Autor: cima

Con la participación de 42 autores y el patrocinio de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje aparece el libro sobre «El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional», tras sus recientes decisiones

El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional

Los diferentes pronunciamientos del TC en relación con el arbitraje en España, despejan cualquier duda en torno a la seguridad jurídica de nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerzan el principio de mínima intervención judicial.


 José Carlos Fernández Rozas

Prólogo: Juan Serrada Hierro
 Mayo 2021
 256 págs.
 978-84-123132-2-2
 978-84-123132-3-9

Libro patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

El Tribunal Constitucional completa en su Sentencia 17/2021, de 15 de febrero la tendencia iniciada en su decisión 46/2020, 15 de junio de 2021 contra la doctrina emanada del TSJ de Madrid. Por un lado, fija el ámbito del orden público en el control de los laudos arbitrales y el alcance de la motivación del árbitro al pronunciar su decisión y establece, por otro lado, nuevos parámetros en la configuración constitucional del arbitraje, superadores de la hasta ahora aceptada noción de «equivalente jurisdiccional».

El libro reúne aportaciones de juristas de reconocido prestigio de las referidas decisiones del Tribunal Constitucional para el desarrollo del arbitraje en España, despeja cualquier duda en torno a la seguridad jurídica sobre nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerza el principio de mínima intervención judicial. Semejante aportación, que restituye la «normalidad arbitral» en España frente a una indeseada extralimitación de los jueces en el control de los laudos, ha movido a la elaboración de la presente obra colectiva en torno al contenido y al alcance de la referida doctrina constitucional.

Ha contado esta iniciativa editorial con una respuesta verdaderamente entusiasta, reuniendo cuarenta contribuciones que abordan la materia acordada desde distintas perspectivas. En este libro han colaborado juristas de reconocido prestigio en el mundo arbitral de muy diversa procedencia: judicatura, centros administradores de arbitraje, árbitros, juristas dedicados a la práctica arbitral, y profesores universitarios. La diversidad de enfoques efectuada confieren una nota de exhaustividad imprescindible para la comprensión de los nuevos derroteros del arbitraje en España.

Sumario

Prólogo, Juan Serrada Hierro, Presidente de la Corte Civil y Mercantil de arbitraje

