A medida que se van implantando de forma progresiva los Métodos Adecuados de Solución de Controversias tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, el sistema español de justicia civil y mercantil se adentra en una fase de reorganización estructural en la que el arbitraje interno está llamado a desempeñar una función de mayor relieve. La incorporación de los MASC como presupuesto de procedibilidad en amplios sectores del proceso civil introduce una lógica distinta en la gestión de los conflictos, orientada a la desjudicialización selectiva y a la racionalización del uso de los recursos públicos. En este nuevo escenario, el arbitraje interno no puede permanecer en una posición marginal, ajena a las transformaciones normativas y prácticas que ya están redefiniendo el acceso a la tutela jurídica.
La consolidación del arbitraje interno en España continúa siendo una tarea pendiente dentro del sistema de Administración de Justicia. Pese a los avances normativos y a la progresiva aceptación del arbitraje internacional con sede en nuestro país, la utilización del arbitraje interno sigue mostrando una implantación limitada en la práctica contractual ordinaria. Tal circunstancia no obedece a un único factor, sino a una combinación de inercias culturales, disfunciones normativas y déficits institucionales que reclaman una respuesta inmediata y coordinada.
Desde una perspectiva normativa, el arbitraje interno se ve afectado por una aplicación judicial irregular de los principios que informan la Ley de Arbitraje. La acción de anulación continúa operando, en determinados pronunciamientos, como un mecanismo de revisión encubierta del fondo del litigio, lo que introduce un factor de incertidumbre difícilmente compatible con la finalidad del arbitraje. Resulta necesario, por tanto, avanzar hacia una interpretación más homogénea y restrictiva de las causas de anulación, centrada en la preservación de las garantías esenciales del procedimiento y alejada de cualquier tentación de control sustantivo del laudo.
Junto a ello, el auxilio judicial al arbitraje interno sigue presentando zonas de fricción que afectan a su eficacia. La práctica de pruebas, la adopción y ejecución de medidas cautelares o la asistencia en la constitución del tribunal arbitral no siempre se desarrollan con la celeridad y previsibilidad deseables. Una mayor coordinación entre jueces y árbitros, apoyada en protocolos claros y en una cultura de cooperación institucional, permitiría reducir tiempos y costes, reforzando la confianza de los operadores económicos en el arbitraje como vía adecuada para la resolución de controversias internas.
No menos relevante es la necesidad de reforzar la calidad institucional del arbitraje administrado, que requiere instituciones sólidas, visibles y dotadas de reglas claras, capaces de ofrecer seguridad jurídica y estándares elevados de funcionamiento. La dispersión actual de centros arbitrales, con niveles desiguales de profesionalización, dificulta la percepción del arbitraje como un sistema coherente y fiable.
En este escenario CIMA se encuentra en una posición idónea para desempeñar un papel tractor en el desarrollo del arbitraje interno. La estrategia impulsada a finales de 2025 responde precisamente a esta necesidad de reposicionamiento institucional, que se articula sobre varios ejes complementarios: la mejora de la calidad del servicio arbitral, la difusión de la transparencia de los procedimientos de designación de árbitros, la formación continua de profesionales y la apertura del arbitraje a sectores económicos tradicionalmente ajenos a esta vía de resolución de conflictos.
Apostamos decididamente por la pedagogía del arbitraje. La difusión de cláusulas arbitrales equilibradas, la explicación clara de las ventajas y límites del arbitraje interno y la interlocución constante con el tejido empresarial resultan imprescindibles para superar recelos todavía arraigados. El arbitraje no debe presentarse como un mecanismo excepcional reservado a grandes litigios, sino como un instrumento normalizado, adaptable y funcional para controversias civiles y mercantiles de diversa entidad.
Asimismo, estamos llamados a reforzar su función como espacio de convergencia entre práctica arbitral y reflexión jurídica. La elaboración de guías de buenas prácticas, la sistematización de criterios sobre cuestiones recurrentes y la promoción de debates técnicos contribuyen a generar un marco de previsibilidad que beneficia al conjunto del sistema, manteniendo un diálogo fluido con los órganos judiciales y favoreciendo una comprensión compartida del arbitraje como manifestación legítima de la autonomía privada integrada en el ordenamiento jurídico.
La utilización racional de herramientas tecnológicas en la gestión de los procedimientos, sin menoscabo de las garantías procesales, permite ganar eficiencia y accesibilidad. La experiencia acumulada en los últimos años demuestra que la tecnología, bien empleada, puede convertirse en un aliado del arbitraje, especialmente en procedimientos internos donde la proximidad y la flexibilidad resultan determinantes.
En definitiva, el fortalecimiento del arbitraje interno en España exige una acción concertada. Legislador, jueces, instituciones arbitrales, abogados y empresas comparten la responsabilidad de construir un sistema más coherente y previsible. La nueva etapa abierta por la CIMA ofrece una oportunidad para avanzar en esta dirección, situando al arbitraje interno en el lugar que le corresponde como complemento eficaz de la jurisdicción estatal y como expresión madura de la autonomía de la voluntad en el tráfico jurídico nacional.
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* Juan Serrada, presidente de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA).
Fuente: La hora del arbitraje interno español para impulsar la empresa doméstica | Opinión