Categoría: Actualidad Arbitral

El TSJ de Madrid confirma un laudo CIMA considerando que árbitro ha desarrollado un esquema argumental claro y secuenciado (STSJ Madrid CP 1ª 17 diciembre 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 17 de diciembre de 2021 (ponente: Francisco José Goyena Salgado) desestima una acción de anulación, frente al Laudo arbitral nº 1008, de fecha 26 de mayo de 2020 y la resolución de aclaración, rectificación y complemento de fecha 15 de junio de 2020, que dicta el Árbitro designado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, de Madrid, imponiendo las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.  Entre otras consideraciones esta extensa decisón afirma que:

«(…) – Los tres motivos de nulidad invocados, tienen en común la referencia al contemplado en el art. 41.1º.f) L A: infracción del orden público, lo que determinará la muy severa limitación, en el marco de este procedimiento, conforme ya hemos expuesto, a que la Sala pueda entrar a valorar el fondo de la cuestión litigiosa resuelta por el Árbitro, así como la valoración de la prueba realizada, y por lo tanto el acierto o desacierto de lo resuelto por el Tribunal. Lo anterior, no obstante, no impide que la Sala pueda examinar otros aspectos de la actuación del Tribunal Arbitral, que puedan incidir en el orden público procesal, que sí puede revisar la Sala, incluso de oficio. En este sentido cabe recordar lo establecido en la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020: «Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 febrero; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente.» La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo 3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y la función de esta Sala, estableciendo el siguiente criterio: «… la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho que, «por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero; 116/1988, de 20 de junio; y 54/1989, de 23 de febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios  necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente» ( STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior.  Al hilo de la citada doctrina, cabe señalar que el examen de los tres motivos de impugnación del Laudo, permite establecer que no se denuncia, en puridad, ninguna infracción del orden público procesal, sino el fondo de los pronunciamientos del Árbitro, atacándose por la vía del orden público».

«(…)  Como primer motivo se alega por la parte demandante, la modificación unilateral del Árbitro de la fecha final de obra, en contra de lo sostenido por las partes. Considera la parte demandante que el Árbitro alcanzó una conclusión, que además de irracional, no fue discutida, ni contradicha y sobre la que no se practicó prueba, por no ser controvertida por las partes. Con la fijación de la fecha final de obra el 6 de junio de 2016, cuando las partes tenían por aceptada que era el día 27 de abril de 2012, afirmándolo así también los peritos de COBRA, resulta una extralimitación relevante y grave. La parte demandante explica su posición, señalando que «en realidad la obra finalizó el 27 de abril de 2012; sin embargo el Ayuntamiento, que no COBRA, en fecha 21 de diciembre de 2012 inició un expediente sancionador contra VCONSYST al percatarse que uno de los accesorios de los contenedores no cumplía con el pliego de condiciones, concretamente la plataforma de seguridad, por cuanto éstas debían tener un espesor de 4 mm y las instaladas eran de un espesor menor. VCONSYST directamente ejecutó el cambio de todas las plataformas, finalizando el cambio de estas en fecha 6 de junio de 2016. La situación descrita es evidente que no es un retraso en la ejecución de la obra, derivado del Contrato de Ejecución de Obra de fecha 15 de junio de 2011, si no que se trata de un cumplimiento defectuoso del material entregado derivado del contrato de suministro suscrito entre VCONSYST y el Ayuntamiento de Tarragona, (en lo que se refiere a 537 contenedores) y del contrato de Suministro suscrito entre VCONSYST y COBRA (en lo que se refiere a 85 contenedores de mejora).» Correctamente la parte demandante, a fin de poner de manifiesto la expresada consideración, solicitó del Árbitro la corrección, siendo respondida por éste mediante el oportuno Laudo de corrección, de fecha 15 de junio de 2020. Concretamente se establece en el Laudo: «La corrección interesada según los argumentos del apartado 2.3 del escrito de corrección tampoco puede prosperar. No es cierto que las partes aceptaran como fin de la obra el 27 de abril de 2012; de hecho, fue una de las cuestiones controvertidas sobre las que versó la prueba pericial. Además de la razón principal de invariabilidad del Laudo en cuanto a la apreciación de la prueba practicada, el Árbitro, aplicando las normas jurídicas que ha considerado pertinentes, al tratarse de un Arbitraje en Derecho (Cláusula Decimosexta). Además, la fecha que ha quedado fijada como de finalización de los trabajos resulta de los propios documentos incorporados al procedimiento y corresponde con la del Acta de recepción final de las obras por parte del Ayuntamiento, circunstancia esta de demora en la ejecución hasta varios años después del plazo pactado de marzo de 2012, que no solo no ha sido negada por la parte actora sino que le ha servido para enarbolar la alegación de que, en definitiva, las obras quedaron ejecutadas. Eso sí, de manera muy tardía y generando a COBRA unos sobrecostes que no tenía el deber de soportar.» El Árbitro, en el Laudo principal, determina la fecha de 6 de junio de 2012, con base en la siguiente valoración de la prueba: «Que de conformidad con la Cláusula CUARTA del Contrato, el Acta de recepción de 27 de abril de 2012 que el Informe pericial toma como finalización de las obras, tiene naturaleza de recepción provisional y no de finalización de las obras, dado que conforme al contrato suscrito entre las partes dichas actas abren el período de garantía, habida cuenta que se había denunciado por COBRA la falta de conformidad del material suministrado, que Vconsyst no corrigió hasta el 6 de junio de 2016 fecha ésta en la que el Ingeniero Municipal certificó la correcta sustitución de las plataformas defectuosas (véanse los Documentos 1 del Conjunto Documental 1 y el Documento 12 del Conjunto Documental 2, ambos de la demanda) por lo que ha de tomarse esta fecha de 6 de junio de 2016 como la finalización efectiva de las obras,…»  Atendido lo expuesto y partiendo de la limitación a que hacíamos referencia, en el examen de la valoración que de la prueba realiza el Árbitro, así como sobre el acierto o no de la resolución sobre el fondo, no cabe tachar el Laudo de contrario al orden público. No se aprecia la alegada «extralimitación relevante y grave», para lo que hay que señalar que, como pone de relieve el laudo no es cierto que en la fijación de la fecha de 27 abril 2012, hubiera consenso entre las partes litigantes. Antes, al contrario, y como resulta de los antecedentes de hecho que obran en el testimonio del expediente arbitral y destaca el Laudo y aun cuando la parte demandada no formalizara en tiempo su contestación a la demanda, sí resulta de su actuación previa, que la cuestión de la liquidación era un tema controvertido y entre los extremos necesarios para poder realizarla, se encontraba la fijación de la fecha de finalización de las obras. Tampoco es correcto que el informe pericial estableciera la fecha que señala la parte demandante como de finalización de las obras, sino como recepción provisional. Por lo tanto, entraba en el cometido resolutorio del Árbitro, para proceder a la liquidación pretendida por la parte demandada y con ello a la compensación por vía de excepción, la fijación de la fecha definitiva de terminación de las obras. Y para ello examina y valora la prueba aportada al procedimiento arbitral, tal como se expresa en el Laudo, resultando suficiente para dicha determinación de la fecha. No se crea, así, indefensión a la parte, en cuanto a que no haya podido proponer y practicar prueba sobre dicho extremo, ya que, con la aportada por ambas partes, se podía, a juicio del Árbitro, concluir la cuestión debatida. Sin que entre a valorar esta Sala la valoración, que a su vez ha realizado el Árbitro y el acierto de su conclusión, lo cierto es que, en el Laudo, respecto de lo que se impugna en el motivo, se da un respuesta razonada y razonable, ajustada a la prueba practicada, conforme la ha valorado el Árbitro, congruente con lo solicitado por las partes y conforme a Derecho, que cita y aplica en el Laudo».

«(…) Como segundo motivo se alega, como contrario al orden público, el artificioso incremento del límite indemnizatorio de la cláusula tercera del contrato de ejecución de obra, lo que de facto comporta la extensión de la cláusula penal del contrato de ejecución de obra, al suministro de los 85 contenedores de mejora. El motivo señala que entre las partes litigantes han existido dos contratos diferenciados: el contrato de ejecución de obra, de 15 junio 2011, y el contrato de suministro, de 21-12-2011, lo que no es objeto de controversia y así lo reconoce el Árbitro en su Laudo. En el primero de los contratos, y en su cláusula tercera, se estipula una cláusula de penalización en los siguientes términos: «El plazo máximo de terminación de los trabajos será el marzo de 2012 desde la fecha de la firma de este contrato. En caso de existir un plan de Obra con plazos parciales de ejecución se incorporará como anexo a este contrato una vez firmado por las partes. El incumplimiento por parte del SUBCONTRATISTA del plazo de terminación de la obra, por causas a él imputables, facultará al CONTRATISTA para imponer una penalización de 150,25 € por día natural de retraso. Esta penalización tendrá un tope máximo del 20 % sobre el importe de los trabajos encomendados, y en ningún caso excluirá la indemnización que por daños y perjuicios le pudiera corresponder al CONTRATISTA.» Por otra parte, en las condiciones generales del contrato de suministro, se recoge en la cláusula séptima, una penalización específica. El comprador se reserva el derecho de imponer una penalización específica para algunos eventuales incumplimientos del vendedor. Penalidad que COBRA en ningún momento ha solicitado. Es un hecho incontrovertido para la parte demandante que, la cláusula penal del contrato de ejecución de obra, solo se aplicaba a los eventuales retrasos la terminación de las obras contratadas. Resulta sorpresivo, indica el motivo, que el Árbitro, de manera arbitraria e injustificada, haya extendido al contrato de suministro la cláusula penal del contrato de ejecución de obra, haciéndolo de forma inmotivada. El motivo debe ser desestimado, por no apreciarse vulneración del orden público. El laudo da respuesta a la problemática señalada por la parte demandante en los siguientes términos: – «… por lo que ha de tomarse esta fecha de 6 de junio de 2016 como la de finalización efectiva de las obras, lo que obliga aplicar la penalización establecida en contrato a esa fecha desde marzo de 2012 a razón de 150,25 euros /día arrojando un importe de 228.530,25 eur (1521 días x 150,25). Pero dado que la máxima penalización queda limitada en el contrato al 20 % del importe total de los trabajos contratados (809.865 eur.), la penalización ha de limitarse a 161.973 eur.» [ Téngase en cuenta la corrección tipográfica que realiza el laudo de corrección, respecto de las cifras indicadas, que deben, respectivamente, considerarse como 709.865 euros y 141.973 euros.]  Más adelante el Laudo señala: «De lo que se concluye que, de las facturas que reclama VCONSYST como impagadas por importe total de 712.749,50 € han de restarse los 6.840 eur. (19×360 eur) ya facturados por la instalación de los 19 contenedores de mejora dado que su precio ya va incluido en el pedido de suministro de los 85 contenedores de mejora; 23.760,00 eur por la no instalación de los 66 contenedores de mejora restantes de dicho pedido, a razón de360 eur/ud, y 161.973 eur [141.973 euros] de la penalización por demora…», cifra ésta última que vincula al no haber finalizado la obra contratada el 6 de junio de 2016. Nuevamente en el Laudo de corrección, dictado a instancia de la parte demandante, el Árbitro razona la cuestión debatida, en los siguientes términos: «En lo atinente a que el cálculo de la penalización ha de efectuarse respecto de un solo contrato, es precisamente como lo ha resuelto el laudo ateniéndose al único Contrato de Ejecución de 15 de junio de 2011 de la obra «Construcción de contenedores soterrados en diferentes barrios de Tarragona» que según reza «se hará conforme al Proyecto y pliego de Condiciones» y cuyo precio de 193.320,00 euros incorpora sólo de forma «aproximado» y «salvo que en el pedido oficial se diga lo contrario» Como también se dice en el Laudo.» A la vista de la respuesta que da el Laudo, por las razones que exponíamos en el fundamento anterior, debe desestimarse el motivo, pues con independencia del acierto o no de lo resuelto por el Árbitro, sí da una respuesta motivada y razonada, respecto de la que la Sala, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, no puede entrar a valorar».

