Etiqueta: Arbitraje

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Clausura del curso de Verano Universidad de Alcalá 2020 (edición virtual): «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina», patrocinado por CIMA

Con un webinar dedicado al  Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, se clausuró el Curso de Verano de la Universidad de Alcalá dedicado a «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina«, dirigido por la profesora Ana Fernández Pérez, profesora de Derecho internacional de esa Universidad. El curso, de desarrolló entre los días 29 de junio y 3 de julio y estuvo patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

La presentación corrió a cargo del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y contó con una intervención de gran interés a cargo de Martín Sanz, Jesús, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Vicepresidente y Presidente de la Comisión de I+D+i de CEIM.

La modalidad virtual, debido a la actual pandemia ocasionada por Covid-19, permitió alternar las enseñanzas teóricas y prácticas con cuatro webinar, que fueron seguidos por varios centenares de participantes de Europa y América Latina: a) Próximos retos del arbitraje en Latinoamérica; b) Arbitraje y mediación: los nuevos retos de la abogacía; c) La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y d) El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina

El curso contó con la participación de un amplio panel de especialistas españoles y extranjeros: Bjorn Arp, American University, Washington College of Law, USA; José Antonio Cainzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid; Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado (ex.) Director de la CIMA; Ignacio Coloma Garrido, Secretario de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid; Adolfo Díaz-Ambrona, Abogado del Estado (ex.). Secretario General de la Cámara de Comercio de España y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático. Árbitro de CIMA y membro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje del ICAM; Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Samaniego Law, Miami, USA; Miguel Gómez Jene, Catedrático de la UNED, Consejero de Cuatrecasas; Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga Profesor agregado de Derecho internacional público Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; Enrique Linares Rodríguez, Doctor en Derecho, Stampa Abogados;  Alberto José Montezuma Chirinos, Socio del Estudio Montezuma Abogados, Perú; Dário Moura Vicente Catedrático de la Universidad de Lisboa. Presidente de la Associaçao Portuguesa de Arbitragem, Portugal; Elena Otero Novas, Abogada del Estado (ex.) Presidenta de la Corte Española de Arbitraje; Francisco G. Prol, Socio Director de Prol & Asociados Luis Fernando Rincón Cuellar, Ricón Cuellar & Asociados, Colombia Francisco Ruiz Risueño Abogado del Estado (ex.), Secretario General de CIMA; Sixto A. Sánchez Lorenzo Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. Secretario General de Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional. Árbitro de CIMA; Walker San Miguel, San Miguel abogados, Bolivia; Juan Serrada Hierro, Abogado del Estado (ex.), Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; Carlos Alberto Soto Coaguila Árbitro y Profesor de Derecho Civil y Arbitraje. Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI. Fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, Perú; Gonzalo Stampa Casas, Doctor en Derecho, Socio Director de Stampa Abogados; Ricardo Vásquez Urra, Socio Fundador Vásquez Urra Abogados, Chile.

 

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La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, al tiempo que incorpora medios telemáticos de última generación, avanza en sus gestiones para propiciar que pueda prestar servicios de mediación

En una nota informativa de 18 de mayo de 2010 el Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Juan Serrada Hierro, anunció los acuerdos adoptados por su Comisión de Gobierno en espera que  el Gobierno resuelva la terminación del estado de alarma, y pueda reiniciarse  la actividad ordinaria de la Corte

Entre otras cuestiones la Comisión de Gobierno acordó iniciar las gestiones encaminadas a propiciar que CIMA pueda prestar el servicio de mediación, cuya posibilidad prevén expresamente los Estatutos. Esta posibilidad puede constituir un camino complementario y útil de actividad ofrecida por la Corte, que se puede demandar a la vista de las circunstancias actuales. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid está igualmente trabajando en esta dirección, en relación con la mediación internacional.

