Etiqueta: Arbitraje

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El TSJ de Madrid desestima una acción de anulación basada en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público, e incongruencia por exceso

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Pena, Sección Primera, de 13 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús Santos Vijande) desestima una acción de anulación basada, esencialmente, en error patente y en arbitrariedad con infracción del orden público e incongruencia por exceso. De acuerdo con esta decisión “la Sala no puede compartir que, en una simplificación extrema y carente de justificación, se pretenda asimilar la infracción del orden público, como motivo de anulación del laudo, a
la mera comisión de una suerte de ‘error patente’ -apreciable sin necesidad de elucubración alguna-; o que, como a veces se ha propugnado, se aduzca a favor de la inexistencia de infracción del orden público que el Tribunal enjuiciador haya de efectuar argumentaciones complejas para su apreciación”. Y añade, tras el examen de la motivación del aludo que, “ante una argumentación como la aquí sucintamente reseñada en absoluto es de apreciar, y mucho menos del modo palmario o manifiesto con que la doctrina constitucional lo exige, la presencia de error patente, ni de quiebra de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba que efectúa el Laudo, que, en consecuencia, no puede ser anulado por tal motivo -infracción del orden público con contravención del art. 24.1º CE”.

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La AP de Las Palmas considera que los árbitros no son competentes cuando se discute acerca de la validez y carencia de vicios del contrato que incluye la cláusula de arbitraje

La Sentencia de la Audiencia Provincial de La Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 14 de diciembre de 2017, confirma la desestimación de una declinatoria arbitral afirmando que: “la remisión al arbitraje de un conflicto entre los contratantes dependía de que se cuestionasen o se discrepase acerca de los términos de interpretación y ejecución del contrato o de las operaciones relacionadas con él. Sin embargo, el objeto del conflicto planteado en este proceso no atañe a términos o a cuestiones de interpretación o ejecución del contrato sino a su propia validez y, por ende, a su surgimiento válido a la vida jurídica. Entendemos que las cuestiones de las que tendría que conocer la corte de arbitraje o la cámara madrileña a que hace referencia el pacto sexto del contrato serían las que surgiesen en torno al desenvolvimiento del contrato (interpretación y ejecución), esto es cuando no se cuestionase su propia existencia o validez, pero no cuando lo que se discute es su surgimiento al mundo jurídico como contrato válido y no viciado. En consecuencia, entendemos competente a la jurisdicción civil para el conocimiento del presente litigio”.

 

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La notificación al demandado extranjero debe hacerse a través mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/200,7 de 13 de noviembre de 2007

La Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Segunda, de 28 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación contra una sentencia del juzgado, por considerar que la demandante no  agotó las posibilidades de emplazamiento a la demandada, pues la primera citación se remitió a un domicilio en Francia que no se correspondía con el suyo, por carta, sin que constase el resultados. Considera la Audiencia que “si bien el primer emplazamiento del demandado puede hacerse facultativamente mediante correo postal sin diligencia de notificación intervenida por funcionario judicial, su validez viene condicionada al éxito del intento, mediante constancia de la entrega en el acuse de recibo, pues en otro caso el emplazamiento debe hacerse mediante diligencia. No obstante, en lugar de llevar a cabo esta en el domicilio señalado de la demandada, a través de los mecanismos de cooperación jurisdiccional internacional previstos en el Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos»), con el fin de diligenciar en debida forma el intento de emplazamiento de la demandada, el Juzgado optó por llevar a cabo un segundo intento en un domicilio en el que no resultaba previsible localizar a aquella, y consideró suficientes las actuaciones llevadas a cabo para proceder a la comunicación edictal.

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El TSJ de Madrid considera que la motivación del árbitro no fue arbitraria, irrazonable o ilógica, con el voto en contra del magistrado Jesús Santos Vijande

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de febrero de 2018 (Ponente Susana Polo García) desestima una acción de anulación basada en la infracción del orden público. Para la Sala: “llegamos a la conclusión de que el árbitro, ha fallado conforme sus conocimientos, sin ser arbitrarios, y respetando las leyes y la jurisprudencia, y en consecuencia, procede desestimar la demanda, ya que no ha quedado acreditado que en el procedimiento arbitral se hayan vulnerado los derechos de orden público de carácter procesal, derechos de defensa, contradicción y prueba, -ni siquiera se invocan expresamente-, ni tampoco de carácter material, basándose en una interpretación arbitraria, irrazonable o ilógica, ya que la mayor o menor corrección jurídica de los argumentos empleados por los árbitro, no tratándose de un patente error ni infracción de una norma imperativa, y respetando los derechos de defensa, no supone infracción alguna del orden público”. La decsiión cuenta con un voto particular del Magistrado Santos Vijande que considera que el laudo debió ser anulado por resultar arbitrario, en el sentido constitucional del término, estimando que “al desestimar la excepción de incumplimiento de contrato, opuesta con carácter principal -la de compensación fue alegada de modo subsidiario-, sin analizar en lo más mínimo la base fáctica esencial en que aquella se sustentaba: base fáctica que se declara probada, pero sobre cuyas consecuencias jurídicas no se hace la menor consideración a la hora de analizar la exceptio non adimpleti contractus. Se trata de un error en la selección de los presupuestos de hecho efectivamente afirmados por la parte a la hora de excepcionar y/o de una omisión en la motivación imputable al Árbitro; todo ello inmediatamente verificable a la vista de las actuaciones y, a todas luces, con posible incidencia en la ratio decidendi del Laudo.