«(…)  Como tercer motivo, contrario al orden público, se alega la no aplicación de intereses de demora al incumplimiento de pago de COBRA. Nuevamente, la pretensión debe ser desestimada, al haber dado el Árbitro respuesta concreta, motivada y apoyada en derecho por lo que no se aprecia vulneración del orden público material. En este sentido establece: «Finalmente en cuanto a los intereses moratorios reclamados por la actora y que a su juicio ascienden a 379.568, 39 € en fecha 20 de febrero de 2019, día en que se practicó la liquidación de intereses, y que fundamenta en su escrito de conclusiones en el art. 3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, no resultan procedentes los citados intereses al no concurrir los requisitos exigidos simultáneamente en el art. 6 de esa misma Ley, que preceptúa: a) que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales; y b) que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menosque el deudor pueda probarque no es responsable del retraso. De la lectura de ese precepto se colige que, en efecto la actora VCONSYST al haber cumplido sólo parcialmente sus obligaciones contractuales no satisface el primero de los requisitos; y, el cumplimiento intempestivo por parte de COBRA ha sido debido precisamente al retraso e incompleto cumplimiento como ha quedado acreditado más atrás».

«(…) A modo de colofón cabe señalar que, el árbitro ha desarrollado un esquema argumental claro, secuenciado, de manera que ha ido sentando las premisas a partir de las cuáles pasa a desarrollar las siguientes consideraciones, valoración y conclusiones; de manera razonada y sin que pueda la Sala, dado el alcance del procedimiento en el que nos encontramos, entrar a valorar, a su vez, ni la prueba tenida en cuenta por el Árbitro, ni el acierto o desacierto jurídico que, como conclusiones y resolución se establece en el laudo. La respuesta dada por el árbitro, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor acierto de la misma, en lo que no podemos entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que nos encontramos. En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, «… excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad (art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes.» Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las que el árbitro resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte pueda, lógicamente, no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados, aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa en otros términos, por lo que resulta procedente su confirmación

El árbitro que ha dictado el Laudo impugnado fue elegido de entre una lista de CIMA que se ofreció a las partes, sin que en ese momento la demandante pusiera objeción alguna por razón de la edad de elegido (STSJ Madrid CP 1ª 18 noviembre 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 18 de noviembre de 2021, nº 73/2021  (ponente: Francisco José Goyena Salgado) desestima una acción de anulación frente al Laudo arbitral nº 981, de fecha 7 de enero de 2020, que dicta el Árbitro designado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de Madrid.  Esta decisión, siguiendo la doctrina del Trinunal Constitucional de 2020 y 2021 declara que:

«(…) con carácter general, respecto de los seis primeros motivos de nulidad invocados, hay que señalar que su apoyo en la vulneración de la tutela judicial efectiva, resulta, a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional más reciente, improcedente, pues, carece de base normativa. Es cierto que en el art. 24.1º de la Constitución se establece: «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión.» De la lectura del precepto constitucional se colige que dicha tutela judicial  efectiva, debe exigirse de los Jueces y Tribunales, entre los que no se incluyen los Árbitros. La tutela judicial efectiva que predica el art. 24.1 CE no es exigible en el procedimiento arbitral como tal. Tan solo, ex post, podrá invocarse en cuanto al examen que pueda realizar la Sala Civil y Penal de un Tribunal Superior de Justicia, en tanto sea competente y conozca de un laudo, en virtud de la interposición de una demanda de anulación, al amparo de la Ley de Arbitraje y solo respecto de su actuación jurisdiccional, sin que quepa reintroducir la aplicación y exigencia del precepto constitucional en el procedimiento arbitral, ya acabado (…). Los seis primeros motivos de nulidad invocados tienen en común, por otra parte, la referencia al contemplado en el art. 41.1º.f) L A, lo que determinará la imposibilidad, en el marco de este procedimiento, conforme ya hemos expuesto, que la Sala pueda entrar a valorar el fondo de la cuestión litigiosa resuelta por el Tribunal Arbitral, así como la valoración de la prueba realizada, y por lo tanto el acierto o desacierto de lo resuelto por el Tribunal. Lo anterior, no obstante, no impide que la Sala pueda examinar otros aspectos de la actuación del Tribunal Arbitral, que puedan incidir en el orden público procesal, que sí puede revisar la Sala, incluso de oficio (…).

“(…) El examen de la demanda de anulación que nos ocupa, articula diversos motivos, seis de los cuales giran en torno al contemplado en el art. 41.1º f) LA (infracción del orden público) así como otros dos no contemplados en el elenco de motivos previstos en el citado art. 41.1º LA, uno de ellos apunta hacia una falta de imparcialidad del árbitro (predisposición), unida a la referencia a la edad del mismo y otro de cita tan general, que no configura motivo concreto alguno de los contemplados para fundamentar en él la pretendida anulación del laudo: principio iura novit curia. Cabe, por otra parte, agrupar los motivos en tres grupos, para su análisis. Así, en primer lugar, los tres primeros motivos hacen referencia a la inadmisión de medios probatorios propuestos por la parte demandante, ya en cuanto a la inadmisión de parte de la prueba propuesta, ya en cuanto a la inadmisión de documentos refutatorios de testigos.

a) Los dos primeros motivos se refieren a la inadmisión de ciertos medios de prueba aportados por la demandante. Por una parte, la de toda la prueba documental por requerimiento a terceros y a Administraciones públicas, necesaria para demostrar la infracción del pacto. Y por otra la totalidad de documentales a terceros y prueba pericial, propuestas para determinar el daño. Efectivamente y así se recoge en el Laudo, al tratar de la prueba, se indica que se inadmitió medios de prueba propuestas por ambas partes. En lo respecta a la parte demandada, las razones por las que solo se admitió la testifical y documental ‘incorporada al escrito de contestación a la demanda’, se concretan en la escasa incidencia en el fondo del asunto planteado, así como por afectar a datos de terceros ajenos al procedimiento, que podrían ‘rozar el secreto de las comunicaciones u operaciones mercantiles, etc.’, así como por ‘la improcedencia de solicitar a la parte demandada que aclarase la finalidad de las declaraciones de los testigos propuestos por ella; finalidad que se desconoce al no hacerse referencia alguna a la razón de ser de su petición.’ Respecto de esta prueba, señala el laudo, ‘se acordó practicarla si el árbitro entendía que era necesaria.’ El razonamiento clave de la desestimación se contiene en el siguiente párrafo: ‘No puede olvidarse–repetimos cuál es el objeto principal del procedimiento, extremo éste al que hemos hecho referencia y que desde luego no consiste en ‘cuantificar’ los daños que una parte entiende que se le han producido por la actuación incorrecta de la otra, sino saber, primeramente, si una parte ha incumplido la cláusula de ‘prohibición de competencia’. Eso es lo que constituye el fondo del asunto. Y acreditado esto, si ello ha sido la causa de las pérdidas de C.A. S.L.’ La Sala no comparte la afirmación de que el fondo del asunto sea únicamente la acreditación del incumplimiento de la cláusula de prohibición de competencia, dado que la demanda formulada ejercita conjuntamente dos acciones del mismo rango, aunque ciertamente subordinadas: la acción declarativa de incumplimiento contractual de la aludida cláusula y la de condena al pago de una indemnización por daños y perjuicios, como consecuencia de dicho incumplimiento contractual. Es cierto que la segunda queda subordinada a la estimación de la primera pretensión declarativa, pero para la parte demandante, en su tesis de que ha existido tal incumplimiento, reclama y cabe decir que es su mayor interés, una indemnización que le resarza de dicho incumplimiento. Dicho lo cual, compartimos con el árbitro que lo primero que habrá que resolver es si ha existido o no tal incumplimiento contractual. Partiendo de dicho planteamiento, lo cierto es que, sin negar expresamente que haya existido tal incumplimiento contractual, sin embargo, analiza, a la vista de la prueba admitida y practicada, otras circunstancias en el devenir de la marcha de la mercantil demandante, que son, a su juicio, determinantes de la mala evolución económica de la misma y a las que cabe imputar los daños y perjuicios que demanda. En este sentido, en el fundamento IV del Laudo, al inicio se dice: ‘Ciertamente que existen razones para afirmar que se produjo un teórico incumplimiento del pacto de no competencia por la heredera del Sr. Leonardo. pues reconoce que estuvo en la actividad comercial de colchones y demás elementos de descanso, durante parte de esos 10 años en que estaba en vigor el mismo. La declaración de Sr. Leonardo y de su hija confirman lo que hemos dicho,…, hay un posible incumplimiento del pacto al que hemos hecho referencia, … Pero aceptado el hecho de una teórica o posible falta de delicadeza del Sr. Leonardo. al introducirse en la actividad mercantil que antes fue objeto de Colchonerías Alcalá, lo cierto es que esta situación no produce a nuestro juicio, un incumplimiento del pacto de no competencia o concurrencia y el nacimiento de la obligación de indemnización de los daños y perjuicios que reclama Colchonerías Alcalá.’ Y ello por las razones que a continuación desgrana y a las que después haremos referencia. Atendido lo anterior, con independencia de la discrepancia a que hacíamos referencia entre la Sala y el árbitro, sobre lo que es el fondo de la cuestión litigiosa, lo relevante en relación a los dos motivos de nulidad que analizamos, concretados en la inadmisión de determinados medios de prueba propuestos por la parte demandante, es que su falta de práctica no resulta relevante o necesaria, pues no deja de reconocerse en el laudo, pese a que a veces las expresiones no sean del todo claras, que ha habido un incumplimiento contractual –al no respetarse el pacto de no competencia–y, por otro lado, al no ser dicho incumplimiento determinante de la causación de los daños y perjuicios que se reclaman, la acreditación y cuantificación de los mismos, resulta, igualmente, innecesaria para la resolución de la cuestión litigiosa, atendidos los términos en que lo hace el Laudo. No es ocioso recordar que tanto la reiterada doctrina del TEDH. –casos BrimvitKotousjiWindisck, y Deltacomo del Tribunal Constitucional, tienen declarado que no es un derecho absoluto e incondicionado el relativo a la práctica de la prueba propuesta. El Tribunal Constitucional tiene declarado que no se produce vulneración del derecho fundamental a la prueba, cuando esta es rechazada, aun siendo pertinente, porque su contenido carece de capacidad para alterar el resultado de la resolución final, y en este sentido se articula la diferencia entre prueba pertinente y prueba necesaria, estimando que sólo la prueba necesaria es decir, aquella que tiene aptitud de variar el resultado, que sea indebidamente denegada puede dar lugar a una indefensión con relevancia constitucional (SSTC. 149/87, 155/88, 290/93, 187/96). Dado el tenor de la respuesta de fondo que da el laudo, es claro que la prueba inadmitida, sobre la que no deja de dar el árbitro razón de tal decisión, por lo que no cabe hablar de arbitrariedad o falta de motivación, en todo caso, aun cuando fuera admisible y pertinente, resulta innecesaria, pues no se niega el incumplimiento contractual, para a continuación señalar que dicho incumplimiento no es la causa de los perjuicios reclamados, por lo que no resulta necesario la práctica de prueba para su cuantificación. En consecuencia, procede desestimar los dos primeros motivos de nulidad, ya que no se ha causado indefensión material a la parte demandante, vulneradora del orden público procesal.

b) En cuanto al tercer motivo de nulidad viene referido a la inadmisión de los documentos refutatorios de testigos. A este respecto hay que señalar los antecedentes siguientes en el procedimiento arbitral (…)

En definitiva la parte ha podido aportar una serie de documentos de refutación y hacer las consideraciones que estimó oportunas, en fase de conclusiones, si bien el árbitro, en el ámbito de su función de valoración de la prueba practicada, no los ha tenido en cuenta como desvirtuación de la prueba testifical que se cuestionaba con ellos, por lo que no cabe apreciar que se haya producido indefensión a la parte o que se le haya privado de su derecho a la proposición y aportación de elementos de prueba, en los que sustentar su pretensión, por lo que procede la desestimación del tercer motivo de nulidad examinado”.

