Etiqueta: Arbitraje

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Un tribunal del CIADI desestima en su totalidad la demanda interpuesta contra Canadá, en el marco del TLCAN, por la farmacéutica Eli Lilly

Eli Lilly, la quinta farmacéutica más grande de los Estados Unidos, presentó en 2012 une demanda ante el CIADI, al amparo del Capítulo XI del TLCAN, contra Canadá por su sistema de concesión de patentes, solicitado el pago de 500 millones de dólares canadienses como compensación por la pérdida de sus ganancias. En el Laudo de 17 de marzo de 2017 (Case No. UNCT/14/2), el tribunal arbitral integrado por Albert Jan Van den Berg (Presidente) y Sir Daniel Bethlehem QC y Gary BOR (árbitros) desestimó la objeción de Canadá relativa a la competencia ratione temporis del tribunal, declarando la jurisdicción del tribunal para conocer de las reclamaciones que se le presenten en este arbitraje. Sin embargo desestimó la demanda en su totalidad, condenando a la demandante a sufragará los costos del arbitraje, por un monto de USD 749.697,97.

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Un tribunal del CIADI desestima todas las reclamaciones formuladas por Ansung Housing Co contra la República Popular China

Este caso se refiere a una controversia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por Ansung Housing Co., Ltd. una empresa privada constituida en virtud de las leyes de la República de Corea, , contra la República Popular China. El litigio deriva de una inversión de Ansung en un proyecto de desarrollo de condominios y campos de golf en Sheyang-Xian, China. Esta controversia fue presentada al CIADI sobre la base del APPRI entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República Popular China de 1966. El tribunal, integrado por Lucy Reed, Presidente y Michael Pryles y Albert Jan van den Berg, árbitros, en Laudo de 9 de marzo de 2017 (ICSID Case No. ARB/14/25) desestimó todas las reclamaciones formuladas por la Demandante, Ansung Housing Co.. La decisión del Tribunal a favor de la Demandada se basó en la Regla 41 (5) del Reglamento del Centro por la manifiesta falta de mérito jurídico de una reclamación.

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Admisión de la solicitud de bifurcación en al asunto Caso CIADI No. ARB/15/48 (“Abertis Infraestructuras, S.A. c. República Argentina”)

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El grupo de concesiones Abertis presentó una solicitud de arbitraje ante el CIADI el 17 de diciembre de 2015 (Caso CIADI No. ARB/15/48), al amparo del Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República Argentina y Protocolo anejo, hecho en Buenos Aires el 3 de octubre de 1991, por el desequilibrio financiero que presentaban desde hace doce años las autopistas que gestiona el país tras la decisión del gobierno de congelar tarifas y por la imposibilidad de negociar con los ejecutivos de ese país una salida para recomponer ese desfase. El Tribunal se constituyó el 2 de agosto de 2016 con los siguientes miembros Rodrigo Oreamuno (Costa Rica), Presidente, Whitney Debevoise (U.S.A), árbitro propuesto por la demandante y Eduardo Valencia-Ospina (Colombia), árbitro propuesta por la demandada. Con posterioridad, el Tribunal arbitral emitió la Orden Procesal nº 2, del 27 de marzo de 2017, decidiendo abordar las objeciones a la jurisdicción con carácter preliminar. La admisión de esta “solicitud de bifurcación”, pedida por el Estado argentino, destinada a considerar las excepciones sobre jurisdicción y admisibilidad formuladas por la parte demandada antes de dirimir el arbitraje,  supondrá una demora considerable para la consecución de este último mecanismo.

