Categoría: Actualidad Arbitral

Con la participación de 42 autores y el patrocinio de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje aparece el libro sobre «El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional», tras sus recientes decisiones

El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional

Los diferentes pronunciamientos del TC en relación con el arbitraje en España, despejan cualquier duda en torno a la seguridad jurídica de nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerzan el principio de mínima intervención judicial.


 José Carlos Fernández Rozas

Prólogo: Juan Serrada Hierro
 Mayo 2021
 256 págs.
 978-84-123132-2-2
 978-84-123132-3-9

Libro patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

El Tribunal Constitucional completa en su Sentencia 17/2021, de 15 de febrero la tendencia iniciada en su decisión 46/2020, 15 de junio de 2021 contra la doctrina emanada del TSJ de Madrid. Por un lado, fija el ámbito del orden público en el control de los laudos arbitrales y el alcance de la motivación del árbitro al pronunciar su decisión y establece, por otro lado, nuevos parámetros en la configuración constitucional del arbitraje, superadores de la hasta ahora aceptada noción de «equivalente jurisdiccional».

El libro reúne aportaciones de juristas de reconocido prestigio de las referidas decisiones del Tribunal Constitucional para el desarrollo del arbitraje en España, despeja cualquier duda en torno a la seguridad jurídica sobre nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerza el principio de mínima intervención judicial. Semejante aportación, que restituye la «normalidad arbitral» en España frente a una indeseada extralimitación de los jueces en el control de los laudos, ha movido a la elaboración de la presente obra colectiva en torno al contenido y al alcance de la referida doctrina constitucional.

Ha contado esta iniciativa editorial con una respuesta verdaderamente entusiasta, reuniendo cuarenta contribuciones que abordan la materia acordada desde distintas perspectivas. En este libro han colaborado juristas de reconocido prestigio en el mundo arbitral de muy diversa procedencia: judicatura, centros administradores de arbitraje, árbitros, juristas dedicados a la práctica arbitral, y profesores universitarios. La diversidad de enfoques efectuada confieren una nota de exhaustividad imprescindible para la comprensión de los nuevos derroteros del arbitraje en España.

Sumario

Prólogo, Juan Serrada Hierro, Presidente de la Corte Civil y Mercantil de arbitraje