“(…) El cuarto motivo de nulidad impugna el Laudo por incongruencia omisiva, incardinada dentro de la ausencia de motivación del laudo al no dar respuesta a todas las cuestiones lo que determina la Infracción del orden público. Señala la demanda en este apartado que el laudo incurre en diversas incongruencias omisivas, advertidas en la solicitud de aclaración y complemento del laudo formulado por esta parte y que fue desestimada por escrito del árbitro de fecha 28 enero 2020. La incongruencia revela la falta de estudio por parte del árbitro de las cuestiones planteadas y su desconocimiento de la controversia, lo que afecta al derecho a la tutela judicial efectiva. A modo de conclusión, termina el motivo señalando que ‘las carencias y falta de estudio en el Laudo – y en su complemento–de las Causa petendi de la demanda, afectan al derecho a la tutela judicial efectiva de mi mandante, lo que supone una contravención del orden público impugnable ex art. 41.1º f) L A y determina la nulidad del laudo.’ Dichas omisiones las concreta la parte en las siguientes: – El Laudo no hace referencia al art. 1124 CC, en relación a la responsabilidad de D. Leonardo y el incumplimiento del pacto de no competencia. – El árbitro no hace ponderación alguna a que la mercantil ‘T., S.L.’ también está obligada por el pacto de no competencia, tanto en la aplicación del convenio de 14 junio 2010 como del Acuerdo Marco de intenciones de 23 septiembre 2010. – Nada dice el árbitro en el laudo acerca de la intervención de Dña. Emma y de ‘S.D., S.L.’, dado que a través de ellas (doctrina del levantamiento del velo), D. Leonardo ha incumplido el pacto de no competencia. –Ninguna mención hace el Laudo a la doctrina del enriquecimiento injusto, derivado de dejar sin sanción e incólume la actuación del Sr. Leonardo y el incumplimiento del pacto de no competencia. El motivo formulado debe ser desestimado por las siguientes consideraciones: a) Hay que volver a insistir en que la alegación de infracción de tutela judicial efectiva, por las razones que ya exponíamos, no configura per se ninguno de los motivos que se contemplan en el art. 41.1º L A, por lo que no puede servir de fundamento de la nulidad su infracción. b) La figura procesal de la incongruencia, referida a las resoluciones judiciales, puede ser trasladable al procedimiento arbitral y al dictado de los laudos, en la medida en que el art. 37. 4º LA establece que los laudos serán siempre motivados, sin perjuicio de lo que dispone el art. 36 LA. Dicha motivación ha de existir, en los términos concretados por la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, no ser ilógica o arbitraria. El laudo que incurre en incongruencia omisiva, se revela falto de la obligada motivación respecto de los pronunciamientos oportunamente deducidos y mantenidos por las partes En relación a la incongruencia y, en particular la omisiva, cabe señalar el siguiente cuerpo de doctrina de la Sala 1º del Tribunal Supremo y referencias al Constitucional (‘…’)

c) Cabe volver a recordar lo que establece la STC 15 marzo 2021: ‘…que el art. 37.4 LA disponga que ‘el laudo deberá ser siempre motivado (…) no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes, … o motivar su preferencia por una norma u otra, …’ Lo anterior, no es óbice paraque sí constituya una obligación del árbitro resolver sobre lo que las partes someten a su decisión.

d) En el caso presente no se aprecia la denunciada incongruencia omisiva, en primer lugar, porque las omisiones que señala el motivo, no son verdaderas pretensiones que constituyan el petitum de la demanda. Son fundamentaciones o argumentos en apoyo de dichas pretensiones. En segundo lugar, la congruencia debe examinarse desde las dos posiciones de las partes litigantes, pues en la medida en que se desestime una de las pretensiones de una parte por estimación de la formulada antitéticamente por la contraparte, la resolución será congruente, de ahí que no incurra en incongruencia las resoluciones que son desestimatorias o absolutorias de la demanda. En tercer lugar, el laudo que examinamos, no deja de reconocer la pretensión actora de que ha habido una vulneración del pacto de no competencia, si bien no considera que dicho incumplimiento contractual sea cauda determinante de los daños y perjuicios sufridos por la parte demandante. Por lo tanto, existe una desestimación tácita y lógica de la segunda pretensión de dicha parte, en cuanto al ejercicio de la reclamación de dichos daños y perjuicios. En consecuencia, no se aprecia el motivo de nulidad examinado”.

“(…) El quinto motivo de nulidad Impugna el laudo por infracción de la tutela judicial efectiva, por falta de correcta apreciación de la prueba al no apreciar el Árbitro los abundantes medios probatorios acreditativos de la infracción del pacto de no competencia, lo que supone la Infracción del orden público material. El motivo debe ser desestimado por las siguientes consideraciones: a) Debemos reproducir, una vez más, lo que ya hemos expuesto sobre la alegación de vulneración del principio de la tutela judicial efectiva. b) Hemos señalado en fundamentos precedentes, que las partes han tenido la ocasión de proponer las pruebas que considerasen procedentes para apoyar su pretensión litigiosa. Junto con lo anterior, igualmente decíamos, que no existe un derecho absoluto a la práctica de las pruebas propuestas, sino solo de las que sean pertinentes y dirigidas a dicho fin probatorio y que incluso, siendo pertinentes, puede ser rechazadas si se revelan irrelevantes o innecesarias, como ha ocurrido en el procedimiento arbitral que analizamos (motivos de nulidad 1º y 2º) c) El árbitro ha desestimado cierto número de pruebas, dando las razones que ha considerado oportunas y que cabe dar por suficientes, a la vista de la doctrina reciente del Tribunal Constitucional. Por otra parte, ha valorado y así lo desarrolla en el laudo, la testifical practicada, haciendo referencia individualizada a cada uno de los testigos que han depuesto en el procedimiento, plasmando a continuación en su resolución, el alcance acreditativo que ha obtenido, desde la inmediación que le alcanza, en orden a la respuesta que da y que se concreta en la parte dispositiva del laudo. Existe y se constata con la lectura del Laudo, una valoración de la prueba que ha tenido en cuenta el árbitro –dentro de la laxitud que de las exigencias de motivación y concreción se imponen al mismo––, en la que ha apoyado su decisión, ciertamente contraria a la parte demandante, pero que le permite a ésta y a la demandada, conocer la misma, aunque no la comparta. No puede, por otro lado, esta Sala, en el cauce de la acción de anulación en que nos encontramos, proceder a realizar una nueva valoración a nuestro juicio, al modo de un recurso de apelación pleno, pues no es este el caso. En definitiva, la queja de la parte demandante es más propia de otro tipo de recurso, que no se da en el procedimiento arbitral y no es sino reflejo de la discrepancia que mantiene con la valoración realizada por el árbitro, que, con independencia de su acierto o fallo, no podemos revisar. Procede, por lo expuesto, desestimar el motivo analizado”.

“(…) El siguiente motivo de nulidad impugna el laudo por la existencia de errores, tanto de hecho como de derecho. Insuficiente motivación. Infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Infracción del orden público. El motivo debe seguir igual suerte desestimatoria, por razones sustancialmente idénticas a las expuestas en el fundamento precedente. En este sentido hay que volver a repetir lo referente a la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. En cuanto a la alegación de la insuficiente motivación, la STC 15 marzo 2021, le dedica un fundamento específico, del que cabe reproducir la siguiente doctrina: ‘…’. Asentado, por consiguiente, el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares (arts. 1 y 10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que les corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público. De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida a facultad de control del laudo arbitral, como resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no puede examinar la idoneidad, suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes hubiesen pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto de la motivación, su insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad de las partes. (art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la motivación del laudo establecida en el art. 37.4º LA, pues las partes tienen derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, aquellos supuestos en los que el árbitro razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado de diversa manera.’ Atendida la transpuesta doctrina, el examen del laudo impugnado, a través de su simple lectura, revela que cumple, en los términos expuestos, el deber de motivación suficiente. El árbitro expone de forma razonada su decisión, que desarrolla a través de un esquema que se revela lógico, desde el punto de vista fáctico y normativo, como es el examen de la primera pretensión de la parte demandante: si ha existido un incumplimiento contractual, derivado de la infracción del pacto de no competencia, alcanzando la conclusión de que sí ha existido tal incumplimiento. Pasa, a continuación, a examinar la segunda pretensión, relativa a la reclamación de daños y perjuicios, si bien en relación a ésta, considera que los posibles daños y perjuicios sufridos por la mercantil demandante, no pueden atribuirse o traer causa del incumplimiento contractual, sino de la propia actuación de los demandantes. Dichas conclusiones tienen su apoyo y así se explicita, como hemos puesto de relieve a lo largo de nuestra resolución, en la valoración de la prueba que ha admitido y practicado, de lo que deja, como decimos, expresión concreta en el Laudo. El examen del laudo impugnado lleva a la Sala, en conclusión, a modo de corolario, a la luz de la doctrina expuesta, a rechazar las objeciones formuladas por la parte demandante, incluido el que el laudo haya motivado de forma ilógica, arbitraria o irracionalmente las conclusiones que sienta, bastando al efecto para comprobar que sí existe una verdadera y suficiente motivación, la mera lectura del mismo. El laudo contiene una motivación que es acorde a la resolución del litigio que se ha presentado ante el tribunal arbitral, dando respuesta argumentada, con independencia del acierto o no de la misma, a los planteamientos que sostienen tanto la parte demandante como la parte demandada, en apoyo de sus respectivas pretensiones, deducidas respectivamente en sus escritos de demanda y contestación. Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimado el motivo formulado, pues por una parte desborda claramente el marco de aplicación del procedimiento de anulación en que nos encontramos y, por otra parte, el laudo dictado no vulnera el orden público. Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de una segunda instancia plena. Prueba de ello es la pormenorizada valoración de las actuaciones, que en el fondo no desvirtúan la existencia de una motivación arbitral, sino la discrepancia con la misma. Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido el orden público. El árbitro asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado por las partes, sujetándose a las previsiones acordadas por las partes para su resolución, lo que no es impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad al respecto. El árbitro ha desarrollado un esquema argumental claro, secuenciado, de manera que ha ido sentando las premisas a partir de las cuáles pasa a desarrollar las siguientes consideraciones, valoración y conclusiones; de manera razonada y sin que pueda la Sala, dado el alcance del procedimiento en el que nos encontramos, entrar a valorar, a su vez, ni la prueba tenida en cuenta por el Árbitro, ni el acierto o desacierto jurídico que, como conclusiones y resolución se establece en el laudo. La respuesta dada por el árbitro, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor acierto de la misma, en lo que no podemos entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que nos encontramos. En definitiva y como señala la STC 15 de marzo de 2021, ‘…’. Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las que el árbitro resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte pueda, lógicamente, no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados, aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa en otros términos, por lo que resulta procedente su confirmación”.

“(…) Como séptimo motivo de impugnación, y con carácter subsidiario, se alude a la posible influencia de la edad del árbitro en la falta de calidad del Laudo. La arbitrariedad, predisposición del Sr. Árbitro y orientación del procedimiento. El motivo debe ser desestimado por las siguientes consideraciones: a) Si bien es cierto y es un hecho notorio, que la edad, conforme pasan los años, determina una disminución de ciertas facultades, especialmente las físicas, no lo es tanto en relación a las capacidades intelectuales. No necesariamente una persona ‘mayor’, por este solo hecho, debe considerarse incapaz o limitada para el cumplimiento de tareas eminentemente intelectuales. En el caso presente, los 85 años que, según indica la parte demandante, tiene el árbitro, no implica, per se su incapacidad intelectual para desempeñar la función arbitral, sin perjuicio de que se acreditara lo contrario, lo que no es el caso presente. El juicio comparativo que emplea la parte demandante, en referencia a la edad de jubilación, por ejemplo, de jueces y magistrados, a los 70 años –eventualmente a los 72––, es incompleto o sesgado, ya que no tiene en cuanta que otros destinos de naturaleza similar, como los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Tribunal de Cuentas, permiten seguir desempeñando los cometidos que le son propios pasados dichos límites de edad. Lo mismo puede decirse en el caso de los diputados y senadores, que integran el Poder Legislativo, donde a lo largo de las legislaturas, nos encontramos con notables ejemplos de longevidad. En otro orden de cosas, el árbitro que ha dictado el Laudo impugnado, fue elegido de entre una lista que se ofreció a las partes, sin que en ese momento la parte demandante pusiera objeción alguna por razón de la edad de elegido. En cuanto a la alegación de falta de imparcialidad, su desestimación deriva de la falta absoluta de prueba al respecto. Una denuncia tan grave como la que hace la parte demandante, debe venir acompañada de algo más que una impresión o creencia, que cabe confundir con la mera frustración de ver rechazadas sus pretensiones. Debe acompañarse a la afirmación o sugerencia, al menos un principio de prueba lo suficientemente sólido, que permita hacer nacer una duda razonable de la imparcialidad del árbitro, lo que no ocurre en el caso presente, sin que al efecto sirva una lectura como la que hace la parte demandante del Laudo impugnado, de la que extrae que las conclusiones y resolución que se dicta, es fruto de dicha arbitrariedad, falta de imparcialidad o predisposición”.

