Etiqueta: Actualidad Arbitral

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No ha lugar a la nulidad de un laudo arbitral pues la actuación del demandante evidencia su designio de volver a plantear, mediante la acción de anulación, el debate sobre la cuestión de fondo

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 30 de noviembre de 2017 declara no haber lugar a la nulidad de un laudo arbitral procedente de la Corte Arbitral de la Cámara Oficial de Comercio de Salamanca pues, en su opinión “la actuación del demandante evidencia su designio de volver a plantear, mediante la acción de anulación, el debate sobre la cuestión de fondo, y ello, como ya hemos expuesto, excede de su ámbito, que excluye la posibilidad de revisarla y se limita a la emisión de un juicio externo acerca de la observancia de las formalidades esenciales, que se concretan en el respeto a los principios de audiencia, contradicción e igualdad entre las partes, que aparecen cumplidos en la actuación arbitral, sin vulneración, por tanto, del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado por el art. 24 de la Constitución”.  El Tribunal añade que “el laudo de cuya anulación se trata en el presente juicio no es contrario al orden público, no adolece de incongruencia ni incurre en ningún otro motivo de nulidad apreciable de oficio, rechazando, en consecuencia, la demanda interpuesta, con costas al demandante”.

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Argentina: alcance limitado de los tribunales en el control de los laudos en el procedimiento de nulidad

La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 5 septiembre 2017  (Ricardo Agustín López [y otros] v. Gemabiotech SA) revocó una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que había anulado un laudo por considerar que el tribunal arbitral debería haber pospuesto la emisión de el laudo final hasta que se resolviese la decisión en el proceso penal paralelo. Consideró la Corte que el demandante no había alegado que su impugnación estuviera dentro de ninguna de las causales que la ley permite para la anulación de los laudos, añadiendo que la Cámara nacional había entrado directamente en el tratamiento de cuestiones relacionadas con el fondo de la disputa. Según la Corte “resulta evidente que la Cámara resolvió las cuestiones planteadas con claro exceso del marco normativo que habilitaba su jurisdicción. En efecto, en tanto examinó directamente el mérito de lo resuelto por el tribunal arbitral sobre el punto, actuó como si analizara un recurso de apelación y de ese modo desbordó notoriamente los limites fijados por los arts. 760 y 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para el recurso de nulidad (…). La sentencia apelada incurrió así en un supuesto de arbitrariedad, en tanto su argumentación y decisión presupone una interpretación de las normas en juego (arts. 760 y 761 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) que las desvirtúa y las torna inoperantes (…), con grave afectación de los derechos de defensa y propiedad de la parte recurrente (arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional).

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Clausura de las IX Miradas Cruzadas Franco-Españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje (París, 1 y 2 de febrero de 2018)

Las IX Miradas Cruzadas franco-españolas sobre la relación entre los jueces y el arbitraje tuvieron lugar los días 1 y 2 de febrero de 2018 en París. El jueves 1 de febrero de 2018 tuvo lugar una cena de bienvenida en los salones del Hôtel del Arts et Métiers, en la que Alexis Mourre, Presidente de la Corte de Arbitraje de la CCI, pronunció un discurso sobre las últimas novedades en el arbitraje CCI.En la sesión de apertura intervinieron Carmen Nuñez Lagos, Socia, Hogan Lovells, París, Elena Gutiérrez, Árbitro independiente, Laurence Kiffer, Socia, Teynier Pic, París, José Ricardo Feris, Socio, Squire Patton Boggs, París, Asoid García-Márquez, UNESCO, París, Laurent Jaeger, Presidente del Comité Français de l’Arbitrage (CFA), Orrick Rambaud Martel, París, Bingen Amezaga, Presidente del capítulo francés del Club Español del Arbitraje (CEA), Asociado Senior, Dechert LLP, París. La primera mesa (“¿Cómo apoyan los jueces al arbitraje en España y en Francia? La función de los “jueces de apoyo” en España y Francia, su alcance y sus límites, y las problemáticas relativas a la constitución del Tribunal Arbitral”) estuvo moderada por Jean-Marie Vulliemin, Socio, Froriep, Madrid y Ginebra. Intervinieron como ponentes Francisco de Borja Iriarte Ángel, Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ del País Vasco, Gérard Pluyette, Decano Emérito de la Corte de Casación Francesa, José Manuel García Represa, Socio, Dechert LLP, París, Juan Pablo Argentato, Consejero, CCI, París. La segunda mesa (Las medidas provisionales y cautelares. Los sistemas disponibles para obtener medidas provisionales y cautelares durante el arbitraje y los mecanismos para conseguir su ejecución. Miradas cruzadas entre Francia y España) estuvo moderada por Diana Paraguacuto- Maheo, Socia, Ngo Jung & Partners, París. Intervinieron como ponentes: Benjamin Siino, Counsel, Shearman & Sterling, París; Inés Vázquez García, Socia, Gómez-Acebo & Pombo, Madrid;Alexandra Muñoz, Socia, Gide Loyrette Nouel, París; Álvaro López De Argumedo, Socio, Uría Menéndez, Madrid. La tercera mesa: después de haberse pronunciado el laudo. Estuvo moderada por Ana Vermal, Socia, Proskauer Rose LLP, París. En la primera parte (La ejecución de los laudos frente a las inmunidades de los Estados) fueron ponentes Carine Dupeyron, Socia, Darrois, Villey Maillot Brochier, París; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. En la segunda partes (El control del orden público en sede de anulación) fueron ponentes Bertrand Derains, Socio, Derains & Gharavi, París y Alfonso Gómez-Acebo, Socio, Baker & McKenzie, Madrid. Cerraron el encuentro Carmen Núñez Lagos, Socia, Hogan Lovells, París y Antonio Hierro, Ex presidente del CEA, Árbitro Independiente.