  • “El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y su terminante reconocimiento en las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio, y 17/2001, de 15 de febrero”, Pascual Sala Sánchez, Socio Consultor de Roca Junyent, Expresidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas
  • “Despejadas las dudas en orden a la seguridad jurídica del arbitraje en España y a su posición como sede internacional”, José María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Árbitro internacional
  • “Sobre los inciertos límites al control jurisdiccional de la motivación del laudo y sobre el espaldarazo cierto del Tribunal Constitucional al arbitraje”, Santiago Álvarez González, Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela
  • “El Tribunal Constitucional reafirma el principio de mínima intervención de los órganos jurisdiccionales en el arbitraje”, Gonzalo Ardila, Socio, Hogan Lovells
  • “El Tribunal Constitucional refuerza el principio de seguridad jurídica frente a la extralimitación de los jueces en el control de los laudos”, María Arias Navarro, Counsel de la Corte Española de Arbitraje.  Abogado
  • “Dos sentencias inseparables”, José Antonio Caínzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
  • “El ‘orden público’ como motivo de anulación del laudo arbitral en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Fernando Castedo, Abogado del Estado. Director del Bufete Castedo. Árbitro de CIMA
  • “Una reflexión sobre la constitucionalización del arbitraje, a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado. Director y árbitro de CIMA
  • “Comentarios a vuelapluma de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021” Luis María Cazorla, Catedrático. Abogado del Estado, Letrado de las Cortes Generales, Árbitro internacional
  • “Firme afianzamiento del arbitraje en la doctrina constitucional española. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero 2021”, Bernardo Mª Cremades, Socio Fundador del Despacho Cremades & Asociados. Catedrático. Académico de número de la RAJYLE. Árbitro internacional
  • “Regreso a la normalidad arbitral. Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021”, Carlos de los Santos, Director del Departamento de litigación y arbitraje de Garrigues. Presidente del Club Español del Arbitraje
  • “Un auténtico soplo de aire fresco para el arbitraje”, Juli De Miquel Berenguer, Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona
  • “El Constitucional rescata la autonomía del arbitraje”, Urquiola De Palacio, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid
  • “Reflexiones a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Juan Fernández Armesto y Alba Briones Martín, Armesto & Asociados
  • “La acción de anulación de los laudos recupera sus perfiles privativos”, Ana Fernández Pérez, Árbitra y mediadora. Profesora titular y Directora del Master de Arbitraje Comercial y de Inversiones de la Universidad de Alcalá
  • “El Tribunal Constitucional restablece la ortodoxia en el control judicial de los laudos arbitrales”,  José Carlos Fernández Rozas, Director de la Revista La Ley: Mediación y Arbitraje.  Árbitro y mediador internacional
  • Coup de maître del Tribunal Constitucional en respaldo al arbitraje con sede en España. (O del coup de grâce al elefante que teníamos en el salón)”, Javier Fernández–Samaniego, Abogado, árbitro y mediador Internacional. Conciliador designado por España para el CIADI (período 2020-2026)
  • “La progresiva delimitación del alcance de la acción de anulación. Tres notas sobre las conclusiones que derivan de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis García del Río, Abogado del Estado (ex.). Socio DRL Abogados
  • “Garantía constitucional de la autonomía de la voluntad y su consustancialidad con el arbitraje”, José Daniel González Torres, Asociado Senior. Área de Derecho Público. Broseta Abogados
  • “Deber de motivación de los árbitros. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado de Estado (ex.). Árbitro internacional
  • “Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la acción de anulación contra los laudos arbitrales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, 15 de febrero”, Rafael Hinojosa Segovia, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid
  • “El estándar aplicable al deber de motivación del laudo bajo el art. 37.4º de la ley de arbitraje, a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Alfonso Iglesia, Socio, Cuatrecasas y Lucía Montes, Asociada sénior, Cuatrecasas.
  • “Detrás de una gran sentencia siempre hay un gran abogado/a”, Javier Íscar de Hoyos, Socio Director Íscar Arbitraje. Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR
  • “Un buen año”, Josep Maria Julià Insenser, Abogado. Fundador de Delegaltessen. Árbitro internacional
  • “Que del juicio de los avenidores no se puede ninguno alzar (Ley XXXV , Título IV de la Partida Tercera del Código de las Siete Partidas)”, Luis Martí Mingarro, Abogado. Académico de número de la RAJYLE
  • “El orden público material en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021”, Santiago Martínez–Lage, Árbitro internacional
  • “Los motivos de anulación de laudos: dudas resueltas por el Tribunal Constitucional”, María José Menéndez Arias, Socia de Ashurst LLP – Fellow of the Chartered  Institute of Arbitrators
  • “Punto final al ejercicio exorbitante del control judicial del laudo: Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de febrero de 2021”, José Fernando Merino Merchán, Árbitro internacional
  • “La sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. Orden público y Convenio de Nueva York”, Félix J. Montero y Álvaro Villalón, Pérez-Llorca Abogados
  • “Estándar de prueba en el arbitraje a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Frederic Munné Catarina, Abogado. Presidente del Centro ADR del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Vocal del TAB
  • “Espaldarazo del Tribunal Constitucional al arbitraje en España”, José Juan Pintó Sala, Presidente de la firma de abogados Pintó Ruiz & Del Valle
  • “Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al orden público: una aproximación general”, Francisco G. Prol Pérez, Abogado y árbitro internacional
  • “El arbitraje en España y su pleno reconocimiento en la doctrina constitucional. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrero”, Jesús Remón, Socio de Uría Menéndez. Presidente de Honor del Club Español del Arbitraje
  • “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Íñigo Rodríguez–Sastre, Socio en Andersen
  • “Libertad y arbitraje: un binomio inseparable: Comentarios a la STC 15 de febrero de 2021”, Francisco Ruiz Risueño, Árbitro. Secretario General de CIMA
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021 o qué hay de verdad en la ‘equivalencia jurisdiccional’ del arbitraje”, Sixto A. Sánchez Lorenzo, Catedrático de DIPr. Universidad de Granada. Secretario General del IHLADI. Árbitro internacional
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021: una clara lanza en favor del arbitraje y algunas cuestiones por aclarar”, Elena Sevila Sánchez, Directora en el área de arbitraje internacional en Andersen
  • Satis superque, o del aparente y esperado final de una anomalía arbitral española: la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Pedro Tent Alonso, Socio en el Departamento de Litigación y Arbitraje de J&A Garrigues, S.L.P. (Valencia); Profesor Asociado de DIPr
  • “Qué quería decir el Tribunal Constitucional con el ‘equivalente jurisdiccional’”, Antonio Vázquez Guillén, Socio co-director de Allen & Overy España
  • “Con ustedes la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021, ¿y ahora qué?”, Rosa María Vidal Monferrer, Abogada del Estado (ex). Socia Directora Broseta Abogados. Árbitro CIMA