“(…) A modo de colofón, como último motivo se hace referencia al principio iura novit curia, asumiendo la parte los motivos de nulidad que esta Sala pueda aplicar al caso, aunque no los haya alegado la parte. El motivo debe ser desestimado de plano. En primer lugar, porque no configura ninguno de los previstos en el art. 41.1º LA En segundo lugar, porque tanto valdría para aceptar y hacer suyos los motivos, que de oficio apreciara la Sala para anular el laudo, como serviría, en aplicación del principio, para aceptar la desestimación de los motivos de anulación, que la Sala considerara no apreciables.

La desestimación de la demanda determina, conforme al art. 394.1º LEC, la imposición de costas en este procedimiento a la parte demandante, al haber visto desestimada su pretensión de anulación, que ha dado lugar al presente procedimiento”.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

El TSJ de Madrid sobresee un procedimiento de nulidad de un laudo arbitral CCI a partir de lo dispuesto en la STC 55/2021 de 15 de marzo (ATSJ Madrid CP 1ª 13 marzo 2021)

 

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de abril de 2021 (ponente: Jesús María Santos Vijande) sobresee el procedimiento de nulidad de laudo arbitral nº 45/2018, tal y como interesaron las partes. Debe recordarse que la misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó la Sentencia 49/2018, de 13 de diciembre estimando la demanda de anulación parcial de laudo arbitral dictado con fecha 14 de abril de 2018 por D. Josef Fröhlinfsdorf en el  procedimiento Arbitral nº 22917/JPA, administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Suscitado incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 LOPJ contra la precitada Sentencia, fue desestimado por Auto de 5 de marzo de 2019.  Recurridas en amparo las anteriores resoluciones, el Tribunal Constitucional dictó Sentencia nº 55/2021, de 15 de marzo de 2021, acordando: 1º. Declarar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión. 2º. Restablecer a los recurrentes en sus derechos y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de 13 de diciembre de 2018 y el Auto de 5 de marzo de 2019, ambos de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada (sic) en el procedimiento de nulidad de laudo arbitral nº 45/2018. 3º. Retrotraer las actuaciones al momento anterior al dictado de la primera resolución citada para que se resuelva de forma respetuosa con los derechos fundamentales cuya vulneración se declara. De conformidad con lo anterior, el presente Auto declara que:

«(…) La ratio decidendi de la Sentencia de amparo se refiere a una única cuestión que analiza en el FJ 3º
sub epígrafe la posibilidad de desistimiento en el procedimiento de impugnación del laudo arbitral, a saber: ante la negativa de esta Sala a archivar el procedimiento, una vez que las partes alcanzaron un acuerdo sobre la resolución del conflicto, el Tribunal Constitucional, sin entrar a analizar la infracción del orden público apreciada por nuestra Sentencia 49/2018, de 13 de diciembre, al amparo del art. 41.2 LA -en sustancia, quiebra de normas imperativas del Derecho de la Unión sobre defensa de la libre competencia-, consideró que dicha negativa viola el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente con apoyo en lo argumentado por su precedente Sentencia 46/2020, de 26 de junio (…). En virtud de lo expuesto, y de conformidad con la parte dispositiva de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de marzo de 2021 -que declara la nulidad del Auto y Sentencia precitados, con reposición de las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictar Sentencia-, en aplicación del art. 20 LEC, La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ACUERDA 1º. Sobreseer el procedimiento de nulidad de laudo arbitral nº 45/2018, tal y como interesaron las partes».

Dicha decisión cuenta con un extensísimo voto particular del magistrado Jesús Santos Vijande proponiendo  poner en marcha una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

En aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional el TSJ de Madrid desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral de la LCIA (STSJ Madrid CP 1ª 4 mayo 2021)

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 4 de mayo de 2021 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral en arbitraje administrado por la London Court of International Arbitration. Tras resumir su doctrina en la materia la presente decisión declara que:

«(…) El examen del laudo impugnado lleva a criterio mayoritario de la Sala, a la luz de la doctrina expuesta, a rechazar las objeciones de error en la interpretación de la cláusula 12.2.3 del contrato, conforme al derecho aplicable, al igual que la alegación de haber ignorado determinados medios de prueba, de absoluta relevancia para el sentido del fallo, y, por último, la denuncia de arbitrariedad en la motivación, que se achaca la Laudo impugnado. El examen del laudo permite afirmar que contiene una motivación que es acorde a la resolución del litigio que se ha presentado ante el Tribunal Arbitral, dando respuesta argumentada, con independencia del acierto o no de la misma, a los planteamientos que sostienen tanto la parte demandante como la parte demandada, en apoyo de sus respectivas pretensiones, deducidas respectivamente en sus escritos de demanda y contestación a la misma. Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el Laudo dictado no vulnera el orden público. Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de una segunda instancia plena. Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido el orden público, que viene a concretarse en la demanda de anulación en que el Laudo «incurre en una frontal contravención del orden público procesal, al vulnerar, en su fundamentación en general y en su valoración probatoria en particular, el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE). Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones: a) El Tribunal arbitral asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado por las partes, sujetándose a las previsiones acordadas por las partes para su resolución, lo que no es impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad al respecto. Conviene hacer una muy destacada referencia a ello, dado que, conforme a la doctrina que expusimos, la actuación del órgano arbitral y su análisis por esta Sala, en el ámbito de la competencia revisora que ofrece la acción de anulación, con el alcance y límites que igualmente hemos señalado, siendo la autonomía de la voluntad de las partes, esencia legitimadora de la institución arbitral, es a la luz de los acuerdos que alcancen las partes, no solo en cuanto a la decisión inequívoca de someterse al procedimiento arbitral, sino también en cuanto al alcance y pautas procedimentales y de resolución, por ejemplo el derecho aplicable, que se indiquen a los árbitros, que esta Sala, repetimos en el ámbito del procedimiento de anulación en que nos encontramos, deberá examinar y ‘revisar’ la corrección externa del laudo dictado. b) No se alega infracción de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa, en definitiva, los aspectos que integrarían el orden público como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal (el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba). c) A juicio de la Sala, como ya hemos afirmado, no existe falta de motivación, ya sea porque el laudo carezca de ésta, ya por una sustantiva insuficiencia, irrazonabilidad o arbitrariedad. Cabe salir al paso de la alegación de la parte demandante, de que la motivación del Laudo impugnado es arbitraria, contraviniendo el orden público, dado que vulnera -en su fundamentación y en la valoración de la prueba-el derecho a la tutela judicial efectiva, contemplada en el art. 24 CE, señalando, tal como establece la STC de 15 marzo 2021 ya citada, ‘…que el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, [lo que se vincula con lo que acabamos de decir] las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En definitiva, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público’. Como consecuencia de lo anterior, el apoyo de la demanda de anulación, en consideraciones referentes a una cuestionada vulneración de la tutela judicial efectiva, derivada del art. 24 CE, deviene ineficaz, singularmente cuando se vincula a cuestiones de fundamentación y valoración de la prueba. Al respecto, la citada sentencia del Tribunal Constitucional es clara en cuanto distingue tajantemente entre la decisión judicial y la arbitral, dado que la semejanza entre ambos tipos de decisión «no alcanza más allá de aquellos efectos como «equivalente jurisdiccional» [entendido en los estrictos términos que aclara expresamente la sentencia citada y la STC 17/2021] y en que el procedimiento arbitral no se puede ver sometido a las exigencias propias del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24 CE), puesto que no es un procedimiento judicial, como tampoco los árbitros ejercen la jurisdicción, cometido de la competencia exclusiva de quienes integran el Poder Judicial (art. 117 CE). Por tanto, no están sujetos a los deberes y garantías que impone el art. 24 CE. Al contrario: cuando las partes de una controversia, en ejercicio de la autonomía de la libertad ( art. 10 CE), deciden acudir al procedimiento arbitral, eligen sustraerse de las normas que rigen el procedimiento judicial ( art. 24 CE) y también, claro está, al enjuiciamiento y valoración de los órganos judiciales, a quienes desde ese momento les está vedado el conocimiento del asunto’. En este sentido el examen del laudo, tal como se ha expuesto en el fundamento anterior, pone de manifiesto como el Tribunal arbitral ha desarrollado un esquema argumental claro, preciso, secuenciado, de manera que ha ido sentando las premisas a partir de las cuáles pasa a desarrollar las siguientes consideraciones, valoración y conclusiones; de manera razonada y razonable, sin que entre la Sala, dado el alcance del procedimiento en el que nos encontramos, a valorar, a su vez, ni la prueba ni el acierto o desacierto jurídico que se establece. Cabe salir al paso, nuevamente, de las alegaciones sobre que el Tribunal arbitral no ha tenido en cuenta elementos probatorios, que para la parte demandante-ahora y en el procedimiento arbitral-son relevantes para el sentido de la resolución, lógicamente en el sentido de su pretensión, y es que debe rechazarse de plano las consecuencias de dicha denuncia, pues como hemos puesto de relieve -con trasposición literal incluida el Tribunal Arbitral afirma y concluye que para la resolución de la cuestión controvertida, sujeta a su decisión, basta con la interpretación textual y contextual de la cláusula 12.2.3, sin necesidad de acudir a la prueba extrínseca, no obstante lo cual, la examina, valora y desestima de forma razonada. No podemos obviar, por otra parte, que, aun cuando hubiera algún otro elemento de prueba aportada al procedimiento sobra la que no se hubiera pronunciado, ello altere la validez de la conclusión que alcanza, pues como señala la STC de 15 marzo 2021: ‘… que el art. 37.4º LA disponga que «el laudo deberá ser siempre motivado(…)’, no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes, como tampoco que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra, pues para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación ( STC 17/2021, de 15 de febrero). Y es que el Tribunal Arbitral es categórico al afirmar que la controversia debe resolverse conforme a la interpretación estricta y literal de la cláusula discutida, lo que de suyo supone la desestimación implícita de la interpretación que propugna la parte demandante. d) La interpretación de la cláusula 12.2.3 del contrato de compraventa de GNL, el SPA, se hace al amparo del Derecho al que las partes se sometieron, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad, para resolver la controversia surgida, a lo que venía vinculado el Tribunal Arbitral: El Derecho del Estado de Nueva York. Lo anterior, sin duda, excluye la aplicación del Ordenamiento jurídico español, incluida la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo español, que lo interpreta en el ámbito de la competencia civil. La aplicación que del Derecho del Estado de Nueva York realiza el tribunal Arbitral debe ser respaldada. En primer lugar, porque lo expone de forma razonada y razonable, no resultando ni arbitrario ni extravagante, por lo que debe mantenerse, con independencia de su mayor o menor acierto interpretativo. En segundo lugar, porque, como el propio Tribunal Arbitral señala ‘las Partes concuerdan en que las Leyes de Nueva York exigen que los contratos se interpreten de acuerdo con el texto llano de sus disposiciones, leídas como un todo armónico e integrado, y dándose efecto a su finalidad y propósito. Los tribunales tienen la obligación de no modificar en nada el texto negociado por las Partes, así como el deber de interpretar el acuerdo de modo tal de implementar todas sus disposiciones, sin privar a ninguna de su vigor y efecto. Las pruebas extrínsecas deben considerarse únicamente cuando el acuerdo no es claro e inequívoco a primera vista’. Y, en tercer lugar, porque dicha interpretación viene avalada por la prueba pericial practicada sobre el Derecho del Estado de Nueva York (Estados Unidos de América), admitida por la Sala. En este sentido, podemos destacar del informe pericial que: ‘El precepto fundamental, neutral del Derecho de Contratos de Nueva York es que el texto del contrato se interprete de conformidad con la intención de las partes. La mejor prueba de tal intención es el contrato por escrito firmado por las partes. Un contrato deliberadamente elaborado y firmado se asume que refleja la intención de las partes, que se debe extraer del documento. Cuando el texto del contrato sea claro e inequívoco, la intención de las partes debe encontrarse en el lenguaje que han utilizado y no mediante pruebas acerca de su intención o sus acciones… Salvo que un texto legal o de orden público dicte otra cosa, los términos de un contrato por escrito claro e inequívoco definen los derechos y obligaciones de las partes’. Una consecuencia de lo anterior, señala el informe pericial, es que ‘A la regla del significado manifiesto se le da efecto operativo por lo que el derecho de Nueva York … denomina la restricción probatoria de la parol evidence, que impide recurrir a pruebas (verbales o por escrito) no incluidas en un escrito integrado’. Y sigue diciendo el informe: ‘La regla de parol evidence es una regla de Derecho sustantivo, no de procedimiento o de prueba. La regla tiene dos facetas. En primer lugar, cuando el contrato sea claro e inequívoco, la prueba extrínseca a las cuatro esquinas del contrato de las partes no es admisible para variar o contradecir el texto del contrato. La prueba extrínseca no puede alterar un contrato por escrito. La prueba que se encuentre fuera de las cuatro esquinas de un contrato por escrito acerca de lo que las partes supuestamente pretendían, pero que no llegaron a declarar, o declararon erróneamente, en su contrato por lo general no se tomará en consideración para añadir o variar los términos de un contrato claro e inequívoco por escrito. La segunda faceta de la regla parol evidence impide recurrir a un contrato verbal anterior entre las partes que se ocupe del mismo objeto que el que cubre un contrato integrado por escrito’. Finalmente, el informe, trae a colación la jurisprudencia de Nueva York que da efecto a esta regla, en palabras del Juez Learned Hand: ‘Un contrato no tiene, estrictamente hablando, nada que ver con la intención personal o individual de las partes. Un contrato es una obligación que se impone por la mera fuerza de la ley a ciertos actos de las partes, normalmente palabras, que por regla general acompañan y representan una intención conocida. Sin embargo, si veinte obispos demostraran que cualquier de las partes, cuando usó las palabras, pretendía decir algo distinto del significado habitual que la ley les impone, seguiría estando vinculado, a menos que se haya producido algún error mutuo u otra cosa del estilo’. Esta es, en definitiva, la interpretación y aplicación que hace el Tribunal Arbitral de la cláusula 12.2.3 del Contrato, a la luz del derecho que las partes aceptaron como aplicable y que, junto con el desarrollo argumental contenido en el laudo final, confluyen en la decisión desestimatoria de la demanda arbitral formulada por la también ahora parte demandante. No podemos obviar, no obstante, la parte de la prueba pericial que hemos transcrito, que el perito sobrepasa sus funciones, en cuanto que hace una valoración del laudo, a la vista del caso concreto, que pasa a analizar y valorar, en lo que se excede sin duda, de manera que las conclusiones, que escapan a lo que la exposición ante este tribunal del Derecho aplicable se refiere, no pueden ser tenidas en consecuencia, aunque sean favorables a la corrección de la decisión arbitral. Las consideraciones que se hacen en la demanda de anulación, entrando en el examen de los argumentos del laudo impugnado, aun cuando pudieran en algún aspecto poner en evidencia alguna omisión argumental del mismo, no desvirtúan en su conjunto la valoración, aplicación del derecho y respuesta a las pretensiones de las partes. La respuesta dada por el Tribunal arbitral, desde el punto de vista externo, es decir sin entrar a valorar el mayor o menor acierto de la misma, en lo que la Sala no puede entrar, cumple suficientemente con el deber de motivación, que por otra parte no se revela ni ilógico, ni arbitrario ni absurdo o representativo de una mera apariencia vacua de dicha motivación, por lo que debe ser refrendada por esta Sala, en el ámbito del procedimiento en el que nos encontramos. En definitiva y como señala la STC. de 15 de marzo de 2021, ‘… excepcionalmente cabe anular una decisión arbitral cuando se hayan incumplido las garantías procedimentales fundamentales como el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba; cuando el laudo carezca de motivación o esta sea arbitraria, ilógica o irracional; cuando se haya infringido normas legales imperativas; o cuando se haya vulnerado la intangibilidad de una resolución firme anterior. Esto significa que no es lícito anular un laudo arbitral, como máxima expresión de la autonomía de las partes ( art. 10 CE) y del ejercicio de su libertad ( art. 1 CE) por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas por el árbitro o por el colegio arbitral sean consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes o, simplemente, porque de haber sido sometidas la controversia a su valoración, hubiera llegado a otras bien diferentes’». Las partes, mediante la lectura del laudo, pueden tener una cabal compresión de las razones por las que el Tribunal arbitral resuelve la controversia sometida a su consideración, aunque alguna parte, pueda lógicamente no estar de acuerdo, dando argumentos, además fundados en derecho, razonables y razonados, aunque no se compartan, o hubiera podido resolverse la cuestión litigiosa en otros términos, por lo que resulta procedente su confirmación».