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Competencia de los Juzgados de Madrid una vez que el CIADI declarase su incompetencia en un arbitraje contra Guinea Ecuatorial

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décima, de 26 de abril de 2017 declara la competencia del Juzgado de Primera Instancia nº 26 de Madrid  en una demanda contra la República de Guinea Ecuatorial al amparo del acuerdo bilateral suscrito entre ésta y el Reino de España de 22 de noviembre de 2003. Para la Audiencia  aunque el Acuerdo devenga aplicable al caso en litigio, esto no quiere decir que la Sala comparta el criterio consecuente que de ello deduce el auto impugnado, es decir, la atribución del asunto a los tribunales de la República de Guinea Ecuatorial o al arbitraje internacional. En efecto, hemos de tener en cuenta que el art. 11.2º del convenio, afirma que “[…] la controversia podrá someterse, a elección del inversor, a: los tribunales competentes de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión; o a un tribunal de arbitraje ad hoc establecido conforme a las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI); o al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) […]; o a un tribunal de arbitraje establecido conforme a las reglas de arbitraje de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África (OHADA)”. Esta dicción parece ofrecer una mera opción, no ya de elección de uno de los fueros establecidos, como resulta evidente, sino del propio sometimiento o no a esa posibilidad de elección. Nótese que no dice “se someterá” o “deberá someterse”, sino “podrá someterse”. En este sentido, y de interpretarse así el precepto, la parte actora está en su libre derecho de articular la demanda ante el Juzgado en que lo ha hecho al haber optado ahora por no someter el conflicto a ninguno de los tribunales o centros fijados en dicho precepto y hacerlo ante el citado órgano judicial una vez comprobada su competencia.

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El alcance de la clausula arbitral comprende la liquidación del contrato de franquicia

El  Auto de la Audiencia Provincial de Ourense, Sección Primera, de 2 de mayo de 2017 confirma una declinatoria arbitral. In casu la parte que plantea la declinatoria entiende que dicha cláusula comprende cualquier cuestión o diferencia que surja en relación con el contrato en el que se incluye, mientras que la actora considera que, únicamente han sido sometidas a arbitraje, las cuestiones que hubieran podido surgir durante la vigencia del contrato, no aquellas otras relativas a su liquidación cuando el contrato se ha extinguido o se ha resuelto. La Audiencia considera que, de conformidad con “las normas de interpretación de los arts. 1281 ss Cc, el sentido de la cláusula parece claro en el sentido de que cualquier cuestión relacionada con el contrato queda sometida a arbitraje por voluntad de las partes, no excluyéndose ninguna cuestión como la que es objeto de este proceso, que es la liquidación del contrato cuando éste se extinguió por voluntad de la parte demandada”.

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Desestimación de una declinatoria derivada del cumplimiento de un contrato de confidencialidad inserto en una relación contractual sometida a arbitraje

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoséptima, de 23 de febrero de 2017, confirmó la decisión del juez a quo que consideró que el contrato de confidencialidad cuyo cumplimiento pretendía la parte actora no había sido suscrito por la demandada. In  casu, la parte demandada había formulado declinatoria porque en los contratos suscritos el 8 de agosto de 2007 y el 18 de abril de 2008 se establecía que la resolución de los conflictos entre las partes se sometería a arbitraje mediante aplicación de la ley italiana, siendo la sede del arbitraje Venecia. El órgano judicial consideró que si lo que se solicitaba era el cumplimiento del contrato de confidencialidad en que se establecía la sumisión a los tribunales españoles sin prever el sometimiento a arbitraje no cabía estimar la declinatoria con fundamento en una cláusula prevista en unos contratos que no eran objeto del procedimiento iniciado por la parte actora. Para la la Audiencia de Barcelona “dicha decisión resulta lógica y coherente sin que pueda prosperar la alegación de la recurrente de que el órgano judicial debería haberse ya pronunciado sobre la autenticidad del contrato de confidencialidad pues ello supone obviar lo que resulta evidente, que en la resolución de la declinatoria el órgano judicial no podía entrar a valorar la autenticidad del contrato de confidencialidad puesto que ello debería ser objeto del fondo del procedimiento, sino sólo determinar si ostentaba jurisdicción, conforme a lo previsto en el art. 65 LEC , para conocer de dicho procedimiento”.

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Seminario: “La armonización del Derecho mercantil en el Caribe” (La Habana, 28 a 30 junio 2017)

La Sociedad Cubana de Derecho Mercantil de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en coordinación con la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, y la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el Caribe (OHADAC)  convocan al organizan un Seminario sobre “La Armonización del Derecho Mercantil en el Caribe”.

