Éxito de convocatoria en la jornada sobre Árbitros y decisiones delicadas patrocinada por CIMA en esta 59 Edición de la UIA

Más de cien expertos debatieron sobre nombramiento de presidente tribunal arbitral, bifurcaciones o figura del secretario arbitral en las tres lenguas oficiales de esta organización

Después de lo visto en esta sesión que bajo el título “Arbitros y decisiones delicadas”, celebrada en esta 59 Edición de la UIA que ha tenido lugar en Valencia con el patrocinio de CIMA, parece evidente dejar claro la fuerza del arbitraje comercial como método alternativo para resolver las disputas.  Cuestiones como la formación del tribunal arbitral; la elección de su presidente, las llamadas waiver letters o cartas de dispensa de los árbitros para no llevar un asunto, así como los antiguos debates de admitir o no nuevas demandas o la apuesta por la bifurcación para centrarse en el asunto central del arbitraje, fueron algunas de estas cuestiones de esta sesión que congregó a un centenar de expertos. Por citar algunos, Patricia Ann Peterson, presidente de la Sección de Arbitraje de la UIA, junto a ella, Juan Antonio Cremades; Jessica Fei; Clifford Hendel, Laurence Kiffer, Alvaro Lopez de Argumedo, el propio José Rosell con el que pudimos hablar, todos ellos moderados por Juan Serrada, presidente de CIMA. Un evento de nivel y unas conclusiones que invitan a la reflexión.

Para Juan Serrada, presidente de CIMA y moderador de la jornada, ésta había sido un éxito por la calidad de los ponentes y los debates surgidos “Sorprende la afluencia masiva de profesionales, cuestión que indica que el arbitraje va cuajando”; apunta. Desde su punto de vista, la elección del Presidente Arbitral es una cuestión importante “las partes no pueden tener ninguna duda sobre la composición del tribunal arbitral. Sería letal para el arbitraje”. La figura del propio Presidente del Tribunal puede inclinar la balanza en un sentido u otro. Respecto a las bifurcaciones indicó que es un fenómeno nuevo que engloba muchas cuestiones diferentes. “Es evidente que la figura del Secretario del Tribunal Arbitral tiene un peso importante en determinados arbitrajes pero nunca llega a ser un árbitro. No debe asumir competencias para las que no está preparado”, indicó. “Otro asunto que se ha debatido con interés es el presentado por José Rosell que se ha centrado en la financiación de los arbitrajes por un tercero. “Otra figura novedosa pero ahora frecuente de encontrar que puede plantear ciertos problemas prácticos en su aplicación. Son pactos privados entre las partes que no trascienden a terceros”, resaltó.

Las intervenciones de Juan Antonio Cremades y Laurence Kiffer sirvieron para analizar cómo se elige el presidente de un Tribunal Arbitral. Para Cremades todo el procedimiento del arbitraje rezuma libertad, elemento del que se pueden beneficiar las partes en el proceso. “Todo depende de lo que diga el Reglamento de la entidad arbitral. Ese Presidente pueden elegirlo las propias partes o los coarbitros, si así quedara reflejado”, apuntó. En el caso del Reglamento UNCITRAL del que dependen la mayor parte de reglamentos de instituciones arbitrales suelen ser los coárbitros quienes hacen esa importante elección. “Es fundamental elegir a un experto en estos temas, no necesariamente experto en arbitraje pero sí que conozca el funcionamiento de este procedimiento”, apuntó. Lo más importante es que el Presidente de la Institución arbitral le dedique el tiempo suficiente al asunto en cuestión  y que se mueva en el ambiente de imparcialidad que se le pide.” Debemos contar con una persona sencilla que no genere polémicas en el tribunal arbitral y que apueste por la justicia serena que pretende impulsar el propio procedimiento arbitral”, resaltó.

Por su parte, Kiffer, apeló al artículo 5 del Convenio de Nueva York para indicar que la elección de ese presidente del Tribunal Arbitral depende de la propia libertad de las partes en ese tema. En otras entidades arbitrales suelen ser los coárbitros los que se encargan de ello tal y como hacen CCI y la Corte Suiza de Arbitraje. “Lo más importante es que la elección se haga de forma correcta evitando cualquier tipo de polémica. Presidente y árbitros deben ser independientes por encima de todo”; aclaró. Otro elemento que mencionó la ponente lo fundamental que los coárbitros no tengan contactos con la partes por separado para así asegurar la independencia  y transparencia del procedimiento. También aludió a que en otras instituciones arbitrales ese nombramiento se realiza de otra forma “que se puede mantener así a no ser que las propias partes de común acuerdo reclamen otro tipo de nombramiento”.

Dispensas para no llevar el arbitraje

En su turno de palabra, Maria Beatriz Burguetto, abogada argentina con gran experiencia en el mundo del arbitraje, resaltó que ante todo el arbitraje es un proceso justo.  “Las llamadas wearable letters son una carta de dispensa que los árbitros emplean cuando por determinados conflictos no pueden asumir ese procedimiento arbitral”, comentó. También resaltó que poco a poco las diferentes instituciones arbitrales más destacadas han incorporado esta práctica a su Reglamento, de tal forma que las partes ya conocen que ese árbitro que eligen puede, por determinadas circunstancias, no asumir ese proceso, si realmente no tiene las condiciones adecuadas o existen conflictos de interés en ese mismo procedimiento. Por su parte Bridle Mcasey, abogada de británica de Arnold & Potter, se centró en definir el auge del Secretario de la Institución arbitral, ahora frecuente en muchos arbitrales pero que nunca debe asumir las competencias de ningún árbitro. “Es un profesional que lleva la carga administrativa del arbitraje pero que además puede servir de apoyo en su tarea al propio presidente del Tribunal Arbitral”, apuntó.

La intervención de Alvaro López de Argumedo sirvió para conocer qué es la bifurcación en el arbitraje y en qué momentos se puede llevar a cabo. Este experto español, miembro del Comité Directivo de Arbitraje de la UIA, resaltó que “hablar de bifurcaciones es hacerlo de cuestiones secundarias del procedimiento arbitral. La idea es que los árbitros las separen para que se pueda trabajar de forma más directa sobre el propio arbitraje”, destacó. Al mismo tiempo una bifurcación bien hecha puede suponer un ahorro de costes y dinero importante en las propias partes “Puede haber bifurcaciones por cuestiones jurisdiccionales; extensión de cláusula arbitral a parte no firmante o en cuestiones de responsabilidad donde si se llega a demostrar ésta luego se puede acudir a la cuantificación de los daños”; resaltó. En este escenario el papel del tribunal es clave para discernir lo que es bifurcación de estrategias dilatorias de alguna de las partes.  Habitualmente el procedimiento para hacerlo es mediante un laudo parcial u orden procesal.

Entre los asistentes hemos podido conversar con Pedro Yufera, exdecano del ICAB y árbitro de CIMA, quien ha destacado el nivel de los ponentes. “Son interesante este tipo de cuestiones porque como siempre se ha dicho un arbitraje vale lo que valen sus árbitros”, indicó.  Para Manuel de Lorenzo, presidente del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Valencia “ha sido un buen debate el suscitado sobre la figura del presidente; quien decide, si las partes, los coárbitros o la propia institución arbitral desde su Reglamento”. A juicio de Clifford Hendel, socio de Araoz & Rueda “el papel de los Secretarios arbitrales es cada vez más clave en las instituciones arbitrales. Seguro que en breve veremos como algunas Cortes lo acaban de regular mejor en sus Reglamentos”, indica. Todos estos juristas con los que contactamos destacaron la expansión de CIMA como entidad arbitral, una institución de la que todos señalan el salto de calidad que ha dado en los últimos años.

La Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA) hace su presentación en Hong Kong arropada por instituciones españolas y varios grupos de empresas radicadas en Asia

Presidida por el Cónsul General de España en Hong Kong,  Santiago Martínez-Caro, el  pasado domingo 25 de octubre de 2015, tuvo lugar la presentación de CIMA en Hong Kong, exponiendo el carácter internacional de esta Corte arbitral. Gonzalo  Stampa, Director general de CIMA, acompañado por el Cónsul de España, y también por Kiran Shangera, representante de Hong Kong International Arbitration Centre y por  Félix de Luis, árbitro internacional de CIMA, presentó la Corte a los asistentes al acto, destacando su funcionamiento y las novedades respecto sus Estatutos y su Reglamento, documentos que han sido recientemente actualizados.

Esta presentación oficial estuvo orientada a profesionales del mundo jurídico, árbitros internacionales y empresas españolas radicadas en Hong Kong y Asía. D. Santiago-Martínez-Caro, resaltó la importancia que para las empresas españolas puede tener acudir en Asía a una Corte arbitral española de carácter internacional, a la  hora de resolver sus controversias.

Se evidenció claramente en Hong Kong la importancia que para las empresas españolas tiene eje comercial España-Asía-Latinoamérica.

Las empresas españolas radicadas en China se orientan al balcón comercial del Pacífico, actualmente el área de mayor influencia comercial en el mundo. En estos momentos significa más de la mitad del mercado comercial mundial. En esta realidad es necesario dotar a este importante movimiento de la mayor seguridad jurídica y para esto, es imprescindible contar con la presencia de una Corte arbitral, que proporcione a las partes instrumentos eficaces para resolver las previsibles controversias comerciales.

CIMA tiene voluntad de implantarse en Asía, y ha iniciado diversos encuentros con bufetes y empresas españolas implantadas en Hong Kong que han resaltado la ventaja que para ambos supondría contar con una Corte arbitral española como CIMA, como punto de referencia en este continente.