La presente decisión cuenta con un extensísimo voto particular a cargo del Magistrado Jesús María Santos Vijande.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

La acción de anulación sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales (STSJ Madrid CP 1ª 23 marzo 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sala Primera de 23 de marzo de 2021 (ponente: Francisco Javier Goyena Salgado) desestima una acción de anulación en nombre y representación de «Canal de Isabel II, S.A.», frente al Laudo final y complementario, de fechas,  respectivamente, 5 de junio de 2020 y 26 de junio de 2020,  que dictó el Tribunal arbitral designado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje , razonando del siguiente modo:

“(…) La acción que se ejercita, predica la anulación de la resolución arbitral al amparo del motivo de nulidad contemplado en el art. 41.1º f) L A, ‘ser el laudo contrario al orden público’.

a) En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en sentencia de 23 de Mayo de .012, Recurso 12/2011, ‘… por orden público han de estimarse aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico (Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el art. 9.3º de la Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión.’ Criterio reiterado en nuestra sentencia de fecha doce de junio del dos mil dieciocho y en la ya citada. Más recientemente la STC 46/2020, de 15 de junio de 2020, sobre dicho concepto tiene establecido: ‘Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal la de que por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada (SSTC 15/1987, de 11 febrero; 116/1988, de 20 junio, y 54/1989, de 23 febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente.’ La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de febrero de 2021 (Recurso de amparo 3956-2018), concreta el concepto de orden público en relación al arbitraje y la función de esta Sala, estableciendo el siguiente criterio: ‘… la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público, no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitraje, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo del arbitraje. En este orden de ideas, ya hemos dicho que, ‘por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada (SSTC 15/1987, de 11 de febrero; 116/1988, de 20 de junio; y 54/1989, de 23 de febrero), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente’ (STC 46/2020, de 15 de junio, FJ 4). La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior’.

b) El examen del Laudo final y del complementario, lleva a esta Sala a rechazar la alegación de falta de motivación de los mismos respecto de las cuestiones planteadas por ambas partes litigantes, así como que la valoración de la prueba -como veremos en relación a la cuestión del déficit de financiación, documental y de interpretación de los Convenios suscritos entre las partes-sea ilógica, arbitraria o contraria a los principios de valoración probatoria.

c) Atendido el alcance y función revisora que otorga a esta Sala el recurso de anulación en el que nos encontramos y el concepto acuñado de orden público, debe ser desestimada la demanda formulada, pues por una parte desborda claramente el marco de aplicación del recurso interpuesto y, por otra parte, el Laudo dictado no vulnera el orden público. Desborda el marco de aplicación de la acción de anulación formulada ya que, en realidad, lo que subyace en la demanda planteada, es la pretensión de revisión de la cuestión litigiosa en cuanto al fondo, a modo de una segunda instancia plena.

d) Por otra parte, del examen del laudo arbitral impugnado, en modo alguno se desprende que haya infringido el orden público. El árbitro asumió el conocimiento del litigio regularmente, conforme al sometimiento al arbitraje acordado por las partes, lo que no es impugnado por la parte demandante, alegando causa de nulidad al respecto. No se alega tampoco infracción de los principios que deben regir el procedimiento arbitral, singularmente el derecho a ser oídas las partes, a proponer las pruebas que estimen oportunas en favor de sus respectivas pretensiones y a hacer las pertinentes alegaciones en su defensa. A juicio de la Sala no existe falta de motivación, ya sea porque el laudo carezca de ésta, ya por una sustantiva insuficiencia, irrazonabilidad o arbitrariedad. Como señala la citada STC de 15 de febrero de 2021: ‘Por consiguiente, debe subrayarse una vez más que si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público. … Es más, respecto a la motivación de los laudos ha de aclararse que tan siquiera se requiere una argumentación exhaustiva y pormenorizada de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, pues el derecho a obtener una resolución fundada, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad y ello, en materia de arbitraje, implica que la resolución ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos o de equidad que fundamentan la decisión, que no deben resultar arbitrarios… A tal efecto es preciso señalar, como lo ha hecho este Tribunal, que no pueden considerarse razonadas ni motivadas aquellas resoluciones que, a primera vista, y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden basarse en ninguna de las razones aducidas’.

e) Debemos partir, lo que pone de relieve la parte demandada A., que la discrepancia se limita a una de las dos pretensiones planteadas por dicha parte en el proceso arbitral, la tan mencionada cuestión de quién debe soportar el déficit de financiación con cargo a los Fondos Europeos (…).

f) La impugnación que se desprende de la demanda, por otra parte, se refiere también a una incorrecta valoración de la prueba por parte del árbitro. Dicha fundamentación, sin embargo, no llena las exigencias que se derivan de la infracción del orden público, a los efectos de considerarlo vulnerado, pues no basta la mera alegación de la incorrecta valoración de la prueba, cuando con ello tan solo se plantea la mera discrepancia con la realizada por el órgano arbitral. Para que la valoración de la prueba pueda considerarse que infringe el orden público, ha de suponer una total ausencia de tal valoración, o que la realizada sea tan arbitraria, voluntarista o irracional que equivalga a dicha ausencia, apartándose clamorosamente de la cabal valoración que deba realizar el órgano laudatorio, según los criterios del onus probandi y de la racional apreciación de la prueba, conforme a las reglas legales, la experiencia, la lógica y el resultado de la prueba. En el caso presente en modo alguno el laudo final, puesto en relación con el de aclaración/corrección, incurre en dichos defectos, sino que, por el contrario, atiende y valora críticamente la prueba practicada”.

“(…) No puede discutirse y no lo hace el laudo impugnado, que la apreciación de una serie de irregularidades en el procedimiento de contratación de diversas obras, entre las que se encuentra una de las litigiosas, determinaron la calificación como irregular de los contratos examinados por la Comisión, proponiendo y aceptándose por las autoridades españolas la corrección financiera del 2 %. Esto es valorado por el árbitro, pero no con el carácter obstativo que le pretende dar la demandada, en relación a la reclamación planteada por A., para lo que el árbitro se apoya y razona en otras pruebas, igualmente aportadas y practicadas en el procedimiento arbitral, llegando a la conclusión de que del citado informe de la Comisión Europea y de la irregularidad constatada, se derive un incumplimiento contractual sustancial por parte de A., por las razones que ya hemos recogido precedentemente. La solución que da el árbitro podrá o no compartirse por las partes, pero lo cierto es que da una respuesta razonada y razonable, como ya hemos indicado, apoyada en una valoración de la prueba que no es arbitraria, absurda o ilógica, sino fruto de su juicio y criterio. No cabe apreciar, a juicio de la Sala, que se haya incurrido en una vulneración del orden público por las razones que señala la demanda examinada. En definitiva, y conforme al criterio del Tribunal Constitucional expuesto en su sentencia de 15 de febrero de 2021, dado que ‘La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior’, defectos que no aprecia esta Sala, siendo que la respuesta arbitral dada no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no procede declarar su nulidad al amparo del motivo esgrimido por la parte demandante, esto es, el orden público”.