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No puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución de un laudo para formular causas de anulación

El Auto de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Quinta, de 16 de marzo de 2017, a desestima un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Primera Instancia que declaró procedente la ejecución de un laudo arbitral. Considera la Audiencia que “la forma de atacar a un laudo arbitral es a través el procedimiento de anulación del laudo previsto en el Título VII [De la anulación y de la revisión del laudo] de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, arts. 40 ss, recogiendo el art. 41 de dicha Ley las causas o motivos de anulación, por lo que esta Sala considera que no puede utilizarse el cauce del incidente de oposición a la ejecución del laudo para formular causas de anulación, no sólo porque se trataría de un cauce inadecuado que atentaría contra el principio de legalidad procesal, por existir uno legalmente establecido, sino porque se alteraría incluso la competencia objetiva que viene atribuida por dicha Ley (art. 8.5º) a los Tribunales Superiores de Justicia. Ello no empece a que, efectivamente, cuando se aprecie una causa que atente contra el “orden público” deba actuarse en consecuencia y denegar la ejecución. Así sucede, v.gr., en los supuestos en que pudiera apreciarse la existencia de cláusulas abusivas ignoradas en el laudo o cualesquiera otras contravenciones en el mismo que contravinieran los más elementales principios de justicia. Tal posibilidad vendría incluso amparada por lo dispuesto en el art.11.2º LOPJ . Obviamente, tampoco procederá el despacho en caso de que se hubiera resuelto y se pretendiera la ejecución de cuestiones no susceptibles de arbitraje sobre las que no existe libre disposición (lo cual es una manifestación más del orden público) o cuando se pretenda la ejecución de cuestiones no decididas en el laudo”.

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Se admite que el laudo está motivado, aunque la motivación no sea muy extensa, máxime cuando se trate de un arbitraje de equidad

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de abril de 2017, desestima una acción de anulación de un laudo pronunciado por la Junta Arbitral Regional de Consumo de la Comunidad de Madrid. Para El TSJ “no hay incongruencia, y en relación a la motivación del Laudo, si bien la misma no es muy extensa, sí suficiente, ya que no podemos obviar que estamos ante un arbitraje de equidad (ex aequo et bono) que significa de acuerdo con lo correcto y lo bueno, o desde la equidad y la conciencia, que se da cuando el Tribunal Arbitral resuelve conforme a sus conocimientos profesionales y técnicos, y puede actuar corrigiendo importantes asimetrías o desigualdades que debidamente justificadas le permiten apartarse de la norma jurídica general, que para un caso específico puede no ser aplicable. De tal manera que las bases de equidad parten de los hechos, los que se evalúan y justifican (pueden derivarse de métodos o técnicas conocidas en el sector) una determinada decisión considerando inclusive las particularidades de la controversia planteada”.

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La cláusula arbitral contraria al número impar de árbitros, en cuanto imperativo legal, es nula, como también lo son los laudos dictados al amparo de tal cláusula

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de abril de 2017, decretó la anulación íntegra de un Laudo dictado por la Junta Arbitral del Transporte de la Comunidad de Madrid por infracción del orden público -art. 41.1º.f) LA-, puesto que el Laudo, dictado por un colegio arbitral como el reseñado, vulnera dos preceptos constitucionales, cuya infracción sin duda es subsumible en el citado art. 41.1º.f): los arts. 9.3º -principio de jerarquía normativa- y 14 -principio de igualdad. En concreto considera la Sala que el laudo se dictó “en aplicación de una norma reglamentaria que, en su tenor literal, entraña una vulneración del principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE ) al contravenir frontalmente y sin habilitación legal el art. 12.1 de la vigente LA -así como el art. 13 LA de 1988, vigente en el momento de dictarse el ROTT-. Considera, además, que la cláusula arbitral contraria al número impar de árbitros, en cuanto imperativo legal, es nula, como también lo son los laudos dictados al amparo de tales cláusulas.

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