Etiqueta: Actualidad Arbitral

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Validez de la cláusula arbitral inserta en un contrato de la permuta financiera si se realiza en el ámbito de la actividad empresarial

El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 25 de mayo de 2017, desestima un recurso de apelación interpuesta contra un auto dictado por el  Juzgado de Primera Instancia nº 21 de Palma que estimó una declinatoria de falta de jurisdicción por existir una sumisión a arbitraje. Para la Audiencia “el art. 9 LA , prevé la inclusión del convenio arbitral en un contrato de adhesión y establece que la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a ese tipo de contrato. De ahí que no pueda declararse la invalidez de la cláusula en los
contratos de adhesión”. Se alegaba que la actividad social de la demandante es una residencia socio-asistencial, que solicitó un préstamo hipotecario para reformar la residencia para reformar la residencia y que fue con ocasión del mismo que una empleada les manifestó que era obligatorio suscribir lo que denominó un seguro
de tipos, que fue el contrato suscrito Pero la Audiencia considera que la “contratación de la permuta financiera lo es dentro del ámbito de la actividad empresarial, pues está íntimamente relacionada con la suscripción del préstamo hipotecario con el que se financiaba la reforma de la residencia”.

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La aprobación por unanimidad del acuerdo adoptado en una junta de propietarios en virtud del cual se decide someter a arbitraje las demandas contra los morosos es un acuerdo válido

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sala Civil y Penal, Sección Primera, de 7 de junio de 2017, desestima una acción de anulación. A juicio de la Sala debidamente citada la actora de nulidad a la celebración de la Junta de Propietarios, con la debida antelación que establece el art. 16.3º de la LPH , y posteriormente notificada del Acta de la Junta levantada al efecto y de los acuerdos que en ella se adoptaron, no se acredita por dicha representación que la referida Junta de Propietarios y los acuerdos en ella alcanzados se hayan impugnado, de conformidad con lo previsto en el art. 18.2 de la referida Ley . En consecuencia, la aprobación por unanimidad del Acuerdo adoptado en la Junta de Propietarios del día 17 de marzo de 2016, por virtud del cual se acuerda someter la morosidad de la Comunidad a la Corte Nacional de Arbitraje Civil, Mercantil y Marítimo o al Tribunal Internacional de Arbitraje, y, en virtud de ello, plantear las demandas contra los morosos ante esa Corte Nacional es un acuerdo válido,
expresión de la voluntad común, y que, por tanto, obliga a todos los propietarios”.

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No compete al TJS examinar en un procedimiento de nombramiento de árbitros los documentos objeto de impugnación

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 15 de junio de 2017 procede a una formalización judicial. Considera la Sala que no le compete “entrar a conocer en este tipo de procedimiento referido al nombramiento de árbitros, del fondo de los documentos objeto de impugnación, sino sólo y exclusivamente proceder al estudio de si está o no recogida de forma clara y expresa la voluntad de las partes de someterse, para la resolución de sus controversias sociales, al sistema arbitral”. En este caso los estatutos de la entidad recogen en su art. 13 que para la impugnación de los acuerdos sociales se someterán al arbitraje.

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Anulación parcial de un laudo arbitral al considerar el TSJ que el convenio parasocial sigue vigente y que la caducidad afecta solamente al primer apartado de una de sus cláusulas

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 28 de julio de 2017 acuerda la estimación parcial de la anulación de un laudo arbitral. La Sala considera que “establecido que el convenio sigue vigente y que la caducidad, ya operada, afecta solamente al primer apartado de la cláusula vigésima del convenio parasocial, y no al párrafo segundo de dicha cláusula, nada tiene que decir esta Sala respecto de los argumentos esgrimidos por la parte demandante, toda vez que la parte demandada ha procedido a allanarse al resto de los mismos”.

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Las alegaciones de prejudicialidad penal resultan ajenas al procedimiento de formalización judicial de Arbitraje

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de julio de 2017 procede a designar un árbitro perso a la alegación por una de las partes de prejudicialidad penal. En el acto de celebración del juicio verbal para la designación de árbitro, la parte demandada se opuso a la designación de árbitro al considerar necesaria una documentación que debería tener el árbitro para resolver la disolución de la sociedad y que tendría ser previamente investigada por la vía penal. La Sala consideró, sin embargo, que estas alegaciones de prejudicialidad penal, resultaban ajenas al procedimiento de formalización judicial de arbitraje, “en el que la cognición de la Sala se ha de limitar a comprobar la existencia del pacto o cláusula de arbitraje convenido entre las partes, lo que en este caso sucede. Será, en su caso, ante el árbitro que se designe ante quien habrá de plantearse aquella supuesta prejudicialidad penal, una vez iniciado el procedimiento arbitral. Por las razones expuestas y limitaciones de la cognición de este Tribunal, no se ha admitido la práctica de la prueba testifical propuesta por la parte demandada, por resultar improcedente en la resolución de la pretensión instada”.