  • “El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y su terminante reconocimiento en las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio, y 17/2001, de 15 de febrero”, Pascual Sala Sánchez, Socio Consultor de Roca Junyent, Expresidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas
  • “Despejadas las dudas en orden a la seguridad jurídica del arbitraje en España y a su posición como sede internacional”, José María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Árbitro internacional
  • “Sobre los inciertos límites al control jurisdiccional de la motivación del laudo y sobre el espaldarazo cierto del Tribunal Constitucional al arbitraje”, Santiago Álvarez González, Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela
  • “El Tribunal Constitucional reafirma el principio de mínima intervención de los órganos jurisdiccionales en el arbitraje”, Gonzalo Ardila, Socio, Hogan Lovells
  • “El Tribunal Constitucional refuerza el principio de seguridad jurídica frente a la extralimitación de los jueces en el control de los laudos”, María Arias Navarro, Counsel de la Corte Española de Arbitraje.  Abogado
  • “Dos sentencias inseparables”, José Antonio Caínzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
  • “El ‘orden público’ como motivo de anulación del laudo arbitral en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Fernando Castedo, Abogado del Estado. Director del Bufete Castedo. Árbitro de CIMA
  • “Una reflexión sobre la constitucionalización del arbitraje, a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado. Director y árbitro de CIMA
  • “Comentarios a vuelapluma de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021” Luis María Cazorla, Catedrático. Abogado del Estado, Letrado de las Cortes Generales, Árbitro internacional
  • “Firme afianzamiento del arbitraje en la doctrina constitucional española. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero 2021”, Bernardo Mª Cremades, Socio Fundador del Despacho Cremades & Asociados. Catedrático. Académico de número de la RAJYLE. Árbitro internacional
  • “Regreso a la normalidad arbitral. Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021”, Carlos de los Santos, Director del Departamento de litigación y arbitraje de Garrigues. Presidente del Club Español del Arbitraje
  • “Un auténtico soplo de aire fresco para el arbitraje”, Juli De Miquel Berenguer, Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona
  • “El Constitucional rescata la autonomía del arbitraje”, Urquiola De Palacio, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid
  • “Reflexiones a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Juan Fernández Armesto y Alba Briones Martín, Armesto & Asociados
  • “La acción de anulación de los laudos recupera sus perfiles privativos”, Ana Fernández Pérez, Árbitra y mediadora. Profesora titular y Directora del Master de Arbitraje Comercial y de Inversiones de la Universidad de Alcalá
  • “El Tribunal Constitucional restablece la ortodoxia en el control judicial de los laudos arbitrales”,  José Carlos Fernández Rozas, Director de la Revista La Ley: Mediación y Arbitraje.  Árbitro y mediador internacional
  • Coup de maître del Tribunal Constitucional en respaldo al arbitraje con sede en España. (O del coup de grâce al elefante que teníamos en el salón)”, Javier Fernández–Samaniego, Abogado, árbitro y mediador Internacional. Conciliador designado por España para el CIADI (período 2020-2026)
  • “La progresiva delimitación del alcance de la acción de anulación. Tres notas sobre las conclusiones que derivan de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis García del Río, Abogado del Estado (ex.). Socio DRL Abogados
  • “Garantía constitucional de la autonomía de la voluntad y su consustancialidad con el arbitraje”, José Daniel González Torres, Asociado Senior. Área de Derecho Público. Broseta Abogados
  • “Deber de motivación de los árbitros. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado de Estado (ex.). Árbitro internacional
  • “Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la acción de anulación contra los laudos arbitrales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, 15 de febrero”, Rafael Hinojosa Segovia, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid
  • “El estándar aplicable al deber de motivación del laudo bajo el art. 37.4º de la ley de arbitraje, a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Alfonso Iglesia, Socio, Cuatrecasas y Lucía Montes, Asociada sénior, Cuatrecasas.
  • “Detrás de una gran sentencia siempre hay un gran abogado/a”, Javier Íscar de Hoyos, Socio Director Íscar Arbitraje. Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR
  • “Un buen año”, Josep Maria Julià Insenser, Abogado. Fundador de Delegaltessen. Árbitro internacional
  • “Que del juicio de los avenidores no se puede ninguno alzar (Ley XXXV , Título IV de la Partida Tercera del Código de las Siete Partidas)”, Luis Martí Mingarro, Abogado. Académico de número de la RAJYLE
  • “El orden público material en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021”, Santiago Martínez–Lage, Árbitro internacional
  • “Los motivos de anulación de laudos: dudas resueltas por el Tribunal Constitucional”, María José Menéndez Arias, Socia de Ashurst LLP – Fellow of the Chartered  Institute of Arbitrators
  • “Punto final al ejercicio exorbitante del control judicial del laudo: Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de febrero de 2021”, José Fernando Merino Merchán, Árbitro internacional
  • “La sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. Orden público y Convenio de Nueva York”, Félix J. Montero y Álvaro Villalón, Pérez-Llorca Abogados
  • “Estándar de prueba en el arbitraje a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Frederic Munné Catarina, Abogado. Presidente del Centro ADR del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Vocal del TAB
  • “Espaldarazo del Tribunal Constitucional al arbitraje en España”, José Juan Pintó Sala, Presidente de la firma de abogados Pintó Ruiz & Del Valle
  • “Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al orden público: una aproximación general”, Francisco G. Prol Pérez, Abogado y árbitro internacional
  • “El arbitraje en España y su pleno reconocimiento en la doctrina constitucional. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrero”, Jesús Remón, Socio de Uría Menéndez. Presidente de Honor del Club Español del Arbitraje
  • “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Íñigo Rodríguez–Sastre, Socio en Andersen
  • “Libertad y arbitraje: un binomio inseparable: Comentarios a la STC 15 de febrero de 2021”, Francisco Ruiz Risueño, Árbitro. Secretario General de CIMA
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021 o qué hay de verdad en la ‘equivalencia jurisdiccional’ del arbitraje”, Sixto A. Sánchez Lorenzo, Catedrático de DIPr. Universidad de Granada. Secretario General del IHLADI. Árbitro internacional
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021: una clara lanza en favor del arbitraje y algunas cuestiones por aclarar”, Elena Sevila Sánchez, Directora en el área de arbitraje internacional en Andersen
  • Satis superque, o del aparente y esperado final de una anomalía arbitral española: la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Pedro Tent Alonso, Socio en el Departamento de Litigación y Arbitraje de J&A Garrigues, S.L.P. (Valencia); Profesor Asociado de DIPr
  • “Qué quería decir el Tribunal Constitucional con el ‘equivalente jurisdiccional’”, Antonio Vázquez Guillén, Socio co-director de Allen & Overy España
  • “Con ustedes la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021, ¿y ahora qué?”, Rosa María Vidal Monferrer, Abogada del Estado (ex). Socia Directora Broseta Abogados. Árbitro CIMA