Lucas Osorio, Socio Director de Hogan Lovells Madrid y árbitro de CIMA: A veces no se entiende que el árbitro sea independiente de las partes aunque sea elegido por ellas”

Nuestro protagonista de esta entrevista fue uno de los ponentes en una de las mesas más seguidas en el pasado Legal Management Fórum, no en vano Hogan Lovells ha mantenido como firma un crecimiento importante en los últimos años, con especial referencia a la oficina de Madrid que él dirige. “Ha sido un evento muy interesante al que han acudido profesionales del sector legal de diferentes ámbitos, eso le ha hecho más enriquecedor si cabe”, aclara Lucas Osorio, abogado del Estado en excedencia, experto en Corporate y desde hace año y medio responsable de dicha oficina. A su juicio, en los próximos años este evento de la abogacía de los negocios tendrá que evolucionar y ocuparse de otros asuntos tales como la resolución extrajudicial de conflictos, la problemática del abogado inhouse “sería bueno encontrar puntos comunes entre los despachos y las empresas en este tipo de jornadas”, aclara. Osorio también es árbitro y miembro del Comité de Gobierno de CIMA, entidad que patrocinará el área de arbitraje de la UIA, evento que tendrá lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre y del que nuestra publicación es medio oficial. Precisamente este jurista tendrá una ponencia sobre marcas y deporte el próximo viernes 30.

Usted ha participado en este último Legal Management Fórum donde ha hablado del crecimiento fuera de lo normal de Hogan Lovells en tiempo de crisis. ¿Dónde ha estado la clave de esta expansión?

Más que hablar de una respuesta hay que hacerlo de una serie de elementos que confluyen en el tiempo. Lo primero que haré será separar el crecimiento de la oficina de Madrid del despacho a nivel global.

En España en estos once años de existencia hemos crecido muy rápidamente hasta rondar los cien abogados en la actualidad. Cuando me incorporé al despacho éramos diez socios, cifra que se ha incrementado a diecinueve.

Sobre las claves prefiero citarle tres palabras que tienen mucho que ver entre sí: Prudencia, Equilibrio y Valentía. La prudencia tiene que ver con las incorporaciones que haces y que en nuestro caso tuvimos que realizar para la impulsar la firma.

Respecto a la valentía tiene que ver con decisiones que tomas y que son estratégicas. Todo lo que estamos hablando ahora debe tener un equilibrio, tanto a nivel de práctica como en la relación entre promoción interna y esos fichajes de los que antes le hablaba.

¿Y a nivel internacional?

En esa perspectiva global hay que mencionar dos factores.  Una tiene que ver con la fusión que se realizó hace seis años  entre el bufete Hogan & Hartson, con sede en los EE. UU. y el bufete Lovells con sede en el Reino Unido lo que nos hizo convertirnos en uno de los diez proveedores mundiales de servicios legales.

Desde ese momento supimos gestionar muy bien esta fusión para impulsar el concepto de firma única en toda nuestra organización. No fue fácil pero lo hemos logrado con nuestro expertise. Esa firma única tiene una dirección única aunque las oficinas cierta su autonomía, lo que se traduce en un nivel de calidad de prestación de servicios importante, entre otros factores.

No es fácil posicionarse en el mercado español pero Hogan Lovells lo ha conseguido.

Hemos trabajado muy duro para lograrlo. Al mismo tiempo hemos buscado el equilibrio entre el despacho internacional y el local. La firma es evidente que es internacional pero hicimos una apuesta fuerte por contar con profesionales nacionales de prestigio en España, algunos de los cuales son socios de la firma en estos momentos.

“La existencia de tantas entidades arbitrales en nuestro país  puede afectar a la calidad de los laudos. Creo que no le oculto que sería deseable una concentración de instituciones arbitrales en los próximos años.”

¿Qué les atrajo a estos profesionales de su proyecto como bufete?

Varios factores, sin duda. Lo primero el que fuéramos una firma internacional claramente, ese es un atractivo importante. Al mismo tiempo creo que el despacho transmite para fuera muy buen ambiente de trabajo interno con profesionales proactivos.

Al final esta frescura que emana de todo lo que le comento es un acicate para trabajar con nosotros.  En estos momentos, ya somos un despacho consolidado con interesante proyección global. Creo que la poca rotación que tenemos se debe a que nuestros profesionales están bien incentivados a seguir trabajando con nosotros.

Usted es árbitro en cuestiones de importancia y forma parte de la Comisión de Gobierno de CIMA, Corte de Arbitraje Civil y Mercantil, ¿cómo se gestiona desde esta firma multinacional la práctica del arbitraje?

La práctica del arbitraje está consolidada a nivel interna y es responsabilidad de José Luis Huerta en la oficina de Madrid. Respecto a mi persona, la experiencia ha sido como árbitro desde hace muchos años.

A nivel internacional hemos logrado este reconocimiento en la práctica arbitral. Contamos con un equipo muy potente en diferentes jurisdicciones, especialmente en arbitraje de inversiones tanto en Miami, París y recientemente en México.

¿Cómo se le plantea a la empresa que acuda a la via arbitral, sabiendo que ésta es una práctica aún poco habitual a nivel general?

Hay que hacer un esfuerzo importante para que las empresas conozcan el arbitraje  y sus valores  e incluyan las cláusulas de arbitraje en los contratos. En los últimos años se nota más actividad en este sentido y que las propias firmas advierten las ventajas de la práctica arbitral.

 Nadie duda que para los grandes asuntos u operaciones en el exterior es clave el arbitraje. Sin embargo hay mucho que hacer aún en la pyme y empresas medianas. De momento ahí no llega, pero llegará sabiendo cómo están nuestros juzgados y la rapidez de esta práctica.

Desde fuera, da la sensación que el papel de los árbitros en estos procedimientos son claves a la hora que las empresas repitan en el arbitraje.

El árbitro es un profesional independiente pese a que sea elegido por las partes. Todavía en muchas empresas se habla del concepto “su árbitro” que es contraproducente para el desarrollo de esta práctica.

En esta tarea de pedagogía es fundamental que las Cortes Arbitrales sean solventes y expliquen a las partes cuál es el papel de los árbitros.  Es fundamental que se aclare este concepto porque una mala experiencia en un arbitraje hace que las empresas desistan de acudir a este camino.

En España, se advierte que en unos años el número de Cortes Arbitrales que hoy existen serán bastante menos a medio plazo.

Esa es la tendencia que se adivina desde la propia reestructuración del mercado arbitral. Ahora la existencia de tantas entidades arbitrales puede afectar a la calidad de los laudos. Creo que no le oculto que sería deseable una concentración de instituciones arbitrales.

Antes del verano hemos conocido diversos fallos del TSJ de Madrid que han anulado diferentes laudos. ¿Cuestión puntual o realmente es para preocuparse por este asunto?

Ese es el ya famoso orden público económico que ya conocemos todos los que trabajamos en la práctica arbitral. Por lo que hablo con algunos colegas el sector está preocupado aunque particularmente tengo la sensación que es algo puntual.

Los laudos anulados se encuentran en un contexto muy determinado por las preferentes y otros productos financieros complejos  y da la sensación que ha podido haber alguna influencia mediática en estos temas.

 Con posterioridad ha habido sentencias de los mismos tribunales que con otra tipología de asuntos mantiene un criterio de estable de no reabrir por razón del fondo del asunto otros laudos.

Respecto a las tendencias del arbitraje, colegas suyos apuestan por las cláusulas medarb, escalonadas, primero sobre mediación y luego a arbitraje.

Es una tendencia nueva que cada vez se emplea más. Sin embargo no veo que haya una relación directa de su uso para que las empresas acudan al arbitraje.  Lo veo más como una opción que realmente una tendencia como usted apunta para acudir a la práctica arbitral.

Atractivos para acudir al arbitraje puede ser la segunda instancia o la posibilidad de apelación que CIMA incorpora en su Reglamento desde la última reforma.  Esta institución arbitral hizo una consulta con empresas de diferentes sectores y advirtieron que la apelación podría ser un tema recurrente.

A medio plazo, ¿podrá haber algún punto de encuentro entre el arbitraje internacional tradicional y el de inversión, que ahora llevan caminos paralelos?

Veo complicado que estas dos prácticas confluyan. Son muy diferentes sobre todo por los sujetos que participan en la misma. Tenga en cuenta que en el arbitraje de inversión uno de los participantes es un Estado, de ahí de la transparencia del proceso y la posibilidad de consultar los laudos una vez emitidos.

Sería, no obstante, deseable algunos estándares de confluencia entre procedimientos, actuación, pero no será fácil, desde luego.  Luego, como ya le he comentado la tipología de conflictos es muy diferente.

Desde fuera, sorprende la evolución de CIMA en estos sus primeros veinticinco años, una entidad arbitral que se ha posicionado como una de las referencias a nivel nacional e internacional de este sector.

La evolución de CIMA en el panorama arbitral tiene mucho mérito. No olvide que es de las pocas instituciones arbitrales que está sustentada por sus socios y sus aportaciones privadas, sin ayudas o subvenciones directas o indirectas.

Su consolidación es evidente como institución arbitral y es reconocido dentro del sector el prestigio de sus árbitros. Es una Corte prudente, seria, rigurosa y estable a lo largo de su primer cuarto de siglo.  Ahora, el futuro pasa por su internacionalización, cuestión que no es sencilla para nadie.  Se trata de tener un nicho de mercado y un producto específico.

Así lo ha hecho la London Court, centrada en conflictos de empresas en materias anglosajonas, la propia ICC de París para asuntos internacionales o el CIADI especializado en temas de inversiones.

En el caso español, el nicho parece apuntar a Iberoamérica y conflictos entre empresas a ambos lados del Atlántico. También el área mediterránea está a falta de una institución arbitral solvente del Norte de África hasta el Sur de Europa.