La Comisión valoró muy positivamente los importantes avances realizados por CIMA en relación con la utilización de medios telemáticos para la modernización de sus sistemas de actuación, y que van en una doble dirección. De un lado, la instalación de el sistema de comunicación por videoconferencia denominado Microsoft Teams, que permitirá, con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, la realización de reuniones y audiencias presenciales, con la participación simultánea de hasta 300 personas. Dicho servicio está ya en pleno funcionamiento. De otro lado, CIMA ha suscrito un convenio con HighQ Netherlands BV‐Thomsons Reuters por el que se incorporamos a una plataforma digital que permitirá el seguimiento y llevanza individualizada de cada arbitraje, de modo que tanto los árbitros, como las partes puedan tener acceso exclusivo, personal y directo, de modo telemático, a los arbitrajes que se estén tramitando. Es un sistema moderno y prácticamente pionero en el mundo del arbitraje, del que esperamos los mejores resultados.

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Clausura de la Escuela Complutense de Verano (2019) sobre “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

 

Clausura de la Escuela Complutense de Verano (2019) sobre “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje – El Blog de José Carlos Fernández Rozas

El 26 de julio de 2019 tuvo lugar la clausura de una nueva edición de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre “Arbitraje comercial y de inversiones” patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje impartido por 16 profesores, la mayoría de ellos árbitros de reconocido prestigio internacional. Participaron en la Escuela, que estuvo dirigida por el profesor José Carlos Fernández Rozas, 28 alumnos procedentes de 7 nacionalidades que siguieron las clases a lo largo de tres semanas y se cerraron con un arbitraje simulado, con aplicación del Reglamento de CIMA, que tuvo lugar en la sala de juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Escuela de Verano Complutense / CIMA (Madrid) 2019

 

 

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Ámbito de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia en el proceso de formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de marzo de 2018, realiza una serie de consideraciones en torno al nombramiento judicial de loa árbitros. En primer lugar, afirma que “no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez, ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. En este sentido, dado el limitado ámbito de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos según interpretación auténtica del Legislador, es claro que esta Sala no tiene que pronunciarse sobre dos aspectos en los que las partes discrepan, a saber: el idioma en que el arbitraje ha de tener lugar -art. 28 LA- y el lugar en que éste ha de celebrarse (art. 26 LA), viniendo determinada nuestra competencia -por otra parte no cuestionada-, ex art. 8.1 LAª- por el domicilio de la demandada”. En segundo lugar, la Sala considera que: “siendo procedente (…) el nombramiento de un árbitro -art. 12 LA- que decida, en equidad, la controversia, el Tribunal ha de proceder a la designación de dicho árbitro tomando las medidas necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad, y ha de hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el art. 15.6 LA: no ha lugar, a todas luces, a nombrar a ninguno de los árbitros respectivamente propuestos por las partes, que se han opuesto expresamente en cada caso a la designación sugerida de contrario, tanto en el ámbito pre-procesal como en seno de estas actuaciones. Tampoco procede -lo hemos dicho con reiteración-, que esta Sala encomiende la administración del futuro arbitraje a tal o cual Corte de Arbitraje. El art. 15 LA nos habilita para el nombramiento de árbitros ad hoc, a falta de acuerdo entre las partes, pero no para la designa de un arbitraje institucional. Si tal estuviera previsto en el convenio, lo que no es el caso, habría de ser, conforme a su Reglamento, la correspondiente Corte de Arbitraje la que, en principio y como regla, hubiese de proceder al nombramiento de árbitros. Como hemos consignado, las partes no están de acuerdo en algunas de las características que debe reunir el árbitro -no explicitadas en el convenio-, y tampoco convienen en la Lista de la que extraer la terna sobre la que se ha de verificar el sorteo. En lo que concierne a que el arbitro sea de nacionalidad distinta a la de las partes -tal y como postula la actora-, esta Sala, en consideración a las circunstancias concurrentes -art. 15.6º LA- no establece como requisito de idoneidad del árbitro tal característica: entre otros extremos, porque semejante solicitud contraviene los propios actos de la actora, que ha propuesto con carácter principal un árbitro de nacionalidad española y, con carácter subsidiario, un árbitro con domicilio en Aalemania -en la vista precisa que de nacionalidad alemana-, donde está radicada la demandante. Cabrá, como veremos, la posibilidad de que, por sorteo, sea designado un árbitro de nacionalidad distinta a la de los litigantes, pues la Lista de Árbitros a la que la Sala acudirá para insacular, por riguroso orden, tres nombres, contiene un elenco de Árbitros de muy diversas nacionalidades. Las partes discrepan sobre el idioma en que ha de tener lugar el Arbitraje: el convenio se remite a la Ley de Arbitraje española y, por tanto, habrá de aplicarse el art. 28 LA, donde se prevé la salvaguarda del derecho de audiencia, contradicción y defensa de la parte que alegue desconocimiento de la lengua que se utilice. Decimos esto porque la actora expresa categóricamente su deseo de que el Árbitro designado tenga un perfecto dominio del inglés; la demandada no se opone terminantemente a este extremo -que no reputa relevante-, aunque afirma sin paliativos que el Arbitraje ha de tener lugar en idioma español. Son dos cuestiones distintas: sobre la segunda, nada tenemos que decir; sobre la primera, ningún inconveniente hay -puede facilitar las relaciones entre el Árbitro y las partes- en que la terna sobre la que se efectúe el sorteo se integre con Árbitros pertenecientes a una Lista donde se haga constar el conocimiento, o no, del idioma inglés. En cambio, sí coinciden las partes en que, pese a tratarse de un arbitraje de equidad, es conveniente que sea resuelto por un jurista: así lo dice expresamente la actora; y la demandada manifiesta, como queda dicho, que lo importante es ” que el Árbitro sea experto en arbitraje y conozca la Ley española “. En definitiva: tal y como dispone el art. 15.6 LA, la Sala, tras analizar lo expresamente argüido por las partes en sus escritos de demanda y contestación y en el acto de la vista, ante las discrepancias expresadas, acuerda que la designación tenga lugar de entre los árbitros-juristas de la Lista remitida por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, entre de ellos, de quienes aparecen con conocimiento del idioma inglés”.

