Etiqueta: Arbitraje

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Forma de presentación de una declinatoria arbitral

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoquinta, de 12 de febrero de 2018 confirma la falta de jurisdicción para resolver la pretensión de la demandante por sumisión de las partes a arbitraje. La recurrente discrepaba del pronunciamiento  por la no presentación en forma de declinatoria por la demandada quien asumió, se afirma, tácitamente la competencia del juzgado de instancia. Sin embargo el presente auto considera que “en modo alguno puede ser asumida la admisión tácita de competencia alegada por haber expresado de forma inequívoca la demandada su rechazo a esa posibilidad con referencia a las particularidades procesales sobre la declinatoria en juicio verbal tras oposición a juicio monitorio, particularidades que en el presente caso llevaron al tribunal de instancia a considerar presentada la declinatoria con lo expresado por la demandada en su escrito de oposición en juicio monitorio, consideración declarada por la providencia de 14 de marzo de 2017 y que no fue recurrida, consideración plenamente compartida en la presente alzada visto los términos en que fue alegada la cuestión por la demandada y la nueva regulación procesal sin que sea atribuible a la demandada, en el presente caso, pasividad en el planteamiento de declinatoria tras la continuación de la controversia por los trámites del juicio verbal por no existir traslado para trámite de contestación a la demanda”.

 

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El árbitro no puede pertenecer al Ilustre Colegio de Arquitectos de Madrid pues es necesario que el designado resuelva en derecho, no en equidad, ante la falta de pacto en el citado sentido

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 6 de febrero de 2018 entiende procedente, a propósito de un formalización judicial de un arbitraje que “e el nombramiento de un solo árbitro, ya que nada dispone al respecto la cláusula arbitral (art. 12 LA), no obstante, la petición formulada por la demandante no puede ser atendida en el sentido pretendido por la misma, ya que el árbitro no puede pertenecer al Ilustre Colegio de Arquitectos de Madrid, tal y como interesa, pues es necesario que el designado por este Tribunal resuelva en derecho, no en equidad, ante la falta de pacto en el citado sentido, ello conforme a lo dispuesto en el art. 15.1º de la vigente Ley de Arbitraje que dispone que ‘1 . Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por árbitro único se requerirá la condición de jurista al árbitro que actúe como tal’, ya que lo que consta expresamente en el contrato celebrado entre las partes de Ejecución de Obra de fecha 20 de mayo de 2015, para la resolución de conflictos, es el sometimiento al arbitraje, pero sin indicación del número de árbitros, y de que el arbitraje deba ser en equidad. Por lo que, comenzando por la letra “Ñ”, aplicando por analogía a este proceso selectivo, el resultado del sorteo público que para toda la función pública que se recoge en la Resolución de 18 de abril de 2017 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (BOE 20-4-2017) se confecciona la siguiente lista de árbitros, pertenecientes al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, especialistas en Derecho de Construcción e Ingeniería , que deben juzgar en derecho: 1º D. Serafin 2º D. Carlos Francisco , y 3º D. Abelardo , para su posterior sorteo entre ellos a presencia de las partes y de la Letrada de la Administración de Justicia de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.6 de la vigente Ley de Arbitraje” .

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La institución administradora del arbitraje toma partido a favor de una de las partes al facilitarle el ejercicio de acciones e indicarle la forma de presentar su reclamación