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EL TSJ de Madrid desestima una acción de anulación  contra un laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 20 de febrero de 2018 (Ponente: Jesús Santos Vijande) desestima una acción de anulación  contra un laudo procedente de un arbitraje administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Los argumentos esgrimidos en favor de la anulación se basaron en los aps. b) y f) del art. 41.1º LA, como causas de anulación, con referencia explícita a la infracción del principio de igualdad entre las partes y del derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a utilizar los medios de prueba derivada de la negativa por el Tribunal Arbitral a acordar la exhibición documental solicitada. De acuerdo con la decisión, “es evidente que la denegación probatoria responde a una motivación suficiente sobre la no necesidad de la documental que se interesaba, al tiempo que no se ha justificado ante esta Sala el ‘carácter decisivo’, en términos de defensa, de la documental no admitida; en este sentido tampoco cabe hablar con el menor fundamento de quiebra del principio de igualdad de armas; consideraciones éstas que, de acuerdo con la doctrina constitucional reseñada, abocan a la exclusión de toda idea de lesión constitucional que pudiera dar lugar a la anulación del Laudo ex art. 41.1º.b) LA e incluso, más específicamente, al amparo del apartado f) de dicho precepto. El motivo es desestimado, si bien conviene precisar que lo es por las razones expuestas, no en aplicación del art. 6 LA: la Sala es consciente de que la debida diligencia en la solicitud probatoria es condición de la lesión del derecho fundamental invocado -lo que permitiría, en según qué casos, aplicar ese precepto por la propia naturaleza del contenido del derecho fundamental afectado-; mas, en las circunstancias del caso y de modo connatural a la flexibilidad inherente al procedimiento arbitral, no es de apreciar una renuncia tácita a las facultades de impugnación del pretendido vicio procesal cuando, por dos veces, se ha instado la exhibición a lo largo de la tramitación del arbitraje y en consideración precisamente a las vicisitudes de éste: pudo formularse en ambos casos protesta, sin duda; pero también es incuestionable la voluntad y persistencia de la parte en propiciar la práctica probatoria que le ha sido denegada”.

 

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Valoración de los alumnos de la Escuela Complutense de verano, auspiciada por la CIMA, sobre “Arbitraje Comercial y de Inversiones” (julio, 2017)

La Fundación de la Universidad Complutense ha emitido su “Informe de Evaluación sobre la Escuela Complutense de Verano que tuvo lugar entre los días 3 a 21 de julio de 2017. La evaluación se realizó a través de un cuestionario con el objetivo de obtener una medida de respuesta sobre el desarrollo de los resultados de la Escuela. Se trata de indicadores de valoración subjetiva, donde se han elegido o considerado una serie de factores que han sido puntuados por los participantes según una escala de 1 a 5. De conformidad con dichos, la puntuación media del curso ha sido de 4,5 y la valoración del profesorado de 4,7.  De esta suerte, la Escuela sigue mantenido el alto nivel de calidad de ediciones anteriores.

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Negativa del Juzgado a extender una cláusula de arbitraje a un tercero que no la ha suscrito, ni siquiera en calidad de “tercero interesado”