 

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Curso de verano Universidad de Alcalá 2021: «Problemas actuales del arbitraje interno e internacional» (28 de junio al 2 de julio de 2021). Con el patrocinio de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

 

  • Dirección: Ana Fernández Pérez, Profesora Titular de Derecho internacional privado y Directora de Máster de Arbitraje de la Universidad de Alcalá.  Árbitra del Consejo Arbitral para el Alquiler en la Comunidad de Madrid
  • Patrocinio: Corte Civil y Mercantil de Arbitraje
  • Unidad organizadora del curso: Departamento de Ciencias jurídicas (Universidad de Alcalá

Folleto del Curso

Profesorado

Programa

Hoja de inscripción

Modalidad: Online (Blackboard – Aula Virtual de Alcalá)

Fechas de realización: 28 de junio al 2 de julio

Horario de las clases: 16 a 21 horas

Horas lectivas totales: 25

Precio:

  • General: 50 euros
  • Reducido (especificar si es para alumnos de la UAH, todos los universitarios, desempleados, etc.): estudiantes universitarios 20 euros

Perfil del alumno/a: El Curso está dirigido a todas aquellas personas que vayan a desempeñar labores profesionales en el ámbito de los negocios internacionales, ya sea en empresas u organizaciones nacionales o internacionales, y deseen obtener una formación especializada del más alto nivel profesional y académico en arbitraje comercial y de inversiones.

Especialmente destinado a empresarios/empresas que quieran expandir sus negocios internacionalmente y de modo preferente a los miembros de la Asociación de Empresarios del Henares.

Objetivos: El procedimiento arbitral brinda un mecanismo que entraña muchas ventajas y múltiples posibilidades para resolver satisfactoriamente una controversia. Las características intrínsecas del arbitraje suelen cifrarse en una serie de lugares comunes entre los que se figuran nociones como libertad, deslegalización, descentralización o ausencia de formalismos, a lo que se suelen añadir supuestas ventajas comparativas frente a la jurisdicción estatal: celeridad, confidencialidad, especialización, economía de recursos materiales y humanos, menor grado de enfrentamiento entre las partes, flexibilidad, mayor participación de las partes en el proceso, e inmediación entre estas y el árbitro. Dichas características y ventajas comparativas conducen a la afirmación de que el arbitraje es un sistema que puede ofrecer una opción más eficiente que el procedimiento ante la jurisdicción estatal por lo que se debe conocer su perspectiva desde las distintas sedes arbitrales. El arbitraje es el instrumento esencial de solución de controversias en el mundo de los negocios y su enseñanza es esencial tanto desde la perspectiva teórica como, preferentemente práctica y conocer las distintas instituciones arbitrales que lo administran.

Normas de matrícula: INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNO/AS

  1. Los alumnos/as podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es imprescindible que aparezca el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula universitaria del curso 2020-2021. La organización de los cursos no se hace responsable de los problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya finalizado el plazo de inscripción. La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor comprensión de los datos.
  2. Los alumnos/as que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de los cursos (teléf. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para confirmar su correcta recepción. La inscripción se realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula lo realice otra persona que no sea el propio alumno/a, el comprobante de transferencia deberá estar a su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que figura junto al título del mismo.
  3. La asistencia y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo y de un certificado de horas, que el director/a del curso entregará. El alumno/a también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de aprovechamiento del director, quince días después de haber finalizado el curso.
  4. En caso de renuncia por parte del alumno/a, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula, siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10 días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno/a no tendrá derecho a devolución alguna..
  5. La devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o anulación del curso.

La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno/a (por correo electrónico o teléfono fijo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno/a tendrá que hacer entrega del documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación.

  1. El importe de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto de la transferencia el código del curso que aparece delante del título, el nombre del alumno y su NIF.
  2. Los cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos/as.
  3. La matrícula podrá realizarse a partir del 10 de abril de 2021. El plazo de matriculación finaliza una semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más inscripciones.
  4. Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos/as que estén matriculados en la UAH.

Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la secretaría que le corresponda en su Universidad.

  1. Documentación necesaria para la inscripción: – Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.

– Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.

– Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la matrícula universitaria del curso académico 2020-2021.

  1. Los datos personales que se recojan necesarios para la inscripción y matrícula en los correspondientes Cursos de Verano y de Extensión Universitaria serán incorporados a los sistemas de gestión de la información de los que es responsable la Universidad de Alcalá, adoptándose las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal proporcionados, que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, previstas tanto en la normativa vigente a nivel nacional como en el Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD).

Los datos personales recogidos serán tratados bajo la base legítima del consentimiento expreso y la ejecución de la inscripción y matrícula efectuada, en el marco de la función educativa e investigadora atribuida legalmente a la Universidad. Estos datos no serán cedidos salvo previa petición y en los casos previstos legalmente, y se conservarán durante el tiempo legalmente establecido y el necesario para cumplir con la finalidad para la que fueron recogidos. El órgano responsable del tratamiento es la Secretaría General de la Universidad, ante quien se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, mediante escrito dirigido a la Delegada de Protección de Datos (Colegio de San Ildefonso, Plaza de San Diego, s/n. 28801 Alcalá de Henares. Madrid) o por correo electrónico (protecciondedatos@uah.es), adjuntando copia del DNI o equivalente. En caso de conflicto, se podrá plantear recurso ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Para una información más detallada puede consultarse la Política de Privacidad de la Universidad: https://www.uah.es/es/politica-privacidad/

Información y contacto: Secretaría de Extensión Universitaria Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria, Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10) 28801 Alcalá de Henares

Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693

Correo: cursos.extension@uah.es

  • Organiza: Vicerrectorado de Políticas de Responsabilidad Social y Extensión. Universitaria. http://www.uah.es/cultura
  • Patrocina: La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)
  • Colabora: Fundación General de la Universidad de Alcalá, http://www.fgua.es

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Con la participación de 42 autores y el patrocinio de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje aparece el libro sobre «El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional», tras sus recientes decisiones

El proceso arbitral en España a la luz de la doctrina del Tribunal Constitucional

Los diferentes pronunciamientos del TC en relación con el arbitraje en España, despejan cualquier duda en torno a la seguridad jurídica de nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerzan el principio de mínima intervención judicial.


 José Carlos Fernández Rozas

Prólogo: Juan Serrada Hierro
 Mayo 2021
 256 págs.
 978-84-123132-2-2
 978-84-123132-3-9

Libro patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje

El Tribunal Constitucional completa en su Sentencia 17/2021, de 15 de febrero la tendencia iniciada en su decisión 46/2020, 15 de junio de 2021 contra la doctrina emanada del TSJ de Madrid. Por un lado, fija el ámbito del orden público en el control de los laudos arbitrales y el alcance de la motivación del árbitro al pronunciar su decisión y establece, por otro lado, nuevos parámetros en la configuración constitucional del arbitraje, superadores de la hasta ahora aceptada noción de «equivalente jurisdiccional».

El libro reúne aportaciones de juristas de reconocido prestigio de las referidas decisiones del Tribunal Constitucional para el desarrollo del arbitraje en España, despeja cualquier duda en torno a la seguridad jurídica sobre nuestro país como sede internacional del arbitraje y refuerza el principio de mínima intervención judicial. Semejante aportación, que restituye la «normalidad arbitral» en España frente a una indeseada extralimitación de los jueces en el control de los laudos, ha movido a la elaboración de la presente obra colectiva en torno al contenido y al alcance de la referida doctrina constitucional.

Ha contado esta iniciativa editorial con una respuesta verdaderamente entusiasta, reuniendo cuarenta contribuciones que abordan la materia acordada desde distintas perspectivas. En este libro han colaborado juristas de reconocido prestigio en el mundo arbitral de muy diversa procedencia: judicatura, centros administradores de arbitraje, árbitros, juristas dedicados a la práctica arbitral, y profesores universitarios. La diversidad de enfoques efectuada confieren una nota de exhaustividad imprescindible para la comprensión de los nuevos derroteros del arbitraje en España.

Sumario

Prólogo, Juan Serrada Hierro, Presidente de la Corte Civil y Mercantil de arbitraje

  • “El principio de mínima intervención judicial en el arbitraje y su terminante reconocimiento en las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio, y 17/2001, de 15 de febrero”, Pascual Sala Sánchez, Socio Consultor de Roca Junyent, Expresidente del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas
  • “Despejadas las dudas en orden a la seguridad jurídica del arbitraje en España y a su posición como sede internacional”, José María Alonso Puig, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Árbitro internacional
  • “Sobre los inciertos límites al control jurisdiccional de la motivación del laudo y sobre el espaldarazo cierto del Tribunal Constitucional al arbitraje”, Santiago Álvarez González, Catedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Santiago de Compostela
  • “El Tribunal Constitucional reafirma el principio de mínima intervención de los órganos jurisdiccionales en el arbitraje”, Gonzalo Ardila, Socio, Hogan Lovells
  • “El Tribunal Constitucional refuerza el principio de seguridad jurídica frente a la extralimitación de los jueces en el control de los laudos”, María Arias Navarro, Counsel de la Corte Española de Arbitraje.  Abogado
  • “Dos sentencias inseparables”, José Antonio Caínzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid
  • “El ‘orden público’ como motivo de anulación del laudo arbitral en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Fernando Castedo, Abogado del Estado. Director del Bufete Castedo. Árbitro de CIMA
  • “Una reflexión sobre la constitucionalización del arbitraje, a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado. Director y árbitro de CIMA
  • “Comentarios a vuelapluma de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021” Luis María Cazorla, Catedrático. Abogado del Estado, Letrado de las Cortes Generales, Árbitro internacional
  • “Firme afianzamiento del arbitraje en la doctrina constitucional española. Comentarios a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero 2021”, Bernardo Mª Cremades, Socio Fundador del Despacho Cremades & Asociados. Catedrático. Académico de número de la RAJYLE. Árbitro internacional
  • “Regreso a la normalidad arbitral. Sentencias del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021”, Carlos de los Santos, Director del Departamento de litigación y arbitraje de Garrigues. Presidente del Club Español del Arbitraje
  • “Un auténtico soplo de aire fresco para el arbitraje”, Juli De Miquel Berenguer, Presidente del Tribunal Arbitral de Barcelona
  • “El Constitucional rescata la autonomía del arbitraje”, Urquiola De Palacio, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid
  • “Reflexiones a raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Juan Fernández Armesto y Alba Briones Martín, Armesto & Asociados
  • “La acción de anulación de los laudos recupera sus perfiles privativos”, Ana Fernández Pérez, Árbitra y mediadora. Profesora titular y Directora del Master de Arbitraje Comercial y de Inversiones de la Universidad de Alcalá
  • “El Tribunal Constitucional restablece la ortodoxia en el control judicial de los laudos arbitrales”,  José Carlos Fernández Rozas, Director de la Revista La Ley: Mediación y Arbitraje.  Árbitro y mediador internacional
  • Coup de maître del Tribunal Constitucional en respaldo al arbitraje con sede en España. (O del coup de grâce al elefante que teníamos en el salón)”, Javier Fernández–Samaniego, Abogado, árbitro y mediador Internacional. Conciliador designado por España para el CIADI (período 2020-2026)
  • “La progresiva delimitación del alcance de la acción de anulación. Tres notas sobre las conclusiones que derivan de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Luis García del Río, Abogado del Estado (ex.). Socio DRL Abogados
  • “Garantía constitucional de la autonomía de la voluntad y su consustancialidad con el arbitraje”, José Daniel González Torres, Asociado Senior. Área de Derecho Público. Broseta Abogados
  • “Deber de motivación de los árbitros. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Antonio Hierro Hernández-Mora, Abogado de Estado (ex.). Árbitro internacional
  • “Precisiones del Tribunal Constitucional sobre el ámbito de la acción de anulación contra los laudos arbitrales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, 15 de febrero”, Rafael Hinojosa Segovia, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid
  • “El estándar aplicable al deber de motivación del laudo bajo el art. 37.4º de la ley de arbitraje, a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Alfonso Iglesia, Socio, Cuatrecasas y Lucía Montes, Asociada sénior, Cuatrecasas.
  • “Detrás de una gran sentencia siempre hay un gran abogado/a”, Javier Íscar de Hoyos, Socio Director Íscar Arbitraje. Presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR
  • “Un buen año”, Josep Maria Julià Insenser, Abogado. Fundador de Delegaltessen. Árbitro internacional
  • “Que del juicio de los avenidores no se puede ninguno alzar (Ley XXXV , Título IV de la Partida Tercera del Código de las Siete Partidas)”, Luis Martí Mingarro, Abogado. Académico de número de la RAJYLE
  • “El orden público material en la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021”, Santiago Martínez–Lage, Árbitro internacional
  • “Los motivos de anulación de laudos: dudas resueltas por el Tribunal Constitucional”, María José Menéndez Arias, Socia de Ashurst LLP – Fellow of the Chartered  Institute of Arbitrators
  • “Punto final al ejercicio exorbitante del control judicial del laudo: Sentencia del Tribunal Constitucional 15 de febrero de 2021”, José Fernando Merino Merchán, Árbitro internacional
  • “La sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021. Orden público y Convenio de Nueva York”, Félix J. Montero y Álvaro Villalón, Pérez-Llorca Abogados
  • “Estándar de prueba en el arbitraje a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Frederic Munné Catarina, Abogado. Presidente del Centro ADR del Colegio de la Abogacía de Barcelona. Vocal del TAB
  • “Espaldarazo del Tribunal Constitucional al arbitraje en España”, José Juan Pintó Sala, Presidente de la firma de abogados Pintó Ruiz & Del Valle
  • “Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional relativas al orden público: una aproximación general”, Francisco G. Prol Pérez, Abogado y árbitro internacional
  • “El arbitraje en España y su pleno reconocimiento en la doctrina constitucional. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 17/2021, de 15 de febrero”, Jesús Remón, Socio de Uría Menéndez. Presidente de Honor del Club Español del Arbitraje
  • “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Íñigo Rodríguez–Sastre, Socio en Andersen
  • “Libertad y arbitraje: un binomio inseparable: Comentarios a la STC 15 de febrero de 2021”, Francisco Ruiz Risueño, Árbitro. Secretario General de CIMA
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021 o qué hay de verdad en la ‘equivalencia jurisdiccional’ del arbitraje”, Sixto A. Sánchez Lorenzo, Catedrático de DIPr. Universidad de Granada. Secretario General del IHLADI. Árbitro internacional
  • “La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021: una clara lanza en favor del arbitraje y algunas cuestiones por aclarar”, Elena Sevila Sánchez, Directora en el área de arbitraje internacional en Andersen
  • Satis superque, o del aparente y esperado final de una anomalía arbitral española: la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021”, Pedro Tent Alonso, Socio en el Departamento de Litigación y Arbitraje de J&A Garrigues, S.L.P. (Valencia); Profesor Asociado de DIPr
  • “Qué quería decir el Tribunal Constitucional con el ‘equivalente jurisdiccional’”, Antonio Vázquez Guillén, Socio co-director de Allen & Overy España
  • “Con ustedes la Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2021, ¿y ahora qué?”, Rosa María Vidal Monferrer, Abogada del Estado (ex). Socia Directora Broseta Abogados. Árbitro CIMA