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 6 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús M. Santos Vijande) estima una la demanda de anulación de un Laudo arbitral pronunciada por una árbitra única designada por la AEADE. Para la Sala, “resulta decisivo y cuestionable in casu que la propia corte arbitral sea la que redacte el modelo de demanda a presentar por los arrendadores. Esto significa que la institución administradora del arbitraje está ya inicialmente tomando partido a favor de una de las partes, facilitándole el ejercicio de acciones e indicándole la forma de presentar su reclamación”. Añade la presente decisión que “están acreditados tanto la labor de asesoramiento de AEADE a una de las partes intervinientes en el procedimiento arbitral como la identidad de intereses entre la Corte de Arbitraje AEADE y la entidad comercializadora de los contratos de adhesión con cláusula de sumisión a arbitraje (ARRENTA), de tal modo que es fundado, conforme a la razón prudente, sostener que, en estas situaciones, falta la imparcialidad objetiva y/o la apariencia de neutralidad de la Corte de Arbitraje, con la consiguiente lesión del orden público por el laudo dictado en esas condiciones y, como hemos apuntado, con directa incidencia en la validez misma del convenio arbitral, consentido por una de las partes con clara quiebra del principio de igualdad a la hora de emitir el consentimiento, pues no cabe olvidar que la voluntad válida de someterse a arbitraje es aquella que parte de la base de que se acepta la sumisión a la decisión de un tercero independiente e imparcial y a la administración del arbitraje por una institución que también lo sea. AEADE no puede actuar con neutralidad subjetiva ni desinterés objetivo respecto de un arbitraje en que asesora a una de las partes, y cuya administración le es encomendada en virtud de un convenio arbitral auspiciado por ARRENTA cuando contrata la prestación de sus servicios con uno de los intervinientes en el arbitraje. Es del todo inadmisible, desde la perspectiva civil en que ahora nos movemos, de un lado, que la entidad administradora del arbitraje asesore a una de las partes que en él interviene; y, de otro lado, que esa misma institución arbitral acepte administrar arbitrajes captados en virtud de contratos suscritos por una entidad, ARRENTA, que, en la práctica, puede ser identificada con la propia asociación administradora del arbitraje” (…). “No es admisible la renuncia tácita a exigencias indeclinables del principio de igualdad en aplicación del art. 6 LA. El art. 6 LA parte de la premisa del conocimiento durante el procedimiento arbitral y no denuncia en el mismo de la infracción de alguna norma dispositiva o de algún requisito del convenio arbitral – in casu , el conocimiento del asesoramiento y de la comunidad de intereses–: es evidente -lo hemos dicho que no puede ser renunciada la vulneración del principio de igualdad porque no es una norma dispositiva: es un criterio de orden público esencial en el arbitraje, si se ha de respetar su calidad de “equivalente jurisdiccional”, resultando, por ello, de todo punto irrenunciable. En consecuencia, procede estimar este motivo de anulación al amparo del art. 41.1º.f)”.

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Aplicación del Derecho extranjero por el árbitro

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 30 enero de 2018, confirma la desestimación de una acción de anulación afirmando, entre otras cosas, que “en relación a la afirmación de que la cláusula arbitral, solo faculta al árbitro para resolver aplicando el Derecho español, nunca en base al Derecho alemán, lo cierto es que dentro del Derecho español, tal y como hemos indicado, cabe la prueba del derecho extranjero, pero es más, en este supuesto hay que tener en cuenta que el régimen de prueba del Derecho extranjero en el proceso judicial desarrollado en España es el régimen de prueba que el legislador ha previsto para los “hechos procesales” (STS 17 abril 2015 [cesión de créditos y Derecho holandés], SAP Barcelona 14 octubre 2010 [divorcio de cónyuges marroquíes]), y, aunque en definitiva se trate de realidades diferentes, lo cierto es que, en este caso, lo argumentado por el árbitro en base a la prueba practicada, encaja más en la función propia del hecho procesal, que en la estrictamente jurídica, sobre el fondo del litigio, por lo que no existe infracción alguna del convenio arbitral. Además, en este sentido ha de recordarse que la Jurisprudencia afirma que el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado, y que el juzgador sólo está vinculado por la esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. Tal doctrina ha de aplicarse, con mayor razón, a los laudos”

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La sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras jurisdicciones

El Auto de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Quinta, de 24 de enero de 2018 confirma la estimación de una declinatoria arbitral considerando, entre otras cosas, con cita en la STS de 5 de septiembre de 2006 , que “la prelación del contenido literal en la interpretación de las cláusulas arbitrales, poniendo de manifiesto que ha de estarse a lo efectivamente pactado como objeto de arbitraje, pues, conforme a los arts. 1 y 9 LA, la sumisión a la decisión arbitral ha de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o alternativa con otras jurisdicciones, y para ser tenida por eficaz es necesario que se manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la decisión de uno o más árbitros ( SSTS de 18 de marzo de 2002 , 20 de junio de 2002 y 31 de mayo de 2003 )”.