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La falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria y nunca de oficio

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoquinta, de 27 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación con una Sentencia del juzgado que, tras tramitar de forma completa procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad, declaró la incompetencia del juzgado para resolver la cuestión planteada por la demandante por existir cláusula en el contrato entre partes con sumisión a arbitraje para resolver las controversias, pronunciamiento del que discrepa la demandante y también el demandado. De acuerdo con la Audiencia “la falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria ( arts. 39 y 63 LEC y 11.1º Ley de arbitraje), sin que por ello sea apreciable de oficio y sin trámite de audiencia como así lo hace la Sentencia recurrida y de la que discrepan ambas partes litigantes. La finalidad de la regulación pretende evitar, como expresa la Exposición de Motivos de la LEC 2000, Sentencias absolutorias en la instancia por falta de jurisdicción o de competencia dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias con atribución a la parte pasiva de ponerlos de manifiesto con carácter previo para evitar que el proceso siga adelante de forma innecesaria. La infracción procesal cometida no puede ser subsanada en la presente alzada ya que el dictado de Sentencia por este Tribunal en resolución de la cuestión de fondo podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, por existir configuración legal que permite interponer recurso de apelación contra la Sentencia que resuelva en primera instancia la controversia, previsión legal que garantiza en el presente caso la doble instancia y que vulnera la resolución recurrida al no haber dictado Sentencia sobre la cuestión de fondo planteada, motivo que lleva a reponer las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que se dicte otra que resuelva la controversia planteada por las partes”.

 

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La parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria del Derecho coreano aplicable al contrato

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 20 de febrero de 2018 se pronunció sobre un contrato de agencia suscrito entre Hanjin Shipping Co LTD y Hanjin Spain, S.L. el 1 de enero de 2012 en virtud del cual la sociedad española actuaba como un consignatario de buque de la sociedad coreana en España. Dicho dicho contrato quedó sometido al Derecho coreano y cualquier controversia sobre el mismo sería resuelta mediante arbitraje en dicho país. La Audiencia reconoce que dicho contrato (…) queda sometido al Derecho Coreano. Y ello no ha sido hecho controvertido. Por ello, la parte recurrente, como premisa, debe acreditar que dicho Derecho permite atribuir derecho de propiedad sobre fondos en virtud de una cláusula contractual. Aun con más razón teniendo en cuenta que la transmisión de los derechos reales en Derecho español exige la concurrencia de la teoría del título y el modo (art. 609 Cc ), es decir, es necesario que, además de la cláusula contractual, exista una entrega del fondo, aunque sea puramente instrumental o espiritualizada -a través de un mero apunte contable- en virtud de la cual el derecho entre a formar parte de su patrimonio y ostente derecho de disposición sobre el mismo. Pues bien, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba conforme el art. 281.2º LEC (” También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero “) y la parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria dirigida a tal fin, limitándose a manifestar que quien pretenda negar validez o eficacia al contrato acuda al arbitraje a Corea conforme el Derecho coreano a impugnarlo”.