Alfonso Ballesteros, Secretario General de la Cámara de Comercio de España en Hong Kong: “El Gobierno de Hong Kong quiere convertir a esta localidad en centro de arbitraje de la zona asiática”

Hong Kong, se ha convertido en un lugar de Asia clave para el tráfico mercantil entre empresas y un enclave lleno de oportunidades para las empresas españolas que quieran hacer negocio en este lugar del Pacífico.  A tal efecto, esta publicación se ha puesto en contacto con Alfonso Ballesteros, secretario general de la citada Cámara de Comercio para conocer más de cerca las posibilidades de inversión existentes en Hong Kong. En este momento sectores como el turismo, trading, servicios profesionales o las startups  ofrecen  ofertas de negocios en una economía saneada. Su función de punto de conexión entre China y el resto del mundo ha ido evolucionando a medida que evolucionaban la economía China y la mundial y la relación entre ellas.  También nos comenta que existe una dura competencia entre ciudades como Hong Kong, Shanghai, Singapur o Tokyo por ser la cuidad de referencia de la región. “Recientemente el Gobierno de Hong Kong ha identificado el Arbitraje como uno de los elementos en los que Hong Kong debería ser líder”, subraya. Desde hace unos años junto a los tribunales, de tradición británica, existe a nivel arbitral. “La institución de referencia en Hong Kong es la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC). Fundada en 1956 (aunque su forma y nombre actuales datan de 1988), este es el centro de referencia no sólo en Hong sino también en la República Popular China, dónde cuenta con una sede principal en Beijing y varias subcomisiones en Shenzhen, Shanghai, Tianjin y Chongqing y desde hace un tiempo, en Hong Kong también.”

¿Qué papel juega la Cámara de Comercio de España en Hong Kong, en materia de negocios internacionales para las empresas españolas?

La Cámara Oficial de Comercio de España en Hong Kong es una organización privada, cuyo principal objetivo es la promoción de sus socios y las relaciones comerciales, económicas e industriales entre España y Hong Kong. Nuestro listado de socios incluye a las empresas más relevantes en términos de las relaciones España Hong Kong. Están presentes desde grandes multinacionales españolas como BBVA, Santander o Telefónica, hasta pequeñas PYMES españolas afincadas en Hong Kong. También hay empresas locales con fuertes vínculos con España y que proporcionan servicios de logística o contabilidad. Entrar a formar parte de la Cámara es la forma más rápida de tener acceso a este network empresarial. En la cámara prestamos servicios, organizamos conferencias y logramos descuentos para los miembros en todo tipo de servicios corporativos y representamos sus intereses.

¿Considera que Hong Kong es una clara oportunidad de negocio para las empresas españolas? ¿Concretamente en qué sectores?

Hong Kong es un territorio muy dinámico con una economía muy saneada que ha estado creciendo a cuotas muy elevadas a pesar de la crisis. Esto supone que existan numerosas oportunidades de negocio en varios sectores, entre los que se encuentran: Bienes de consumo: por el papel que juega Hong Kong como escaparate de cara al mercado chino.

Turismo: Hong Kong recibe 60.8 millones de visitantes y es un hub regional y una ciudad emisora de turistas.

Trading: esta ciudad mantiene su condición de puerto estratégico en el comercio entre China y el resto del mundo,

Startups: El gobierno local ha decidido impulsar las startups y esto está generando un gran crecimiento del sector con numerosos programas de incubación de proyectos.

Servicios profesionales: los servicios de consultoría, así como de asesoramiento fiscal y legal continúan creciendo para dar respuesta a las necesidades de las empresas que viene aquí, que cada vez son más numerosas.

¿Cuál es el motivo por el que se implantan las empresas españolas en Hong Kong? ¿En sus objetivos empresariales influye el hecho de que China es un eje de triangulación de negocio entre España-China-Iberoamérica?

Hong Kong se concibe a sí misma como un superconector que se dedica a acumular ventajas competitivas. Por aportar dos datos que permitan tener una perspectiva, la economía de esta antigua colonia británica está compuesta en un 95% servicios, la agricultura y la industria son prácticamente inexistentes. De hecho, el 99% de la comida que se consume en Hong Kong es importada, ya sea de China o del resto del mundo.

Al tratarse de una pequeña península y varias islas de reducido tamaño, Hong Kong no tiene apenas recursos, la fortaleza de su economía se basa en ser uno de los lugares del mundo donde resulta más rápido, fácil y seguro hacer negocios.

Al acumular ventajas frente a otros territorios Hong Kong afianza su condición de hub para la región (inglés como idioma oficial, de los mayores aeropuertos del mundo por cargo, de los mayores puertos del mundo por volumen de contenedores, sistema fiscal sencillo, instituciones transparentes, sistema judicial independiente con tradición británica, de los mercados de valores más importantes del mundo, bajo nivel de corrupción, etc.).

Esta acumulación de ventajas competitivas es la que ha llevado a Hong Kong a continuar siendo la economía más libre del mundo y estar siempre en los puestos más altos de cualquier indicador de facilidades para los negocios.

Su función de punto de conexión entre China y el resto del mundo ha ido evolucionando a medida que evolucionaban la economía China y la mundial y la relación entre ellas.

 De esa forma Hong Kong ha servido como puerto de salida de manufacturas chinas desde hace décadas y como puerta de entrada a la inversión extranjera. De un tiempo a esta parte juega un papel cada vez más importante como punto emisor de turistas y como punto de triangulación entre relaciones comerciales de varios territorios con China (como es el caso de España-China-Latinoamérica).

¿Cómo resuelven las empresas españolas instaladas en Hong Kong, sus diferencias comerciales con las empresas chinas? ¿Sabe si para la resolución de sus conflictos acuden a un procedimiento arbitral? ¿Qué institución arbitral utilizan habitualmente?

En Hong Kong hay un sistema legal de tradición británica que tiene reconocido prestigio. Sin embargo la inversión en tiempo y los costes de acudir a los tribunales pueden llegar a ser muy elevados.

 A eso se le une que las empresas españolas por lo general suelen tomar pocas precauciones en sus relaciones comerciales y a menudo solo cuentan con una orden de compra (sin llegar a firmar un contrato).

Esto dificulta bastante la labor de los abogados que muy a menudo se encuentran con casos difíciles de resolver porque sus clientes no tomaron las precauciones oportunas. Hace falta hacer mucha más pedagogía acerca de estos temas y es necesario que las empresas tengan un mayor conocimiento de las opciones disponibles para hacer frente a estos casos.

La opción de acudir a arbitraje puede ser útil en muchos casos ya que aunque no siempre es mucho más barata, si suele ser más rápida y flexible y siempre es bienvenido que haya más opciones a disposición de las empresas. La institución de referencia en Hong Kong es la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC).

Fundada en 1956 (aunque su forma y nombre actuales datan de 1988), este es el centro de referencia no sólo en Hong sino también en la República Popular China, dónde cuenta con una sede principal en Beijing y varias subcomisiones en Shenzhen, Shanghai, Tianjin y Chongqing y desde hace un tiempo, en Hong Kong también.

Desde la Cámara de Comercio de España en China, ¿cómo consideran la iniciativa de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje de intentar ayudar a las empresas españolas implantadas en Hong Kong, a resolver sus conflictos comerciales por medio del arbitraje?

Nos parece una iniciativa muy necesaria y que contribuirá a aumentar la presencia de las instituciones españolas en Hong Kong, proporcionando mayor protección y mayor rango de opciones a nuestras empresas. Como Cámara de Comercio nos parece que la llegada de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje a Hong Kong es una gran contribución a las relaciones entre Hong Kong y España y aportara mayor seguridad a las inversiones y los acuerdos comerciales entre ambos territorios.

Para terminar, el Gobierno de la ciudad de Hong Kong considera el arbitraje internacional como uno de sus objetivos estratégicos de futuro.

Efectivamente, como comentaba anteriormente, El Gobierno de Hong Kong busca acumular el mayor número de ventajas competitivas para la ciudad de tal forma que sea el lugar clave desde el que hacer negocios en Asia.

Existe una dura competencia entre ciudades como Hong Kong, Shanghai, Singapur o Tokyo por ser la cuidad de referencia de la región. Recientemente el Gobierno de Hong Kong ha identificado el Arbitraje como uno de los elementos en los que Hong Kong debería ser líder.

 Eso significa que podemos esperar ver una serie de acciones por parte del gobierno para favorecer el crecimiento del sector. En base a la experiencia vivida con otros sectores, lo más probable es que se lleve a cabo un paquete de medidas consistente en reducir cualquier obstáculo que este limitando al sector, reducir costes innecesarios, potenciar ferias o congresos con alcance regional o global y dotar de presupuesto a los departamentos relacionados con ese sector.

 Esa es la estrategia que siguió el gobierno para convertir a esta ciudad en el centro del comercio de vino en Asia. También es la misma estrategia que se siguió para convertir a Hong Kong en un hub del turismo y en un hub de startups. Es de esperar que el plan del gobierno de cara al sector del arbitraje tenga elementos similares.

Juan Serrada, presidente de CIMA, ponente en el V Encuentro Internacional de Arbitraje celebrado en Coimbra

Durante tres días en la ciudad portuguesa se abordaron cuestiones de gran actualidad para el arbitraje internacional

Aspectos relacionados con el Arbitraje y la Unión Europea,  el Pacta sunt servanda frente al derecho al acceso a la justicia; el papel  actual de los árbitros en el procedimiento arbitral; la responsabilidad civil y su vigencia se debatieron en profundidad los pasados 7 a 9 de octubre en Coimbra con motivo de su V Encuentro Internacional de Arbitraje. A este encuentro que acudieron más de un centenar de expertos donde hay que destacar la presencia de José Ricardo Feris, secretario general de la CCI de París que compartió debate con Juan Serrada, presidente de CIMA. Ambos juristas acompañados de  Frederico Straube (Expresidente del Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brazil-Canadá, S. Paulo) y  James Egerton-Vernon Special Legal Consultant, Jones Day, Washington D.C, abordaron el candente tema de la decisión arbitral y  el control de las decisiones arbitrales a través de los recursos de apelación.

A este encuentro de expertos han acudidos profesionales de los cinco continentes. Abogados de parte y árbitros de prestigio han sido parte de los asistentes a este encuentro internacional que concluyó el pasado viernes. Asuntos como los que se han debatido en este encuentro ponen de manifiesto que el arbitraje está más vivo que nunca y que debe adaptarse a los cambios sociales y económicos de nuestro entorno.  Hace ahora un año que CIMA celebró su veinticinco aniversario en Madrid con un evento de primer nivel, al que también acudieron profesionales del arbitraje de primera fila.  Y es que como ha comentado en más de una ocasión,  Juan Serrada, presidente de esta institución arbitral, el deseo de la propia CIMA es convertirse en una institución arbitral de referencia tanto en el ámbito ibérico como a nivel internacional.