Fuente: https://fernandezrozas.com/

LA STC 46/2020 introdujo un giro trascendental en lo que había sido la tesis del TSJ de Madrid en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación (Sentencias TSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de enero de 2021 (ponente: Francisco José Goyena Salgado) aplica la doctrina emanada del Tribunal Constituciones en torno al allanamiento y al desistimiento de la acción de anulación contra un laudo arbitral, con las siguientes consideraciones:

«(…) Cierto es que, de conformidad con lo previsto en el art. 21.1º LEC , aplicable al procedimiento en el que nos encontramos (art. 42.2), «Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.» Al aplicar esta institución a la acción de nulidad de un Laudo arbitral, esta Sala vino declarando en constantes pronunciamientos que «por la naturaleza de la acción de anulación … en esta clase de procesos no cabe el allanamiento propiamente dicho, como acto vinculante para el Tribunal, puesto que la nulidad de un Laudo, como la de una Sentencia, se supedita ope legis a la verificación por el Tribunal de la concurrencia de alguna de las causas tasadas de anulación ex art. 41.1 LA -causas de anulación cuya existencia no es disponible ni puede derivar del común acuerdo de las partes;» (STSJM de 2 de julio de 2019). Con mayor detalle se dijo en la STSJM de 13 de diciembre de 2018 que: «se hace preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, y que de ese poder de disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción, la sumisión a arbitraje o mediación ( art. 19.1 LEC), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las partes para acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -obvio es decirlo- a que el objeto del juicio, la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones de interés general o en beneficio de tercero ( art. 19.1º LEC ). En este sentido, hemos dicho con igual reiteración que no cabe ignorar que la pretensión ejercitada es la anulación de un laudo -no, propiamente, la controversia de que éste trae causa- , la cual solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente y en virtud de una causa legalmente establecida (art. 41 LA): pretensión que, ope legis, exige su adopción por Sentencia judicial tras el correspondiente proceso…; conclusión insoslayable, por otra parte, pues resulta totalmente coherente con la naturaleza de «equivalente jurisdiccional» que ostenta el arbitraje y con la fuerza de cosa juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA). Pues bien, olvidan las partes que la acción de anulación del Laudo no subviene solo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de un Laudo, una vez suscitada ante el Tribunal competente, no es materia disponible: la Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el allanamiento ni la transacción sobre la validez de un Laudo (v.gr., SS. 65/2015, de 17.9 y 13/2016, de 9.2º; y Auto de 20 de julio de 2016 –. Qué duda cabe de que existe un interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda dar lugar a la anulación del laudo… Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo, esto es, en su condición de «equivalente jurisdiccional» (reiterada, una vez más, por el Tribunal Constitucional en su reciente STC 1/2018, de 11 de enero): cabalmente, no cabe defender la eliminación del ordenamiento jurídico -por revisión o por declaración de nulidad- de una sentencia firme porque las partes así lo quieran o lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto… Pues lo mismo se ha de mantener sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo…». Y prosigue la misma Sentencia afirmando -entre otras referencias a las formas no habituales de conclusión del proceso que: «En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no se puede disponer por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre o no la lesión de intereses tan generales que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal el deber de salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la prescripción terminante del art. 41.º2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes». Imprescindible resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC 46/2020, de 6 de junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido manteniéndose por la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento arbitral en sentido estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público). Esta Sentencia introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis que ha quedado reflejada en los precedentes párrafos, en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación. Concretamente, al referirse a la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional: «Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, «Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones», pone ya de relieve cuál es la clave sustancial sobre la que gira el proceso civil». Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas «crisis procesales» se apartan de dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas. Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los arts. 19 y 20 LEC- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso, ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LEC). El allanamiento (art. 21) entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera) de 15-6-2020: «Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.» En igual sentido la STS de 11 marzo 2020. A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: » con independencia de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere que las partes acrediten su interés en litigar». Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) «en caso de petición unilateral de una de las partes, controvertida por la contraria», pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el supuesto que ahora nos compete resolver. Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en amparo, señala: » A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de «efecto dominó» que impediría a las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público…»» Atendida la anterior fundamentación, la citada sentencia de esta Sala, concluía: «QUINTO.- Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad de terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado sin matices por parte del demandado».