 

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Al no haber declarado en su momento que el convenio arbitral era nulo, dando ocasión al árbitro de pronunciarse expresamente sobre esta cuestión, el demandante aceptó sin reservas la competencia de dicho árbitro

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala Civil y Penal, Sección Primera,  de 27 de noviembre de 2017 declara la validez del laudo arbitral afirmando que “si D. A. entendía que el convenio arbitral era nulo e invalido, por lo que no podía someterse a arbitraje la cuestión derivada del contrato de arrendamiento firmado en su día por las partes, debió formular, como se establece en el art. 22.2º LA, una excepción ‘a más tardar en el momento de presentar la contestación’, dando ocasión al árbitro de pronunciarse expresamente sobre tales cuestiones. Al no haberlo hecho así, y no tratarse de una cuestión surgida en el procedimiento arbitral con posterioridad a la fase inicial de alegaciones, es claro que el hoy demandante aceptó sin reservas la competencia del árbitro para pronunciarse sobre todos y cada uno de los pedimentos esgrimidos en el suplico de la demanda arbitral formulada por los arrendadores, postura procesal que le vincula, impidiéndole suscitarla ex novo por la vía del artículo 41 LA. En consecuencia, el motivo de nulidad invocado es extemporáneo dada la voluntaria dejación de su derecho realizada por el demandante que incuso dejo de comparecer en el procedimiento arbitral”.

 

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La denunciada falta de motivación no es sino la manifestación de disconformidad con los argumentos en que se basa la decisión arbitral

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de noviembre de 2017, desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral considerando que “es consustancial al arbitraje la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y en favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje. Esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el art. 42.2º LA se disponga que frente a la sentencia que se dicte en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo”. Y añade la Sala que, aunque la demandante entiende infringidos los art.s 11 LAU y la jurisprudencia que cita el propio Laudo y el art. 40.4º del Reglamento de la Asociación Europea de Arbitraje, “analizado el laudo se comprueba fácilmente que la denunciada falta de motivación no es sino la manifestación de disconformidad con los argumentos en que se basa la decisión arbitral: en efecto, una lectura del fundamento de derecho tercero del Laudo conjuntamente con la aclaración
que ofrece el Sr. Arbitro en el punto tercero de su aclaración permite saber con meridiana claridad los criterios
que han llevado al árbitro a fijar la cantidad indemnizatoria por lucro cesante, sin que obviamente en este
procedimiento pueda la Sala valorar la corrección en la decisión adoptada, por no tratarse de una segunda
instancia.

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En el arbitraje ante la Junta Arbitral de Transporte no es anulable un laudo dictado con la inasistencia de un vocal

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 9 de octubre de 2017, considera que: “a la vista de los particulares aportados con la demanda procede desestimar la acción de anulación ejercitada al no apreciarse el motivo de nulidad, previsto en el art. 41.1º.d) de la Ley 60/2003 , pues no se ha acreditado que se infringiera el procedimiento arbitral no se hubiera constituido con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.1º del Reglamento de 28 de septiembre, pues a tenor de lo dispuesto en el art. 9.7º de dicho reglamento, el laudo arbitral puede dictarse, aún en el caso de inasistencia de los miembros de la junta, con la sola excepción de que no sea el presidente, constando que fue dictado con la asistencia del presidente y de un vocal ante la inasistencia de otro vocal. Es evidente que el laudo fue dictado únicamente, como consta acreditado, por el Presidente y uno de los vocales designados más la presencia del Secretario, lo que en modo alguno alcanza a declarar su nulidad, pues de modo específico el art. 9.7º , así lo prevé al afirmar que …’la inasistencia de cualquiera de los miembros de la Junta, con excepción del Presidente, no impedirá que se dicte el laudo”. Y es lo cierto que ello es lo que ha acontecido en este caso, por lo que, el laudo no infringe ningún precepto en orden a su válida constitución. Además, en el presente caso cabe reseñar que la parte demandante no cuestionó la constitución de la Junta Arbitral de Transporte en su momento oportuno”.