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 9 de febrero de 2018, rechaza una apelación contra una decisión del juzgado que afirmó lo siguiente: “Diablo y Siva se encuentran sometidas a arbitraje en sus relaciones comerciales (…), habiéndose iniciado el procedimiento arbitral (…), mientras que entre Diablo y V8 no existe convenio arbitral alguno. En razón al arbitraje habido, para conocer de la acción ejercitada contra Siva es competente por procedimiento -medidas cautelares- y con independencia de la materia -Derecho marítimo-, el Juzgado a quo -y ninguna de las partes litigantes lo discute-, en aplicación de lo dispuesto en los art. 8.3º de la Ley de Arbitraje y 724 de la LEC; pero para conocer de la acción ejercitada contra V8, desconectada de arbitraje alguno, no es competente dicho órgano judicial en razón a la materia enjuiciada, pues al tratarse de Derecho marítimo -lo que tampoco se discute-, el art. 86.ter.2.c) de la LOPJ la reserva al conocimiento de los Juzgados de lo Mercantil con independencia de la clase de procedimiento entablada. El propio Juzgador de instancia reconoció esta falta de competencia al afirmar en la vista, después de todo lo actuado frente a V8, que “yo no puedo tomar ninguna decisión con respecto a V8 porque es que V8 no es parte en el arbitraje”; y ello aunque otorgase motu proprio en ese acto la cualidad de “tercero interesado” a dicha compañía, pues ni esto convalidaría la susodicha falta de competencia, ni velaría a efectos legales la condición de parte codemandada con que fue traída al proceso por la actora ( artículos 10 y 14.1 de la LEC ) y condenada, inaudita parte , primero, y con audiencia, después, a la medida cautelar por el órgano judicial.

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El Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra, está más cerca

El 18 de abril de 2018, la Comisión Europea presentó al Consejo el Acuerdo de Comercio entre la UE y Singapur y el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Singapur por otra. El objetivo del Acuerdo de Protección de las Inversiones (API) UE-Singapur es mejorar el clima de inversión entre la UE y Singapur. El Consejo considera que dicho Instrumento reportará beneficios a los inversores europeos, al garantizar un alto nivel de protección de sus inversiones en Singapur, y al preservar, al mismo tiempo, los derechos de la UE a legislar y a perseguir objetivos públicos legítimos, como la protección de la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. El Acuerdo establece un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) concebido para responder a las grandes expectativas de los ciudadanos y de la industria de la Unión para disponer de un sistema más justo, más transparente e institucionalizado de solución de diferencias en materia de inversión. Las disposiciones del API UE-Singapur que afectan al presupuesto de la UE se refieren precisamente a los costes de creación y de funcionamiento del STI.

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El principio de conservación del acuerdo de arbitraje o favor arbitri prevalece aunque la parte instada no comparezca en las actuaciones sobre formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, Sala Civil y Penal Sección Primera, de 1 de febrero de 2018, tras reiterar la doctrina sobre el nombramiento judicial de árbitros, considera que “el art. 9 LA establece los elementos esenciales de la voluntad del convenio arbitral entre los cuales no se encuentra ni la forma de designar a los árbitros ni si debe ser de derecho o de equidad, prevaleciendo, en su interpretación, el principio de conservación del acuerdo de arbitraje o favor arbitri. En el presente caso la parte instada no ha comparecido en estas actuaciones siendo declarada en rebeldía. En el contrato que acompaña la parte instante consta una clausula arbitral del siguiente tenor: Cualquier cuestión que surja entre las partes sobre la interpretación o cumplimiento de este contrato será sometida a un arbitraje de equidad con arreglo a las normas que regulan este tipo de procedimiento. Es por ello que procede acceder al nombramiento del árbitro solicitado. La designación se hará con intervención de las partes y ante el Sr. Letrado de la Administración de Justicia de la Sala, por insaculación de tres de la lista que obra en el Colegio de Abogados de Barcelona especializados en el ámbito civil o mercantil, de modo que resulte elegido el primero, quedando sucesivamente los otros dos como posibles árbitros nombrados en caso de no aceptar el primero el cargo (…).  Se imponen las costas del procedimiento a la parte instada “.

 

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Al abstenerse las partes de todo intento de aportar o solicitar prueba suficiente para acreditar la vigencia y contenido de la ley extranjera debe aplicarse el Derecho español

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, de 14 de abril de 2018, desestima un recuso de apelación contra una sentencia del Juzgado en un pleito de condena de cantidad derivado de una compra de productos en subasta pública on line de mercancías de segunda mano. En relación con el Derecho aplicable al supuesto la Audiencia considera que “resulta que las partes decidieron someter su relación jurídica al Derecho alemán (…)  habida cuenta de lo dispuesto en la cláusula 16.3 de las condiciones generales (…), y que se encuentra plenamente avalada por el art. 3.1º del Reglamento (CE ) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, por el que se autoriza la “libertad de elección”. Sentado lo anterior, en cuanto al tratamiento procesal del Derecho extranjero en nuestro sistema jurídico, el art. 281.2º LEC establece que ‘…’.Pues bien, las partes se han abstenido de forma absoluta y plena de todo intento de aportar o solicitar prueba al respecto, a través de documentos públicos y del informe elaborado y ratificado por jurisconsultos expertos en el Derecho cuya aplicación se invoca, que tradicionalmente se estima prueba suficiente para acreditar la vigencia y contenido de la ley extranjera que resulta de aplicación. La consecuencia de ello, en aplicación de la doctrina expuesta, es la aplicación del Derecho nacional”.

 

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