Fuente: https://fernandezrozas.com/

LA STC 46/2020 introdujo un giro trascendental en lo que había sido la tesis del TSJ de Madrid en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación (Sentencias TSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 19 de enero de 2021 (ponente: Francisco José Goyena Salgado) aplica la doctrina emanada del Tribunal Constituciones en torno al allanamiento y al desistimiento de la acción de anulación contra un laudo arbitral, con las siguientes consideraciones:

«(…) Cierto es que, de conformidad con lo previsto en el art. 21.1º LEC , aplicable al procedimiento en el que nos encontramos (art. 42.2), «Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante.» Al aplicar esta institución a la acción de nulidad de un Laudo arbitral, esta Sala vino declarando en constantes pronunciamientos que «por la naturaleza de la acción de anulación … en esta clase de procesos no cabe el allanamiento propiamente dicho, como acto vinculante para el Tribunal, puesto que la nulidad de un Laudo, como la de una Sentencia, se supedita ope legis a la verificación por el Tribunal de la concurrencia de alguna de las causas tasadas de anulación ex art. 41.1 LA -causas de anulación cuya existencia no es disponible ni puede derivar del común acuerdo de las partes;» (STSJM de 2 de julio de 2019). Con mayor detalle se dijo en la STSJM de 13 de diciembre de 2018 que: «se hace preciso recordar que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio, y que de ese poder de disposición son manifestaciones el allanamiento, el desistimiento, la renuncia, la transacción, la sumisión a arbitraje o mediación ( art. 19.1 LEC), y la atribución de relevancia a la pérdida de interés de las partes para acordar la terminación del proceso ( art. 22 LEC); ahora bien, tal poder de disposición se supedita -obvio es decirlo- a que el objeto del juicio, la res in iudicio deducta sea disponible, de forma que la actuación de la voluntad de las partes para poner fin al proceso no contravenga una prohibición o limitación legal por razones de interés general o en beneficio de tercero ( art. 19.1º LEC ). En este sentido, hemos dicho con igual reiteración que no cabe ignorar que la pretensión ejercitada es la anulación de un laudo -no, propiamente, la controversia de que éste trae causa- , la cual solo puede ser acordada por Sentencia del Tribunal competente y en virtud de una causa legalmente establecida (art. 41 LA): pretensión que, ope legis, exige su adopción por Sentencia judicial tras el correspondiente proceso…; conclusión insoslayable, por otra parte, pues resulta totalmente coherente con la naturaleza de «equivalente jurisdiccional» que ostenta el arbitraje y con la fuerza de cosa juzgada atribuida a los laudos (art. 43 LA). Pues bien, olvidan las partes que la acción de anulación del Laudo no subviene solo a la satisfacción de sus intereses: la nulidad o la validez de un Laudo, una vez suscitada ante el Tribunal competente, no es materia disponible: la Sala ya ha establecido con reiteración que no cabe ni el allanamiento ni la transacción sobre la validez de un Laudo (v.gr., SS. 65/2015, de 17.9 y 13/2016, de 9.2º; y Auto de 20 de julio de 2016 –. Qué duda cabe de que existe un interés general, expresado de manera inequívoca por la Ley en defensa de la institución misma del arbitraje, en que la sola voluntad de las partes -su libre poder de disposición- no pueda dar lugar a la anulación del laudo… Postulado que se representa tanto más evidente cuando se repara en la naturaleza que ostenta el Laudo, esto es, en su condición de «equivalente jurisdiccional» (reiterada, una vez más, por el Tribunal Constitucional en su reciente STC 1/2018, de 11 de enero): cabalmente, no cabe defender la eliminación del ordenamiento jurídico -por revisión o por declaración de nulidad- de una sentencia firme porque las partes así lo quieran o lo decidan, al margen de las taxativas previsiones de la Ley al respecto… Pues lo mismo se ha de mantener sobre la imposibilidad de convención de las partes en lo que concierne a la nulidad de un laudo…». Y prosigue la misma Sentencia afirmando -entre otras referencias a las formas no habituales de conclusión del proceso que: «En otros términos: una vez que se incoa un proceso de anulación de laudo arbitral, no se puede disponer por las partes de la acción de anulación, sustrayendo al Tribunal el ejercicio de una competencia indeclinable: verificar si concurre o no la lesión de intereses tan generales que la Ley no faculta, sino que impone al Tribunal el deber de salvaguardarlos de oficio. No entenderlo así, insistimos, sería tanto como vaciar de contenido la prescripción terminante del art. 41.º2 LA, que no es dable dejar al albur de la voluntad de las partes». Imprescindible resulta traer a colación que el Tribunal Constitucional, en su importante STC 46/2020, de 6 de junio de 2020, introdujo relevantes consideraciones en torno a la tesis que había venido manteniéndose por la Sala, que distinguía entre la disponibilidad para las partes del objeto del procedimiento arbitral en sentido estricto, y el objeto del proceso de anulación (el laudo y su conformidad al orden público). Esta Sentencia introduce un giro trascendental en lo que había sido la tesis que ha quedado reflejada en los precedentes párrafos, en torno a la disponibilidad para las partes del objeto del proceso de anulación. Concretamente, al referirse a la distinción que acabamos de apuntar, señala el Tribunal Constitucional: «Con este razonamiento, que no se basa en norma procesal alguna, la sala evita entrar a decidir una cuestión que, a priori, es perfectamente admisible en este tipo de procedimientos. A diferencia de lo razonado, la petición de archivo pretende poner de relieve la pérdida de interés en proseguir con el procedimiento de anulación, como consecuencia del acuerdo alcanzado; la conclusión de los autos recurridos es forzada dado que, en efecto, el objeto del arbitraje fue decidido ya en el laudo, pero lo que parece incontrovertible es que es la voluntad de evitar la ejecución del laudo y de obtener su revocación lo que justifica el procedimiento de anulación. En consecuencia, no se puede afirmar de manera tan categórica que las partes no puedan alcanzar un acuerdo posterior al laudo ni que, de dicho acuerdo, no se pueda entender que tanto demandante como demandada decaigan en su interés en seguir litigando. Mediante tal línea argumentativa se llega a negar el carácter subjetivo de los derechos que se ejercen en el proceso de anulación de laudos, otorgando a las partes tan solo el poder de desencadenar el proceso, pero sin poder hacer valer, a posteriori, los cambios sobrevenidos que afecten a su interés para obtener la sentencia. Por el contrario, ha de entenderse que ello entra dentro del terreno del poder de disposición de las partes en un proceso civil, como lo es el proceso de anulación del laudo arbitral, sin que exista norma legal prohibitiva a dicho respecto. En tal sentido recordemos que el proceso civil regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, se inspira en el principio básico de disposición de las partes para regular sus intereses privados o, lo que es lo mismo, para iniciar la actividad jurisdiccional, determinar el objeto del proceso y ponerle fin en el momento que estimen conveniente, sin necesidad de esperar a la sentencia y siempre que la relación jurídica discutida responda únicamente a una naturaleza subjetiva-privada. A este principio dispositivo hace referencia el art. 19 LEC, que se encuadra dentro del capítulo IV, cuyo título, «Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones», pone ya de relieve cuál es la clave sustancial sobre la que gira el proceso civil». Aunque la citada STC se refiere a la figura del desistimiento, entendemos que resulta igualmente concluyente en torno a la figura del allanamiento, contemplada en el mismo Capítulo de la Ley procesal civil dentro de lo que la doctrina denominó las crisis procesales, por cuanto significan una terminación diferente a la que, de ordinario, resulta con la sentencia dimanante de la contradicción y la prueba. La más genuina manifestación del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva pasa por la obligación de Juzgados y Tribunales de resolver motivadamente y en Derecho los litigios de los que conocen dentro de su respectiva competencia. Esta obligación suele materializarse en el pronunciamiento de una resolución sobre el fondo del asunto tras el desarrollo del oportuno debate procesal. Las denominadas «crisis procesales» se apartan de dicho esquema, al provocar la terminación del proceso debido a otras causas. Muy resumidamente podemos recordar que tanto el desistimiento como el allanamiento son manifestaciones procesales del principio dispositivo que inspira al proceso civil. El primero -previsto en los arts. 19 y 20 LEC- es aquella actuación de una parte que manifiesta su voluntad de poner fin anticipado al proceso, ejercitando el poder de disposición sobre el mismo cuando se trata de materias en las que puede predicarse un dominio sobre el derecho material que se discute, un dominio sobre las pretensiones debatidas (existen algunas excepciones, como por ejemplo las contenidas en el artículo 751 LEC). El allanamiento (art. 21) entraña el reconocimiento y aceptación por el demandado de las pretensiones del actor, que encuentra solo como limitación en la ley la existencia de prohibiciones, que se haga en fraude de ley, o suponga renuncia contra el interés general o perjuicio para terceros. De acuerdo con lo señalado, por ejemplo, en la STS (Sala Primera) de 15-6-2020: «Conforme a reiterada jurisprudencia (por todas, sentencias 11/2012, de 19 de enero, 571/2018, de 15 de octubre, y 173/2020, de 11 de marzo), el allanamiento es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda, hecha por el demandado al contestar a ella, o en otro momento procesal, y constitutivo de un medio de extinción del proceso a virtud del reconocimiento y conformidad del demandado, que puede comprender todas las materias de carácter privado que sean objeto de pretensión por las partes y que sean disponibles por ellas, porque no es lícito, dentro del orden jurídico, oponerse a que los interesados hagan de lo suyo lo que a bien tengan.» En igual sentido la STS de 11 marzo 2020. A estos efectos queremos resaltar la conclusión expresada en el FJ 4 de la STC ya citada: » con independencia de que la causa de pedir de la anulación afecte al orden público o no, es lo cierto que la cuestión de fondo es jurídico-privada y disponible, por lo que, en nuestro sistema procesal civil, para que haya una decisión, se requiere que las partes acrediten su interés en litigar». Admite a continuación el Tribunal Constitucional que la cuestión podría ser discutible (tampoco avanza ninguna solución definitiva) «en caso de petición unilateral de una de las partes, controvertida por la contraria», pero esta relación de controversia no es la que se presenta en el supuesto que ahora nos compete resolver. Ya en su parte final, la misma Sentencia, al referirse a la tesis de esta Sala que se había visto recurrida en amparo, señala: » A mayor abundamiento, debemos advertir que, con la doctrina que emana de la decisión que se recurre, la interposición de la demanda de anulación generaría una suerte de «efecto dominó» que impediría a las partes ejercer su poder de disposición sobre el proceso. Dicha solución podría ser admisible de basarse la petición de anulación en que el objeto del laudo (en el caso, el contrato) regula una materia que no era susceptible de ser sometida a arbitraje por afectar al orden público…»» Atendida la anterior fundamentación, la citada sentencia de esta Sala, concluía: «QUINTO.- Aplicadas las anteriores consideraciones al supuesto analizado, hemos de admitir la posibilidad de terminación anticipada del proceso reconociendo virtualidad al allanamiento expresado sin matices por parte del demandado».