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Apreciación restrictiva del orden público sustantivo por parte del Tribunal Federal suizo en la anulación de un laudo dimanante de un arbitraje de inversiones

La Sentencia del Tribunal Federal suizo de 14 de diciembre de 2017 (Caso 4A_157), a propósito de un recurso contra un laudo pronunciado el 16 de febrero de 2017 por un tribunal ad hoc (PCA Case n° 2014-31), confirmó su moderación a la hora de anular los laudos arbitrales en arbitraje de inversiones, de conformidad con el art. 190 de la Ley de Derecho Internacional Privado, rechazando que el laudo en cuestión hubiese vulnerado al orden público sustantivo. Para el Tribunal Federal un laudo es incompatible con el orden público si no reconoce los valores esenciales y ampliamente reconocidos que, de acuerdo con la opinión predominante en Suiza, deberían formar la base de cualquier orden legal. Existe un orden público de procedimiento y un orden público material. Un laudo es contrario al orden público material cuando viola los principios fundamentales de la ley sustantiva hasta el punto de que ya no es conciliable con el orden legal y el sistema de determinación de valores; estos principios incluyen, entre otras cosas, la fidelidad contractual, el respeto de las normas de buena fe, la prohibición del abuso de los derechos, la prohibición de medidas discriminatorias, así como la protección de personas incapacitadas civiles. La lista de ejemplos elaborados por el Tribunal Federal para describir el contenido del orden púbico material no es exhaustiva, a pesar de su permanencia en la jurisprudencia relativa a el art. 190.2º LDIP. Sería difícil, si no peligroso, tratar de identificar todos los principios fundamentales que ciertamente tendrían su lugar allí, a riesgo de olvidar uno u otro. Entonces, es mejor dejarlo abierto. El Tribunal Federal ya ha incorporado otros principios fundamentales que están ausentes, como la prohibición del trabajo forzoso, y no dudaría en sancionar como resultado de la violación del oren púbico material, un laudo que socavase el principio fundamental del respeto de la dignidad humana, incluso si este principio no se menciona expresamente en la lista en cuestión. “Dans la présente espèce, il est donc exclu que la Cour de céans revoie si c’est à tort ou à raison que le Tribunal arbitral a jugé que la forte augmentation du POG (impôt mensuel forfaitaire de 50 euros par appareil), intervenue en 2010 sur les machines à sous à faible mise portait atteinte au standard de traitement loyal et équitable garanti par l’art. 3 al. 1 du TBI ( 7 septembre 1992), qu’il s’agisse de la définition donnée à ce standard par les arbitres ou de l’application qu’ils en ont faite aux circonstances de la cause en litige, ni, inversement, s’ils ont exclu à juste titre ou non le caractère confiscatoire, au sens de l’art. 5 du TBI, de cette mesure fiscale. Echappent également à l’examen du Tribunal fédéral les motifs qui, d’après les arbitres, ont poussé la recourante à prendre une telle mesure, sans qu’importent les dénégations de l’intéressée qui voudrait leur en substituer d’autres plus favorables à sa thèse, tels que la volonté de lutter efficacement contre les dangers et les méfaits des jeux d’argent. Ce n’est pas non plus le lieu de décider si les prérogatives de puissance publique de l’État en matière fiscale, dont se réclame la recourante, suffisaient ou non à justifier l’adoption d’une réglementation ayant pour effet de priver indirectement les intimées de leurs investissements avant que la durée des permis d’exploitation des machines à sous qui avaient été délivrés à leurs filiales locales ne fût atteinte et sans que le versement d’une indemnité en contrepartie n’eût été envisagé. Enfin, il n’est pas non plus possible d’examiner si le Tribunal arbitral a refusé avec raison ou pas de considérer comme illicite la poursuite de l’exploitation en mode bank, par les intimées, des machines à sous à faible mise pendant la période comprise entre 2010 et 2015, ni s’il aurait dû retenir à la charge des intimées la violation flagrante du code de criminalité fiscale que la recourante leur impute”.

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