¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
La Corte ofrece servicios de arbitraje y mediación a la comunidad empresarial española que deseen resolver sus controversias al margen de la jurisdicción de los tribunales de justicia.
Para ello cuenta con un procedimiento más breve que el ofrecido por el sistema judicial, lo cual permite a las partes seguir adelante y centrarse por completo en sus asuntos principales con mayor rapidez.
La función de la Corte es la tendente a realizar los actos de gestión necesarios para que el arbitraje se lleve a cabo de una forma eficaz de acuerdo con el Reglamento.
Entre estos actos de gestión pueden señalarse:
- Nombramiento, recusación, remoción y sustitución de árbitros.
- Nombramiento de árbitro de emergencia, si es solicitado por las partes.
- Fijación de provisiones de fondos, costas y honorarios.
- Escrutinio de laudos arbitrales
- Tramitación de la impugnación opcional del laudo arbitral.
Entre estos no se incluye la decisión o resolución de la controversia.
Nuestro objetivo principal y único es generar confianza en los usuarios del arbitraje, confianza que es el resultado de una permanente e irrenunciable apuesta por la calidad y eficiencia fundamentadas en los cinco pilares que sirven de base a su actuar diario durante los más de treinta años de existencia.
Al ser el arbitraje un sistema alternativo de resolución de controversias cuyo origen está en la libre voluntad de las partes, la CIMA otorga a las mismas todo el protagonismo necesario para que, si así lo desean, lleven a cabo los pactos y acuerdos que estimen necesarios y que mejor se adapten a sus respectivas circunstancias para la llevanza del arbitraje. El reglamento de la institución así lo reconoce en los distintos trámites procesales, incluida la selección del tribunal arbitral y la organización de las distintas audiencias, y en particular la audiencia de prueba.
CIMA dispone de una lista de árbitros, conocida y pública, integrada por Abogados del Estado, Letrados de Cortes y del Consejo de Estado, Catedráticos de Universidad, exjueces y exmagistrados, Diplomáticos, Notarios, Técnicos Comerciales del Estado y juristas y Abogados de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional, lo que garantiza la calidad técnica de los laudos, a lo que se une su compromiso ético irrenunciable, basado en su probada independencia e imparcialidad y su disponibilidad para dedicar al arbitraje la atención y el tiempo necesario para resolver con celeridad y prontitud la controversia planteada por las partes.
La CIMA es la única institución arbitral española nacida de una asociación privada sin ánimo de lucro y totalmente independiente, que se autofinancia con las cuotas de sus asociados (que son los propios árbitros) y los ingresos que percibe por la administración de los arbitrajes que gestiona en estricta aplicación de sus aranceles, públicos y conocidos.
Esa independencia, al igual que su imparcialidad, se pone de manifiesto en cada uno de los arbitrajes cuya gestión se les encomienda, tal y como ha sido reconocido por nuestros tribunales de justicia, sin que a lo largo de su andadura se haya producido un solo pronunciamiento judicial en sentido contrario. Su independencia e imparcialidad son uno de los pilares de su éxito y prestigio.
CIMA se constituyó en el año 1989, por lo que acumula la experiencia de más de treinta años dedicados a la gestión y administración de arbitrajes. Constituye una de las instituciones pioneras del arbitraje en España y que su buen hacer a lo largo de su andadura le han convertido en un referente del arbitraje español.
CIMA dispone de las más modernas instalaciones en sus oficinas y de los más avanzados sistemas y plataformas para la llevanza digital de los expedientes y para la práctica de las audiencias de prueba, con sistemas de conexión audiovisual de plena garantía para la seguridad y calidad de la imagen y sonido. Ello ha permitido la plena adaptación a las especiales circunstancias y situaciones provocadas por el Covid-19 y la tramitación ordenada de los arbitrajes administrados por la Corte.