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El TSJ de Barcelona respalda la competencia expresada por los árbitros en el laudo entendiendo existente y válido el convenio arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 9 de noviembre de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral de la Junta Arbitral de Consumo de Tarrassa. La Sala, tras una serie de consideraciones en torno al significación de la acción de anulación de los laudos y al arbitraje en materia de consumo, rechaza la causa de nulidad basada en la inexistencia o invalidez del convenio arbitral. Afirma al respecto que “como ha sentado este tribunal en otras ocasiones (por ejemplo, en las sentencias 9/2014, de 6 de febrero , y 7/2016, de 11 de febrero ), con arreglo a la regla kompetenz-kompetenz asentada en nuestro derecho, son los árbitros quienes deben decidir en primer lugar sobre su competencia, lo que, conforme al art. 22 LA, no sola abarca la competencia para el conocimiento del conflicto, sino también todas aquellas cuestiones que se refieran y guarden conexión con la existencia o validez del convenio arbitral”. Y concluye el TSJ aseverando que “no habiendo acreditado Correos en el momento procesal oportuno -dentro del procedimiento arbitral- las características del envío postal remitido a la señora Gema que permitirían excluirlo del servicio postal universal, la afirmación de su propia competencia expresada por los árbitros en el laudo entendiendo existente y válido el convenio arbitral ha de ser mantenida, sin que pueda ser contradicha extemporáneamente por medio de nuevas alegaciones y documentos acompañados junto con la demanda de anulación de ese laudo”.

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Posibilidad de recurrir en apelación el auto que desestima la oposición a la ejecución de un laudo arbitral por motivos formales