Fuente: https://fernandezrozas.com/

LA STC 46/2020 introdujo un giro trascendental en lo que había sido la tesis del TSJ de Madrid en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación (Sentencias TSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de enero de 2021 (ponente: Francisco José Goyena Salgado) aplica la doctrina emanada del Tribunal Constituciones en torno al allanamiento y al desistimiento de la acción de anulación contra un laudo arbitral, con las siguientes consideraciones:

«(…) Cierto es que, de conformidad con lo previsto en el art. 21.1º LEC , aplicable al procedimiento en el que nos encontramos (art. 42.2), «Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.» Al aplicar esta institución a la acción de nulidad de un Laudo arbitral, esta Sala vino declarando en constantes pronunciamientos que «por la naturaleza de la acción de anulación … en esta clase de procesos no cabe el allanamiento propiamente dicho, como acto vinculante para el Tribunal, puesto que la nulidad de un Laudo, como la de una Sentencia, se supedita ope legis a la verificación por el Tribunal de la concurrencia de alguna de las causas tasadas de anulación ex art. 41.1 LA -causas de anulación cuya existencia no es disponible ni puede derivar del común acuerdo de las partes;» (STSJM de 2 de julio de 2019). Con mayor detalle se dijo en la STSJM de 13 de diciembre de 2018 que: «se hace preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, y que de ese poder de disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción, la sumisión a arbitraje o mediación ( art. 19.1 LEC), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las partes para acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -obvio es decirlo- a que el objeto del juicio, la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones de interés general o en beneficio de tercero ( art. 19.1º LEC ). En este sentido, hemos dicho con igual reiteración que no cabe ignorar que la pretensión ejercitada es la anulación de un laudo -no, propiamente, la controversia de que éste trae causa- , la cual solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente y en virtud de una causa legalmente establecida (art. 41 LA): pretensión que, ope legis, exige su adopción por Sentencia judicial tras el correspondiente proceso…; conclusión insoslayable, por otra parte, pues resulta totalmente coherente con la naturaleza de «equivalente jurisdiccional» que ostenta el arbitraje y con la fuerza de cosa juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA). Pues bien, olvidan las partes que la acción de anulación del Laudo no subviene solo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de un Laudo, una vez suscitada ante el Tribunal competente, no es materia disponible: la Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el allanamiento ni la transacción sobre la validez de un Laudo (v.gr., SS. 65/2015, de 17.9 y 13/2016, de 9.2º; y Auto de 20 de julio de 2016 –. Qué duda cabe de que existe un interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda dar lugar a la anulación del laudo… Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo, esto es, en su condición de «equivalente jurisdiccional» (reiterada, una vez más, por el Tribunal Constitucional en su reciente STC 1/2018, de 11 de enero): cabalmente, no cabe defender la eliminación del ordenamiento jurídico -por revisión o por declaración de nulidad- de una sentencia firme porque las partes así lo quieran o lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto… Pues lo mismo se ha de mantener sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo…». Y prosigue la misma Sentencia afirmando -entre otras referencias a las formas no habituales de conclusión del proceso que: «En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no se puede disponer por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre o no la lesión de intereses tan generales que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal el deber de salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la prescripción terminante del art. 41.º2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes». Imprescindible resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC 46/2020, de 6 de junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido manteniéndose por la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento arbitral en sentido estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público). Esta Sentencia introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis que ha quedado reflejada en los precedentes párrafos, en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación. Concretamente, al referirse a la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional: «Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, «Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones», pone ya de relieve cuál es la clave sustancial sobre la que gira el proceso civil». Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas «crisis procesales» se apartan de dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas. Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los arts. 19 y 20 LEC- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso, ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LEC). El allanamiento (art. 21) entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera) de 15-6-2020: «Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.» En igual sentido la STS de 11 marzo 2020. A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: » con independencia de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere que las partes acrediten su interés en litigar». Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) «en caso de petición unilateral de una de las partes, controvertida por la contraria», pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el supuesto que ahora nos compete resolver. Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en amparo, señala: » A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de «efecto dominó» que impediría a las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público…»» Atendida la anterior fundamentación, la citada sentencia de esta Sala, concluía: «QUINTO.- Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad de terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado sin matices por parte del demandado».