Vid. STSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021 (nº 63/2020) 

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Una nueva obra colectiva editada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje sobre “El laudo arbitral”

 

  • Título: El laudo arbitral
  • Fecha publicación:12/03/2021
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Colección Derecho Arbitral
  • 1ª Edición / 444 págs. / Rústica / / Libro
  • ISBN Papel: 9788413786612
  • ISBN Ebook: 9788413786629

En el año 2018, vio la luz el primer volumen, fruto de esta colaboración, que se refería a los Principios generales del arbitraje y que repasaba, con enorme rigor técnico, todos los principios básicos inspiradores de la actividad arbitral. Se trataba de una publicación que además estaba orientada desde un ángulo enormemente práctico, por lo que su consulta para el practicante del arbitraje ha venido resultando de gran utilidad. El segundo libro se publicó con motivo del 30 aniversario de la Corte, en el año 2019 y tuvo por título El Arbitraje y la buena administración de la justicia. En el mes de octubre ese año CIMA celebró su II Congreso de Arbitraje con la presencia de destacados ponentes del mundo arbitral. El libro recoge las aportaciones de 54 autores de la mayor calidad, en temas de actualidad. Abarcando desde los aspectos generales del arbitraje, las instituciones arbitrales y el procedimiento arbitral, hasta las relaciones entre jueces y árbitros y los arbitrajes especializados.

En este momento y dentro de un año especial, por la gran dificultad en la que se han tenido que
desenvolver todo tipo de actividades, asistimos a la presentación de un nuevo libro que lleva por
título El laudo arbitral y que está dirigido por Francisco Ruíz Risueño, Secretario General de CIMA y
por José Carlos Fernández Rozas, Catedrático y árbitro internacional.

El laudo arbitral, en cuanto realización del fin causal del convenio arbitral, es una decisión irrevocable que pone fin a una parte esencial del proceso arbitral, generalmente su parte final. Si dicho proceso es expresión de la voluntad de las partes de someter su controversia a la decisión de árbitros, el laudo que contiene esa decisión significa la consecución del fin perseguido por ellas en el negocio jurídico. Se configura como una institución jurídica trascendente que tiene una incidencia cada vez más relevante en los sistemas jurídicos internos y en el Derecho de los negocios internacionales. A diferencia de la sentencia jurisdiccional, no implica un acto de soberanía dictado por el poder público: si la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la competencia del árbitro viene dictaminada por la autonomía de la voluntad de las partes.

Es una obra ambiciosa que se estructura en tres grandes capítulos, que abarcan aspectos del mayor interés, con el sello de la calidad indudable que se deriva de la que tienen los propios autores. Tras una presentación a cargo de Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en presente libro agrupa contribuciones elaboradas por árbitros de reconocido prestigio: José Mª Ayala Muñoz, Juan Cadarso Palau, Juan Carlos Calvo Corbella, Luis Felipe Castresana Sánchez, Carlos De los Santos, Ana Fernández Pérez, José Carlos Fernández Rozas, Manuel Garayo Orbe, Miguel Gómez Jene, Alfonso Gómez–Acebo Muntañola, Rafael Hinojosa Segovia, José Miguel Júdice, José Fernando Merino Merchán, Francisco Ruiz Risueño, Sixto Sánchez Lorenzo,  Mª Cristina De Ulloa y Solís–Beaumont y Cristina Vidal Otero.

Tras un capítulo introductorio, a cargo de Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Consticional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas y en la actualidad árbitro de CIMA, sobre “Analogías y diferencias entre laudos arbitrales y sentencias judiciales”, el libro incluye un primer bloque, donde se analizan los distintos tipos de “Resoluciones emitidas por el Tribunal arbitral, desde las ordenes procesales y su significación en la tramitación del arbitraje hasta la decisión final, repasando distintas categorías de laudos (del árbitro de emergencia, el transaccional, el que decide sobre la competencia del árbitro, el dictado en rebeldía y finalmente, el laudo extranjero y el internacional). Cuestiones todas ligadas a la práctica diaria arbitral que concitan, sin duda, el interés y la atención de quienes se enfrentan a la necesidad de dictar este tipo de laudos, cada vez más comunes y numerosos.

Un segundo bloque de cuestiones está orientado a la “Deliberación arbitral”. Son temas tan sugerentes como la dinámica de las deliberaciones, el ámbito de la colegialidad o el secreto de las deliberaciones. Estos aspectos se completan con el comportamiento ético de los árbitros y con el papel del secretario del tribunal arbitral. Todo ello sitúa el foco en la esencia vibrante y siempre actual de la actuación arbitral y del desenvolvimiento del procedimiento. A todos estos planteamientos, se enfrenta el árbitro en el ejercicio normal de sus funciones y la solución cabal que adopte, en cada caso, contribuirá a la excelencia y acierto de sus decisiones.