Vid. STSJ Madrid CP 1ª 19 enero 2021 (nº 63/2020) 

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Una nueva obra colectiva editada por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje sobre “El laudo arbitral”

 

  • Título: El laudo arbitral
  • Fecha publicación:12/03/2021
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Colección Derecho Arbitral
  • 1ª Edición / 444 págs. / Rústica / / Libro
  • ISBN Papel: 9788413786612
  • ISBN Ebook: 9788413786629

En el año 2018, vio la luz el primer volumen, fruto de esta colaboración, que se refería a los Principios generales del arbitraje y que repasaba, con enorme rigor técnico, todos los principios básicos inspiradores de la actividad arbitral. Se trataba de una publicación que además estaba orientada desde un ángulo enormemente práctico, por lo que su consulta para el practicante del arbitraje ha venido resultando de gran utilidad. El segundo libro se publicó con motivo del 30 aniversario de la Corte, en el año 2019 y tuvo por título El Arbitraje y la buena administración de la justicia. En el mes de octubre ese año CIMA celebró su II Congreso de Arbitraje con la presencia de destacados ponentes del mundo arbitral. El libro recoge las aportaciones de 54 autores de la mayor calidad, en temas de actualidad. Abarcando desde los aspectos generales del arbitraje, las instituciones arbitrales y el procedimiento arbitral, hasta las relaciones entre jueces y árbitros y los arbitrajes especializados.

En este momento y dentro de un año especial, por la gran dificultad en la que se han tenido que
desenvolver todo tipo de actividades, asistimos a la presentación de un nuevo libro que lleva por
título El laudo arbitral y que está dirigido por Francisco Ruíz Risueño, Secretario General de CIMA y
por José Carlos Fernández Rozas, Catedrático y árbitro internacional.

El laudo arbitral, en cuanto realización del fin causal del convenio arbitral, es una decisión irrevocable que pone fin a una parte esencial del proceso arbitral, generalmente su parte final. Si dicho proceso es expresión de la voluntad de las partes de someter su controversia a la decisión de árbitros, el laudo que contiene esa decisión significa la consecución del fin perseguido por ellas en el negocio jurídico. Se configura como una institución jurídica trascendente que tiene una incidencia cada vez más relevante en los sistemas jurídicos internos y en el Derecho de los negocios internacionales. A diferencia de la sentencia jurisdiccional, no implica un acto de soberanía dictado por el poder público: si la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la competencia del árbitro viene dictaminada por la autonomía de la voluntad de las partes.

Es una obra ambiciosa que se estructura en tres grandes capítulos, que abarcan aspectos del mayor interés, con el sello de la calidad indudable que se deriva de la que tienen los propios autores. Tras una presentación a cargo de Pascual Sala, ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en presente libro agrupa contribuciones elaboradas por árbitros de reconocido prestigio: José Mª Ayala Muñoz, Juan Cadarso Palau, Juan Carlos Calvo Corbella, Luis Felipe Castresana Sánchez, Carlos De los Santos, Ana Fernández Pérez, José Carlos Fernández Rozas, Manuel Garayo Orbe, Miguel Gómez Jene, Alfonso Gómez–Acebo Muntañola, Rafael Hinojosa Segovia, José Miguel Júdice, José Fernando Merino Merchán, Francisco Ruiz Risueño, Sixto Sánchez Lorenzo,  Mª Cristina De Ulloa y Solís–Beaumont y Cristina Vidal Otero.

Tras un capítulo introductorio, a cargo de Pascual Sala Sánchez, ex presidente del Tribunal Consticional, del Tribunal Supremo y del Tribunal de Cuentas y en la actualidad árbitro de CIMA, sobre “Analogías y diferencias entre laudos arbitrales y sentencias judiciales”, el libro incluye un primer bloque, donde se analizan los distintos tipos de “Resoluciones emitidas por el Tribunal arbitral, desde las ordenes procesales y su significación en la tramitación del arbitraje hasta la decisión final, repasando distintas categorías de laudos (del árbitro de emergencia, el transaccional, el que decide sobre la competencia del árbitro, el dictado en rebeldía y finalmente, el laudo extranjero y el internacional). Cuestiones todas ligadas a la práctica diaria arbitral que concitan, sin duda, el interés y la atención de quienes se enfrentan a la necesidad de dictar este tipo de laudos, cada vez más comunes y numerosos.

Un segundo bloque de cuestiones está orientado a la “Deliberación arbitral”. Son temas tan sugerentes como la dinámica de las deliberaciones, el ámbito de la colegialidad o el secreto de las deliberaciones. Estos aspectos se completan con el comportamiento ético de los árbitros y con el papel del secretario del tribunal arbitral. Todo ello sitúa el foco en la esencia vibrante y siempre actual de la actuación arbitral y del desenvolvimiento del procedimiento. A todos estos planteamientos, se enfrenta el árbitro en el ejercicio normal de sus funciones y la solución cabal que adopte, en cada caso, contribuirá a la excelencia y acierto de sus decisiones.

Finalmente, la última rúbrica del Libro está dedicada al “Contenido y problemas del laudo arbitral”, el cual aborda los aspectos esenciales de lo que, sin duda, constituye el broche que cierra todo procedimiento arbitral y a cuya consecución va dirigido todo el entramado que se ha venido construyendo. En ella se estudian las características indispensables y básicas de la decisión adoptada por los árbitros, cuales son la redacción, la motivación y la congruencia del laudo. Se analiza la opinión disidente de algún miembro del tribunal, que tantos comentarios ha suscitado y sigue suscitando en la práctica arbitral. Resulta muy oportuna la reflexión sobre la naturaleza y efectos del escrutinio del laudo, que contribuye a dotar de mayor credibilidad a la institución. Importantes consecuencias prácticas pueden tener las Resoluciones relativas a la interpretación, y rectificación de los laudos, y al laudo adicional. De idéntico interés práctico resulta el pronunciamiento sobre las costas. Por último, la posibilidad de la impugnación opcional del laudo ante la Corte (admitida y regulada por el Reglamento de CIMA) es un tema que se presta al debate y por qué no decirlo, a la polémica, al haber quien considera que va en contra de uno de los principios inspiradores del arbitraje (“un solo tiro”), pero que, de otra parte, refleja con nitidez la vigencia de otro principio esencial en la materia, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes.

En definitiva, nos encontramos ante un abanico de enunciados que van a suscitar el interés y la reflexión de cuantos se enfrenten a tan apasionantes temas.. La aproximación al arbitraje es una tarea siempre inacabada, que en muchas ocasiones, implica la apertura de nuevos horizontes cuando se cierran o terminan los caminos que se transitaban. Esta característica es reflejo de la propia realidad sobre la que se asienta el arbitraje, que atiende a relaciones jurídicas y económicas siempre cambiantes y variables en sus planteamientos y desarrollos.

Fuente: https://fernandezrozas.com/

Clausura del curso de Verano Universidad de Alcalá 2020 (edición virtual): «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina», patrocinado por CIMA

foto grupo curso de verano

Con un webinar dedicado al  Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, se clausuró el Curso de Verano de la Universidad de Alcalá dedicado a «Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina«, dirigido por la profesora Ana Fernández Pérez, profesora de Derecho internacional de esa Universidad. El curso, de desarrolló entre los días 29 de junio y 3 de julio y estuvo patrocinado por la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje.

La presentación corrió a cargo del Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso y contó con una intervención de gran interés a cargo de Martín Sanz, Jesús, Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Vicepresidente y Presidente de la Comisión de I+D+i de CEIM.

La modalidad virtual, debido a la actual pandemia ocasionada por Covid-19, permitió alternar las enseñanzas teóricas y prácticas con cuatro webinar, que fueron seguidos por varios centenares de participantes de Europa y América Latina: a) Próximos retos del arbitraje en Latinoamérica; b) Arbitraje y mediación: los nuevos retos de la abogacía; c) La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y d) El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid: punto de encuentro del arbitraje internacional entre España y América latina

El curso contó con la participación de un amplio panel de especialistas españoles y extranjeros: Bjorn Arp, American University, Washington College of Law, USA; José Antonio Cainzos, Presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid; Luis Felipe Castresana, Abogado del Estado (ex.) Director de la CIMA; Ignacio Coloma Garrido, Secretario de la Corte de Arbitraje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Urquiola de Palacio del Valle de Lersundi, Presidenta de la Corte de Arbitraje de Madrid; Adolfo Díaz-Ambrona, Abogado del Estado (ex.). Secretario General de la Cámara de Comercio de España y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje y Secretario General de la Corte Española de Arbitraje; José Carlos Fernández Rozas, Catedrático. Árbitro de CIMA y membro de la Junta de Gobierno de la Corte de Arbitraje del ICAM; Javier Fernández Samaniego, Socio Director de Samaniego Law, Miami, USA; Miguel Gómez Jene, Catedrático de la UNED, Consejero de Cuatrecasas; Iñigo Iruretagoiena Agirrezabalaga Profesor agregado de Derecho internacional público Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea; Enrique Linares Rodríguez, Doctor en Derecho, Stampa Abogados;  Alberto José Montezuma Chirinos, Socio del Estudio Montezuma Abogados, Perú; Dário Moura Vicente Catedrático de la Universidad de Lisboa. Presidente de la Associaçao Portuguesa de Arbitragem, Portugal; Elena Otero Novas, Abogada del Estado (ex.) Presidenta de la Corte Española de Arbitraje; Francisco G. Prol, Socio Director de Prol & Asociados Luis Fernando Rincón Cuellar, Ricón Cuellar & Asociados, Colombia Francisco Ruiz Risueño Abogado del Estado (ex.), Secretario General de CIMA; Sixto A. Sánchez Lorenzo Catedrático de Derecho internacional privado de la Universidad de Granada. Secretario General de Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional. Árbitro de CIMA; Walker San Miguel, San Miguel abogados, Bolivia; Juan Serrada Hierro, Abogado del Estado (ex.), Presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje; Carlos Alberto Soto Coaguila Árbitro y Profesor de Derecho Civil y Arbitraje. Miembro del Grupo Latinoamericano de Arbitraje de la CCI. Fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, Perú; Gonzalo Stampa Casas, Doctor en Derecho, Socio Director de Stampa Abogados; Ricardo Vásquez Urra, Socio Fundador Vásquez Urra Abogados, Chile.

 

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