Vid. STSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021 (nº 63/2020) 

Fuente: https://fernandezrozas.com/

CIMA lanza un Servicio de Mediación

* La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje amplía su oferta de resolución de conflictos empresariales poniendo en marcha un procedimiento de mediación y un listado de mediadores

* El acto de presentación tendrá lugar el jueves 22 de abril a las 18:30h

Madrid, 14 de abril de 2021

La mediación como método de resolución de conflictos está ganando terreno a raíz de la pandemia ocasionada por la COVID-19, que ha incidido en el colapso de los tribunales y está propiciando la necesidad de renegociar contratos de manera rápida, económica y amistosa para las partes. En ese contexto, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), institución pionera en el ámbito del arbitraje comercial en España con más de 30 años de andadura, ha decidido poner en marcha un Servicio de Mediación poniendo en valor toda su experiencia en el ámbito de la resolución de controversias.

El Servicio de Mediación de CIMA nace con la vocación de administrar procedimientos de mediación para la resolución de controversias empresariales. Con este fin, ha confeccionado un Reglamento de Mediación plenamente adaptado a las exigencias de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que propugna la libre disposición de las partes sobre el procedimiento, adaptándose a las necesidades de la controversia y al enfoque de los intervinientes. El Reglamento tiene en la confidencialidad un pilar inamovible, y prevé unos innovadores y optativos servicios de postmediación con los que no cuenta ninguna otra institución de mediación en España: la opinión no vinculante, el seguimiento del eventual acuerdo resultante de la mediación y el apoyo en la protocolización de dicho acuerdo.

Asimismo, el Servicio de Mediación ha creado un listado de mediadores de CIMA de entre los cuales designa al mediador que actuará en cada procedimiento, a propuesta de las partes o -en su defecto- del Comité de Designaciones. El listado, compuesto inicialmente por una docena de mediadores, está integrado por juristas de reconocida competencia y probidad con al menos diez años de probada experiencia profesional en el ámbito jurídico o empresarial, todos ellos inscritos en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia y adheridos al Código de Conducta Europeo para Mediadores.

En lo concerniente a la arquitectura institucional del Servicio de Mediación, CIMA ha  querido  salvaguardar la estricta autonomía funcional de la actividad de mediación respecto de la de arbitraje.  Son dos los órganos de nueva creación exclusivamente dedicados al Servicio de Mediación: el Coordinador y el Comité de Designaciones.