La idea que se tiene desde CIMA es que a corto plazo esta entidad, ya consolidada en el mercado nacional, dé el salto a nivel internacional. El hecho del desarrollo de nuestras exportaciones y la cada vez más creciente internacionalización de las empresas españolas está haciendo que  muchos deseos contratos que se suscriben entre  empresas o empresa y país de destino, contengan la cláusula arbitral en ese contrato.  Para Serrada es evidente que “ el uso del arbitraje lo que consigue es mayor celeridad en los procedimientos y que un especialista en la materia, el árbitro en cuestión, resuelva el conflicto que se ha suscitado entre las partes, de tal forma que en el futuro, éstas, si lo desean puedan seguir haciendo negocio entre ellas”, comenta.

El arbitraje a nivel internacional ya es un hecho que se ha convertido en una de las mejores opciones para resolver las controversias entre dos partes que quieren hacer negocio. A este respecto, los expertos en arbitraje siempre han dejado claro que la existencia de una entidad arbitral de prestigio y solvencia, ayuda a que las empresas disipen sus dudas sobre el uso del arbitraje y se decidan a utilizarlo, sobre todo cuando la jurisdicción del país donde hacen negocio no lo conocen o puede generar problemas importantes.  En CIMA tienen claro sus dirigentes la internacionalización de la entidad a corto y medio plazo.  Se trata de mejorar el posicionamiento de la entidad en América Latina y acudir a eventos como el de Coimbra o como el que organiza el Centro  Centro Comercial de Arbitraje de Lisboa,  partner de CIMA desde hace unos años.  En esas reuniones el networking con los asistentes y las posibilidades de lograr negocio suelen ser elevadas.

Santiago Martínez Lage, abogado, árbitro y diplomático: “Los jueces deben hacer, de forma efectiva pero limitada, su control sobre los laudos arbitrales contrarios al orden público”

Hace unos veinte años entró de forma esporádica en el mundo del arbitraje, “esa vinculación fue poco frecuente, había hecho dos arbitrajes administrados por la CCI como árbitro, otros dos como abogado y fui miembro de la Comisión Arbitral de la Propiedad Intelectual .  Sin embargo en los últimos diez años la vinculación fue más habitual sobre todo como árbitro, siendo designado en arbitraje institucionales y ad hoc”, así describe su relación con el arbitraje Santiago Martínez Lage Managing Partner de Martínez Lage, AllendeSalazar & Brokelmann. En ese periodo último a nivel profesional data su relación con CIMA, entidad arbitral, de la que forma parte de su panel de árbitro desde el pasado año.  Para este jurista y diplomático “CIMA tiene un merecido prestigio por la calidad de sus árbitros que figuran en su lista, así como por la calidad de su Reglamento que acaba de ser actualizado.” Desde su punto de vista es muy de destacar la forma de administrar los arbitrajes que esta institución lo ha hecho en estos últimos veinticinco años. Martínez Lage escribe en ese libro “25 años de Arbitraje” un artículo muy interesante sobre el  arbitraje y derecho de la competencia. “Normalmente el litigio sometido a arbitraje no versa directamente sobre la aplicación de una norma de derecho de la competencia. Lo que ocurre habitualmente es que la parte demandada en un procedimiento arbitral puede argumentar que la obligación que el demandante trata de hacerle cumplir es nula porque infringe el derecho de la competencia”, comenta nuestro entrevistado. Martinez Lage apuesta en estos casos por el control efectivo pero limitado de los laudos por parte de los jueces en la polémica abierta reciente ante diversas anulaciones de laudos en nuestro país. “Es la mejor fórmula para que el arbitraje mantenga sus rasgos esenciales y gane en prestigio”; comenta.

Sr. Martínez Lage, ¿cómo son las relaciones entre el derecho a la competencia y el arbitraje en la realidad práctica?

Lo primero que hay que resaltar es que el derecho de la competencia está mucho más presente en las controversias sometidas a arbitraje de lo que uno a primera vista pudiera pensar.

Así tiene gran presencia en todos los contratos de distribución y de franquicia; los propios contratos de licencia de patente o de cesión de tecnología y en el caso muy concreto de contratos de abanderamiento de estaciones de servicio. En todos esos casos, suele haber cláusulas de territorialidad, de exclusividad o de no competencia donde debe aplicarse el derecho de la competencia.

También es muy frecuente que se presenten problemas de derecho de la competencia en los contratos de adquisición de empresas,  fusiones o toma de participaciones en algunas de ellas. En estas transacciones suelen incluirse cláusulas de no competencia durante unos ciertos años.

E incluso en el más novedoso arbitraje de inversiones, arbitraje entre un inversor y un Estado que acogió esa inversión, como estamos viendo últimamente en el sector de las energías renovables, también se plantean cuestiones del derecho de la competencia.

Es evidente que estamos ante una práctica habitual en el mundo de la empresa que pueda ser arbitrable.

Claro, eso es así. Fueran o no fueran conscientes los árbitros y los abogados que intervenían en los arbitrajes, el derecho a la competencia ha estado presente en una gran parte de los litigios sometidos a arbitraje.

En este entorno, conocemos de la coexistencia de organismos tanto en Bruselas como en España en defensa de la competencia. ¿Se puede ir a arbitraje en lugar de acudir a estas instituciones?

No son alternativos. La parte del derecho de la competencia que es arbitrable es solo la llamada parte privada: las relaciones entre las partes a las que resulte de aplicación el derecho de la competencia.

Sin embargo, los aspectos propiamente públicos, como las sanciones o las órdenes de cese de una determinada práctica no son arbitrables.  Esas solo se pueden resolver desde la CMNC en España  y la CE en Europa.

El litigio entonces del que estamos hablando, es un procedimiento de arbitraje internacional normal, sin muchas especifidades.

Normalmente el litigio sometido a arbitraje no versa directamente sobre la aplicación de una norma de derecho de la competencia. Lo que ocurre habitualmente es que la parte demandada en un procedimiento arbitral puede argumentar  que la obligación que el demandante trata de hacerle cumplir es nula porque infringe el derecho de la competencia.

Lo mismo sucede en el procedimiento judicial ordinario. La parte demandada alega ante el juez que esa obligación que le quieren hace cumplir es contraria al derecho de la competencia y por tanto nula.

En un tema de estas características, ¿qué es más práctico la jurisdicción convencional o acudir al arbitraje?

No hay elección. Si existe cláusula arbitral en los contratos es obligado acudir al procedimiento arbitral para solventar esa controversia.

Respecto al procedimiento arbitral, éste es similar al habitual que conocemos en otras cuestiones. No hablamos de un procedimiento arbitral para aplicar el derecho de la competencia sino de que en un arbitraje, normalmente en materia contractual, una de las partes invoca el derecho de la competencia para sostener la nulidad de la obligación que se trata de hacerle cumplir.

Respecto al perfil de los árbitros que se encargan de estos supuestos, ¿cuál es, en concreto?

Pueden ocuparse de ellos aquellos árbitros que en el campo comercial tengan un mínimo conocimiento del derecho de la competencia. Eso les va a permitir detectar la presencia de uno de estos problemas, incluso aunque las partes no invoquen el propio derecho de la competencia que estamos analizando.

En este contexto si se percibe una mayor litigiosidad en temas relacionados con derecho de la competencia. En especial se observa el exceso de celo de Bruselas sobre todo tipo de cuestiones donde pueda aparecer.

Hay mucha actividad en este terreno porque todos hemos tomado conciencia de que si hemos elegido la economía de mercado es porque consideramos que es el sistema menos malo de asignación de recursos, a condición de que el mercado funcione de modo eficiente.

Por tanto, somos conscientes de que hay que evitar todas las distorsiones que puedan influir en el buen funcionamiento del propio mercado.

En nuestro país, se hizo una apuesta única, convertir a los ocho reguladores que existían en un único regulador, la CNMC. ¿Le gusta realmente como ha quedado y su funcionamiento?

Está pasando por una crisis como se observa por las informaciones que han trascendido a los medios informativos. Existen ciertas discrepancias entre los miembros de su propio Consejo.  Este tipo de situaciones no ayudan a consolidar el prestigio de la entidad ni  la eficacia de sus resoluciones.

¿Qué problemas plantea el derecho de la competencia en materia de arbitraje?

El derecho de la competencia en materia de arbitraje plantea los problemas propios de la aplicación del orden público.

En todos los ordenamientos jurídicos nacionales y en el Convenio de Nueva York existe la posibilidad de anulación de un laudo o denegación de su ejecución si el laudo supone una infracción del orden público.

El derecho de la competencia se considera en Europa, al menos desde 1999, con la sentencia Eco Swiss del Tribunal de Justicia  de la UE que forma parte de ese orden público.   Las cuestiones que hoy se plantean de modo general en el orden público son dos: una la necesidad de limitar el ámbito de lo que constituye el orden público. Y dos, la intensidad del  control de ese orden público por parte de los jueces.

Por un lado, hay que delimitar lo que es el orden público y, en particular,  ese concepto tan vago que ahora se ha acuñado y que se conoce como orden público económico europeo.

Al mismo tiempo hay que calibrar la intensidad del control de los jueces pueden realizar sobre la aplicación de esas normas que hayan hecho los árbitros.

A mi juicio, no todas las infracciones al derecho de la competencia son de tal gravedad que afecten siempre al propio orden público de manera que puedan acarrear la anulación, o no ejecución, del laudo.

En su artículo en este “Veinticinco años de arbitraje” habla de la concepción minimalista y maximalista en relación al control de los jueces.

