trato no discriminatorio entre interlocutores comerciales, con la aplicación generalizada de la cláusula de nación más favorecida; la instauración efectiva de la liberalización de mercados, como instrumento de supresión negociada de obstáculos al comercio internacional; y, por último, la definición y aplicación de una ideología económica internacional previsible, de la que dependiera la estabilidad económica mundial, al permitir la recuperación de los principios democráticos en el comercio internacional y la pacifica superación de las controversias derivadas de su funcionamiento, a través del arbitraje. El deseo del Presidente Roosevelt se vería así colmado, demostrando que, en efecto, los hombres habían aprendido a ajustar sus diferencias, utilizando otros mecanismos diferentes a la mera confrontación bélica; preservando, en definitiva, ese mundo armónico que deseaba establecer sobre la base de un intercambio comercial justo y equilibrado, una vez comprendida –tras seis años de devastadora contienda- la vergonzosa inutilidad de las guerras para cualquier finalidad civilizada.

La intensidad de la tenue luz proyectada por estos filamentos creció paulatinamente tras el 7 de mayo de 1945. Desde entonces y como consecuencia de su progresiva armonización, el arbitraje adquiriría relevancia como instrumento adecuado para solventar situaciones delicadas. Y aunque muchos serían desde ese instante los conflictos resueltos por esta institución, acaso entre todos ellos y por su incomprensible arrumbamiento destaquen los Acuerdos de Argel, de 19 de enero de 1981.

Los Acuerdos de Argel conforman un instrumento diplomático surgido de una necesidad tan imperiosa como la resolución de la denominada crisis de los rehenes de 1979. Sus contenidos instrumentaban –con precisión- los resultados de la dilatada, discreta y ardua negociación mantenida en el territorio de la República de Argelia, entre los representantes de los Estados Unidos de América y de la República Islámica de Irán y de la que resultaría un conjunto de disposiciones que articularían un mecanismo aceptable para resolver todas las diferencias y reclamaciones existentes entre ambos países hasta ese momento. Divergencias nacidas de las consecuencias del decreto del Presidente Carter de 14 de noviembre de 1979, por virtud del cual disponía sanciones comerciales contra la República Islámica de Irán como respuesta –firme, pero pacífica- a la previa invasión de su legación diplomática en Teherán, el 4 de noviembre de 1979. La firma de los Acuerdos de Argel –incluyendo su declaración sobre resolución de controversias- permitió tanto la inmediata liberación de los noventa rehenes tras 444 días de cautiverio, como la constitución del denominado Tribunal de Reclamaciones de Irán-Estados Unidos; una institución arbitral que ha decidido casi cuatro mil asuntos entre nacionales de ambos países, generando una abundante y valiosa jurisprudencia arbitral que ha contribuido decisivamente al desarrollo del procedimiento arbitral; el Reglamento de Cima ejemplifica la asimilación práctica de algunas de estas enseñanzas.

Conversación, debate y entendimiento deben conformar, por tanto, los elementos necesarios para superar lo que Freud definiera como el narcisismo de las pequeñas diferencias, es decir, la obsesión humana por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. Una testarudez que, como demuestra la Historia reciente, conforma la espoleta causante de enconadas disputas de diversa naturaleza, cuya complejidad ha inspirado a sus mediadores –sean estos negociadores, árbitros o conciliadores- el desarrollo de diferentes técnicas de resolución de conflictos, entre las que se encuentra la ambigüedad constructiva.

Concebida inicialmente como una herramienta diplomática, la ambigüedad constructiva se aplica también en la esfera comercial. Su virtualidad descansa en la deliberada utilización de un lenguaje y de unos objetivos indefinidos como herramientas necesarias para abordar situaciones complejas. Sirviéndose del acomodo de la imprecisión lingüística a los respectivos objetivos de las partes enfrentadas, el mediador –entendido en su acepción más amplia- puede resolver así sus desencuentros más sencillos, postergando las cuestiones de mayor enconamiento para la fase final de la mediación. Para entonces, la combinación del tempo y de la existencia de previos acuerdos menores, debe contribuir al definitivo acercamiento de las posiciones inicialmente antagónicas de las partes y a la solución aceptable de las diferencias, siempre que se respeten tres principios básicos: la identificación individualizada de los objetivos realistas de las partes enfrentadas, sopesando sus respectivos poderes actuales y futuros disponibles para su consecución; la determinación de su compatibilidad; y la utilización de todos los recursos disponibles para su efectiva consecución.

Recursos entre los que destacaremos el Derecho de los Negocios Internacionales; un efecto jurídico directo de la mundialización, un instrumento armonizador esencial del que el arbitraje conforma una de sus materias principales, constituyendo, hasta el momento, uno de sus logros tangibles, al haberse consolidado entre la comunidad empresarial como un mecanismo solvente de resolución de controversias mercantiles, dada su demostrada capacidad para equilibrar sus progresos técnicos con las necesidades de sus usuarios. Exigencias que España ha asumido con valentía, promulgando la Ley de Arbitraje –su colofón, hasta el momento- y consolidando la presencia de instituciones arbitrales reputadas como Cima, conscientes de la responsabilidad derivada del expreso apoderamiento de las partes contendientes para administrar –con discreción, pero con eficacia- el desarrollo de aquellos procedimientos arbitrales por medio de los cuales hayan decidido resolver pautadamente sus diferencias. A partir de aquí y como recomendaba Nikola Tesla –padre de la electricidad comercial- dejemos que el futuro diga la verdad y evalúe a cada uno de acuerdo a sus trabajos y a sus logros; permitamos, en definitiva, que las luces continúen brillando.

Adelante; sean bienvenidos a este Canal, cuyos contenidos deseamos que resulten de su agrado.