  • El Comité de Designaciones está formado por cinco miembros. Lo preside JUAN SERRADA HIERRO en calidad de Presidente de CIMA, cuenta con PASCUAL SALA SÁNCHEZ (ex Presidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y CGPJ y del Tribunal de Cuentas) como Vicepresidente. Son Vocales JUAN CADARSO PALAU, Mª LUISA GARCÍA BLANCO y RAFAEL GARCÍA-PALENCIA CEBRIÁN.
  • El cargo de Coordinador del Servicio de Mediación ha recaído en JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, Catedrático y Director del Máster de Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. A él compete dirigir y coordinar el nuevo Servicio de Mediación de CIMA, impulsando los procedimientos de mediación y evaluando la actuación de los mediadores, así como velando por la calidad del Servicio, entre otras funciones.

El acto de presentación del Servicio de Mediación tendrá lugar el jueves 22 de abril a las 18:30h, a través de la plataforma Zoom con acceso libre previa inscripción. Contará con la intervención de JUAN SERRADA HIERRO, JOSÉ CARLOS FERNÁNDEZ ROZAS, Mª LUISA GARCÍA BLANCO, así como de JAVIER FERNÁNDEZ-SAMANIEGO, mediador de CIMA y Presidente de la Comisión de Designación de Mediadores del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), JOSÉ AMÉRIGO ALONSO, ex Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia y socio de Regulatorio en PwC Tax & Legal, y JUAN Mª DÍAZ FRAILE, Registrador de la Propiedad y Magistrado de la Sala Primera del Tribunal
Supremo.

El Servicio ya se encuentra plenamente operativo en la dirección electrónica mediacion@arbitrajecima.com, disponiendo de una pestaña dedicada en la web de CIMA (www.arbitrajecima.com) donde puede accederse al Reglamento de Mediación, al listado de mediadores y a los convenios modelo de sometimiento a mediación de CIMA.

 

Una nueva obra colectiva editada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje sobre “El laudo arbitral”

 

  • Título: El laudo arbitral
  • Fecha publicación:12/03/2021
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Colección Derecho Arbitral
  • 1ª Edición / 444 págs. / Rústica / / Libro
  • ISBN Papel: 9788413786612
  • ISBN Ebook: 9788413786629

En el año 2018, vio la luz el primer volumen, fruto de esta colaboración, que se refería a los Principios generales del arbitraje y que repasaba, con enorme rigor técnico, todos los principios básicos inspiradores de la actividad arbitral. Se trataba de una publicación que además estaba orientada desde un ángulo enormemente práctico, por lo que su consulta para el practicante del arbitraje ha venido resultando de gran utilidad. El segundo libro se publicó con motivo del 30 aniversario de la Corte, en el año 2019 y tuvo por título El Arbitraje y la buena administración de la justicia. En el mes de octubre ese año CIMA celebró su II Congreso de Arbitraje con la presencia de destacados ponentes del mundo arbitral. El libro recoge las aportaciones de 54 autores de la mayor calidad, en temas de actualidad. Abarcando desde los aspectos generales del arbitraje, las instituciones arbitrales y el procedimiento arbitral, hasta las relaciones entre jueces y árbitros y los arbitrajes especializados.

En este momento y dentro de un año especial, por la gran dificultad en la que se han tenido que
desenvolver todo tipo de actividades, asistimos a la presentación de un nuevo libro que lleva por
título El laudo arbitral y que está dirigido por Francisco Ruíz Risueño, Secretario General de CIMA y
por José Carlos Fernández Rozas, Catedrático y árbitro internacional.

El laudo arbitral, en cuanto realización del fin causal del convenio arbitral, es una decisión irrevocable que pone fin a una parte esencial del proceso arbitral, generalmente su parte final. Si dicho proceso es expresión de la voluntad de las partes de someter su controversia a la decisión de árbitros, el laudo que contiene esa decisión significa la consecución del fin perseguido por ellas en el negocio jurídico. Se configura como una institución jurídica trascendente que tiene una incidencia cada vez más relevante en los sistemas jurídicos internos y en el Derecho de los negocios internacionales. A diferencia de la sentencia jurisdiccional, no implica un acto de soberanía dictado por el poder público: si la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la competencia del árbitro viene dictaminada por la autonomía de la voluntad de las partes.