Eso es así. Creo que los jueces tienen que darse cuenta de que las partes que acuden al arbitraje lo que buscan, voluntariamente, es una solución rápida a su controversia y realizada por especialistas.  Si los jueces intervienen, por un lado, se retrasa y prolonga la resolución y, por otro, no se está garantizado que la solución final la den los citados especialistas.

Los jueces tienen que ser conscientes de que su revisión de los laudos debe ser, siguiendo una expresión acertada del TSJ del País Vasco en el famoso auto de 2012 que concedió el exequátur a un laudo favorable a France Telecom,  efectiva pero limitada. No pueden convertir la revisión en una segunda instancia porque eso equivaldría a privar al arbitraje de su razón de ser.

Por lo que comenta, es usted partidario de la mínima intervención de los jueces.

Más que de la mínima, la justa intervención de los propios jueces para garantizar ese control efectivo y limitado del que estamos hablando.

El arbitraje vive un momento delicado, no sólo en España sino también en algún otro país como Francia.  Si se quiere que el Estado fomente el arbitraje y su práctica debe estar seguro de que el arbitraje no será un modo de eludir normas de orden público.

Es también importante que los propios jueces, en particular, sean conscientes de cuál es su labor y que no pueden llevar a cabo una segunda instancia. Eso, como ya le he comentado pondría en peligro el arbitraje y su razón de ser. Llevaría a pensar a particulares y a empresas que el arbitraje es una pérdida de tiempo.

¿Qué está pasando en Francia con el arbitraje, Sr Martínez Lage?

En Francia, tal y como señalo en mi artículo para el libro de CIMA,  se había establecido por la Corte de Apelación de Paris en el 2004 que cuando se invocaba una infracción a una norma de la competencia, la revisión judicial solo procedía en el caso de que la infracción fuera flagrante, efectiva y concreta.

Sin embargo, en los últimos meses del pasado año, hemos conocido tres sentencias de la misma Corte de Apelación  que en otra materia que también es de orden público, como son las normas que persiguen la corrupción, la citada Corte se pronuncia no exigiendo para la revisión del fondo del asunto que la violación sea flagrante.

Le basta ya que sea efectiva y concreta porque considera que cuando la gravedad de las conductas podría ser la que parece, el Tribunal debe llevar a cabo una revisión del fondo y en concreto de la evaluación de la prueba realizada por los árbitros.

En estas tres sentencias la Corte de Apelación entra en el fondo del asunto aunque de forma superficial, hace una evaluación también superficial de la prueba y concluye confirmando los citados laudos sin anularlos.

¿Qué valoración entonces hace de estas sentencias?

En mi opinión, ponen el centro de gravedad en la revisión de los laudos, más que en el carácter flagrante de la infracción, en su gravedad y en la manera en que pueda afectar al orden público.

Hay que buscar el equilibrio para que los árbitros puedan garantizar que, a través del arbitraje, no se va a eludir el orden público. Por su parte, los jueces, que tendrán la última palabra, deben ser conscientes de que si la mera invocación del orden público permite que se reabra todo el procedimiento y da opción a una segunda instancia, terminan haciendo inútil el arbitraje  y convirtiéndolo en un trámite innecesario antes de la vía judicial.

Sobre la controversia existente entre la UE y EEUU en la firma del tratado TTPI hay un problema sobre el modelo de tribunal arbitraje. ¿Cómo lo ve usted?

Una vez que se explique bien a la opinión pública, debe acabar con la aceptación del arbitraje, quizás a través de una institución especializada, sin perjuicio de que existe en todo estado democrático el llamado derecho a la tutela judicial efectiva que permite no someterse a arbitraje si uno no quiere. Al mismo tiempo, las partes pueden buscar un sistema de resolución de conflictos que sea más rápido y especializado y tenga más eficacia que la jurisdicción ordinaria.

En lo que hay que hacer siempre hincapié, y hay que hacerlo continuamente,  para que el arbitraje siga teniendo el prestigio que merece, es en la independencia e imparcialidad de los árbitros, al igual que  las instituciones arbitrales.

 

SUMARIOS

“No todas las infracciones al derecho de la competencia son de tal gravedad que afecten siempre al propio orden público de manera que puedan acarrear la anulación, o no ejecución, del laudo.”

“Soy partidario, más  que de la mínima, la justa intervención de los propios jueces para garantizar ese control efectivo y limitado del que estamos hablando del laudo”

José Fernando Merino Merchán, catedrático de arbitraje de la URJC: “La anulación de un laudo no lleva implícita la responsabilidad del árbitro”

Nuestro interlocutor manifiesta que gracias a su maestro Guasp se introdujo en el mundo del arbitraje. “En aquel momento escribí con José María Chillón el Tratado de Arbitraje, nombre que fue acuñado por el propio Eduardo García de Enterría, quien como Director de Civitas  fomento la publicación y le dio el nombre de “Tratado”, siendo la primera edición de 1978”, subraya José Fernando Merino Merchán, abogado y catedrático de la única cátedra de arbitraje que hay en España en la URJC, hoy compartida con CIMA. Ese “Tratado sobre Arbitraje” fue el primer libro que se escribió sobre la materia, en un contexto de arranque de las primeras cortes arbitrales como Corte Española de Arbitraje o CIMA unos años después. Merino Merchán cultiva la abogacía y la docencia y como profesor de Universidad observa el vacío que hay con el arbitraje a nivel académico. “Las primeras enseñanzas sobre el arbitraje las realice en clase de Doctorado, cuando logré el doctorado en 1981. Un año después el profesor Jiménez de Parga me animó a que impartiera como asignatura optativa un curso de doctorado sobre arbitraje. Posteriormente se puso en marcha desde la URJC el Curso de Arbitraje, que ahora con el apoyo institucional de CIMA va a afrontar el XII Curso. “Que una actividad académica haya fraguado durante tanto tiempo indica que es un programa cercano a la actualidad y que analiza a fondo los entresijos del arbitraje”.

Profesor Merino Merchán. Después de once años con este curso de arbitraje, ¿qué objetivos se marcan con este programa formativo?

El curso tiene una triple finalidad; en primer lugar fomentar e impulsar la cultura y la práctica del arbitraje. Mientras no haya cultura arbitral en nuestro país no se desarrollará este método extrajudicial como merece.  Esta cultura arbitral deben desarrollarla de forma conjunta los poderes públicos y la sociedad.

Los primeros, han hecho un esfuerzo pero no suficiente para introducir el arbitraje en muchas actividades. Está más ampliado el uso del arbitraje en determinados sectores pero  falta aún una cultura social que las empresas vean en el arbitraje una alternativa eficaz al poder jurisdiccional.

Otra de la finalidad del curso es formar árbitros muy profesionales donde el rigor de sus resoluciones sea equivalente al de los jueces. No olvidemos que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que el arbitraje es un equivalente jurisdiccional a la justicia ordinaria.

Y ahora CIMA se ha unido a este proyecto.

Creo que es una gran noticia para la consolidación de este programa formativo a través de la Cátedra Universidad Rey Juan Carlos-CIMA. Ahora el curso transcurre desde enero a junio. Está organizado en 35 sesiones de trabajo con más de veinticinco ponentes y ciento cincuenta horas lectivas de clase. Nadie duda que es una de las referencias a nivel formativo del arbitraje en estos momentos.

Al mismo tiempo, este programa formativo tiene una indudable proyección en Latinoamérica. Nos preocupa mucho el poder atraer a los doctorandos  y profesionales de ese lado del Atlántico, sin lugar a dudas. De hecho el arbitraje en América Latina ha cogido una velocidad de crucero que aún no existe en nuestro país.

¿Realmente el arbitraje es una alternativa eficaz a la justicia ordinaria?

Desde luego que si, no es una obsesión de profesor universitario como pudiera parecer.  Hay que darse cuenta que los árbitros que ven ese asunto son especialistas en la materia que puede el juez del Estado no estarlo nunca.

 Además, el procedimiento arbitral preserva la intimidad y confidencialidad de los contendientes, salvo que ellos quieran darle difusión. Por último, hay que también destacar que el arbitraje es un procedimiento más breve que cualquier pleito convencional.  Una controversia doméstica se puede resolver en unos ocho meses.

“Hoy en día la responsabilidad de un árbitro es menor de la que tiene un juez o un abogado, porque solo responde por daños que causare por dolo, malicia o mala fe. Y no tiene mucho sentido”

¿Por qué no es habitual encontrar al arbitraje en los programas de estudio de jóvenes abogados o letrados senior?

Estamos luchando para que el arbitraje sea una asignatura reglada en el carrera de Derecho o Ciencias Jurídicas como se llama ahora. Sin embargo, tenemos siempre la deriva de las personas que consideran que este tipo de materias puede entorpecer la enseñanza del Derecho, cuando es ya una materia demandada por un tipo de alumno.

¿Cómo ven los jueces al arbitraje, realmente, en estos momentos?

Creo que hay de todo aunque los eventos que se han desarrollado en los últimos años han servido para que se conozcan mejor ambos colectivos.

En general, la acogida ha sido buena, pero recientemente diversas sentencias del TSJ de Madrid en cuanto al control de diferentes arbitrajes financieros en cuestiones swaps nos han dejado sorprendidos al hacer una aplicación extensiva, creo que sin cobertura legal suficiente,  sobre el control del laudo desde un concepto etéreo o vago del orden público económico.

Los órganos judiciales de apoyo del arbitraje viene funcionando de manera muy correcta: el nombramiento de los árbitros se hace en un plazo breve y la ejecución de los laudos no está teniendo demasiados problemas hasta el momento; y sobre el control de los laudos muy pocos laudos son anulados.

¿Cómo podemos interpretar esta escasa anulación de los laudos?

Hay que verlo desde una doble perspectiva; primero que los árbitros son buenos y rigurosos y que los TSJ han comprendido que los ciudadanos, en el uso de su libertad y de su autonomía de la voluntad como parte, acuden al arbitraje porque quieren emplear este método alternativo extrajudicial.

Ese incidente con el TSJ de Madrid, ¿es un hecho aislado o tenemos que estar preocupados por el futuro del arbitraje?