Finalmente, la última rúbrica del Libro está dedicada al “Contenido y problemas del laudo arbitral”, el cual aborda los aspectos esenciales de lo que, sin duda, constituye el broche que cierra todo procedimiento arbitral y a cuya consecución va dirigido todo el entramado que se ha venido construyendo. En ella se estudian las características indispensables y básicas de la decisión adoptada por los árbitros, cuales son la redacción, la motivación y la congruencia del laudo. Se analiza la opinión disidente de algún miembro del tribunal, que tantos comentarios ha suscitado y sigue suscitando en la práctica arbitral. Resulta muy oportuna la reflexión sobre la naturaleza y efectos del escrutinio del laudo, que contribuye a dotar de mayor credibilidad a la institución. Importantes consecuencias prácticas pueden tener las Resoluciones relativas a la interpretación, y rectificación de los laudos, y al laudo adicional. De idéntico interés práctico resulta el pronunciamiento sobre las costas. Por último, la posibilidad de la impugnación opcional del laudo ante la Corte (admitida y regulada por el Reglamento de CIMA) es un tema que se presta al debate y por qué no decirlo, a la polémica, al haber quien considera que va en contra de uno de los principios inspiradores del arbitraje (“un solo tiro”), pero que, de otra parte, refleja con nitidez la vigencia de otro principio esencial en la materia, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes.

En definitiva, nos encontramos ante un abanico de enunciados que van a suscitar el interés y la reflexión de cuantos se enfrenten a tan apasionantes temas.. La aproximación al arbitraje es una tarea siempre inacabada, que en muchas ocasiones, implica la apertura de nuevos horizontes cuando se cierran o terminan los caminos que se transitaban. Esta característica es reflejo de la propia realidad sobre la que se asienta el arbitraje, que atiende a relaciones jurídicas y económicas siempre cambiantes y variables en sus planteamientos y desarrollos.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Clausura del curso de Verano Universidad de Alcalá 2020 (edición virtual): «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina», patrocinado por CIMA

Con un webinar dedicado al  Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, se clausuró el Curso de Verano de la Universidad de Alcalá dedicado a «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina«, dirigido por la profesora Ana Fernández Pérez, profesora de Derecho internacional de esa Universidad. El curso, de desarrolló entre los días 29 de junio y 3 de julio y estuvo patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

La presentación corrió a cargo del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y contó con una intervención de gran interés a cargo de Martín Sanz, Jesús, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Vicepresidente y Presidente de la Comisión de I+D+i de CEIM.

La modalidad virtual, debido a la actual pandemia ocasionada por Covid-19, permitió alternar las enseñanzas teóricas y prácticas con cuatro webinar, que fueron seguidos por varios centenares de participantes de Europa y América Latina: a) Próximos retos del arbitraje en Latinoamérica; b) Arbitraje y mediación: los nuevos retos de la abogacía; c) La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y d) El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina

El curso contó con la participación de un amplio panel de especialistas españoles y extranjeros: Bjorn Arp, American University, Washington College of Law, USA; José Antonio Cainzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid; Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado (ex.) Director de la CIMA; Ignacio Coloma Garrido, Secretario de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid; Adolfo Díaz-Ambrona, Abogado del Estado (ex.). Secretario General de la Cámara de Comercio de España y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático. Árbitro de CIMA y membro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje del ICAM; Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Samaniego Law, Miami, USA; Miguel Gómez Jene, Catedrático de la UNED, Consejero de Cuatrecasas; Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga Profesor agregado de Derecho internacional público Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; Enrique Linares Rodríguez, Doctor en Derecho, Stampa Abogados;  Alberto José Montezuma Chirinos, Socio del Estudio Montezuma Abogados, Perú; Dário Moura Vicente Catedrático de la Universidad de Lisboa. Presidente de la Associaçao Portuguesa de Arbitragem, Portugal; Elena Otero Novas, Abogada del Estado (ex.) Presidenta de la Corte Española de Arbitraje; Francisco G. Prol, Socio Director de Prol & Asociados Luis Fernando Rincón Cuellar, Ricón Cuellar & Asociados, Colombia Francisco Ruiz Risueño Abogado del Estado (ex.), Secretario General de CIMA; Sixto A. Sánchez Lorenzo Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. Secretario General de Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional. Árbitro de CIMA; Walker San Miguel, San Miguel abogados, Bolivia; Juan Serrada Hierro, Abogado del Estado (ex.), Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; Carlos Alberto Soto Coaguila Árbitro y Profesor de Derecho Civil y Arbitraje. Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI. Fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, Perú; Gonzalo Stampa Casas, Doctor en Derecho, Socio Director de Stampa Abogados; Ricardo Vásquez Urra, Socio Fundador Vásquez Urra Abogados, Chile.