Es una obra ambiciosa que se estructura en tres grandes capítulos, que abarcan aspectos del mayor interés, con el sello de la calidad indudable que se deriva de la que tienen los propios autores. Tras una presentación a cargo de Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en presente libro agrupa contribuciones elaboradas por árbitros de reconocido prestigio: José Mª Ayala Muñoz, Juan Cadarso Palau, Juan Carlos Calvo Corbella, Luis Felipe Castresana Sánchez, Carlos De los Santos, Ana Fernández Pérez, José Carlos Fernández Rozas, Manuel Garayo Orbe, Miguel Gómez Jene, Alfonso Gómez–Acebo Muntañola, Rafael Hinojosa Segovia, José Miguel Júdice, José Fernando Merino Merchán, Francisco Ruiz Risueño, Sixto Sánchez Lorenzo,  Mª Cristina De Ulloa y Solís–Beaumont y Cristina Vidal Otero.

Tras un capítulo introductorio, a cargo de Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Consticional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas y en la actualidad árbitro de CIMA, sobre “Analogías y diferencias entre laudos arbitrales y sentencias judiciales”, el libro incluye un primer bloque, donde se analizan los distintos tipos de “Resoluciones emitidas por el Tribunal arbitral, desde las ordenes procesales y su significación en la tramitación del arbitraje hasta la decisión final, repasando distintas categorías de laudos (del árbitro de emergencia, el transaccional, el que decide sobre la competencia del árbitro, el dictado en rebeldía y finalmente, el laudo extranjero y el internacional). Cuestiones todas ligadas a la práctica diaria arbitral que concitan, sin duda, el interés y la atención de quienes se enfrentan a la necesidad de dictar este tipo de laudos, cada vez más comunes y numerosos.

Un segundo bloque de cuestiones está orientado a la “Deliberación arbitral”. Son temas tan sugerentes como la dinámica de las deliberaciones, el ámbito de la colegialidad o el secreto de las deliberaciones. Estos aspectos se completan con el comportamiento ético de los árbitros y con el papel del secretario del tribunal arbitral. Todo ello sitúa el foco en la esencia vibrante y siempre actual de la actuación arbitral y del desenvolvimiento del procedimiento. A todos estos planteamientos, se enfrenta el árbitro en el ejercicio normal de sus funciones y la solución cabal que adopte, en cada caso, contribuirá a la excelencia y acierto de sus decisiones.

Finalmente, la última rúbrica del Libro está dedicada al “Contenido y problemas del laudo arbitral”, el cual aborda los aspectos esenciales de lo que, sin duda, constituye el broche que cierra todo procedimiento arbitral y a cuya consecución va dirigido todo el entramado que se ha venido construyendo. En ella se estudian las características indispensables y básicas de la decisión adoptada por los árbitros, cuales son la redacción, la motivación y la congruencia del laudo. Se analiza la opinión disidente de algún miembro del tribunal, que tantos comentarios ha suscitado y sigue suscitando en la práctica arbitral. Resulta muy oportuna la reflexión sobre la naturaleza y efectos del escrutinio del laudo, que contribuye a dotar de mayor credibilidad a la institución. Importantes consecuencias prácticas pueden tener las Resoluciones relativas a la interpretación, y rectificación de los laudos, y al laudo adicional. De idéntico interés práctico resulta el pronunciamiento sobre las costas. Por último, la posibilidad de la impugnación opcional del laudo ante la Corte (admitida y regulada por el Reglamento de CIMA) es un tema que se presta al debate y por qué no decirlo, a la polémica, al haber quien considera que va en contra de uno de los principios inspiradores del arbitraje (“un solo tiro”), pero que, de otra parte, refleja con nitidez la vigencia de otro principio esencial en la materia, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes.