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La cuantía del procedimiento de anulación no tiene por qué coincidir con la del arbitraje

El TSJ de Madrid completa el fallo dispositivo de una Sentencia de 36/2017, de 23 de mayo., por la cual desestimó una acción de anulación por considerar que el laudo no había incurrido en contradicciones internas, ni en arbitrariedad o sinrazón al valorar la prueba practicada, ni había vulnerado reglas imperativas. De conformidad con el Auto del Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 27 de junio de 2017, la cuantía del procedimiento de anulación, no tiene por qué coincidir con la del arbitraje, “habida cuenta de la naturaleza de nuestro pronunciamiento, no reconstructiva ni sustitutiva de la decisión que en su caso corresponda dictar el ábitro – aunque desde luego pueda condicionarla-“.

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La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de junio de 2017 desestima una acción parcial de un laudo arbitral al entender que “no existen dudas de que ha existido una estimación parcial de la demanda arbitral, ya que en el Laudo se hace constar que existe estimación sustancial de las peticiones de la parte actora”. Considera la sala que el tribunal arbitral “puede resolver cuestiones que sean consecuencia lógica y obligada de las que se han planteado, conclusiones derivadas de la naturaleza jurídica del compromiso arbitral que se hallan corroboradas por la interpretación que ha de darse al acuerdo contractual delimitador de aquellas cuestiones controvertidas y pendientes objeto de arbitraje; en cuya operación ha de tenerse en cuenta el espíritu y finalidad que haya presidido el negocio infiriéndolos de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, teniendo importancia muy relevante la conexión que el acto o negocio guarde con otros que le hayan servido de antecedente. La nota de flexibilidad permite una interpretación amplia y extensiva tanto del ámbito del convenio arbitral como de la delimitación del objeto de la controversia en el seno del procedimiento arbitral, que se extiende a cuantas cuestiones instrumentales o derivadas pudieran surgir en relación a la controversia principal.

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Pueden solicitar la anulación quienes, aun no siendo parte en el procedimiento arbitral, puedan justificar un interés directo en el ejercicio de la acción anulatoria

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera de 27 de junio de 2017 vuelve a anular un laudo un arbitraje administrado por el Tribunal de Arbitraje Institucional. Para el TSJ ” es evidente de toda evidencia que ha de prosperar la causa de anulación esgrimida al amparo del art. 41.1º.b) LA, pues el Laudo ha sido dictado sin que la arrendataria, ahora demandante, haya podido hacer valer sus derechos en el procedimiento arbitral, lisa y llanamente porque el árbitro ha dictado el Laudo con imprudente e inexcusable premura, sin dar la posibilidad real a la demandada para alegar y proponer prueba en la sustanciación del arbitraje, de acuerdo con los plazos y formas de practicar las comunicaciones previstos en el propio convenio arbitral que invoca”. VidSentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid CP 1ª de 17 de enero de 2017 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid CP 1ª de 31 de enero de 2017 . La Sala se plantea también si la demanda de anulación puede prosperar respecto de quienes no han intervenido en el arbitraje, ni se acredita razón alguna por la que tuvieran que haberlo hecho y, pese a lo cual, se amplía respecto de ellos la demanda, personándose en esta causa bajo la misma defensa y representación, y haciéndolo sin negar su legitimación pasiva, para apoyar la petición anulatoria postulada de contrario y el pacto transaccional acaecido sobre la relación jurídico-material cuestionada. Y, a tal efecto responde, a partir de lo dispuesto en el art.  41.1º LA (“el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe”),  que “esta dicción parece hacer ver que no sólo comprende a quienes fueron parte en el proceso arbitral, sino que incluye a quienes, aun no siendo parte en el procedimiento arbitral, sin embargo puedan justificar un interés directo en el ejercicio de la acción anulatoria, porque debieron ser parte, o que, pudiendo haberlo sido, se les haya denegado indebidamente su intervención.

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Por un laudo arbitral del CIADI Orascom TMT Investments pierde su reclamación contra Argelia

En un laudo de  31 de mayo de 2017 (Orascom TMT Investments S.à r.l. v. People’s Democratic Republic of Algeria, ICSID Case No. ARB/12/35), un tribunal del CIADI compuesto por Gabrielle Kaufmann-Kohler (Presidente), Albert Jan van den Berg y Brigitte Stern rechazó en su totalidad una reclamación de US $ 4 mil millones presentado por la empresa luxemburguesa Orascom TMT Investments (Anteriormente Weather Investments II) contra la República Argelina Democrática y Popular.

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Acuerdo entre el Gobierno argentino y la petrolera francesa Total SA para cumplir con el laudo emitido por un tribunal del Ciadi en noviembre de 2013

Por medio del acuerdo al que han llegado ambas partes, la República Argentina entregará a la petrolera 210 millones de dólares en bonos soberanos finalizando una controversia que ha durado más de 13 años. Cabe recordar que en enero de 2004. Debe recordarse que Total SA presentó la demanda de arbitraje contra Argentina ante el Ciadi que concluyó con un laudo de 27 de noviembre de 2013 (Total S.A. v. The Argentine Republic, CIADI Caso No. ARB/04/01) donde el tribunal compuesto por Giorgio Sacerdoti (presidente), el C. Álvarez y Luis Herrera Marcano condenó a la República. Con posterioridad un Comité ad hoc, compuesto por Eduardo Zuleta, Álvaro Rodrigo Castellanos Howell y Teresa Cheng, por decisión de 1 de febrero de 2016 desestimó en su totalidad la solicitud de anulación presentada por la República Argentina.

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