 

Fuente: https://fernandezrozas.com/

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, al tiempo que incorpora medios telemáticos de última generación, avanza en sus gestiones para propiciar que pueda prestar servicios de mediación

En una nota informativa de 18 de mayo de 2010 el Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, Juan Serrada Hierro, anunció los acuerdos adoptados por su Comisión de Gobierno en espera que  el Gobierno resuelva la terminación del estado de alarma, y pueda reiniciarse  la actividad ordinaria de la Corte

Entre otras cuestiones la Comisión de Gobierno acordó iniciar las gestiones encaminadas a propiciar que CIMA pueda prestar el servicio de mediación, cuya posibilidad prevén expresamente los Estatutos. Esta posibilidad puede constituir un camino complementario y útil de actividad ofrecida por la Corte, que se puede demandar a la vista de las circunstancias actuales. El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid está igualmente trabajando en esta dirección, en relación con la mediación internacional.

La Comisión valoró muy positivamente los importantes avances realizados por CIMA en relación con la utilización de medios telemáticos para la modernización de sus sistemas de actuación, y que van en una doble dirección. De un lado, la instalación de el sistema de comunicación por videoconferencia denominado Microsoft Teams, que permitirá, con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, la realización de reuniones y audiencias presenciales, con la participación simultánea de hasta 300 personas. Dicho servicio está ya en pleno funcionamiento. De otro lado, CIMA ha suscrito un convenio con HighQ Netherlands BV‐Thomsons Reuters por el que se incorporamos a una plataforma digital que permitirá el seguimiento y llevanza individualizada de cada arbitraje, de modo que tanto los árbitros, como las partes puedan tener acceso exclusivo, personal y directo, de modo telemático, a los arbitrajes que se estén tramitando. Es un sistema moderno y prácticamente pionero en el mundo del arbitraje, del que esperamos los mejores resultados.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Clausura de la Escuela Complutense de Verano (2019) sobre “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

 

Clausura de la Escuela Complutense de Verano (2019) sobre “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje – El Blog de José Carlos Fernández Rozas

El 26 de julio de 2019 tuvo lugar la clausura de una nueva edición de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid sobre “Arbitraje comercial y de inversiones” patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje impartido por 16 profesores, la mayoría de ellos árbitros de reconocido prestigio internacional. Participaron en la Escuela, que estuvo dirigida por el profesor José Carlos Fernández Rozas, 28 alumnos procedentes de 7 nacionalidades que siguieron las clases a lo largo de tres semanas y se cerraron con un arbitraje simulado, con aplicación del Reglamento de CIMA, que tuvo lugar en la sala de juicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Escuela de Verano Complutense / CIMA (Madrid) 2019

 

 

A %d blogueros les gusta esto:


Fuente: https://fernandezrozas.com/

Escuela de Verano Complutense: “Arbitraje comercial internacional y de inversiones”, patrocinada por la CIMA (9 a 27 de julio de 2018)

Promovido por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), en el marco de la Escuela de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, tuvo lugar un curso sobre “Arbitraje Comercial Internacional y de Inversiones”, dirigido como en ediciones anteriores por el profesor José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid. Durante tres semanas 35 alumnos nacionales y extranjeros asistieron a las clases teóricas y prácticas donde se analizaron pormenorizadamente todas las fases y etapas que articulan un procedimiento arbitral institucional. La dirección de la CIMA tuvo una presencia destacada en el desarrollo del Curso a través de las participaciones de Juan Serrada, presidente de la Corte, Francisco Ruiz Risueño, secretario de la CIMA y Gonzalo Stampa, Director de esta última institución, que, dirigió la sesión dedicada a Procedimiento: organización y conducción durante la cual compartió con los alumnos su extensa y cualificada experiencia en la práctica del arbitraje, clarificando tanto las singularidades propias y diferenciadoras del arbitraje como la visualización de casos prácticos y el conocimiento de diversas herramientas procedimentales.

Junto con los anteriores figuraron como profesores,  Juan Sánchez-Calero Guilarte, Catedrático de Derecho mercantil de la Universidad Complutense, Abogado y Árbitro de CIMA, Jordi Sellarés Serra, Director del Comité Español de la Cámara de Comercio internacional de París, José Ignacio Paredes Pérez, Profesor Asociado de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense, Francisco Gabriel Prol Pérez, Socio Director de Prol y Asociados, Árbitro de CIMA, Ana Fernández Pérez, Profesora Titular (acr.) de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá de Henares, Sixto Sánchez Lorenzo, Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada, Árbitro de CIMA, Josep María Julià, Socio Director de Delegaltessen,  José Manuel Suárez Robledano, Magistrado, Vocal del Tribunal de Cuentas, Profesor Asociado de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense y Enrique Linares Rodríguez, Abogado Stampa & Asociados

escuela-de-verano-2

El curso discurrió en un ambiente ampliamente participativo, con numerosos intercambios de opiniones entre alumnos y ponentes, suscitando cuestiones prácticas y operativas sobre las que tanto profesores, como asistentes pudieron debatir, tanto en transcurso de las exposiciones, como a lo largo de un arbitraje simulado.