Hay que verlo en su justa medida, como un hecho aislado. Si uno analiza la postura mayoritaria de los TSJ españoles, éstos no han seguido la postura del TSJ madrileño y en particular de una de sus Secciones.

Usted escribe un estupendo articulo en “Veinticinco años de Arbitraje en España”, que edita CIMA sobre la responsabilidad de los árbitros. ¿Está bien regulada esta figura?

Ya se sabe que el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Y el propio árbitro tiene que cumplir la encomienda que le encargan las partes. Sobre la Ley 60/2003 de Arbitraje hay que hacer una crítica y es que ha minimizado la responsabilidad del árbitro.

Hoy en día la responsabilidad de un árbitro es menor de la que tiene un juez o un abogado, porque solo responde por daños que causare por dolo, malicia o mala fe. Y no tiene mucho sentido si se analiza en la práctica la labor de unos y otros.

Dicho esto hay que señalar que las partes pueden pactar otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad por culpa que surge en otros ámbitos profesionales.

En segundo lugar, esta responsabilidad legal, prevista en el artículo 21 de la Ley, aunque esté tan minimizada en sus contornos, no debe llevar al árbitro a que no cumpla su labor con rigor, profesionalidad y  seriedad que exige este medio alternativo a la justicia.

Los daños que genera un árbitro en un proceso, ¿pueden afectar a la institución arbitral?

Claro, así lo dice el citado artículo 21 de la actual Ley de Arbitraje donde se indica que los árbitros y, en su caso, la Corte Arbitral responderán de los daños que causaren a las partes por mala fe, malicia o dolo. Eso significa que la Corte puede asumir  responsabilidad por los daños que causare el árbitro a las partes o a terceros.

También es verdad que el legislador exige, aunque está sin desarrollar, un seguro de responsabilidad civil a árbitros e instituciones arbitrales. La idea sería que los daños que se produzcan pueden ser resarcidos desde el instituto asegurador.

¿Cómo es posible que después de doce años de Ley de Arbitraje ese seguro de responsabilidad civil no esté operativo aún?

Está pendiente de un desarrollo reglamentario que aún no se ha producido.  Dicho esto, realmente es necesario que se apruebe y se ponga en marcha aunque realmente los casos de daños por actuaciones arbitrales que yo recuerde han sido más bien escasos.

En nuestro país, casos de este tipo ha habido muy pocos en la historia más reciente de nuestro arbitraje comercial. La anulación de un laudo no lleva implícita la responsabilidad del árbitro en muchas ocasiones.  Tiene que ser, cuando con esa anulación, se han producido daños  innecesarios a alguna de las partes y siempre como hemos visto por dolo, malicia o mala fe

En ese artículo que hablábamos señala tres tipos de responsabilidades, legal, negocial y objetiva. ¿Puede explicarnos algo más de ellas?

La menos exigible, por lo que estamos hablando, es la legal. Habría que hacer un juicio de intenciones para probar si el árbitro tuvo mala fe, dolo malicia en su actuación.

Respecto a la responsabilidad negocial es la que puede producirse a partir de la responsabilidad pactada entre las partes, y, por eso, tiene una mayor amplitud de actuación. Se trata de que si el árbitro no responde a lo que se le pide, exista o no mala fe, dolo o malicia, responde de su conducta.

La responsabilidad objetiva va ligada a los daños que se puedan realizar a terceros ajenos a las partes. El caso de un laudo que perjudica a un tercero que no fue parte en el proceso arbitral. Ese tercero sí podría formular imputación contra el árbitro o, en su caso, contra la Corte.

De alguna forma, ¿las partes pueden estar tranquilas que el árbitro hará su trabajo bien, sin problemas cuando tengan que ejercer como tal?

En este caso, el papel de las Cortes Arbitrales es fundamental.  Se trata, como hacen entidades como CIMA, que la elección o el reclutamiento de los árbitros se haga de manera inmaculada entre profesionales de primera fila.

Los árbitros tienen que ser personas muy preparadas, rigurosas y serias.  De ahí que el reclutamiento que haga cualquier entidad arbitral se haga con todo el rigor del mundo para evitar posteriores responsabilidades.

No podemos olvidar que el arbitraje es el mayor depósito de confianza de todo el mundo jurídico, al encomendar a un tercero que no es un juez que te resuelva el conflicto en cuestión, sin posibilidad de recurrir con posterioridad.  La acción de anulación no es un recurso sino un control extrínseco del laudo.

¿Qué es lo más complicado en el trabajo de un árbitro en un procedimiento?

Habría que hablar de dos cuestiones, en primer lugar, la dirección del proceso  que se haga de forma correcta para que no existan perdidas de garantía para los litigantes y, en segundo lugar, conocer  el fondo del asunto para dictar un laudo ajustado a las normas jurídicas.

Del uso que se hagan de ambos aspectos se percibe si el árbitro tiene o no experiencia.  El árbitro suele intervenir en las vistas, formular preguntas a las partes y estar pendiente de los resultados de la prueba pericial, inquiriendo al perito aspectos que le ayuden al árbitro a conocer la realidad debatida.

¿Un árbitro para cualquier conflicto, es lo normal?

Al contrario, hay que apostar por la especialización. No se puede ser árbitro de todo. Hay árbitros expertos en materia financiera, inmobiliaria, energía, seguros, etc. El árbitro especializado de estas materias resolverá el fondo de la controversia con solvencia.

José Carlos Fernández Rozas, Catedrático Derecho Internacional Privado de la UCM y árbitro de CIMA: “El árbitro nunca debe tener la pretensión de actuar como un juez”

Reconoce que entró en el mundo del arbitraje de la mano de uno de los grandes, Bernardo Cremades, aún en activo “fui a consultarle algunos datos de mi tesis doctoral y aparte de valorar mucho su ayuda quedé impresionado por su disponibilidad y afabilidad para un doctorando de provincias. Mi sorpresa fue cuando años después me propuso para ser árbitro en una controversia  entre empresas españolas y cubanas. Gracias a este espaldarazo me pude vincular a los inicios de la Corte Española de Arbitraje, a principios de los años de los ochenta”, aclara José Carlos Fernández Rozas, Catedrático de Derecho Internacional Privado. Con él hemos charlado en su despacho de la Universidad Complutense sobre el desarrollo del arbitraje. “A lo largo de mi carrera profesional he compaginado las visiones del arbitraje desde el punto de vista académico y profesional, lo que me ha enriquecido mucho”, comenta. Y es cierto, nuestro interlocutor ha escrito varios libros sobre arbitraje, docenas de articulo y fue encargado por Juan Serrada, presidente de CIMA de coordinar este “Veinticinco años de Arbitraje en España”, un volumen imprescindible para conocer el pasado, presente y futuro de la práctica arbitral. En esta publicación se ha encargado de analizar las relaciones entre el Arbitraje y la Jurisdicción, un tema de gran actualidad, tras los últimos fallos del TSJ de Madrid en cuanto a anulación de laudos. Fernández Rozas, es uno de los pocos españoles que ha sido árbitro del CIADI, entidad arbitral ubicada en Washington y que trata sobre disputas de arbitrajes de inversiones entre Estados y empresas.

Profesor Fernández Rozas, ¿qué es lo más complicado a la hora de entender por las empresas de lo que es el arbitraje?

Es una cuestión de gran complejidad y con muchos interrogantes. Pero lo voy a intentar en relación con uno de ellos.  El arbitraje ha funcionado muy bien a nivel internacional al no existir tribunales internacionales que resuelvan las cuestiones privadas y, en este contexto, es el mejor mecanismo de solución de controversias y cuenta con la total aceptación por parte de las empresas y de los abogados que las representan

Frente a ello, el arbitraje interno no acaba de despegar pese al celo con el que actúan muchos centros de arbitraje.  Es cierto que algunos abogados han sido muy reticentes a su desarrollo lo que ha hecho que en nuestro país no haya tenido el impulso que se esperaba, si bien es un fenómeno que también se ha registrado en otros países. Curiosamente nuestras normas de arbitraje están pensadas para el arbitraje internacional, un mecanismo que tiene muchos dogmas no todos trasladables al arbitraje interno.

Es posible que si se hubiera creado un sistema dual, con normas para el arbitraje internacional y normas para el arbitraje interno, como es el caso de Francia, este último hubiera prosperado más  Y es que hay dentro de los problemas inherentes al arbitraje hay dos particularmente importantes; uno derivado de la contaminación de las prácticas del arbitraje comercial internacional y otro procedente de la contaminación de instituciones procesales que provienen de la LEC que no se acomodan al procedimiento arbitral.

No estaría de más contar con una regulación que preste más atención al arbitraje interno, para que pueda favorecerse el desarrollo de esta actividad. Pero ya se ha legislado demasiado en la materia en ocasiones de manera innecesaria como la reforma de 2011, y son por el momentos los Centros de arbitraje a quienes incumbe una labor promocional que únicamente tendrá éxito si continuan desarrollando su función con eficiencia, independencia e imparcialidad.

“Arbitraje y jurisdicción son dos cosas diferentes: El juez “juzga”,  es miembro del poder judicial y desempeña una función propia de la soberanía del Estado, contemplada en el artículo 117 de la Constitución. El árbitro “resuelve” una controversia y lo es mientras la disputa dura”.

Algunos colegas suyos, señalan a la mediación como actividad que pudiera encajar en ese mercado doméstico. ¿Comparte esa opinión?

Creo que son dos prácticas diferentes. La mediación es un procedimiento de carácter sociológico más que jurídico. Tiene otra mecánica y estoy seguro que tendrá aceptación en el mercado pese a que de momento no ha arrancado en nuestro país.

El arbitraje se asemeja más a los procedimientos jurisdiccionales, en el sentido que hay un tercero que toma la decisión frente al mediador que pone a las partes de acuerdo. Al fallo del árbitro, esto es, al laudo arbitral, la ley le da el efecto de cosa juzgada.