 

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Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional

El Decreto Ley 250 del 30 de Julio de 2007 constituyó la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, continuadora de la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior, la que fue creada en el año 1963, y que permitió conocer y aplicar el arbitraje comercial mucho antes que la mayoría de los países latinoamericanos. Tras La Gaceta Oficial de la República de Cuba publica la Resolución de 25 de mayo de 2018 de la Cámara de Comercio 8/2018 por la que se aprueban las “Reglas de Procedimiento de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional”, tal como quedaron redactadas luego de su revisión en correspondencia con la legislación vigente. Dichas Reglas regulan: a) la declaración de imparcialidad e independencia de los árbitros, así como su disponibilidad y responsabilidad en el cumplimiento de los plazos y términos de cada actuación procesal de las partes, de la Corte y del Tribunal Arbitral; b) el procedimiento para la tramitación de los incidentes de recusación y excusa de los árbitros, delimitando de manera clara y específica su tramitación, ya sea durante la fase previa o una vez constituido el tribunal arbitral; c) las medidas cautelares que puedan adoptar los árbitros, los requisitos para su adopción, así como el momento procesal en que debe resolverse y la forma en que se pronunciará el tribunal; d) la realización de audiencia preliminar, detallando su contenido específico y las decisiones que se adoptarán en cada caso y el cometido y forma de realización de la vista; y, e) el ajuste de los laudos arbitrales se ajusten a una fórmula sistemática y homogénea que, en todos los casos, permita una adecuada interpretación de los argumentos y actuaciones tenidos en cuenta por el tribunal para la decisión final adoptada.

 

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La formalización judicial opera únicamente cuando el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar la existencia o no del convenio arbitral pactado

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera de 13 de marzo de 2018 se pronuncia acerca del nombramiento de un árbitro único. Según la Sala ” la autonomía de la voluntad que es inherente al pacto arbitral permite de forma natural que las partes convengan un procedimiento de designación de árbitro bien en la cláusula arbitral, bien ulteriormente, cuando, surgida la controversia, llegue el momento de cumplir el pacto de sumisión. En este contexto es en el que ha de entenderse lo que esta Sala -y la generalidad de los Tribunales Superiores de Justicia- viene señalando desde siempre: que únicamente tiene atribuida la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, debiendo limitarse a comprobar, mediante el examen de la documentación aportada, la existencia o no del convenio arbitral pactado; si se ha acordado un procedimiento de designación de árbitro que no haya podido culminar con el nombramiento; y, en su defecto, que se ha realizado el requerimiento a la parte contraria para la designación de árbitros, el desacuerdo entre las partes para el nombramiento, la negativa expresa o tácita a realizar tal designación por la parte requerida y el transcurso del plazo convenido o legalmente establecido para la designación… Asimismo, el apartado 5 de este art. 15 establece que el Tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral (…). Atribuida así a esta Sala únicamente la competencia para el nombramiento de árbitros cuando no pudiera realizarse por acuerdo de las partes, y verificado que no se ha podido realizar dicho nombramiento, pese a haber sido realizado el pertinente requerimiento a la parte contraria, el Tribunal ha de proceder al nombramiento imparcial de los árbitros, sin que esta decisión prejuzgue la decisión que el árbitro pueda adoptar sobre su propia competencia, e incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación le impida entrar en el fondo de la controversia (art. 22.1º LA). En otras palabras: no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral – más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez (…), ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. Dado el ámbito limitado de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos, no corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de si puede entenderse existente convenio arbitral en el contrato que se dice celebrado verbalmente el 11 de junio de 2016. Habrá de ser el árbitro, en el ejercicio de la competencia que le asiste ex art. 22 LA, quien, en un primer término, resuelva acerca de la existencia de tal convenio -y ello sin perjuicio, claro está, de lo que las partes puedan convenir al respecto. Solo en su día, mediante la acción de anulación que eventualmente se ejercite, habría de analizar esta Sala -o la territorialmente competente- dicha cuestión”.