En definitiva, nos encontramos ante un abanico de enunciados que van a suscitar el interés y la reflexión de cuantos se enfrenten a tan apasionantes temas.. La aproximación al arbitraje es una tarea siempre inacabada, que en muchas ocasiones, implica la apertura de nuevos horizontes cuando se cierran o terminan los caminos que se transitaban. Esta característica es reflejo de la propia realidad sobre la que se asienta el arbitraje, que atiende a relaciones jurídicas y económicas siempre cambiantes y variables en sus planteamientos y desarrollos.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

ISDE y CIMA acuerdan la impartición del Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil

Los asociados de CIMA que superen el curso podrán inscribirse en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia

ISDE, centro de formación en Derecho líder en España, y CIMA, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, han acordado la impartición de un Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil para asociados de CIMA.

El Curso de Especialización en Mediación Civil y Mercantil cuenta con un claustro ISDE de excepción, dirigido por profesionales de Butts Associates y de Samaniego Law.

 

El programa académico, que cumple con los requisitos necesarios para la posterior inscripción de los participantes en el Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia, ha sido específicamente elaborado para los asociados de CIMA por un equipo de profesionales de primer nivel, miembros del claustro ISDE: Thelma Butts, directora ejecutiva de Butts Associates, especialista en prevención y gestión de conflictos, y experta mediadora en el entorno internacional, y Javier Fernández-Samaniego, conciliador designado por España para el CIADI del Banco Mundial y socio director de Samaniego Law, despacho especializado en resolución de conflictos y tecnologías. Completa el equipo académico Blas Piñar Guzmán, abogado sénior en Samaniego Law y especialista en la resolución de conflictos.

 

Durante el próximo mes de octubre, ISDE ofrecerá la oportunidad de ejercer las técnicas y estrategias de mediación, así como mejorar las habilidades personales de comunicación y negociación. Proporcionará conocimientos sobre dinámicas de conflicto y permitirá a todos los asistentes, siguiendo una formación eminentemente práctica y participativa, ser capaces de ayudar a las partes en conflicto a negociar acuerdos estables y efectivos. Con un total de diez simulacros asistidos por formadores mediadores profesionales, la posterior puesta en común enriquecerá el conocimiento del grupo.

 

Sobre ISDE:

ISDE es un centro universitario de formación jurídica, financiera y empresarial, impulsado por las principales firmas y empresas que operan tanto en España como a nivel mundial (KPMG, Deloitte, EY, PwC, Cuatrecasas, Uría Menéndez, Clifford Chance, Baker Mckenzie, Linklaters, Allen &Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert Smith Freehills, Clyde&Co, Broseta, Gómez-Acebo y Pombo, Osborne Clarke, Pérez-Llorca, Squire Patton Boggs, Ferrovial, El Corte Inglés, Mapfre y Grant Thornton) entre otras más de doscientas colaboradoras. ISDE está adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ofrece programas de grado y postgrado.

www.isde.es

 

Sobre CIMA:

CIMA es una Corte de Arbitraje constituida como una entidad de carácter asociativo privado que ofrece el servicio de resolución arbitral de controversias en materia civil y mercantil. Creada en julio de 1989 y con sede en Madrid, CIMA dispone en la actualidad de una completa relación de Árbitros de ámbito nacional e internacional, dotados de una cualificación profesional y una experiencia objetivamente demostradas. A todos ellos se les exigen los más rigurosos estándares de actuación, a través de una Comisión de Gobierno.

La Corte también puede, conforme a sus Estatutos, realizar funciones de mediación y concordia.

www.arbitrajecima.com

Clausura del curso de Verano Universidad de Alcalá 2020 (edición virtual): «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina», patrocinado por CIMA

Con un webinar dedicado al  Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, se clausuró el Curso de Verano de la Universidad de Alcalá dedicado a «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina«, dirigido por la profesora Ana Fernández Pérez, profesora de Derecho internacional de esa Universidad. El curso, de desarrolló entre los días 29 de junio y 3 de julio y estuvo patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

La presentación corrió a cargo del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y contó con una intervención de gran interés a cargo de Martín Sanz, Jesús, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Vicepresidente y Presidente de la Comisión de I+D+i de CEIM.