Usted que ha estado en diferentes cortes arbitrales, ¿tienen algo que envidiar las instituciones arbitrales propias frente a las extranjeras?

Naturalmente no conozco a todas las cortes españolas, lo que sí puede afirmar es que tanto el TAB, Tribunal Arbitral de Barcelona, como las entidades arbitrales que hay en Madrid o en Valencia, no tienen nada que envidiar a sus homólogas de otros países.

Quizás hubo una época en que algunos centros de arbitraje estuvieron excesivamente contaminados de la práctica derivada del proceso jurisdiccional. Pero hoy día esto no es así lo que hace que nuestras entidades arbitrales puedan competir con otras entidades ubicadas fuera de nuestras fronteras.

¿Qué le parece que algunas Cortes Arbitrales españolas hayan puesto en marcha una segunda instancia arbitral?

Este es un tema que se ha discutido mucho. Cuando algunas instituciones arbitrales lo han introducido es porque sus usuarios lo han demandado. No es fruto de la especulación teórica y es una tendencia que tampoco es exclusiva de España.

Hay que darse cuenta que los abogados no quieren actuar sin red y esta segunda instancia puede garantizar cierta seguridad jurídica sin interferir en el mecanismo sustancial del arbitraje que, como ya se sabe, es de instancia única. En esta situación hay que subrayar que son las partes las que en uso de su autonomía de la voluntad deben solicitarla, si no fuera así nunca podría ponerse en marcha este peculiar “recurso de impugnación” que establece dos motivos tasados. Se trata sobre todo de si existe un laudo dictado en manifiesta contrariedad a la ley, o donde no se hayan tenido en cuenta las formas esenciales de la prueba. La resolución corresponde a una Comisión Ad hoc dentro de la propia institución arbitral. Bien entendido que dichos motivos no interfieren en las causales previstas en el artículo 41 de la Ley de Arbitraje que están concebidas para resolver una acción de anulación, que es cosa muy distinta.

Queda clara la observación que nos hace, profesor Fernández Rozas.

Tenemos que darnos cuenta que hay ciertos dogmas preconcebidos en el arbitraje que hay considerar con mucha prudencia.  Lo curioso es que muchos de ellos no tienen tal carácter y no son inamovibles. Este que estamos hablando es uno de ellos.

Otros dogmas muy discutibles tienen que ver con que el Árbitro no puede hacer votos particulares; que no se debe poner en marcha la acción de anulación o, que es posible renunciar a la misma, o que los laudos anulados en un país pueden ser reconocidos en otro, por citar algunos.  Todos estos planteamientos hay que constatarlos en la práctica.

Está claro entonces la flexibilidad del arbitraje en estos parámetros.

Desde luego, tenga en cuenta que no se puede imponer un único modelo de arbitraje en el mundo. Estamos ante una materia presidida la autonomía de la voluntad de las partes y dentro de los parámetros esenciales del arbitraje hay un gran margen de maniobra.  Con este margen se permite a las partes que elijan la corte arbitral  que mejor defienda sus intereses.

El arbitraje parece que tiene claro que impulsa el arbitraje institucional frente a cualquier otro.

Es posible que así sea. Aunque no es incompatible el arbitraje institucional con el ad hoc. El arbitraje ad hoc tiene un importante campo de actuación. Litigios millonarios donde la confidencialidad era esencial han optado por esta vía Es cierto que también en el arbitraje institucional está presente esta nota, pero en el arbitraje ad hoc queda obviamente reforzada

Hablando ahora de este “Veinticinco años de Arbitraje en España”, obra editada por CIMA y de la que usted es colaborador y coordinador. ¿Cómo surgió la colaboración?

CIMA es una entidad arbitral muy asentada en el sector como se demuestra por la regularidad de los asuntos que genera año a año y sobre todo, por el aumento de las cuantías en los asuntos que administra. Su plantel de árbitros es de primera fila, un auténtico patrimonio arbitral.  Primero fue una Corte de Abogados del Estado y progresivamente se ha abierto a otros expertos de gran categoría nacionales y extranjeros.

Esta entidad arbitral ha modificado su sistema de designación de árbitros porque así lo demandaban sus usuarios y la propia autonomía de la voluntad de las partes. Con esta flexibilidad en el nombramiento se refuerza este principio.

Y en ese contexto surgió esta monografía sobre arbitraje.

Creo que es una obra muy a tener en cuenta. Con motivo del XXV aniversario de la entidad me encargó la dirección de CIMA la coordinación de esta publicación. La obra, bajo la pluma de los principales espadas del arbitraje nacional e internacional (son todos los que están), sirve para conocer lo que es el arbitraje y su desarrollo y ahonda en determinadas prácticas arbitrales como el arbitraje financiero, administrativo o tributario, por citarle algunos.

Esta monografía recoge los artículos de los principales expertos en arbitraje del país, muchos de ellos vinculados a CIMA. Considero que es una obra imprescindible para conocer lo que es el arbitraje en estos momentos.

¿Le preocupa el momento actual del arbitraje, con varios laudos anulados por el TSJ de Madrid y la repercusión que ha tenido fuera de España, sobre todo?

Es un motivo de preocupación que no hay que generalizar.  Esta cuestión está vinculada a un tribunal concreto. Recuerde que en el 2011 hubo un cambio en la Ley de Arbitraje y las acciones de anulación de laudos arbitrales pasaron de las Audiencias Provinciales a los TSJ.

Hace dos años se publicó un libro llamado “60 años de jurisprudencia arbitral en España” donde se ponía de relieve el papel de los jueces españoles como controladores de la seguridad jurídica de los laudos y lo valioso de su actuación.

También los TSJ están trabajando bien en pro del arbitraje y el balance es positivo aunque hace meses nos hemos encontrado con estos laudos anulados por el TSJ de Madrid objeto de una gran polémica.

¿Cómo explica lo que está pasando en el TSJ de Madrid con la anulación de los laudos?

Estas decisiones transcienden de la mera verificación del cumplimiento de las causales del art. 41 LA para incidir en la configuración misma de la acción de anulación. En ellas se observa el alejamiento de esta institución en aspectos tan esenciales como la imposibilidad de revisión del fondo del laudo, el carácter tasado de las causales de anulación y el ámbito del orden público como instrumento controlador del laudo. Algo que nunca había ocurrido y acaso el desarrollo de la polémica permita que las aguas vuelvan a su cauce muy pronto todo quede en una mera anécdota.

En esta monografía sobre Arbitraje, usted ha escrito sobre la dualidad Arbitraje y Jurisdicción.

Son, en efecto, dos cosas diferentes. El juez juzga, es miembro del poder judicial y desempeña una función propia de la soberanía del Estado, contemplada en el artículo 117 de la Constitución. Juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.

Por su parte, los árbitros son unas personas designadas por las partes para resolver una controversia dentro de unos cauces precisos. El árbitro no debe desempeñar la función de juzgar y si lo hace su laudo puede ser anulado por incongruencia extra petita al pronunciarse sobre cuestiones que no le han pedido. Además, la función del árbitro es temporal.

También habla de la justicia arbitral en dicho artículo.

La ley de arbitraje en su artículo 24 señala que el arbitraje debe respetar tres principios de base. Los principios de igualdad de las partes; audiencia y contradicción. Son principios esenciales que junto a ellos se añadiría el de confidencialidad con un contenido diferente.

La justicia arbitral se enmarca en estos parámetros y la propia autonomía de la libertad de las partes hace que el procedimiento arbitral sea más flexible y que empleen técnicas que no son frecuentes en los sistemas continentales pero que han demostrado sobradamete su utilidad

Da la sensación, entonces, que la clave se encuentra en el control jurisdiccional del arbitraje.

Es cierto. Vaya por delante que me parece que el control jurisdiccional es muy necesario. Este control jurisdiccional es la garantía de que en el arbitraje opera el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Otra cosa es que preocupe el sesgo de determinadas decisiones de los jueces en un caso concreto que, en todo caso, no puede generalizarse.

La práctica francesa en esta materia es muy interesante y deberíamos seguirla en España. Se modificó la legislación arbitral en el 2011 y el procedimiento de anulación es más sencillo ahora. Las resoluciones son más rápidas y escuetas y el recurso de casación que se permite se resuelve en plazo breve. Sería bueno que nuestros abogados y jueces conocieran más esta práctica del país vecino mucho más experimentado en esta materia.

Juan Sánchez-Calero. Catedrático de Derecho Mercantil y árbitro de CIMA: “A aquellos que son desleales en el arbitraje hay que imponerles unas costas severas”

Reconoce que su actividad arbitral es satisfactoria, como abogado de parte y como árbitro. En esa faceta es donde Juan Sánchez-Calero, abogado y Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Complutense, se relaciona con CIMA como institución arbitral. “Hace un par de años me he incorporado a esta entidad arbitral, invitado por Juan Serrada, actual presidente, y lo hice encantado”, señala. En la obra “Veinticinco años de arbitraje en España”, editada por esta institución arbitral, Sánchez-Calero ha abordado con profundidad y jurisprudencia la lealtad y deslealtad en el arbitraje en un artículo que José Carlos Fernández Rozas, coordinador de la obra a nivel general, le pidió. “Nadie duda que CIMA es una de las cortes arbitrales de referencia en nuestro país”, indica. Para este experto en Derecho mercantil “una vez que el arbitraje está en marcha es evidente que se trata de un procedimiento con todas las garantías que puede acortar en tiempo la solución a un proceso judicial”. Con él hemos hablado de algunas deslealtades que pueden surgir en un procedimiento arbitral. Este es el reflejo de esa conversación.

Profesor Sánchez-Calero, Usted aborda con claridad el tema de la lealtad y deslealtad en el arbitraje en esta monografía de CIMA.

Hablamos de cuestiones cotidianas en la práctica arbitral.  La lealtad o deslealtad del arbitraje supone hablar de prácticas que se dan con frecuencia donde realmente lo que se hace es actuar contra el principio de buena fe de una manera abusiva, dilatando los tiempos del arbitraje.