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Demanda de anulación presentada fuera del plazo legalmente previsto

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de febrero de 2018 desestima una acción de anulación por considerar que “el plazo de caducidad, no es susceptible de interrupción o suspensión, ni siquiera por el ejercicio de la propia acción ante órgano jurisdiccional incompetente (…) o por error judicial (…). Asimismo, la sujeción al breve plazo de caducidad establecido en el art. 41.4º LA alcanza a la acción anulatoria en su conjunto y a todos los motivos de anulación previstos en ella (…). En el presente caso, el Laudo Arbitral de fecha 5 de junio de 2017, según se desprende del Expediente Arbitral incorporado a las actuaciones, tras la admisión de la citada prueba interesada por la demandante, fue notificado a la representación de CETEM el mismo día 5 de junio, según certificación del Secretario de la Corte. En consecuencia, el dies a quo para computar el plazo de caducidad de la acción es el día 6 de junio de 2017, día siguiente a la recepción de la notificación, siendo por tanto el dies ad quem el 7 de agosto – ya que el día 6 de agosto era festivo, en concreto domingo-. En consecuencia, presentada la demanda de anulación de Laudo Arbitral ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el 1 de septiembre de 2017, vía Lexnet, y con entrega de copia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el día 4 de septiembre, la citada presentación tuvo lugar habiendo transcurrido más de dos meses desde la notificación del Laudo, y por tanto la demanda de anulación ha sido presentada fuera del plazo legalmente previsto, por lo que procede desestimar la demanda interpuesta, por caducidad de la acción de anulación”.

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Desestimación de una declinatoria arbitral por figurar el acuerdo en una carta de intenciones

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Octava, de 19 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación interpuesto contra un auto del juzgado que estimó una declinatoria arbitral basada en Carta de Intenciones. La Audiencia justifica su decisión  en que ” los acuerdos o Carta de Intenciones (también conocidas como Letters of intent o LOI) son figuras contractuales de Derecho anglosajón, cuya incorporación a nuestro ordenamiento se debe al uso reiterado de las mismas por los operadores de nuestra economía. Son, por tanto, unas figuras extrañas y ajenas a nuestro sistema contractual, que carecen de regulación alguna, lo cual no ha supuesto un obstáculo para que éstas hayan sido acogidas en nuestro Derecho a través esencialmente del principio de la autonomía contractual, asentado en el art. 1.255 Cc de tal forma que su contenido será el que las partes libremente estipulen, pudiendo contener una autentica oferta vinculante, una oferta no vinculante o una oferta con cierto grado de vinculación. Por ello, de su propia denominación no se pueden extraer reglas generales sobre sus efectos, sus características o su concepto (…). (D)ependerá del grado de determinación de los elementos esenciales, del contenido del documento y del comportamiento de las partes, pudiendo incluso ser simplemente actos previos a los tratos preliminares, o una oferta simple, no una oferta vinculante (…).  Entiende la Audiencia que el auto apelado estimó la declinatoria al amparo de la cláusula 13 de la carta de intenciones (…) que PKG Holdings LLC y GEA Group AG suscribieron, del siguiente tenor: «13. Ley aplicable, arbitraje. Esta carta, así como cualquier diferencia que resulte de ella estará sujeta al, y sujeta a la interpretación, del Derecho alemán, cualquier diferencia que resulte de esta Carta y que no se pueda resolver amigablemente por las partes, será dirimida finalmente de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, arbitral por figurar en acuerdo en una carta de intenciones DIS, por unos árbitros nombrados de acuerdo con dicho Reglamento. La sede del arbitraje será Düsseldorf, Alemania. El idioma del arbitraje será el inglés» ; sin embargo, del análisis del documento de ” Declaración de intenciones no vinculante relativa a la adquisición del negocio Bossar (…) se sigue que el mismo era una simple oferta sin fuerza vinculante alguna, así se desprende de su propia denominación, y de su clausulado…”.

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