La modalidad virtual, debido a la actual pandemia ocasionada por Covid-19, permitió alternar las enseñanzas teóricas y prácticas con cuatro webinar, que fueron seguidos por varios centenares de participantes de Europa y América Latina: a) Próximos retos del arbitraje en Latinoamérica; b) Arbitraje y mediación: los nuevos retos de la abogacía; c) La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y d) El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina

El curso contó con la participación de un amplio panel de especialistas españoles y extranjeros: Bjorn Arp, American University, Washington College of Law, USA; José Antonio Cainzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid; Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado (ex.) Director de la CIMA; Ignacio Coloma Garrido, Secretario de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid; Adolfo Díaz-Ambrona, Abogado del Estado (ex.). Secretario General de la Cámara de Comercio de España y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático. Árbitro de CIMA y membro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje del ICAM; Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Samaniego Law, Miami, USA; Miguel Gómez Jene, Catedrático de la UNED, Consejero de Cuatrecasas; Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga Profesor agregado de Derecho internacional público Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; Enrique Linares Rodríguez, Doctor en Derecho, Stampa Abogados;  Alberto José Montezuma Chirinos, Socio del Estudio Montezuma Abogados, Perú; Dário Moura Vicente Catedrático de la Universidad de Lisboa. Presidente de la Associaçao Portuguesa de Arbitragem, Portugal; Elena Otero Novas, Abogada del Estado (ex.) Presidenta de la Corte Española de Arbitraje; Francisco G. Prol, Socio Director de Prol & Asociados Luis Fernando Rincón Cuellar, Ricón Cuellar & Asociados, Colombia Francisco Ruiz Risueño Abogado del Estado (ex.), Secretario General de CIMA; Sixto A. Sánchez Lorenzo Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. Secretario General de Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional. Árbitro de CIMA; Walker San Miguel, San Miguel abogados, Bolivia; Juan Serrada Hierro, Abogado del Estado (ex.), Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; Carlos Alberto Soto Coaguila Árbitro y Profesor de Derecho Civil y Arbitraje. Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI. Fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, Perú; Gonzalo Stampa Casas, Doctor en Derecho, Socio Director de Stampa Abogados; Ricardo Vásquez Urra, Socio Fundador Vásquez Urra Abogados, Chile.

 

Fuente: https://fernandezrozas.com/

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, al tiempo que incorpora medios telemáticos de última generación, avanza en sus gestiones para propiciar que pueda prestar servicios de mediación

En una nota informativa de 18 de mayo de 2010 el Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Juan Serrada Hierro, anunció los acuerdos adoptados por su Comisión de Gobierno en espera que  el Gobierno resuelva la terminación del estado de alarma, y pueda reiniciarse  la actividad ordinaria de la Corte

Entre otras cuestiones la Comisión de Gobierno acordó iniciar las gestiones encaminadas a propiciar que CIMA pueda prestar el servicio de mediación, cuya posibilidad prevén expresamente los Estatutos. Esta posibilidad puede constituir un camino complementario y útil de actividad ofrecida por la Corte, que se puede demandar a la vista de las circunstancias actuales. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid está igualmente trabajando en esta dirección, en relación con la mediación internacional.

La Comisión valoró muy positivamente los importantes avances realizados por CIMA en relación con la utilización de medios telemáticos para la modernización de sus sistemas de actuación, y que van en una doble dirección. De un lado, la instalación de el sistema de comunicación por videoconferencia denominado Microsoft Teams, que permitirá, con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, la realización de reuniones y audiencias presenciales, con la participación simultánea de hasta 300 personas. Dicho servicio está ya en pleno funcionamiento. De otro lado, CIMA ha suscrito un convenio con HighQ Netherlands BV‐Thomsons Reuters por el que se incorporamos a una plataforma digital que permitirá el seguimiento y llevanza individualizada de cada arbitraje, de modo que tanto los árbitros, como las partes puedan tener acceso exclusivo, personal y directo, de modo telemático, a los arbitrajes que se estén tramitando. Es un sistema moderno y prácticamente pionero en el mundo del arbitraje, del que esperamos los mejores resultados.

Fuente: https://fernandezrozas.com/