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimocuarta, de 14 de noviembre de 2017, desestima el recurso de apelación frente al Auto del Juzgado de Primera Instancia que desestimó la oposición a la ejecución de un laudo procedente del Tribunal Arbitral de Barcelona y ordenó continuar adelante la misma, sin imposición de costas. Sin embargo la Sala acoge la cuestión planteada con carácter previo por la parte apelada sobre la posibilidad de recurrir en apelación el auto que desestima la oposición a la ejecución por motivos formales. La oposición a la ejecución del repetido Laudo Arbitral conforme previene el art 559 LEC se fundó en dos motivos por defectos procesales : a) inexistencia de la entidad demandada al encontrarse extinguida tras haber instado un concurso voluntario de acreedores y haber sido declarada su disolución; b) incumplimiento de lo dispuesto en el art 550.11º LEC, pues al ser un laudo arbitral el título ejecutivo, la ley requiere que junto con la demanda ejecutiva se presente la justificación de la notificación del laudo a las partes (en la demanda ejecutiva no se acompañó dicha notificación sino que se hizo con el escrito de impugnación a la oposición a la demanda ejecutiva). En orden al primer motivo la Sala considera que “la Ley Concursal da a los arbitrajes en curso la misma solución que a los procesos declarativos en tramitación en los que el deudor sea parte, que continuarán hasta la firmeza de la sentencia (art. 51). La única incidencia del concurso sobre los procesos (arbitrales o judiciales) iniciados antes de la declaración es la que atañe a la capacidad procesal del concursado, según las normas previstas en los apartados segundo y tercero
del art. 51. Esas disposiciones se complementan con el art. 53 de la LC , por el que los laudos firmes (como es el caso que nos ocupa) ‘dictados antes o después de la declaración de concurso vinculan al juez de este, el cual dará a las resoluciones pronunciadas el tratamiento concursal que corresponda’, sin perjuicio de la acción que asiste a la administración concursal para impugnar los convenios y procedimientos arbitrales ‘en caso de fraude’ (apartado segundo). En el mismo sentido el artículo 86.2º de la LC dispone que se incluirán necesariamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por laudo o sentencia, aunque no sea firme”. Con apoyo en las SSTS 25 julio 2012 y 24 mayo 2017  se desestima el primer motivo de oposición por gozar de capacidad para ser parte , pese su declaración de disolución, y cancelación de su inscripción en el Registro Mercantil. El segundo motivo de oposición se fundamenta en infracción de lo dispuesto en el art 550 1.1º LEC referido a la exigencia de que en la ejecución de un laudo arbitral, debe acompañarse a la demanda ejecutiva, además del laudo, el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación del laudo a las partes, resultando que se había omitido dicha notificación. Pero la Sala tampoco considera justificada tal infracción.

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Se desestima una acción de anulación por verificarse la racionalidad y falta de arbitrariedad en la motivación de los árbitros

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de noviembre de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral. El Tribunal tras realizar una serie de consideraciones en torno a la “naturaleza y finalidad de la institución arbitral” y a las características propias del arbitraje de consumo, se detiene en si una falta de motivación del laudo, en el presente caso, puede dar lugar a la anulación del laudo por motivos de orden público. La respuesta es negativa, considerando el TSJ que “la detenida lectura de esa resolución denota un claro afán de los árbitros por averiguar la causa explicativa del súbito incremento del consumo de agua en la vivienda del señor (…).  Todo ello en fin denota la racionalidad y falta de arbitrariedad de la decisión unánime de los árbitros, en la medida en que sustenta la validación de la medición del consumo efectuada por el suministrador en el correcto funcionamiento del equipo de medida del abonado, en la medida en que sustenta la validación de la medición del consumo efectuada por el suministrador en el correcto funcionamiento del equipo de medida del abonado”. El Tribunal también rechaza que se hubiera producido una vulneración del procedimiento arbitral y que el laudo fuese incongruente”.

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Designación judicial de árbitro de equidad por insaculación de la lista de colegiados del Colegio de Economistas de Aragón

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de  23 noviembre 2017, decide el nombramiento de árbitros de conformidad con el art. 15.5º LA.  La demandada contestó a la demanda allanándose en cuanto a la solicitud de designación de árbitro, y manifestando que procedía el nombramiento de uno que reuniese la condición de economista y, subsidiariamente, de ingeniero técnico industrial que reuniera a su vez la condición de socio de una SLP de ámbito similar al de la sociedad demandada. Expresó que consideraba innecesaria la celebración de vista, extremo en el que estuvo de acuerdo la actora al evacuar el correspondiente traslado, mostrando esta última asimismo su conformidad con la cualificación de economista del árbitro de equidad. La Audiencia declara que “en el presente caso ambas partes se hallan de acuerdo con la sumisión a arbitraje pactada en los estatutos sociales, y con la titulación que debe tener el árbitro de equidad, por lo que hemos de proceder conforme a lo pedido. La designación se hará con intervención de las partes y ante el Sr. Secretario de la Sala, por insaculación de tres de la lista de colegiados del Colegio de Economistas de Aragón, de modo que resulte elegido el primero, quedando sucesivamente los otros dos como posibles árbitros nombrados en caso de no aceptar aquél el cargo”.