Ver Documento

Ámbito de actuación de los Tribunales Superiores de Justicia en el proceso de formalización judicial

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de marzo de 2018, realiza una serie de consideraciones en torno al nombramiento judicial de loa árbitros. En primer lugar, afirma que “no es propio del ámbito objetivo de este proceso suplantar la decisión del árbitro sobre su propia competencia, sobre el análisis de la validez del convenio arbitral -más allá de la verificación, prima facie, de su existencia y validez, ni sobre la comprobación de la arbitrabilidad de la controversia. En este sentido, dado el limitado ámbito de nuestro enjuiciamiento en esta clase de procesos según interpretación auténtica del Legislador, es claro que esta Sala no tiene que pronunciarse sobre dos aspectos en los que las partes discrepan, a saber: el idioma en que el arbitraje ha de tener lugar -art. 28 LA- y el lugar en que éste ha de celebrarse (art. 26 LA), viniendo determinada nuestra competencia -por otra parte no cuestionada-, ex art. 8.1 LAª- por el domicilio de la demandada”. En segundo lugar, la Sala considera que: “siendo procedente (…) el nombramiento de un árbitro -art. 12 LA- que decida, en equidad, la controversia, el Tribunal ha de proceder a la designación de dicho árbitro tomando las medidas necesarias para garantizar su independencia e imparcialidad, y ha de hacerlo siguiendo el procedimiento establecido en el art. 15.6 LA: no ha lugar, a todas luces, a nombrar a ninguno de los árbitros respectivamente propuestos por las partes, que se han opuesto expresamente en cada caso a la designación sugerida de contrario, tanto en el ámbito pre-procesal como en seno de estas actuaciones. Tampoco procede -lo hemos dicho con reiteración-, que esta Sala encomiende la administración del futuro arbitraje a tal o cual Corte de Arbitraje. El art. 15 LA nos habilita para el nombramiento de árbitros ad hoc, a falta de acuerdo entre las partes, pero no para la designa de un arbitraje institucional. Si tal estuviera previsto en el convenio, lo que no es el caso, habría de ser, conforme a su Reglamento, la correspondiente Corte de Arbitraje la que, en principio y como regla, hubiese de proceder al nombramiento de árbitros. Como hemos consignado, las partes no están de acuerdo en algunas de las características que debe reunir el árbitro -no explicitadas en el convenio-, y tampoco convienen en la Lista de la que extraer la terna sobre la que se ha de verificar el sorteo. En lo que concierne a que el arbitro sea de nacionalidad distinta a la de las partes -tal y como postula la actora-, esta Sala, en consideración a las circunstancias concurrentes -art. 15.6º LA- no establece como requisito de idoneidad del árbitro tal característica: entre otros extremos, porque semejante solicitud contraviene los propios actos de la actora, que ha propuesto con carácter principal un árbitro de nacionalidad española y, con carácter subsidiario, un árbitro con domicilio en Aalemania -en la vista precisa que de nacionalidad alemana-, donde está radicada la demandante. Cabrá, como veremos, la posibilidad de que, por sorteo, sea designado un árbitro de nacionalidad distinta a la de los litigantes, pues la Lista de Árbitros a la que la Sala acudirá para insacular, por riguroso orden, tres nombres, contiene un elenco de Árbitros de muy diversas nacionalidades. Las partes discrepan sobre el idioma en que ha de tener lugar el Arbitraje: el convenio se remite a la Ley de Arbitraje española y, por tanto, habrá de aplicarse el art. 28 LA, donde se prevé la salvaguarda del derecho de audiencia, contradicción y defensa de la parte que alegue desconocimiento de la lengua que se utilice. Decimos esto porque la actora expresa categóricamente su deseo de que el Árbitro designado tenga un perfecto dominio del inglés; la demandada no se opone terminantemente a este extremo -que no reputa relevante-, aunque afirma sin paliativos que el Arbitraje ha de tener lugar en idioma español. Son dos cuestiones distintas: sobre la segunda, nada tenemos que decir; sobre la primera, ningún inconveniente hay -puede facilitar las relaciones entre el Árbitro y las partes- en que la terna sobre la que se efectúe el sorteo se integre con Árbitros pertenecientes a una Lista donde se haga constar el conocimiento, o no, del idioma inglés. En cambio, sí coinciden las partes en que, pese a tratarse de un arbitraje de equidad, es conveniente que sea resuelto por un jurista: así lo dice expresamente la actora; y la demandada manifiesta, como queda dicho, que lo importante es ” que el Árbitro sea experto en arbitraje y conozca la Ley española “. En definitiva: tal y como dispone el art. 15.6 LA, la Sala, tras analizar lo expresamente argüido por las partes en sus escritos de demanda y contestación y en el acto de la vista, ante las discrepancias expresadas, acuerda que la designación tenga lugar de entre los árbitros-juristas de la Lista remitida por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y, entre de ellos, de quienes aparecen con conocimiento del idioma inglés”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

La falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria y nunca de oficio

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimoquinta, de 27 de febrero de 2018 estima un recurso de apelación con una Sentencia del juzgado que, tras tramitar de forma completa procedimiento de desahucio y reclamación de cantidad, declaró la incompetencia del juzgado para resolver la cuestión planteada por la demandante por existir cláusula en el contrato entre partes con sumisión a arbitraje para resolver las controversias, pronunciamiento del que discrepa la demandante y también el demandado. De acuerdo con la Audiencia “la falta de competencia por sumisión de las partes a arbitraje tan solo puede ser planteada por la parte a quien interese y lo invoque mediante declinatoria ( arts. 39 y 63 LEC y 11.1º Ley de arbitraje), sin que por ello sea apreciable de oficio y sin trámite de audiencia como así lo hace la Sentencia recurrida y de la que discrepan ambas partes litigantes. La finalidad de la regulación pretende evitar, como expresa la Exposición de Motivos de la LEC 2000, Sentencias absolutorias en la instancia por falta de jurisdicción o de competencia dictadas tras un proceso entero con alegaciones y prueba contradictorias con atribución a la parte pasiva de ponerlos de manifiesto con carácter previo para evitar que el proceso siga adelante de forma innecesaria. La infracción procesal cometida no puede ser subsanada en la presente alzada ya que el dictado de Sentencia por este Tribunal en resolución de la cuestión de fondo podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las partes en su vertiente del derecho a los recursos legalmente previstos, por existir configuración legal que permite interponer recurso de apelación contra la Sentencia que resuelva en primera instancia la controversia, previsión legal que garantiza en el presente caso la doble instancia y que vulnera la resolución recurrida al no haber dictado Sentencia sobre la cuestión de fondo planteada, motivo que lleva a reponer las actuaciones al momento anterior al dictado de la Sentencia para que se dicte otra que resuelva la controversia planteada por las partes”.

 

A %d blogueros les gusta esto:

Fuente: https://fernandezrozas.com/

La parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria del Derecho coreano aplicable al contrato

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 20 de febrero de 2018 se pronunció sobre un contrato de agencia suscrito entre Hanjin Shipping Co LTD y Hanjin Spain, S.L. el 1 de enero de 2012 en virtud del cual la sociedad española actuaba como un consignatario de buque de la sociedad coreana en España. Dicho dicho contrato quedó sometido al Derecho coreano y cualquier controversia sobre el mismo sería resuelta mediante arbitraje en dicho país. La Audiencia reconoce que dicho contrato (…) queda sometido al Derecho Coreano. Y ello no ha sido hecho controvertido. Por ello, la parte recurrente, como premisa, debe acreditar que dicho Derecho permite atribuir derecho de propiedad sobre fondos en virtud de una cláusula contractual. Aun con más razón teniendo en cuenta que la transmisión de los derechos reales en Derecho español exige la concurrencia de la teoría del título y el modo (art. 609 Cc ), es decir, es necesario que, además de la cláusula contractual, exista una entrega del fondo, aunque sea puramente instrumental o espiritualizada -a través de un mero apunte contable- en virtud de la cual el derecho entre a formar parte de su patrimonio y ostente derecho de disposición sobre el mismo. Pues bien, el Derecho extranjero ha de ser objeto de prueba conforme el art. 281.2º LEC (” También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero “) y la parte recurrente no ha desplegado ninguna actividad probatoria dirigida a tal fin, limitándose a manifestar que quien pretenda negar validez o eficacia al contrato acuda al arbitraje a Corea conforme el Derecho coreano a impugnarlo”.

 

A %d blogueros les gusta esto:

Fuente: https://fernandezrozas.com/