Un Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá determinó “que la cláusula de reversión de activos de los contratos de concesión de telefonía móvil celular suscritos en 1994 entre el Estado y los operadores Comunicación Celular S.A. Comcel y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., está vigente y es de obligatorio cumplimiento”. La decisión establece que dichas empresas “deberán compensar a la nación por un valor aproximado de 4,8 billones de pesos (unos 1.584 millones de dólares)”. Ese “monto equivalente en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013”. Lo más probable es que Telefónica acabe demandando al Estado colombiano ante el Ciadi.
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