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Dado que la estimación de la declinatoria arbitral ha puesto fin al proceso, tampoco resulta procedente la condena en costas

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 1 de diciembre de 2017 desestima el recurso de apelación contra una decisión del Juzgado por haberse sometido las partes a arbitraje para la impugnación de acuerdos sociales; dicha decisión acordó el sobreseimiento del proceso, sin imposición de las costas. In casu la  sociedad demandada, impugna el pronunciamiento relativo a las costas procesales, que entiende que deben imponerse a la demandante por aplicación del principio del vencimiento contemplado en el art. 394 LEC. Alega la recurrente que la resolución apelada no expresa ni justifica ningún tipo de duda de hecho o de derecho. La Audiencia considera que “dado que art. 65 LEC no contempla reglas específicas en materia de condena en costas estimamos que, atendido el carácter voluntario del arbitraje y la necesidad de que la demandada invoque dentro de plazo el convenio arbitral mediante declinatoria (art. 11 LA), no procede imponer las costas al actor. Esto es, cabe que las partes se sometan voluntariamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, pese a que las partes hayan suscrito un convenio arbitral. De igual modo, si analizamos la cuestión desde la perspectiva del art. 394 LE , como sostiene la recurrente y la propia resolución apelada, dado que la estimación de la declinatoria ha puesto fin al proceso, tampoco resulta procedente la condena en costas. Dicho precepto establece como criterio o principio general el del vencimiento objetivo, al disponer que las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Sin embargo, el principio objetivo del vencimiento, como criterio de imposición, se matiza en el mismo precepto, al atribuir al tribunal la facultad de apreciar que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho, en cuyo caso no deben imponerse las costas al litigante vencido (…).  En este caso, coincidimos con la apelada en que el caso planteaba serias dudas de derecho. En efecto, la cláusula de los estatutos no sujeta a arbitraje cualquier controversia que pudiera surgir entre los socios o entre estos y la sociedad, sino únicamente las que surjan ‘por la interpretación y aplicación de los estatutos’. Pues bien, la mayor parte de las Juntas o de los acuerdos impugnados no se fundamentan en la infracción de los estatutos o en su incorrecta interpretación por parte de la sociedad, sino en la vulneración de distintos preceptos de la Ley de Sociedades de Capital. Por tanto, la demandante tenía poderosas razones para interponer la demanda ante los Juzgados de lo Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en el art. 86 ter LOPJ. Las dudas de derecho, aunque no se hayan explicitado en la resolución apelada, existen, por lo que debemos desestimar el recurso y confirmar íntegramente la resolución apelada”.

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La concreción cuantitativa de las costas integra la ejecución y por lo tanto debe ser llevada a cabo por la jurisdicción, no por el árbitro

El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Tercera, de 11 de diciembre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación y, en consecuencia, la oposición a la ejecución de un laudo arbitral solicitada al amparo del art. 44 LA. La Audiencia coincide con la resolvente de instancia en que la cantidad reclamada por costas es líquida, pues está cuantificada, pero considera que no es exigible sin la previa tasación en legal forma y con arreglo al procedimiento establecido en la norma procesal, pues de otro modo se dejaría al libre arbitrio de una de las partes la fijación del monto de dicha partida, enunciada en la resolución arbitral, pero falta de cuantificación. Para la Audiencia “a la vista de algunas de las alegaciones del recurso, dejamos dicho desde ahora que, una vez que el laudo establece que la cooperativa ha de pechar con la totalidad de las costas, estableciendo una clara obligación, la concreción cuantitativa de las mismas integra la ejecución y por lo tanto debe ser llevada a cabo por la jurisdicción, no por el árbitro, con arreglo a lo que dispone el art. 44 LA”.

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Nuevo Reglamento del Centro Internacional de Arbitraje de Viena

El 1 de enero de 2018 entró en vigor la nueva versión del Reglamento de Arbitraje y Mediación de VIAC. Esta versión fue aprobada por la Comisión Presidencial Ampliada de la Cámara Económica Federal de Austria el 29 de noviembre de 2017. Se aplicará a todos los procedimientos que comiencen después del 31 de diciembre de 2017. El Reglamento se divide en tres grandes rúbricas: Reglas de Arbitraje (parte I), Reglas de Mediación (parte II) y Anexos (parte III). De conformidad con las nuevas reglas: a) el VIAC también administrará casos puramente nacionales en el futuro, implementando la enmienda de la Sección 139 WKG (Ley Federal Austríaca sobre Cámaras Económicas) de 17 de mayo de 2017; b) los procedimientos serán administrados por VIAC a través de un sistema electrónico de administración de los litigios; c) la determinación de los honorarios de los árbitros, el Secretario General de VIAC se flexibiliza para aumentar los honorarios caso por caso en un total máximo del 40 % o, a la inversa, disminuir los honorarios cuando corresponda; d) también se flexibiliza el mecanismo de nombramiento de los miembros del Consejo.

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