Para que lo entienda mejor, se trata de situaciones en las que una de las partes, pese a haber firmado la cláusula arbitral, se aleja del cumplimiento del convenio arbitral que le obliga.

Esta deslealtad puede estar presente tanto en el inicio del procedimiento como al final del mismo cuando se abusa de la acción de anulación.  Lo que he hecho en el artículo que aparece en “Veinticinco años de arbitraje en España”, es analizar algunos de los supuestos más claros donde además viene respaldado por cierta jurisprudencia.  En algunas ocasiones, los tribunales tienen que resolver prácticas desleales relacionadas con el convenio arbitral.

Si le parece vamos a analizar algunos de estos supuestos. El primero, tiene que ver con la deslealtad al convenio arbitral.

En ese apartado trato de señalar que hay prácticas con afán de dilatar el procedimiento y su inicio, quien ha firmado un convenio arbitral trata de judicializar el tema. Se trata incluso de cuestionar que un conflicto contractual o societario tenga que resolverse por vía arbitral para así acudir a la vía jurisdiccional.

Hay otros tipos de deslealtades básicas relacionadas con la designación de los árbitros o la puesta en marcha del procedimiento. O el caso en que quien ha firmado el convenio arbitral se niega a abonar los gastos iniciales del arbitraje pese a que es consciente de que lo tiene que hacer.

“Para el árbitro tiene el coste de ser recusado, en principio. Pero para la Institución Arbitral también puede tener un coste reputacional importante esa mala práctica”

En estas situaciones debe ser la corte arbitral quien intervenga de manera diligente.

Sí, pero hay que darse cuenta que la institución arbitral tiene un margen muy limitado. Quien quiere alterar o perturbar una buena marcha de un procedimiento arbitral lo puede hacer.

A veces la propia dilación de los procedimientos arbitrales permite estas prácticas contrarias a la honestidad que se presupone de quien acude al arbitraje.  Ya acudir a un juez de primera instancia para que ratifique que ese asunto es arbitrable supone una dilación importante en el desarrollo de ese procedimiento arbitral.

¿Hay alguna solución para este tipo de defectos de forma que parece conlleva el arbitraje?

Es complicado que se puedan resolver este tipo de elementos. Tampoco veo que la legislación actual pueda hacerlo. Esto lo que debe generar es una severa imposición de costas a quien lleve a cabo estas técnicas dilatorias y poco más se puede hacer.

Da la sensación, por lo que nos comenta, que uno cuando firma un compromiso arbitral puede no saber lo que firma.

Yo le daría una vuelta a su pregunta. Creo que casi siempre quien actúa con esas prácticas sabe lo que hace y lo que ha suscrito con la otra parte.   Quien firma un convenio arbitral sabe que los tiempos son más rápidos que un procedimiento judicial. Si su interés es obstaculizar o dilatar al máximo trata desde el primer momento de que el procedimiento se ralentice.

¿Es posible que una solución a este tipo de malas prácticas sería junto al Reglamento añadir un Código de Buena Conducta que suscribieran las partes, árbitros y testigos?

Podría ser una solución. No obstante tendríamos que ver cada hipótesis de comportamiento desleal que surgiera en ese procedimiento. Puede haber una parte que quiera retrasar el asunto todo lo posible y otra dispuesta a financiar los costes del arbitraje porque quiere un laudo rápido que le dé la razón.

Hablemos ahora de las deslealtades de los árbitros, otro asunto que toca en ese artículo publicado en “Veinticinco años de arbitraje en España”.

La deslealtad de los árbitros se puede plantear frente a las partes que los proponen y frente a las instituciones en el orden que se quiera. Realmente hay mucha vinculación entre estos temas.

Hablaríamos de la deslealtad informativa cuando los árbitros, en el momento de ser propuestos, no declaran vinculaciones con una de las partes.  Esa deslealtad puede generar que el propio procedimiento arbitral tenga que anularse más adelante.

Si un árbitro sabe que no puede ser considerado independiente porque tiene una vinculación, la que fuera, con una de las partes, es evidente que no hay ninguna irregularidad. Lo que tiene que hacer es manifestarlo y no aceptar esa designación arbitral.  El problema es si la acepta, se activa el procedimiento y su posterior recusación obliga a parar ese arbitraje y a nombrar otro árbitro, lo que perturbará la marcha normal del asunto.

¿Qué repercusiones tiene para la Corte Arbitral estas prácticas?

Para el árbitro tiene el coste de ser recusado, en principio. Pero para la Institución Arbitral también puede tener un coste reputacional importante. De hecho siempre se ha dicho que lo más importante del arbitraje son los árbitros. Pues de eso se trata, de tener árbitros profesionales que sepan motivar bien los laudos.  Los árbitros desleales deben estar fuera de cualquier lista de instituciones arbitrales de prestigio. Es su lugar natural y lógico.

Lo que si hay que dejar claro es que no toda recusación implica una deslealtad por parte de los árbitros. Hay situaciones donde la independencia del árbitro es muy discutible, para algunos puede ser irrelevante lo que ve, mientras que para otros tiene una significación mucho mayor.

¿Es bueno que un árbitro esté en tantas Cortes Arbitrales, como pasa en España?

Lo que sucede realmente en nuestro país es que la actividad arbitral es limitada y concentrada. Eso puede provocar que determinadas personas aparezcan con frecuencia como árbitros en diferentes instituciones arbitrales.

No creo que sea ni bueno ni malo.  Si estas personas hacen bien su trabajo no podemos quejarnos de nada. Por el contrario, sería un problema si esa reiteración en los arbitrajes viniera acompañada de algún conflicto visible a modo de problema o discusión. Lo importante es que todos los árbitros actúen con independencia y transparencia y si hay una situación problemática, que eviten aceptar esa designación.

Sobre la deslealtad al derecho de recusación, también usted apunta como se desarrolla esa práctica.

Hay sentencias que he citado en mi trabajo que dejan claro cómo se desarrolla esta mala práctica.  En este caso son los tribunales quienes censuran a la parte que recusa al árbitro, sobre todo por el momento de la recusación.

Aunque pueda sonar grosero, se dan situaciones en las que quien conoce la causa de recusación no la usa, espera a conocer el laudo y solo si le es desfavorable ejerce esa acción de recusación. Esta actuación la señalan los tribunales como desleal.

Otra deslealtad tiene que ver con la anulación del laudo, cuestión que ahora está de actualidad por diferentes laudos anulados por el TSJ de Madrid en estos últimos meses.

Llama la atención la revisión más amplia que hace el TSJ de Madrid de diferentes laudos en los últimos meses. Esta es una práctica que no se había hecho hasta el pasado mes de enero cuando llegó la primera resolución que anuló un laudo por el llamado orden público económico, reiterada en abril.

Estas resoluciones parecen haber abierto, o al menos entreabierto, el ejercicio de la acción de anulación fundado en la violación del orden público, hasta ahora interpretado de un modo restrictivo. Resulta notorio, a la vista de ciertos trabajos publicados, que ello ha causado preocupación en el sector arbitral. Considero que debemos aprovechar esta oportunidad para debatir este punto tan importante en la fundamentación de la decisión arbitral. Desde la perspectiva del Derecho mercantil, reviste particular interés, puesto que implica una vinculación de conceptos indeterminados (como el orden público económico) con instituciones propias del Derecho privado, en principio más sujetas a la disponibilidad de las partes.

Por supuesto, los laudos deben estar debidamente motivados y fundados, pero hemos de valorar hasta qué punto ello podría conducir a una suerte de apelación en el fondo.

¿Dónde puede estar la solución a este problema que se ha abierto ahora en el arbitraje?

Este es un debate abierto que va a seguir generando mucha controversia. Es posible que en una aproximación estrictamente jurídica por parte de los tribunales a algunos laudos, la idea de la flexibilidad del arbitraje puede crear la idea de una fundamentación jurídica más ligera de lo habitual o incompleta en los procedimientos arbitrales. Normalmente este tipo de argumentación suele justificar la intervención jurisdiccional.

Negocios internacionales y arbitraje: debate en los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla- La Mancha

CIMA y sus árbitros, ponentes de estos seminarios, ya clásicos en esta comunidad autónoma

Cima ha participado como ponente en las Jornadas sobre Negocios Internacionales, celebradas dentro de los Cursos de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha los días 9 y 10 de julio de 2015. En ellas el arbitraje y su uso en negocios internacionales fue protagonista. Expertos como José Carlos Fernández Rozas, arbitro y coordinador del libro “ Veinticinco años de Arbitraje de España”, editado por la propia CIMA y Gonzalo Stampa, director general de la institución arbitral, fueron algunos de los ponentes destacados de este encuentro empresarial.

CIMAnoticias/

En la segunda sesión de las Jornadas y dentro del análisis del arbitraje como método alternativo de resolución de controversias, el Profesor José Carlos Fernández Rozas inauguró el turno de intervenciones, exponiendo brillantemente la situación actual en la que se encuentra el desarrollo del arbitraje en nuestro país, con un repaso a la jurisprudencia más reciente en materia de asistencia y control judicial y con una conclusión optimista sobre su consideración como un mecanismo eficaz de resolución de controversias dentro de la Comunidad Autónoma, dado el intenso flujo comercial existente.

A continuación, Javier Messía, en su calidad de Secretario de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Toledo, disertó en su intervención acerca de la influencia de las novedades legislativas habidas en materia arbitral sobre el funcionamiento de la Corte.

Por último, Stampa –Director de Cima- reflexionó acerca del contenido de los laudos arbitrales y sus diferentes mecanismos de control disponibles en algunos reglamentos arbitrales, así como el funcionamiento real de las actividades de apoyo del arbitraje que actualmente desempeñan los juzgados competentes nacionales en controversias nacionales e internacionales.

En su intervención destacó la necesidad de contar –con progresiva frecuencia- con el arbitraje como mecanismo aceptado de resolución de controversias con un componente internacional, cada vez más frecuente ante la expansión de mercados comerciales que se está detectando dentro del empresariado castellano-manchego.